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Economía para la economía real

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Por Jamieson Greer / F&D FMI – Durante aproximadamente 30 años, los aranceles y la regulación de importaciones fueron parias políticos. Parafraseando la frase del escritor inglés G.K. Chesterton sobre el cristianismo: Los aranceles no se probaron ni se consideraron insuficientes, sino rechazados por los modelos económicos actuales y sin probar. Los responsables políticos, temerosos de desafiar el consenso de élite derivado de tales modelos, cerraron el universo de opciones y estrategias para resolver los desafíos de Estados Unidos. Pero el presidente Donald Trump ha cambiado eso y, al hacerlo, ha hecho un regalo a los economistas. El regreso de los aranceles y las regulaciones de importación crea una oportunidad para actualizar viejas suposiciones y modelos anticuados con la evidencia sólida de datos y experiencias reales.

Es interesante que estas políticas llegaran a ser inaccesibles. Los arquitectos del sistema económico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial conocían los riesgos del comercio sin restricciones, como los importantes desequilibrios comerciales o las peligrosas dependencias de importaciones. Estos arquitectos priorizaron la soberanía nacional y la seguridad como objetivos iguales junto con la prosperidad generalizada. El Acuerdo General sobre Aranceles Aranceles y Comercio fue negociado deliberadamente para permitir un uso robusto de aranceles con el fin de garantizar la seguridad esencial, prevenir daños a las industrias nacionales, responder a la competencia desleal, fomentar el desarrollo económico y abordar los desafíos de la balanza de pagos. El Comité Coordinador para el Control Multilateral de Exportaciones alineó las políticas de control de exportaciones en Estados Unidos y sus aliados para presentar un frente económico común frente a la Unión Soviética y sus satélites. Los acuerdos plurilaterales, como el Acuerdo Internacional del Estaño, gestionaban activamente el comercio de materias primas clave para salvaguardar las cadenas de suministro.

Para los años 90, responsables políticos, economistas y líderes empresariales habían olvidado las sutilezas y el pragmatismo de sus antepasados, sin darse cuenta de que existen buenas razones para preservar la capacidad de los países para gestionar sus relaciones comerciales según los intereses nacionales. En los días intensos tras la caída del Muro de Berlín, hubo una prisa por adoptar la simplicidad de la hiperglobalización: ¿No sería mejor para todos los pueblos del mundo eliminar por completo las barreras comerciales? Y así nacieron la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestra situación actual.

Se pensaba que este enfoque traería paz y prosperidad, pero en realidad solo permitía a las multinacionales perseguir subvenciones y normas laborales y medioambientales débiles en todo el mundo. En Estados Unidos, los votantes se volvieron más escépticos al ver cómo los empleos de clase trabajadora se trasladaban al extranjero, y los economistas respondieron con métodos altamente cuantitativos para calcular, a menudo con falsa precisión, enormes avances teóricos que se lograban dejando entrar avalanchas de importaciones. Y, al mismo tiempo, muchos otros países mantuvieron altos tipos arancelarios y barreras no arancelarias. Adiós al optimismo posterior a la Guerra Fría.

Cuando el presidente Trump asumió el cargo por primera vez, la brecha entre teoría y práctica era demasiado grande para ignorarla. Los estadounidenses perdieron millones de empleos manufactureros de alta calidad, más de 70.000 plantas cerraron, los salarios de la clase trabajadora quedaron atrás, la base industrial se debilitó, la innovación se ralentizó, la productividad real en la manufactura disminuyó y las comunidades de todo el país resultaron perjudicadas. El déficit comercial de bienes se disparó hasta 1,2 billones de dólares anuales, lo que a su vez alimentó el déficit insostenible por cuenta corriente del país.

Escribiendo con humildad en 1933, pues representaba un cambio en sus opiniones, John Maynard Keynes expresó dudas sobre “si la pérdida económica de la autosuficiencia nacional es lo suficientemente grande como para superar las demás ventajas de llevar gradualmente el producto y el consumidor dentro del ámbito de la misma organización nacional, económica y financiera.” Esto supuso un punto de inflexión para Keynes, que se convirtió en uno de los defensores más vocales de mecanismos más fuertes de regulación comercial en las negociaciones de Bretton Woods. Mientras el presidente Trump está creando un nuevo orden económico internacional —basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia— es hora de que la profesión económica tome ejemplo de Keynes y se adapte al mundo tal y como es, en lugar de como nosotros quisiéramos que fuera.

