expectativas económicas

Ravier abrió el debate cambiario: admitió que el dólar podría llegar a $1.800

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El Gobierno nacional volvió a colocar al tipo de cambio en el centro de la escena. Esta vez no fue por una medida económica, sino por las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que un dólar ubicado entre los $1.700 y $1.800 “en los próximos meses es una posibilidad”, al considerar que ese nivel se encuentra dentro de los márgenes esperados del actual régimen cambiario.

Las afirmaciones, realizadas durante una entrevista en un canal de streaming, generaron una inmediata reacción en el mercado y en redes sociales, donde economistas y analistas debatieron si el mensaje constituye simplemente una descripción del funcionamiento del esquema de bandas cambiarias o una señal que podría modificar las expectativas de los agentes económicos.

Ravier buscó transmitir tranquilidad y descartó un escenario de sobresaltos financieros. Sostuvo que el Gobierno no observa riesgos de una corrida cambiaria y defendió la estrategia económica implementada por el Ministerio de Economía y el Banco Central. En ese sentido, afirmó que la acumulación de reservas internacionales y el superávit de la cuenta corriente respaldan la consistencia del programa económico y permiten absorber una eventual suba gradual del tipo de cambio.

Sin embargo, el reconocimiento de que la cotización podría ubicarse cerca de los $1.800 abrió un nuevo debate sobre el efecto que una depreciación cercana al 20% podría tener sobre la inflación y el poder adquisitivo, especialmente en una economía donde el dólar continúa funcionando como una referencia para la formación de precios.

Las repercusiones no tardaron en aparecer. El analista financiero Carlos Maslatón cuestionó públicamente las declaraciones y consideró que fijar un valor esperado para la divisa puede incentivar una mayor demanda de cobertura cambiaria. En la misma línea, la economista Natalia Motyl sostuvo que cuando un funcionario menciona un precio objetivo para el dólar “establece un nuevo piso para las expectativas”, lo que podría alterar el comportamiento del mercado.

Por su parte, el economista Christian Buteler planteó una mirada más técnica. Explicó que un dólar de $1.800 puede ser compatible con el esquema de bandas administradas por el Banco Central, aunque advirtió que una corrección cambiaria de esa magnitud inevitablemente tendría efectos sobre los precios internos y, por consiguiente, sobre la inflación.

El episodio vuelve a poner de relieve el papel que cumplen las expectativas en la política económica. Más allá de que el Gobierno insista en que la evolución del tipo de cambio responde a un esquema previamente diseñado, las declaraciones oficiales tienen capacidad para influir sobre decisiones de consumo, ahorro e inversión.

Para provincias con fuerte perfil exportador como Misiones, la evolución del dólar tiene implicancias directas sobre sectores como la forestoindustria, el té, el tabaco y la yerba mate, aunque también impacta sobre los costos de insumos importados y sobre el comportamiento del comercio fronterizo con Brasil y Paraguay. En ese contexto, la estabilidad cambiaria continúa siendo uno de los factores más observados tanto por el sector productivo como por los consumidores.

Mientras el Gobierno busca consolidar su programa económico y sostener el proceso de desaceleración inflacionaria, el desafío seguirá siendo administrar las expectativas. En mercados altamente sensibles, las palabras de los funcionarios pueden convertirse en un factor tan relevante como las propias decisiones de política económica.

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Pymes misioneras mantienen la cautela y advierten caída de expectativas

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La economía pyme de Misiones continúa transitando un escenario de estancamiento y elevada incertidumbre. Sin señales claras de recuperación de la demanda ni de mejora en las condiciones de competitividad, los empresarios de la provincia mantienen una postura defensiva frente a la evolución de la actividad económica, el empleo y las inversiones.

Así lo refleja la última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), elaborada sobre una muestra de 212 empresarios de distintos sectores productivos y comerciales de la provincia. Los resultados muestran una economía que no termina de encontrar un punto de inflexión positivo y donde predominan las preocupaciones vinculadas a la presión tributaria, los costos laborales, la informalidad y la competencia desleal.

