El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, ratificó este lunes la continuidad del programa económico del Gobierno nacional y sostuvo que la inflación seguirá en descenso, en una señal política destinada a reforzar la estrategia económica de la administración de Javier Milei.
Durante una conferencia realizada en el Salón Bosch del BCRA para presentar el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los estados contables del ejercicio 2025, el funcionario dejó además una definición relevante para el sector privado: el levantamiento del cepo cambiario para empresas no figura entre las prioridades inmediatas de la autoridad monetaria.
La exposición, compartida con el vicepresidente del Central, Vladimir Werning, buscó transmitir estabilidad en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad financiera. Según planteó Bausili, Argentina logró atravesar ese escenario sin repetir episodios de estrés cambiario observados en otros momentos de crisis.
“El tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas domésticas cayeron y el superávit energético actuó como amortiguador”, sostuvo el titular del BCRA al describir el comportamiento reciente de la economía local.
El Gobierno sostiene el esquema cambiario para empresas
Uno de los mensajes más sensibles para el mercado fue la confirmación de que el Banco Central no considera prioritario flexibilizar las restricciones cambiarias que aún afectan a personas jurídicas.
“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, afirmó Bausili.
La definición implica que continuarán vigentes mecanismos regulatorios como las limitaciones para operar simultáneamente en mercados oficiales y financieros durante períodos determinados. Según explicó el funcionario, la prioridad oficial es garantizar el funcionamiento del comercio exterior y evitar tensiones sobre las reservas.
Incluso, ante consultas sobre la posibilidad de mantener el esquema actual por tiempo indefinido, Bausili respondió que “podría quedar así”, dando a entender que el Gobierno no considera el cepo corporativo como un obstáculo inmediato para la dinámica económica.
La posición marca una diferencia respecto de la flexibilización otorgada a personas físicas desde abril de 2025 y confirma que la apertura cambiaria avanza de manera segmentada y bajo control del Banco Central.
Inflación, empleo y reforma laboral
En paralelo, el titular del Central insistió en que el proceso de desaceleración inflacionaria continuará durante los próximos meses. El Gobierno interpreta ese comportamiento como el principal sostén político y económico del programa libertario.
Bausili vinculó además la baja de la pobreza registrada en el segundo semestre de 2025 con la reducción de la inflación. Según indicó, el BCRA estima que casi seis puntos porcentuales de esa caída estuvieron directamente asociados a la estabilización monetaria.
Sobre el mercado laboral, reconoció que hubo deterioro en el empleo formal, aunque señaló que la reciente Ley de Modernización Laboral aprobada por el Congreso apunta a revertir esa tendencia y dinamizar la contratación registrada.
Según los datos presentados durante la conferencia, la tasa de desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un nivel que el funcionario calificó como históricamente bajo, aunque superior al del año anterior.
Otro de los puntos abordados fue la continuidad del swap con China, cuyo vencimiento opera en agosto. Bausili confirmó que el Gobierno negocia una extensión “en los mismos términos”, sin modificaciones estructurales.
El funcionario también relativizó el peso del denominado “carry trade” en el sistema financiero argentino y aseguró que las inversiones especulativas de corto plazo representan una porción marginal del mercado local.
Según explicó, el stock estimado de inversiones de no residentes en títulos públicos de corto plazo ronda los USD 2.000 millones sobre un mercado de capitales cercano a USD 60.000 millones.
Además, defendió las restricciones existentes para desalentar el ingreso de capitales golondrina y sostuvo que el esquema argentino es, incluso, más flexible que el de otros países de la región donde las empresas ni siquiera pueden operar cuentas en dólares localmente.
Estabilidad como activo central del oficialismo
La conferencia del Banco Central tuvo un fuerte componente político. Más allá de los datos técnicos, el mensaje central apuntó a consolidar la idea de continuidad y previsibilidad del programa económico en un momento donde el Gobierno busca fortalecer expectativas de estabilidad.
La frase de Bausili —“no hay manera de cambiar el rumbo”— funcionó como una señal hacia el mercado, el empresariado y los actores financieros que siguen de cerca la sostenibilidad del esquema cambiario y fiscal.
La decisión de mantener controles para empresas también revela que el oficialismo prioriza preservar el equilibrio externo antes que avanzar hacia una liberalización total del mercado de cambios. Ese equilibrio aparece hoy como una de las principales variables que monitorea el Gobierno para evitar tensiones sobre reservas y tipo de cambio.