Suposiciones erróneas

En ningún lugar es más necesario ponerse al día que en la modelización económica. Los modelos que normalmente se utilizan para predecir los efectos de la política comercial presentan muchos puntos ciegos. A menudo asumen el pleno empleo y transiciones laborales sin contratiempos entre industrias y geografías. Los modelos no reflejan la complejidad de los enlaces de la cadena de suministro y se centran principalmente en las ganancias de eficiencia a largo plazo, definidas como la capacidad de adquirir productos al menor coste posible. Tales avances teóricos se tratan como bienes sociales puros. Estos modelos en su mayoría asumen realidades que la gente normal, o los profesionales como yo, experimentamos a diario.

La economía rara vez funciona con pleno empleo. La disminución de la participación en la fuerza laboral en regiones concretas o en grupos demográficos específicos, incluidos los hombres de clase trabajadora, son prueba de ello. Los costes de transición también son reales y graves. Por ejemplo, David Autor y otros han rastreado lo que ocurrió con los trabajadores estadounidenses y las ciudades más expuestas al “Shock de China”. La movilidad geográfica disminuyó en los lugares expuestos al comercio. La reasignación intersectorial de antiguos trabajadores manufactureros fue mínima. Cuando finalmente volvieron los empleos, eran trabajos de menor cualificación y pasaron a otras personas. Los trabajadores manufactureros en funciones, a menudo hombres negros y blancos en ciudades medianas o pequeñas, nunca recuperaron sus ingresos. Envejecieron en su lugar y no, como animaba la élite política estadounidense, a Phoenix para convertirse en trabajadores de atención domiciliaria ni a Seattle para programar software.

El coste se puede medir en vidas humanas—y esto no es una exageración. Un estudio reciente de Amy Finkelstein y coautores encontró que las zonas con exposición media a la competencia de importaciones mexicanas bajo el TLCAN experimentaron un aumento sostenido del 0,68 por ciento en la mortalidad anual ajustada por edad. Los daños se concentraron entre los hombres en edad laboral y se distribuyeron entre la mayoría de las principales causas de muerte. Los autores descubrieron que este impacto en la mortalidad más que borró las ganancias de bienestar identificadas en un análisis económico líder del TLCAN, convirtiendo el acuerdo en una pérdida neta mortal para las personas a las que se suponía debía ayudar.

Muchos modelos tampoco tienen en cuenta los vínculos a nivel sectorial que influyen en cómo cambian los flujos comerciales bajo las reglas de origen en los acuerdos comerciales modernos. A menudo no recopilamos las estadísticas necesarias para permitir un análisis empírico más preciso, incluyendo la dinámica de la cadena de suministro. Además, las limitaciones en los enfoques estadísticos o de modelización alimentan narrativas políticas falsas. Por ejemplo, investigaciones de Susan Houseman han encontrado que los tan anunciados avances en la producción manufacturera estadounidense se deben a cómo medimos el aumento de la potencia de cálculo, no a la producción real de más materiales. Teniendo en cuenta las cifras distorsionadas de la industria informática, la producción manufacturera real en EE. UU. cayó un 6 por ciento entre 2007 y 2016.

Logrando el equilibrio

El argumento tradicional a favor del libre comercio sin restricciones presentado por los economistas se fundamentaba en el principio de ventaja comparativa. Es absolutamente cierto y no trivial que la especialización aporta eficiencia. Sin embargo, la economía contemporánea debe tener en cuenta un mundo donde las economías de escala y la intervención gubernamental se combinan para crear desequilibrios estructurales comerciales desvinculados de la ventaja comparativa. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, con la tierra de cultivo más abundante del mundo, tenga un déficit comercial en la agricultura? ¿Cómo puede ser que Corea del Sur—con recursos energéticos limitados, sin carbón y sin mineral de hierro—se convirtiera en una potencia siderúrgica? Las intervenciones económicas de los países han manipulado la economía global de manera que persistentemente han dejado a algunos países en déficit y a otros en superávit. Esto no es saludable para los países de ninguna de las dos categorías.