Durante mayo, el 42% de los encuestados calificó el movimiento económico como “regular”, consolidando una tendencia que se viene repitiendo desde hace varios meses. Apenas un 14% evaluó la actividad como buena o muy buena, mientras que un 41% la consideró mala o muy mala, evidenciando que el proceso de estabilización macroeconómica nacional todavía no logra traducirse en una mejora homogénea para el entramado pyme misionero.

La cautela también se refleja en las decisiones vinculadas al empleo. El 86% de los empresarios aseguró que no prevé modificar su plantilla laboral, mientras que apenas un 2% manifestó intenciones de contratar personal. En contrapartida, un 12% anticipó posibles despidos, un dato que refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas para sostener costos en un contexto de consumo débil y márgenes ajustados.

Entre los principales obstáculos para incorporar trabajadores aparecen las elevadas cargas laborales, señaladas por el 28% de los consultados. También pesan la inestabilidad económica, mencionada por el 21%, el riesgo sindical con un 15% y el temor a litigios laborales con un 13%. La combinación de estos factores configura un escenario donde la generación de empleo privado continúa encontrando fuertes barreras estructurales.

A nivel nacional, los empresarios identifican a la carga tributaria como el principal problema que afecta la actividad económica, con un 24% de las respuestas. Muy cerca aparecen los costos laborales, con un 23%, y la recesión económica, con un 21%. Más atrás se ubican las dificultades de financiamiento, la corrupción y la inflación, lo que muestra cómo la agenda empresarial se ha desplazado desde la preocupación por los precios hacia la competitividad y la rentabilidad.

En el plano provincial, las demandas históricas del sector privado mantienen plena vigencia. La carga tributaria lidera las preocupaciones con el 32% de las respuestas, seguida por las barreras arancelarias con el 26%. La corrupción y los problemas de infraestructura completan el cuadro de dificultades señaladas por los empresarios.

Sin embargo, cuando se analiza la realidad municipal, emerge una problemática que gana cada vez más relevancia: la informalidad y la competencia desleal. Con el 24% de las menciones, se ubica como el principal condicionante de la actividad económica local. A ello se suman el impacto del comercio fronterizo, las tasas municipales y las dificultades de infraestructura y burocracia administrativa.

La percepción sobre el futuro tampoco muestra señales contundentes de optimismo. Respecto de la evolución de la economía nacional durante los próximos seis meses, apenas el 28% cree que Argentina crecerá, mientras que un 31% considera que no lo hará y un 33% manifiesta incertidumbre.

Las expectativas son aún más pesimistas cuando se consulta sobre Misiones. Solo el 7% de los empresarios cree que la provincia experimentará crecimiento en el próximo semestre, mientras que el 54% considera que no habrá expansión económica y un 32% no tiene una opinión definida.

Otro dato que revela la fragilidad del escenario económico es la percepción sobre los precios. A pesar de la desaceleración inflacionaria observada a nivel nacional, casi el 88% de los empresarios continúa registrando aumentos de costos y precios en su actividad diaria, mientras apenas un 10% no percibe variaciones significativas.

La situación financiera de empresas y consumidores también muestra señales de tensión. El 50% de los encuestados detectó un incremento de la mora en los pagos de sus clientes durante el último período. De ese total, un 23% aseguró que el aumento fue significativo y un 27% señaló que se incrementó levemente.

En paralelo, la problemática de los cheques rechazados continúa presente en la operatoria comercial. Entre quienes utilizan este instrumento, más de una cuarta parte reconoce recibir cheques rechazados con cierta frecuencia u ocasionalmente, un indicador que suele funcionar como termómetro adelantado de las dificultades financieras en el sector privado.

Los resultados de la encuesta dejan en evidencia que, más allá de la estabilización macroeconómica y la desaceleración de la inflación, las pymes misioneras todavía no perciben condiciones suficientes para retomar una senda de crecimiento sostenido. La presión impositiva, los costos laborales, la informalidad y la falta de dinamismo de la demanda continúan configurando un escenario de prudencia empresarial, donde la prioridad sigue siendo sostener la actividad antes que expandirse.

