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Juan José Bahillo sobre el sector agropecuario: “va camino a la quiebra”

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Juan José Bahillo, diputado provincial por Entre Ríos y especialista del sector agropecuario de la Fundación Encuentro, expresó su profunda preocupación por la delicada situación que atraviesa el campo argentino. Advirtió sobre un proceso de descapitalización masiva impulsado por el aumento de costos en dólares y el tarifazo en los combustibles.

Los datos son contundentes: hoy un productor necesita prácticamente el doble de toneladas de soja, trigo o maíz que hace apenas tres años para acceder a un tractor. Un reciente informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos expone que, mientras en 2022 se requerían 186 toneladas de soja para adquirir una unidad, tras el quiebre de 2024 ese número llegó a 355 toneladas, evidenciando un encarecimiento relativo masivo de la maquinaria agrícola.

Al respecto, Bahillo fue categórico al analizar la crisis de rentabilidad: “La situación del sector primario de la agricultura es muy mala con respecto al 2023. Hemos tenido una inflación en dólares del 35%. Los costos de los insumos, llámese fertilizantes, fitosanitarios, semillas o maquinaria, han tenido un aumento de alrededor de un 30% en dólares”.

Este deterioro del poder de compra no es casual, sino el resultado de un “efecto tijera” letal para el productor. Entre 2022 y 2025, los tractores aumentaron un 36% en dólares, mientras que los precios internacionales de los granos cayeron entre un 20% y un 30%. Si bien los granos tuvieron un incremento en pesos de entre el 110% y el 120%, Bahillo advirtió que por el salto inflacionario de los costos “el sector va camino a la quiebra”.

El encarecimiento de la energía juega un rol protagónico en esta crisis, validando las advertencias realizadas por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “Sergio Massa se quedó corto cuando dijo que el combustible iba a subir el 300%. El combustible ha subido el 500% en estos dos años y algo, y es uno de los insumos más importantes en la estructura de costos de los productores”, sentenció el diputado entrerriano.

Un espejismo climático y el silencio dirigencial Para Bahillo, la falta de políticas de apoyo al sector productivo está siendo invisibilizada por la naturaleza. “El gobierno debería intervenir para darle sustentabilidad a la producción primaria, que es la que aporta granos y dólares a la economía. Y agregó: “Hay buenos rindes, simplemente porque llovió en tiempo y en forma, no porque haya habido una política que haya ayudado al sector, pero hoy la ecuación es de pérdida para los productores”.

Es imperioso repensar el rumbo económico para evitar que quienes producen sigan perdiendo capacidad de trabajo y crecimiento. La Argentina necesita un modelo que cuide a sus productores, fomente la producción y garantice condiciones sostenibles para el desarrollo, y no uno que los empuje a la descapitalización. 

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La Sociedad Rural presiona por medidas para el agro ante la suba de costos

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este martes en Casa Rosada con Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en un encuentro que volvió a poner en primer plano la tensión entre el Gobierno y uno de los sectores clave de la economía. La cita tuvo un eje concreto: el aumento de costos que enfrenta el agro y la necesidad de medidas para sostener la competitividad. En un contexto económico todavía inestable, el planteo del campo introduce una pregunta estratégica: ¿el oficialismo ajustará su política para evitar fricciones con un actor central en la generación de divisas?

Costos en alza y reclamo de previsibilidad

Durante la reunión, la SRA expuso “las principales preocupaciones de los productores”, con foco en el encarecimiento de insumos y gastos operativos. El diagnóstico del sector es claro: la suba de costos, impulsada en particular por el aumento del gasoil y los fertilizantes, ya impacta en la rentabilidad y podría condicionar decisiones productivas en las próximas campañas.

El planteo no se limitó a un diagnóstico. La entidad pidió avanzar en medidas que “devuelvan competitividad” y generen “reglas claras y previsibles” para sostener inversiones. En un “año desafiante”, atravesado además por factores internacionales, el reclamo apunta a reducir la incertidumbre.