Investigaciones recientes del FMI han encontrado que los persistentes desequilibrios comerciales perjudican a las economías deficitarias y benefician a las superávidas al reasignar las ganancias de productividad. El Banco de Inglaterra planteó un punto más preciso: cuando un país “combina la política industrial con diferentes formas de supresión del consumo —como redes de seguridad social débiles, controles de capital o un alto ahorro preventivo— las subvenciones generan superávits comerciales persistentes y se convierten en una política de mendigo al vecino con consecuencias internacionales negativas.” La administración Trump no podría haberlo dicho mejor.

El FMI reconoció recientemente que los desequilibrios son “concentrados y persistentes” y están impulsados al menos en parte por políticas de países excedentes. En su informe más reciente del Artículo IV, el FMI lanzó la alarma sobre el déficit por cuenta corriente de EE. UU. (impulsado principalmente por el déficit comercial), señalando que la posición negativa resultante en inversión internacional neta “aumenta el riesgo de un eventual desorden externo desordenado.”

Pero, para abordar este problema, el FMI recomienda soluciones insostenibles y escandalosas: aumentos fiscales a gran escala (incluido un impuesto federal sobre las ventas del 10 por ciento) y medidas de austeridad (incluyendo recortes profundos en programas populares de prestaciones sociales). Reconocen que esto, en el mejor de los casos, tendría solo un efecto moderado, mientras que también requeriría que los países con excedente tomen medidas para aumentar la demanda. ¿La recomendación del FMI para lograr eso? “Trabajar de forma constructiva con los socios comerciales” para abordar “las preocupaciones sobre la equidad del sistema comercial global.” Los crecientes desequilibrios de la última década demuestran la ineficacia de pedir amablemente cambios económicos estructurales.

Modelos equivocados

¿Por qué el FMI recomienda políticas drásticas e impopulares mientras critica el enfoque arancelario de la administración Trump? La respuesta reside, en parte, en supuestos del modelo. El modelo Global Integrado de Monetaria y Fiscalía (GIMF) del FMI muestra que los aranceles tendrían un efecto insignificante en el estrechamiento de los desequilibrios de cuenta corriente. El FMI señala ese resultado en su Informe del Sector Externo de 2025 para descartar la herramienta como una solución a lo que califica como un problema urgente. Pero el FMI reconoce que el modelo no contempla el “salto arancelario a través de la reasignación transfronteriza de la producción.”

Esta nota técnica menor contiene multitudes. El salto arancelario es precisamente el mecanismo a través del cual los aranceles protectores y otras medidas comerciales han inducido la “relocalización” de la producción y han cambiado los patrones comerciales. Las restricciones del presidente Ronald Reagan a los automóviles japoneses a principios de los años 80 incentivaron un auge de la deslocalización que generó más de 100.000 nuevos empleos en automóviles estadounidenses en más de 300 nuevas instalaciones de producción para los años 90. Los aranceles de salvaguardia de 2018 del presidente Trump a las lavadoras desencadenaron una ola de inversión, incluyendo grandes instalaciones nuevas de Samsung y LG en Carolina del Sur y Tennessee. Mercedes-Benz está invirtiendo 4.000 millones de dólares en su planta de Alabama, citando explícitamente los aranceles como la causa. La investigación de McKinsey muestra cómo los aranceles recientes ya han provocado una reorganización a gran escala de las cadenas de suministro en todo el mundo. ¿Cómo podemos desestimar aranceles basándonos en un modelo que asume el mecanismo mediante el cual funcionan?

Hay quienes reconocen los problemas sociales y económicos que plantean los déficits estructurales comerciales, pero recomiendan herramientas distintas a los aranceles para abordarlos. Warren Buffett, entre otros, recomendó de forma célebre exigir a las empresas que quieren importar bienes que compren un certificado a un exportador nacional de cualquier bien o servicio de valor igual. Aunque quizá sea viable sobre el papel, este enfoque probablemente presentaría desafíos significativos en la implementación. Otros han sugerido un cargo de acceso al mercado sobre las entradas financieras extranjeras para reducir el déficit depreciando gradualmente la moneda. Una solución así probablemente provocaría una insurrección organizada en el sector de servicios financieros, podría verse como un impuesto a la inversión entrante y es difícil de explicar al público.