CEM Encuesta Provincial MAYO 26 1 by CristianMilciades

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La confianza en el Gobierno rebotó en junio, pero acumula una caída de 16,1% en el año

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El Gobierno de Javier Milei logró en junio cortar una racha de cinco meses consecutivos de deterioro en la confianza pública. Según el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador alcanzó los 2,07 puntos sobre una escala de 0 a 5, con una mejora mensual de 3,9%.

El rebote, sin embargo, no alcanza para revertir la tendencia de fondo. En términos interanuales, el índice cae 11,4%. Además, desde el cierre de 2025 acumula una baja de 16,1%. Es decir: junio marca una recuperación política de corto plazo, pero todavía dentro de un ciclo descendente.

La serie de 2026 muestra con claridad ese desgaste. El ICG cayó 2,8% en enero, 0,6% en febrero, 3,5% en marzo, 12,1% en abril y 1,6% en mayo. Junio fue el primer mes positivo del año.

Un rebote después del golpe

El dato de junio tiene una doble lectura. Por un lado, rompe la inercia negativa que venía erosionando la confianza en el Gobierno. Por otro, lo hace desde un piso más bajo, luego de la fuerte caída registrada en abril, que fue el peor movimiento mensual del año.

El promedio de la gestión Milei se ubica ahora en 2,40 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato. Aun así, el nivel promedio continúa por encima del que tuvo Alberto Fernández en el mismo tramo de gestión, aunque por debajo del registro equivalente de Mauricio Macri.

En la comparación histórica que realiza la Di Tella, el ICG de Milei se mantiene en niveles relativamente altos. En el mes 30 de gestión, los 2,07 puntos actuales quedan apenas por encima del valor que tenía Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, con 2,04 puntos. La diferencia es de 1,3%.

La comparación con Néstor Kirchner es menos favorable para el oficialismo actual. En el mismo tramo de gobierno, Kirchner registraba 2,42 puntos, un nivel 14,6% superior al de Milei. En cambio, el dato de junio de 2026 supera ampliamente los registros equivalentes de Cristina Kirchner II, Cristina Kirchner I y Alberto Fernández.

La mejora se explica por eficiencia, capacidad e interés general

Tres de los cinco componentes del índice mejoraron en junio. El salto más fuerte se dio en eficiencia, que subió 12,8% y llegó a 2,12 puntos. Es el componente con mayor recuperación mensual y uno de los datos más relevantes del informe, porque mide la percepción sobre la capacidad operativa del Gobierno.

También mejoró la percepción sobre capacidad, que alcanzó 2,46 puntos, con una suba de 4,3%. Ese valor iguala al componente honestidad, que permaneció sin cambios frente a mayo.

La preocupación por el interés general también avanzó, aunque desde niveles bajos: llegó a 1,63 puntos, con una mejora de 3,8%. En cambio, la evaluación general del Gobierno quedó prácticamente estable, con una leve baja de 0,5%, hasta 1,68 puntos.

El dato político es claro: la recuperación mensual no provino de una mejora homogénea de la imagen gubernamental, sino de dimensiones específicas. La sociedad percibió algo más de eficiencia y capacidad, pero la evaluación global del Gobierno no acompañó con igual fuerza.

Persisten las brechas sociales

La confianza sigue mostrando diferencias relevantes por género, edad, zona geográfica, educación y expectativas económicas.

Entre los hombres, el ICG llegó a 2,37 puntos. Entre las mujeres, a 1,70. La brecha se mantuvo en 0,68 puntos, en línea con mayo. El informe muestra que ambos segmentos mejoraron, pero la distancia entre géneros no se achicó.

Por edad, el mayor nivel de confianza aparece ahora entre los mayores de 50 años, con 2,23 puntos. El grupo de 18 a 29 años quedó muy cerca, con 2,18. El segmento más crítico sigue siendo el de 30 a 49 años, con 1,76 puntos.

En términos geográficos, el interior volvió a ser el territorio más favorable para el Gobierno, con 2,19 puntos. La Ciudad de Buenos Aires marcó 2,03 y el Gran Buenos Aires, pese a una fuerte mejora mensual de 11,1%, quedó en 1,83 puntos.