El Gobierno, por ahora, no explicitó respuestas. Pero el solo hecho de la reunión muestra que el tema ingresó en la agenda de gestión.

Un vínculo estratégico en construcción

El encuentro se inscribe en una relación históricamente sensible entre el poder político y el sector agropecuario. La SRA representa a un actor con peso estructural en la economía argentina, tanto por su capacidad productiva como por su rol en el ingreso de divisas.

En este caso, el reclamo se produce en un momento donde el Gobierno necesita sostener el flujo exportador y evitar señales de conflicto con sectores productivos. La demanda de competitividad no es abstracta: se traduce en márgenes, decisiones de siembra y volumen de producción futura.

El pedido de previsibilidad, además, tiene una dimensión institucional. Supone reglas estables que permitan proyectar inversiones en un contexto donde los costos se mueven con rapidez.

Presión sin ruptura

El tono del planteo sugiere una estrategia de presión sin confrontación abierta. La SRA expone sus demandas, pero lo hace en el marco de un canal institucional activo con el Gobierno.

Para el oficialismo, el desafío es equilibrar variables. Por un lado, sostener su esquema económico. Por otro, atender un sector que advierte sobre el impacto directo de los costos en la producción.

En términos políticos, el agro conserva capacidad de influencia. No solo por su peso económico, sino porque sus decisiones impactan en indicadores clave como exportaciones, ingreso de dólares y actividad.

La ausencia de definiciones oficiales tras el encuentro deja el tablero abierto. El diálogo está activo, pero las respuestas aún no aparecen.

Decisiones productivas en el horizonte

El punto crítico se ubica en las próximas campañas. Si el aumento de costos se traduce en menor rentabilidad, las decisiones de inversión podrían ajustarse, con efectos en cadena sobre la producción.

El Gobierno deberá definir si introduce medidas específicas para el sector o si mantiene su actual esquema sin cambios. En ese cruce se juega más que una discusión sectorial: se define el vínculo con uno de los motores tradicionales de la economía.

Por ahora, el encuentro marca un canal abierto. La reacción oficial, en cambio, todavía está por escribirse.

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La desregulación impacta en las exportaciones: China se suma a Chile y frena carne argentina

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La política de desregulación impulsada por el Gobierno sumó un nuevo frente de tensión externa: China frenó un cargamento de 22 toneladas de carne argentina por la presunta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional. La decisión, tomada por la Administración General de Aduanas del país asiático la semana pasada, se suma al antecedente reciente de Chile, que ya había suspendido importaciones por cambios en los controles sanitarios. El dato trasciende lo comercial. Expone un punto sensible del esquema oficial: la relación entre flexibilización regulatoria y confianza internacional. ¿Se trata de episodios aislados o de un costo estructural de la desregulación?

Un cambio normativo bajo presión externa

El episodio con China ocurre en un contexto de modificaciones en los controles sanitarios del SENASA, enmarcadas en la política de desregulación. Entre los cambios más relevantes aparece la eliminación del registro obligatorio de empresas certificadoras, un mecanismo que funcionaba como garantía de trazabilidad en la cadena exportadora.

Ese punto resulta central. La trazabilidad no es solo un requisito técnico: es el lenguaje con el que los mercados validan la calidad sanitaria de los productos. Su debilitamiento, aun parcial, impacta directamente en la credibilidad del sistema.

El caso puntual se originó en la planta que un frigorífico posee en Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo. A partir de la detección del antibiótico, se activaron mecanismos de control y una revisión técnica que incluye un proceso de trazabilidad para identificar el origen del lote cuestionado. Las primeras hipótesis apuntan a un posible falso positivo o a la presencia de sustancias similares, lo que abre un margen de discusión técnica, pero no neutraliza el impacto comercial inmediato.