Los aranceles que apuntan directamente a las fuentes primarias del déficit son la solución más sencilla y flexible. Esto fue aceptado durante mucho tiempo en todas las líneas partidistas antes del cambio de enfoque hacia la hiperglobalización, incluyendo en los años 80, cuando la propuesta del futuro líder demócrata de la mayoría en la Cámara, Dick Gephardt, de imponer aranceles obligatorios a gran escala a economías persistentes en excedentes fue aprobada por la Cámara de Representantes (antes de ser finalmente descartada en favor de la autoridad reforzada de la Sección 301 que actualmente utiliza mi oficina). Ya estamos viendo los efectos beneficiosos de los aranceles del presidente Trump. El déficit comercial de Estados Unidos con China disminuyó un 32 por ciento interanual en 2025. El déficit comercial total de bienes ha disminuido, año tras año, cada mes desde que el presidente Trump comenzó a implementar su política de aranceles recíprocos en abril de 2025.

A medida que avanzamos, necesitamos modelos que capturen lo que importa para la economía real. Esto incluye las consecuencias distributivas del comercio, las fricciones en el mercado laboral, los efectos de la red y la escala en la manufactura, los efectos del arbitraje regulatorio en trabajadores y productores, los impactos de las reglas de origen detalladas en las redes globales de producción y—a la luz de las nuevas investigaciones del TLCAN—los resultados de salud pública. Si queremos políticas más inteligentes, necesitamos herramientas empíricas más enriquecidas que estudien cómo funciona realmente el comercio.

Nuevos retos, nuevas herramientas

No tenemos tiempo para esperar. Estados Unidos está utilizando aranceles y acuerdos sobre comercio recíproco para fomentar la inversión productiva entrante, aumentar los incentivos para la producción nacional y abrir mercados para las exportaciones estadounidenses. El FMI reconoce que un reequilibrio duradero requiere acción tanto de economías excedentes como deficitarias. Sin una presión real, una economía excedente no tiene motivo para actuar, pero eso no significa que los países deficitarios deban permanecer inertes. Por ello, Estados Unidos está tomando medidas audaces para sentar las bases de un sistema económico internacional basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia.

Alfred Marshall escribió una vez: “Las condiciones económicas cambian constantemente, y cada generación aborda sus propios problemas a su manera.” Es urgente que los economistas tomen ese consejo. A medida que cambia la economía global, también debe hacerlo la profesión económica. Los economistas pueden ser científicos desafortunados, pero no tienen motivos para vivir con la cabeza enterrada.

JAMIESON GREER es el representante comercial de Estados Unidos.

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Caputo destacó que las exportaciones pyme crecieron 32,6% en el primer cuatrimestre del 2026

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en el primer cuatrimestre del año 2026 las exportaciones de PyMEs sumaron US$3.557 millones y crecieron 32,6% con respecto al mismo período del año pasado.

De esta forma, alcanzaron el mayor nivel en 13 años, según el ministro.

“Todos los grandes rubros registraron crecimiento. Las exportaciones de Combustibles y Energía se incrementaron 101,1%, en tanto las de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI) aumentaron 42,7%, 29,4% y 17,5%, respectivamente”, remarcó en un posteo en redes sociales.

Precisó que “por tamaño, las exportaciones de microempresas crecieron 61,9%las de pequeñas empresas 36,8% y las medianas empresas 23,3%”.

“Entre los principales destinos, se destacó el crecimiento de las exportaciones a EE.UU. (+103,5%), España (+62,9%), China (+47,7%), Uruguay (+14,8%) y Brasil (+10,1%)”, indicó el jefe del Palacio de Hacienda. 