Educación y economía: las claves del rebote

Por nivel educativo, el mayor apoyo se observa entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios, con 2,20 puntos. Le siguen quienes completaron el secundario, con 1,90. El mayor aumento mensual se dio entre las personas con educación primaria, donde el índice saltó 42,5% y llegó a 1,72 puntos.

Las expectativas económicas vuelven a ser el principal ordenador de la confianza política. Entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, el ICG se mantiene muy alto, en 4,08 puntos, pese a una baja mensual de 2,2%.

Entre quienes esperan que la economía se mantenga igual, el índice subió con fuerza hasta 2,45 puntos. En cambio, entre quienes creen que la situación empeorará, la confianza permanece hundida en 0,37 puntos.

Ese dato confirma que la confianza en el Gobierno está fuertemente atada a la expectativa económica futura. El oficialismo conserva un núcleo muy sólido entre los optimistas, pero prácticamente no logra penetrar entre quienes anticipan un deterioro.

Seguridad: un cambio llamativo

Uno de los datos más particulares del informe aparece en el capítulo de víctimas de delitos. A diferencia de meses anteriores, el ICG fue levemente mayor entre quienes declararon haber sido víctimas de delitos, ellos o sus familias, durante los últimos doce meses.

Ese segmento marcó 2,10 puntos, con una suba de 14,6%. Entre quienes no reportaron haber sido víctimas, el índice fue de 2,07, con una mejora de 1,6%. La Di Tella señala que con este movimiento se elimina la brecha que se venía observando en meses anteriores.

Un alivio, no un cambio de tendencia

El informe deja una conclusión prudente. Junio fue un buen mes para la confianza oficial, porque el índice volvió a subir después de cinco caídas consecutivas. Pero el rebote no borra el deterioro acumulado.

El Gobierno conserva un nivel de confianza competitivo en la comparación histórica, especialmente frente a Alberto Fernández y las dos presidencias de Cristina Kirchner. También logra sostenerse muy cerca del registro de Mauricio Macri en el mismo tramo de gestión.

Pero la trayectoria reciente muestra desgaste. El promedio de la gestión Milei cayó a su nivel más bajo y el índice acumula una baja de 16,1% en lo que va del año. La confianza ya no está en zona de expansión: está en fase de resistencia.

La señal política de junio es que todavía hay margen para recomponer expectativas. La señal de fondo es que ese margen depende, cada vez más, de que la percepción de eficiencia se traduzca en resultados visibles para una sociedad que sigue evaluando al Gobierno, sobre todo, por el futuro económico que promete.

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El Índice de Confianza en el Gobierno cayó levemente en febrero, pero se mantiene por encima de gestiones anteriores

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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de febrero de 2026, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, se ubicó en 2,38 puntos sobre una escala de 0 a 5. El registro implica una baja mensual de 0,6% respecto de enero, aunque conserva niveles superiores a los observados en igual mes de administraciones previas, lo que sugiere una estabilidad relativa del clima de opinión pública en un contexto económico y político aún exigente.

El dato resulta relevante porque el ICG funciona como un termómetro clave de la percepción social sobre la gestión nacional, con impacto directo en expectativas económicas, comportamiento de consumo e inversión y en la gobernabilidad. En términos comparativos, el nivel de febrero es 2,7% mayor al registrado en febrero de 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri y 59,5% superior al de febrero de 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Un indicador que se mueve dentro de un rango acotado

Según el informe, el ICG se mantiene cercano al promedio de la actual gestión presidencial, que alcanza los 2,44 puntos. Desde el inicio del mandato, el índice mostró un mínimo de 1,94 y un máximo de 2,86 puntos, configurando un rango de variación de 0,92 puntos. Esta dinámica refleja que, más allá de fluctuaciones mensuales, la confianza no presenta desvíos abruptos respecto de su nivel medio.

En febrero, la variación del índice fue heterogénea entre sus cinco componentes. Dos dimensiones mostraron mejoras: la Eficiencia en la administración del gasto público alcanzó 2,29 puntos, con un alza mensual de 2,7%, y la Honestidad de los funcionarios se ubicó en 2,76 puntos, con un incremento de 2,6%. En contraste, se observaron retrocesos en la Capacidad para resolver los problemas del país (2,70 puntos; -4,9%), en la Evaluación general del gobierno (2,18 puntos; -1,8%) y en la Preocupación por el interés general (1,99 puntos; -1,0%).