De Chile a China: señales de alerta en cadena

El antecedente con Chile refuerza la dimensión del problema. En agosto, el Servicio Agrícola y Ganadero suspendió importaciones desde la Patagonia tras la flexibilización sanitaria que permitió el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa. La medida puso en cuestión el estatus sanitario regional y encendió alarmas por el riesgo de enfermedades.

Aunque Chile reanudó compras luego de verificar condiciones sanitarias, el episodio dejó una señal: los cambios regulatorios internos pueden tener efectos inmediatos en mercados externos.

En el caso de China, el contexto agrega complejidad. El país asiático endurece sus controles a productos importados y avanza en una estrategia de protección de su producción local. Ese escenario amplifica cualquier observación sanitaria. No solo afecta a la carne: también se registraron advertencias sobre envíos de soja por presencia de malezas.

Dólares en juego y un mercado clave bajo revisión

El impacto potencial es significativo. China concentra 458.360 toneladas de las 654.800 exportadas por Argentina en los primeros 11 meses de 2025. Es, por amplio margen, el principal destino de la carne argentina.

Además, el esquema comercial incluye un sistema de cupos con penalidades claras. Si se superan las 511.000 toneladas, el arancel salta del 12,5% al 55%. En ese marco, cualquier restricción o demora no solo afecta volúmenes, sino también costos y competitividad.

El episodio también expone una dinámica interna. El SENASA, con una estructura reducida por recortes, debe responder a exigencias crecientes en mercados que endurecen estándares. La ecuación es delicada: menos regulación interna frente a mayores demandas externas.

Correlación de fuerzas y tensión regulatoria

La situación coloca al Gobierno ante un equilibrio complejo. Por un lado, la desregulación busca reducir costos y simplificar procesos. Por otro, los mercados internacionales operan con lógicas inversas: más controles, más certificaciones y mayor seguimiento de la cadena productiva.

En términos de poder, los países importadores refuerzan su capacidad de condicionar el comercio a través de exigencias sanitarias. La Argentina, en cambio, necesita sostener confianza para mantener acceso a mercados estratégicos.

El resultado es una tensión que trasciende lo técnico. Se trata de quién fija las reglas en el comercio internacional y bajo qué estándares se valida la producción.

Un escenario en revisión

La reacción oficial se concentra ahora en limitar el impacto del caso y evitar que se extienda a otros embarques. El foco está puesto en el informe técnico que deberá producir el SENASA y en las eventuales correcciones del sistema.

En paralelo, el comportamiento de China será clave. Su política de controles más estrictos puede transformar episodios puntuales en tendencias si no se logra restablecer confianza.

Lo que está en juego no es solo un cargamento. Es la consistencia entre el modelo regulatorio interno y las exigencias del mercado global. Esa tensión, por ahora, sigue abierta.

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El Banco Central acelera compras de dólares y refuerza su poder en el mercado cambiario

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El Banco Central volvió a mostrar capacidad de intervención en el mercado cambiario con una señal concreta: compró USD 208 millones en una sola jornada sobre un total operado de USD 384 millones, lo que equivale al 54% del volumen. El dato no solo marca la segunda mayor adquisición del año, sino que se inscribe en una secuencia más amplia: 57 ruedas consecutivas con saldo comprador. En un contexto donde la estabilidad del dólar y la acumulación de reservas son variables críticas, la pregunta se impone: ¿es este un punto de consolidación del esquema monetario o un equilibrio sostenido por condiciones transitorias?

Una estrategia sostenida en el tiempo

El movimiento del Banco Central no es aislado. Desde enero, en el inicio de la cuarta fase del esquema monetario, la entidad acumula USD 4.245 millones, lo que representa más del 42% del objetivo anual. En lo que va de 2026, el total supera los USD 4.000 millones.

La lógica es clara: aprovechar un contexto de mayor oferta de divisas —impulsada en parte por exportaciones agropecuarias y emisiones de deuda— para recomponer reservas sin presionar sobre el tipo de cambio. La cotización mayorista cerró en $1.398, todavía 18,3% por debajo del techo de la banda cambiaria fijado en $1.653,70, lo que le permite al Banco Central intervenir sin tensionar el sistema.