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Misiones y la paradoja económica argentina: récord exportador con consumo en retroceso

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Hay una escena económica que resume con bastante precisión el momento actual de la Argentina y que, en Misiones, aparece con una nitidez pocas veces vista: mientras las exportaciones provinciales alcanzan niveles récord, el consumo interno sigue deprimido. Dicho de otro modo: la provincia vende más al mundo, pero vende menos puertas adentro. Y aunque a primera vista parezca una contradicción, en realidad se trata de uno de los rasgos más distintivos del nuevo esquema económico argentino.

Los datos son contundentes. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Misiones exportó por USD 155,5 millones, con un crecimiento interanual del 4,8% y alcanzando la mejor marca para ese período desde 2011. Más aún: se trata del segundo mejor primer cuatrimestre de los últimos veinticinco años

En paralelo, las ventas en supermercados de la provincia cayeron 4,3% real interanual en marzo y acumulan once meses consecutivos de retroceso. El acumulado del primer trimestre, además, muestra una baja del 8,5% respecto al mismo período del año anterior.

La convivencia de ambos fenómenos no es casual. Es, en gran medida, el resultado directo del modelo económico libertario que vive la Argentina desde la asunción de Milei a la presidencia. 

Durante años, la economía argentina estuvo estructurada alrededor del mercado interno: puja redistributiva vía salarios que, con volatilidades, acompañaba o incluso superaba el aumento de precios; expansión del consumo con planes de fomento o bien, vía emisión monetaria y crédito subsidiado y fuerte intervención estatal, entre otras cosas. 

Ese esquema generaba cierto dinamismo comercial interno, pero también una enorme fragilidad macroeconómica: déficit fiscal crónico, inflación descontrolada, escasez de divisas y recurrentes crisis cambiarias.

El programa económico actual modificó drásticamente esa lógica. El eje pasó a centrarse, de manera innegociable, en el equilibrio fiscal, la desregulación y la apertura (en muchos casos, indiscriminada) de la economía, con fuerte apoyo en actividades productivas de alta demanda global como la energía, la minería y el agro. En ese contexto, las provincias se mueven de manera heterogénea: aquellas que cuentan con fuerte presencia de esos sectores comenzaron a mostrar un desempeño relativamente mejor que aquellas que no lo tienen pero, a la par, la mayoría de las provincias igualmente mejoraron su canasta exportadora, en parte por mejores precios, en parte por mayor demanda global y en parte por desregulaciones. Pero el boom del frente externo convive con una depresión del frente interno.

En el marco de una apertura comercial más fuerte, Misiones tiene características productivas que le permiten adaptarse mejor a esta nueva dinámica. Su matriz exportadora posee un importante componente agroindustrial y manufacturero. Las Manufacturas de Origen Agropecuario explicaron el 54,5% de las exportaciones provinciales en el primer cuatrimestre y crecieron 5,8% interanual, mientras que los Productos Primarios avanzaron 26,5%. Además, la provincia logró incrementar no solo el valor exportado sino también las cantidades vendidas: Misiones exportó 232.617 toneladas, el mayor volumen para un primer cuatrimestre desde 2006.

Esto último es particularmente relevante porque revela que no se trata solamente de un efecto precio o cambiario. Hay efectivamente más producción colocándose en mercados externos. Incluso hay otro dato que ayuda a entender por qué Misiones aparece relativamente fortalecida en el frente externo: la provincia exhibe el mayor precio promedio de exportación del NEA, con USD 669 por tonelada, muy por encima de Chaco, Corrientes y Formosa. Eso habla de una estructura exportadora con mayor valor agregado relativo, algo no menor en un contexto donde la competitividad ya no depende únicamente de un salto devaluatorio sino también de productividad, escala y diferenciación.

Sin embargo, mientras el sector exportador encuentra incentivos y oportunidades, el mercado interno continúa atravesando una fuerte contracción. Y aquí aparece el núcleo de la paradoja.

La estabilización macroeconómica en Argentina se produjo mediante un severo ajuste sobre los ingresos reales. El gobierno nacional, entre otras cosas, redujo drásticamente el gasto público y eliminó todo tipo de mecanismos expansivos para sostener el consumo. La inflación, aunque todavía elevada, comenzó a bajar, pero lo hizo luego de una licuación muy fuerte de salarios y jubilaciones. En otras palabras, el orden macroeconómico se reconstruyó a costa de una significativa caída del poder adquisitivo.