Este comportamiento mixto sugiere que, si bien persisten valoraciones positivas en aspectos vinculados a la transparencia y la gestión del gasto, se mantiene una percepción más crítica respecto de la capacidad de respuesta integral del Gobierno y de su orientación hacia el interés general.

Diferencias sociales, territoriales y expectativas económicas

El relevamiento también expone brechas significativas según género, edad, nivel educativo y región. En febrero, la confianza fue mayor entre los hombres (2,62 puntos, +4,0%) que entre las mujeres (2,11 puntos, -7,0%), ampliándose la brecha a 0,51 puntos. Por edad, el nivel más alto se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, con 2,99 puntos y un aumento mensual de 10,7%, mientras que los grupos de 30 a 49 años (2,13 puntos) y mayores de 50 años (2,47 puntos) mostraron leves descensos.

En el plano geográfico, el Interior del país volvió a exhibir el mayor nivel de confianza, con 2,60 puntos (+0,4%), superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,10 puntos) y al Gran Buenos Aires (2,04 puntos). Por nivel educativo, se produjo un cambio relevante: quienes completaron el secundario alcanzaron el valor más alto del índice (2,56 puntos, +6,7%), por encima del segmento con estudios terciarios o universitarios (2,41 puntos, -5,5%).

Las expectativas económicas continúan siendo un factor determinante. El ICG fue significativamente más alto entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,30 puntos, +3,9%) que entre quienes piensan que se mantendrá igual (2,69 puntos, +5,1%) o que empeorará (0,43 puntos, +22,9%). Esta dispersión refuerza la centralidad de la economía en la construcción de la confianza política.

Metodología y alcance del relevamiento

El Índice de Confianza en el Gobierno se confecciona de manera ininterrumpida desde noviembre de 2001. El relevamiento de febrero de 2026 se realizó entre el 2 y el 12 de ese mes mediante una encuesta telefónica nacional a 1.000 casos en 37 localidades de más de 10.000 habitantes, con un error estándar de ±0,07 y un intervalo de confianza del 95% entre 2,26 y 2,51 puntos. El trabajo de campo estuvo a cargo de Poliarquía Consultores.

En síntesis, el dato de febrero muestra una leve corrección a la baja respecto del mes anterior, pero confirma que la confianza en el Gobierno se mantiene en un nivel intermedio y superior al de experiencias recientes, con diferencias marcadas según segmentos sociales y una fuerte dependencia de las expectativas económicas.

ICG_DiTella_Febrero2026 by CristianMilciades

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La encuesta de la CEM revela que las pymes cerraron 2025 con caída del consumo

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La última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), correspondiente a diciembre de 2025, confirma un escenario de estancamiento prolongado para las pymes misioneras, atravesado por la caída del consumo, alta presión tributaria, costos laborales elevados, recesión y fuerte incertidumbre. Sin cambios estructurales a nivel nacional ni provincial, el empresariado adopta estrategias defensivas: resistir, reestructurar y postergar decisiones clave, especialmente en inversión y empleo.

El relevamiento, realizado de manera ininterrumpida desde hace más de dos años por la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, contó en esta edición con la participación de 234 empresarios pyme de distintos sectores económicos de la provincia, lo que permite trazar una radiografía precisa del clima de negocios con el que se cerró 2025 y se inicia 2026.

Actividad estancada, empleo congelado y costos como principal límite

En términos de movimiento económico, diciembre mostró una continuidad respecto de los meses previos. El 41% de los encuestados calificó la actividad como “regular”, mientras que un 26% la consideró “buena” y un 19% “mala”. Solo un 3% señaló un desempeño “muy bueno”, frente a un 8% que lo calificó como “muy malo”.

Este desempeño moderado se traduce en una fuerte cautela en materia laboral. Al igual que en noviembre, más del 83% de las pymes evita tomar decisiones sobre recursos humanos, profundizando una tendencia que se sostiene desde hace varios meses.