Conferencia de prensa del presidente del BCRA, Santiago Bausili @Kicker0024.
En provincias con fuerte dependencia del comercio exterior y economías regionales, como Misiones, la continuidad de restricciones cambiarias para empresas mantiene relevancia sobre sectores exportadores e importadores que operan con insumos dolarizados.
Aunque el BCRA aseguró que las importaciones funcionan con fluidez y que las exportaciones mantienen niveles elevados, el sostenimiento del actual esquema cambiario seguirá siendo una variable observada por industrias, forestales, yerbateras y firmas vinculadas al comercio fronterizo del NEA.
También el comportamiento de la inflación continuará teniendo impacto directo sobre consumo, costos logísticos y actividad comercial en una región particularmente sensible a las variaciones de precios y al tipo de cambio.
El Gobierno busca mostrar que la etapa de emergencia quedó atrás y que el programa económico ingresó en una fase de consolidación. Sin embargo, el propio Bausili reconoció que persisten riesgos internacionales asociados al conflicto en Medio Oriente y a eventuales tensiones comerciales globales.
La evolución de la inflación, la dinámica del empleo formal, la estabilidad cambiaria y la renovación del swap con China aparecen como variables centrales para medir si el esquema oficial logra sostenerse sin sobresaltos durante la segunda mitad del año.
Como todos los años, la estratégica Sial China marcará el pulso de las exportaciones hacia el principal destino de la carne argentina. Pero este 2026 no será un año más ya que se trata del primer ciclo en el que se aplican las cuotas derivadas del proceso de salvaguardia que realizó el gobierno chino con las consecuentes fluctuaciones del mercado.
En ese contexto, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) desembarcará con un pabellón de 1.150 metros cuadrados para la participación de 25 empresas exportadoras. Detrás de la gran puesta en escena, los empresarios intentarán descifrar hacia dónde se mueve el gigante asiático y qué impacto tendrán las cuotas sobre el mercado.
“En esta feria en particular va a haber mucho análisis por la cantidad de medidas, anuncios y resoluciones, algunas ya tomadas y otras en vías de dictarse”, advirtió Carlos Riusech, de Frigorífico Gorina. Según explicó, el sector buscará interpretar “los movimientos que está habiendo con los tres grandes jugadores del negocio: China, Estados Unidos y Brasil”.
“Es muy importante ver cómo se va a desarrollar el mercado chino según las cuotas que se les están terminando a Brasil y Australia”, coincidió Hugo Borrell, de Arrebeef. “Por ahora hay poca información oficial y de eso depende mucho nuestro futuro en ese mercado”, agregó.
Y China no es “un mercado más”: “Con las 496.000 toneladas exportadas por un valor aproximado de 1.900 millones de dólares, la Argentina se ha consolidado como el segundo proveedor a nivel mundial de la República Popular de China”, destacó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC y vicepresidente del IPCVA. “Y por eso esta feria es tan importante para nosotros”.
A pesar de las tensiones comerciales, algunos exportadores creen que el mercado seguirá mostrando dinamismo, especialmente para productos de mayor valor agregado.
“La expectativa es encontrar un mercado activo”, señaló Tomás Coelho, de FRIMSA. “Vienen pagando precios razonables cuando hablamos de un producto diferenciado y bien trabajado”, dijo, aunque aclaró que el gran interrogante sigue siendo qué ocurrirá cuando finalicen sus cuotas Brasil y Australia. “Creo que va a ser una feria intensa y con negocios porque los compradores chinos van a estar buscando carne”, proyectó.
En la misma línea, Daniel Urcía, presidente de FIFRA, consideró que en los próximos meses se podrían abrir oportunidades para la Argentina en función del grado de cumplimiento de las cuotas de otros países competidores.
“Creo que el segundo semestre genera expectativas entre aquellos países que vienen con un alto nivel de cumplimiento y otros, como el caso argentino, que vienen a un ritmo regular”, explicó. Según dijo, eso podría “alentar operaciones con mejores alternativas comerciales”.
La cautela, sin embargo, sigue predominando entre varios operadores.
“Estamos viendo un escenario de mucha incertidumbre debido a lo que pueda suceder finalmente con la cuota de Brasil”, afirmó Facundo Secco, de Forres Beltrán. “Los valores se mantienen estables y en la feria queremos escuchar la postura de los importadores antes de salir a ofertar”, explicó.