Ese proceso impacta directamente sobre el comercio minorista y particularmente sobre el otro indicador que conocimos esta semana: las ventas en supermercados que, aunque no reflejan el 100% del consumo minorista, ilustran una buena foto para entender la situación actual, ya que se trata de un indicador de consumo masivo que, a la vez, marca con buena precisión la pérdida de poder de compra. Cuando los hogares ajustan gastos, lo primero que ocurre es una reducción en compras no esenciales, sustitución de marcas y menor frecuencia de consumo. Los datos de Misiones muestran precisamente eso: por ejemplo, en marzo hubo una leve mejora en el rubro “Almacén”, que creció 4,1% interanual, pero fue su primer incremento en un año, mostrando así que venía sufriendo fuertes golpes; algo similar se ve para el caso de verduras y frutas, cuya suba de marzo fue relativamente aislada. 

A la par, consumos no esenciales (ejemplo: electrónica) muestran todavía significativas caídas. 

Esto muestra que el modelo económico vigente parece estar produciendo una reorganización estructural de la economía argentina, donde algunas variables macroeconómicas muestran mejoras al mismo tiempo que gran parte de la sociedad percibe deterioro económico. La pregunta que ya nos hicimos un millón de veces es si esto es sostenible en el tiempo.

Los más optimistas afirman que si la inflación continúa bajando y los salarios comienzan lentamente a recomponerse en términos reales, podría aparecer una recuperación gradual del mercado interno sin poner en riesgo el orden fiscal y monetario. En ese caso, el fortalecimiento exportador funcionaría como base para un crecimiento más sólido y menos dependiente de ciclos artificiales de consumo. Además, agregan un segundo factor: la capacidad del sector exportador de generar encadenamientos productivos y empleo de calidad

Pero lo más pesimistas, lejos de ver ese escenario, ven un escenario de inflación aún en niveles altos, un mercado basado en el “sálvense quien pueda”, abandono estatal al fomento al consumo y a la producción nacional y un crecimiento exportador concentrado en pocos actores económicos sin lograr derramar actividad hacia el resto de la economía.

En Misiones, este desafío es especialmente importante porque la provincia posee una estructura económica muy heterogénea. Conviven complejos exportadores dinámicos con un entramado comercial y de servicios fuertemente dependiente del consumo interno. Por eso, el éxito exportador por sí solo no alcanza para garantizar bienestar generalizado. Aun así, sería un error minimizar la relevancia del récord exportador actual. En una Argentina históricamente condicionada por la falta de dólares, que Misiones logre alcanzar su mejor desempeño exportador desde 2011 tiene un enorme valor estratégico. Más todavía considerando que lo hace con altos niveles de valor agregado relativo y liderando ampliamente las exportaciones del NEA.

La verdadera discusión, entonces, no debería ser exportaciones versus consumo, sino cómo construir una economía capaz de sostener ambas dimensiones simultáneamente. Argentina necesita dólares genuinos para estabilizarse, pero también necesita recomponer ingresos y demanda interna para evitar una fragmentación económica y social creciente.

Misiones hoy funciona casi como una síntesis del momento argentino: una provincia que muestra fortaleza productiva hacia afuera y debilidad comercial hacia adentro. Un territorio donde la macroeconomía empieza a ordenarse mientras gran parte de la microeconomía todavía sigue bajo tensión. Y quizás allí radique la principal enseñanza del presente económico nacional: estabilizar era condición necesaria, pero claramente todavía no alcanza para garantizar una recuperación integral.

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Comas: “Quizás sea el momento de ir hacia la disolución del INYM”

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Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y representante de Las Marías, se sumó al planteo de que el DNU 70/23 simplemente coincidió con el pico de la curva de oferta. Comas fue más allá en la flexibilización regulatoria y solicitó directamente la disolución total del INYM, acusando al organismo de haber actuado durante un cuarto de siglo como un escollo burocrático incapaz de abrir nuevos mercados internacionales.