Sin embargo, el mecanismo elegido introduce una variable sensible. Para sostener las compras, la autoridad monetaria incrementó la emisión de pesos sin absorber completamente ese excedente con instrumentos tradicionales. El equilibrio se completa con la intervención del Tesoro, que retira liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local.

Reservas en tensión: acumulación y pagos

A pesar del ritmo comprador, las reservas internacionales mostraron una baja en la última jornada: cerraron en USD 43.381 millones, con una caída diaria de USD 331 millones. La explicación oficial combina factores estacionales —movimientos de fin de mes— y pagos de deuda a organismos internacionales por USD 180 millones.

El dato revela una dinámica más compleja. La acumulación de reservas convive con la necesidad de utilizarlas para atender compromisos externos. De hecho, el Tesoro requirió dólares al Banco Central para afrontar vencimientos, lo que limita el crecimiento neto de las reservas.

Esa tensión no es nueva, pero adquiere relevancia en un escenario donde la acumulación de divisas es uno de los pilares del programa económico.

Correlación de fuerzas en el frente económico

El desempeño del Banco Central fortalece al equipo económico en su objetivo de estabilizar el mercado cambiario y consolidar expectativas. La continuidad de compras durante 57 jornadas consecutivas —algo que no ocurría desde 2007— refuerza la señal de control sobre el frente externo.

Al mismo tiempo, la estrategia depende de una coordinación fina entre la autoridad monetaria y el Tesoro. La emisión de pesos para comprar dólares requiere ser compensada para evitar efectos sobre la inflación y la cotización. Esa articulación se vuelve central para sostener el esquema.

En términos de mercado, la intervención del Banco Central —absorbiendo más de la mitad del volumen en una rueda— muestra un actor con peso decisivo. Pero también evidencia que el equilibrio cambiario se apoya en condiciones específicas: oferta de divisas, demanda de pesos y acceso al financiamiento.

Un equilibrio que se pone a prueba

Las proyecciones oficiales estiman compras netas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para 2026. Hasta ahora, lo acumulado equivale a cerca del 39% de esa meta. El ritmo es consistente, pero no lineal.

En las próximas semanas, el foco estará en la capacidad del Banco Central para sostener este esquema sin alterar otras variables sensibles. La evolución de las reservas, el comportamiento del dólar dentro de la banda y la coordinación con el Tesoro serán claves.

El mercado ya tomó nota de la señal. Falta ver si las condiciones que la hicieron posible se mantienen en el tiempo.

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Las Tunas busca sostener a 380 el kilo de hoja verde pese a la crisis del sector yerbatero

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La cooperativa yerbatera Las Tunas queda en el centro de una discusión que atraviesa a toda la cadena: cómo sostener el precio al productor en un mercado que empuja hacia abajo.

En ese marco, su gerente, José Luis “Joselo” Semienchuk, planteó en una entrevista con Economis una decisión que no es menor: intentar mantener los $380 por kilo de hoja verde en el inicio de la cosecha, aun cuando el resto del mercado paga menos.

El dato, más que técnico, es político dentro del sector: ¿puede una cooperativa sostener un precio de referencia sin quedar fuera de competencia?

Sostener el precio en un mercado que presiona a la baja

La definición surge de una reunión interna reciente del consejo de la cooperativa. Allí, según explicó Semienchuk, no hubo una resolución cerrada, pero sí una tensión clara: mantener los $380 aunque eso implica perder competitividad en góndola.

“El problema es que nosotros estamos pagando trescientos ochenta y casi nadie en la provincia ni en el país está pagando ese precio. Entonces se nos complica con el producto final”, advirtió. La ecuación es directa: materia prima cara, paquete que no se puede encarecer y consumidores que migran al precio más bajo.

Ese desfasaje, explicó, se agrava en un contexto donde “todos los otros insumos están subiendo”, desde energía hasta combustible, mientras la hoja verde se abarata a modo de fusible. El resultado es un sistema invertido donde el productor cobra menos y la estructura de costos sube.