Entre los principales obstáculos para contratar personal, los empresarios identificaron a las cargas laborales altas como el factor más relevante (29%), seguidas por la inestabilidad económica (18%), el riesgo sindical (16%) y el miedo a juicios laborales (15%). El dato refleja un mercado laboral rígido, con alto nivel de riesgo percibido para el sector formal.

Presión tributaria, recesión y fronteras: las trabas estructurales según nivel de gobierno

Las problemáticas estructurales que afectan a las pymes se mantienen prácticamente sin cambios respecto de los meses anteriores, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

En el plano nacional, la carga tributaria encabeza el ranking con un 25%, seguida por el costo laboral (21%) y la recesión (17%). También aparecen el financiamiento (10%) y la corrupción (9%), en una combinación que limita la planificación y la inversión productiva.

A nivel provincial, la presión se intensifica: la carga tributaria asciende al 30% y las barreras arancelarias alcanzan el 26%. En tercer lugar se ubica nuevamente la corrupción (18%), seguida por los problemas de infraestructura (10%).

En los municipios, el escenario se complejiza aún más. La principal dificultad señalada es la informalidad y la competencia desleal (20%), seguida por las tasas e impuestos internos (16%), el movimiento comercial fronterizo (12%), la burocracia (10%) y los problemas de infraestructura (10%). También se mencionan la corrupción (9%) y la falta de personal capacitado (8%), factores clave en una economía de frontera como la misionera.

Expectativas moderadas, finanzas ajustadas y estrategias defensivas

En cuanto a las expectativas macroeconómicas, un 47% de los empresarios considera que Argentina crecerá en los próximos seis meses, mientras que un 30% no sabe si habrá crecimiento y un 20% cree que el país no crecerá.

La percepción sobre Misiones es sensiblemente más pesimista: solo el 19% cree que la provincia crecerá en el primer semestre de 2026, frente a un 45% que estima que no habrá crecimiento y un 34% que manifiesta incertidumbre.

Respecto a los precios, más del 66% de los encuestados detectó variaciones acotadas, entre 0% y 5%, lo que refleja un escenario de menor volatilidad nominal, aunque sin impacto directo en la recuperación del consumo.

En el plano financiero, la mora de pagos sigue siendo una señal de alerta. Un 34% indicó que “aumentó levemente”, un 26% que “se mantuvo estable” y un 19% que “aumentó significativamente”, en línea con lo observado durante julio, agosto, septiembre y octubre. En cuanto a los cheques rechazados, solo el 28% de las pymes no recibe cheques; entre quienes sí los reciben, un 10% reportó rechazos frecuentes, un 21% ocasionales y un 24% raros.

Balance 2025 y punto de partida para 2026

El balance anual es contundente: para el 41% de los empresarios, 2025 fue peor que 2024; para el 30%, fue similar; y solo un 17% lo consideró mejor. En términos de resultados económicos, un 43% logró apenas un equilibrio, un 30% tuvo rentabilidad negativa y solo un 16% alcanzó rentabilidad positiva.

Frente a este contexto, las decisiones empresariales fueron mayoritariamente defensivas. Durante 2025, un 27% redujo inversiones, un 21% postergó pagos, un 12% redujo personal, un 11% redujo horas o actividad y un 9% vendió activos. Apenas un 17% no tomó ninguna de estas medidas.

Los factores que más impactaron en el desempeño empresarial fueron la caída del consumo, la incertidumbre económica, el aumento de costos, la carga fiscal y administrativa, la falta de financiamiento y el endeudamiento previo.

No obstante, el 52% de las pymes afirmó haber logrado adaptarse a las condiciones económicas, aunque con mucho esfuerzo, mientras que un 33% apenas consiguió sostenerse y un 11% se adaptó sin mayores inconvenientes.

El dato final sintetiza el estado del entramado productivo misionero: en 2025, las pymes resistieron (39%), reestructuraron (25%), se achicaron (14%), se endeudaron (10%), invirtieron (8%) y cerraron o pausaron actividades (1%).

De cara a 2026, el punto de partida sigue siendo frágil: un 42% comienza el año en la misma situación que en 2025, un 22% lo hace de forma debilitada, un 21% de forma fortalecida y un 14% directamente en situación de riesgo.

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