El debate sobre la desregulación yerbatera en el Congreso de la Nación sumó un componente de alta densidad política y jurídica que trasciende la discusión coyuntural sobre los precios de “abandono” en la chacra. Durante el plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales en la Cámara de Diputados, la representación de la industria molinera de Corrientes elevó la apuesta: no solo defendió el retiro del Estado instrumentado por el DNU 70/23, sino que reclamó formalmente la disolución definitiva del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), apalancándose en un proyecto legislativo que busca erradicar lo que consideran una “maraña burocrática” inconstitucional.

La postura correntina, sintetizada en la exposición de Joaquín Comas —presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y exdirector del INYM entre 2022 y 2024—, introdujo un análisis sistémico sobre los ciclos de sobreoferta y la pérdida de competitividad geopolítica del NEA frente a Paraguay y Brasil.

La hipótesis de la coincidencia temporal y el ciclo biológico

Para los sectores concentrados de la molienda correntina, adjudicar la actual depresión de precios relativos a la vigencia del DNU 70/23 constituye un error de diagnóstico macroeconómico. Comas apeló a la teoría de los ciclos de commodities agrícolas para aislar la variable regulatoria del comportamiento del mercado:

“El decreto 70/23 no produjo el problema que hay hoy; lo produjo simplemente la oferta y la demanda. Son ciclos. El riesgo que corre todo productor es el que corre cualquier profesión; no podemos estar pidiendo a ‘papá Estado’ que nos empareje la cancha poniendo restricciones cuando nos va mal”.

De acuerdo con este análisis, el colapso del valor de la hoja verde responde a la maduración biológica de las inversiones realizadas entre 2018 y 2021. Estimulados por un ciclo de precios excepcionales, los productores implantaron aproximadamente 50.000 nuevas hectáreas en la región. Dado que la planta de yerba mate requiere entre 4 y 5 años para alcanzar su productividad plena, el pico de la sobreoferta estructural colisionó cronológicamente con la firma del decreto desregulador.

La batalla por el derecho de propiedad y el fantasma de la Resolución 170

El núcleo duro del argumento correntino se centró en la seguridad jurídica y la jerarquía constitucional, reflotando la polémica por la Resolución 170/21 del INYM. Dicha norma, diseñada bajo una matriz de protección al minifundio, limitaba las nuevas plantaciones a un máximo de 5 hectáreas por año por productor, bloqueando la expansión a gran escala de la industria integrada.

Desde la óptica de la molinería correntina, esa medida fue un quiebre institucional dictado por “trasnochados” que violó el artículo 14 de la Constitución Nacional (derecho a comerciar y ejercer industria lícita) y el derecho a la propiedad privada:

“¿Quién me puede venir a decir que en mi propiedad privada yo tengo que hacer lo que un instituto me diga, cuando se juntaron en un salón siete personas y armaron algo que no pasó ni por comisión?”.

Bajo esta lectura, la fijación de precios mínimos —que según Comas sistemáticamente terminaba en laudos nacionales incumplidos por la fuerza de la realidad física del mercado— y las trabas a la expansión corporativa transformaron al INYM en un esquema asfixiante que no resistía el test de constitucionalidad.

Subsidio cruzado y el “dumping” indirecto hacia Brasil y Paraguay

Uno de los aportes más críticos de la jornada fue la denuncia sobre las consecuencias geopolíticas de la regulación argentina. La industria molinera sostiene que el INYM operó durante un cuarto de siglo como una estructura de extracción de renta que financió su propia burocracia en lugar de generar valor genérico para el sector.

Costo de la estructura: Se estimó el presupuesto del organismo en una caja anual de entre $4.000 y $5.000 millones de pesos, fondeada de manera compulsiva a través de la tasa de fiscalización (estampillado) que paga la industria y que, marginalmente, se traslada al consumidor.

Déficit de inserción global: La crítica sectorial apunta a que, en 25 años, las misiones comerciales del organismo no lograron abrir mercados internacionales significativos, limitando el horizonte de absorción de los excedentes de stock.

El punto neurálgico del análisis de la industria es que las restricciones internas impuestas al productor y al molino argentino actuaron como un incentivo indirecto para el desarrollo agroindustrial de los países vecinos. Al encarecer artificialmente el costo de producción local y limitar la escala, el INYM se convirtió, según la visión correntina, en el “mejor promotor de la yerba mate de Brasil y de Paraguay”, cediendo terreno en el mercado global que recién ahora, tras la liberación del frente exportador, se intenta recuperar.