Cooperativismo en tensión: entre el socio y el mercado

El planteo abre una discusión más profunda sobre el rol de las cooperativas en el esquema actual. Semienchuk fue explícito: “La cooperativa es del socio, él es el que tiene que poner el precio”, pero al mismo tiempo reconoció que muchas entidades no sostienen valores altos.

“Allí está la contradicción: hablamos de fijar referencia, pero terminamos tirando el precio para abajo”, señaló. Reconoció que otras cooperativas pagaron la cosecha anterior $380 la hoja verde a sus socios, pero ahora bajaron el precio y se han observado ofertas de $230 a 240 por kilo, cuando los costos de producción han subido.

La situación no es menor. En su diagnóstico, si las cooperativas actuaran coordinadamente podrían establecer un piso distinto. Sin embargo, describió un escenario fragmentado donde incluso entidades venden materia prima a grandes actores, debilitando la lógica cooperativa.

Costos, sobreoferta y una economía que no cierra

El trasfondo es productivo, pero también estructural. Semienchuk confirmó la existencia de sobreoferta: “Hay yerba suficiente”, afirmó, tanto en planta como en stock, lo que presiona aún más los precios.

En paralelo, la alternativa de vender yerba canchada tampoco resulta viable. Según explicó, con una hoja verde a $380, el valor lógico de la canchada debería ser de $1.440, pero el mercado ofrece apenas $800. “Si salimos a vender a ese precio, fundimos la cooperativa”, sintetizó.

Esa distorsión empuja a sostener la molienda propia como única vía para acercarse al costo real, aunque sin margen suficiente.

Competencia externa y cambio de paradigma

Otro eje que introduce tensión es la competencia con productos importados o adaptados a otros mercados. Semienchuk cuestionó que yerbas de estilo uruguayo o brasileño se vendan a valores superiores, mientras la producción local pierde precio.

Pero el punto más relevante es estratégico: la dificultad para insertar el producto en el mundo bajo el formato tradicional. “El mate no siempre entra en otros países”, reconoció, y valoró los intentos de exportar en otros formatos, como bebidas, alimentos o incluso como infusión o mate cocido. Destacó el paso que dio la cooperativa de Dos de Mayo llevando yerba para infusión a China y dijo que es un inicio para ingresar al mercado y que a largo plazo podríamos pensar en llevar el mate

En esa línea, dejó una definición que interpela al sector: “Muchas veces queremos imponer el mate, pero el mercado internacional no consume así”. El productor es consiente que podemos vender más yerba al extranjero, pero hay que abrir el juego a otras presentaciones que sean pensadas en la demanda de los nuevos consumidores y no solo en el mate tradicional.

Escala, estructura y límites del modelo

Las limitaciones también son internas. La cooperativa trabaja con pequeños productores —unos 84 socios, de los cuales cerca de 40 son activos— y un volumen que ronda entre 1,3 y 1,4 millones de kilos anuales. Esa escala condiciona cualquier estrategia.

“No tenemos espalda para comprar más hoja verde”, explicó, y anticipó una decisión defensiva: sostener el precio actual, pero sin incorporar nuevos proveedores. “Vamos a mantenernos con lo que estamos”, dijo.

Un equilibrio inestable

La posición de Las Tunas expone una tensión que excede a una sola cooperativa. Sostener precios más altos protege al productor, pero puede dejar fuera del mercado. Bajar precios permite competir, pero deteriora la base productiva.

En el medio, el sistema yerbatero enfrenta una discusión que aún no encuentra síntesis: cómo equilibrar mercado, rentabilidad y sostenibilidad en un contexto donde la oferta sobra, los costos suben y las reglas no parecen alinearse.

El inicio de la cosecha será el primer test. Y también un indicador de hasta dónde el sector puede sostener sus propias referencias sin romper su equilibrio interno.

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