Hacia la disolución: El Proyecto Brambilla

La ofensiva de los molineros correntinos no quedó en la catarsis retórica. Comas instó al cuerpo legislativo a avanzar de forma definitiva en la liquidación de la estructura del instituto, solicitando el tratamiento del Proyecto de Ley 3161-D, presentado originalmente por la diputada (M.C.) Sofía Brambilla y respaldado por una veintena de legisladores.

Dicha iniciativa busca la derogación integral de los aspectos regulatorios remanentes de la Ley 25.564 y la liquidación de los activos del INYM, bajo la premisa de que los mercados imperfectos encuentran su equilibrio óptimo mediante la libre competencia y la depuración de inventarios, sin necesidad de un arbitraje estatal que fije precios sostén.

La sesión, coordinada por Strada y Basterra, dejó en claro la fosa ideológica que divide a la cadena: mientras las cooperativas de base y los colonos de Misiones observan en la desaparición del INYM la antesala de un proceso de concentración y éxodo rural, la gran industria integrada del norte de Corrientes lo interpreta como una emancipación corporativa indispensable para competir en el mercado internacionalizado del siglo XXI.

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Quatrin: “Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50%”

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Gustavo Quatrin, el gerente general de Playadito, participó de la audiencia en la Comisión de Economías Regionales en el Congreso Nacional esta mañana, lo hizo vía zoom porque a pesar de que su agenda le impedía estar en Buenos Aires, quería dar la cara y dar su mirada del asunto.

A través de una pantalla de Zoom. Gustavo Quatrin, CEO de la Cooperativa Liebig (Playadito), rompió el histórico ostracismo de la gran industria para plantar la postura del jugador número uno del mercado interno. Liebig, cabe recordar, desplazó el año pasado a Establecimiento Las Marías de un liderazgo de más de medio siglo, consolidándose como el estándar de oro del cooperativismo de gran escala.

Con la autoridad de quien timonea una estructura de 120 productores asociados y tres décadas de gestión ejecutiva, Quatrin ensayó una descarnada pero pragmática defensa del libre mercado: “Compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50 por ciento. Pero dicho esto, entendemos que la solución está en el mercado y no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar”.

Para el ejecutivo, el actual hundimiento de los precios no es consecuencia directa de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sino de un ciclo recurrente de sobreoferta estructural. Según su análisis, los mecanismos de regulación de la Ley 25.564 distorsionaron los incentivos en los años de vacas gordas, estimulando una sobreplantación que hoy satura los secaderos. Citando de forma punzante a un colega jurista, sentenció que la ley de creación del INYM “no solo no respeta la Constitución, sino que no respeta ni la ley de gravedad”, advirtiendo que reintroducir controles solo agravaría la fase recesiva del ciclo productivo.

“Es muy complejo para nosotros la situacion, escuchamos a todos los participantes, claramente compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, los mejores precios que se pagan perdieron contra finlaes del 2023, más del 50 por ciento”, admitió Quatrin, quien ya hace tres semanas les dijo lo mismo a productores en la reunión en el Ministerio del Agro, en Posadas.

“Pero dicho esto, después hay que hacer ajustes a muchas cosas que se dijeron. Nosotros entemdemos que la solución está en el mercado, no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar la materia prima”, señaló, provocando el aplauso de algunos presentes en el anexo del Congreso.

“Incluso (el Estado) tampoco (debe) involucrarse en detalles de cómo producir”, indicó. “No tengan dudas de que las industrias que tienen marcas en las góndolas son las más preocupadas de que el producto esté a la altura de los consumidores”, indicó.

“Está clara que estamos ante un período de sobreoferta que las exposiciones anteriores lo reafirman, cada 30 años pasamos de precios espectaculares a precios de abandono”, explicó. “No parece casualidad que cada 30 años se repite esta situación, en el medio tenemos unos precios espectaculares”, dijo.

“Ante una situación así (de bajos precios) le introducimos mecanismos de regulación, no tengo la menor duda de que vamos a agravar el problema”, afirmó.

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