“Si bien el contexto exportador para la Argentina hoy no es de lo más favorable, esperamos que mejoren las condiciones para trabajar de una manera más fluida”, agregó, por su parte, Mariano Grimaldi, de Logros. “La carne argentina es un motor y una fábrica de mano de obra, así que necesitamos mejores condiciones”, sostuvo.
“Nuestra expectativa es tener buena presencia, contactar clientes y ver in situ qué está pasando en el mercado chino”, resumió Luis Viera, de Frigorífico Rafaela. “El mercado parece bastante calmo, vamos a ver qué pasa”, concluyó.
Las empresas que participarán junto al IPCVA son Arrebeef, Azul Natural Beef, Carne Hereford/Abuelo Julio, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Conallison, Ecocarnes, Frigolar, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, Italmen Menudencias, La Anónima, Logros, Marfrig (Quickfood), Offal Exp, Panoa Ganadera SRL, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Tomasello.
El Gobierno cerró la etapa técnica de evaluación de ofertas para la Vía Navegable Troncal. La futura adjudicación concentra apoyo del núcleo exportador y redefine el control logístico sobre la principal ruta comercial del país.
El Ministerio de Economía confirmó que avanzó el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal tras concluir la etapa técnica de análisis de propuestas presentadas por las compañías internacionales Jan De Nul NV y DEME NV. La resolución firmada por el Gobierno habilita ahora el paso hacia la adjudicación y la firma del nuevo contrato de concesión para una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.
Según el comunicado oficial, la evaluación incluyó planes de trabajo y antecedentes específicos de ambas empresas bajo un sistema de puntaje validado por Naciones Unidas. El proceso no registró impugnaciones entre los oferentes.
La decisión adquiere peso político y económico porque la Hidrovía concentra buena parte del flujo exportador argentino y funciona como uno de los principales corredores logísticos para la salida de producción agroindustrial. El nuevo esquema prevé inversiones superiores a los US$ 10.000 millones destinadas a modernizar la infraestructura y mejorar la conectividad operativa.
El Gobierno acelera la definición de la nueva concesión
La resolución marca el cierre de una instancia técnica que venía siendo observada de cerca por actores del sistema portuario, exportador y agroindustrial. Economía sostuvo que, finalizadas las evaluaciones, se avanzará hacia la adjudicación formal de la concesión.
El comunicado oficial destacó que el proceso recibió respaldo de entidades empresariales vinculadas al comercio exterior y la producción, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, el Centro de Navegación, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Naviera Argentina.
Ese alineamiento expone una convergencia de intereses entre el Gobierno y sectores que dependen directamente de menores costos logísticos y mayor previsibilidad operativa para exportar.
La futura concesión contempla una inversión estimada superior a los US$ 10.000 millones. De acuerdo con Economía, los fondos estarán orientados a modernizar infraestructura estratégica, mejorar la conectividad logística y fortalecer la competitividad de la producción argentina en mercados externos.
El Gobierno sostuvo además que el nuevo esquema permitiría reducir costos y generar mayor previsibilidad operativa para el sistema de transporte fluvial y marítimo.
Aunque el comunicado no detalla plazos ni condiciones específicas del contrato, el cierre de la etapa técnica reduce el margen de incertidumbre sobre el proceso licitatorio y acerca una definición sobre quién administrará uno de los corredores comerciales más sensibles del país.
La disputa por la logística exportadora
La Hidrovía representa mucho más que una obra de infraestructura. Su control impacta sobre costos de exportación, tiempos logísticos y competitividad de las cadenas productivas vinculadas al agro y la industria.
Por eso, la validación técnica sin impugnaciones aparece también como una señal institucional hacia el mercado y hacia los sectores exportadores que reclamaban definiciones sobre el futuro del corredor navegable.
El respaldo explícito de cámaras empresariales y entidades agroindustriales fortalece la posición política del Gobierno en una discusión históricamente atravesada por tensiones entre administración estatal, concesión privada y regulación del comercio exterior.
La evolución de la Vía Navegable Troncal tiene implicancias regionales por su incidencia sobre costos de transporte y conexión con mercados externos. Las provincias del noreste dependen en parte de la eficiencia logística nacional para colocar producción industrial, forestal y agropecuaria. Una reducción de costos o mejoras en previsibilidad operativa podrían tener impacto indirecto sobre cadenas exportadoras regionales.
Al mismo tiempo, el proceso vuelve a poner en discusión el lugar de la infraestructura logística dentro de la estrategia económica nacional y el rol del sector privado en activos considerados estratégicos.
Con la etapa técnica cerrada, el próximo movimiento será la adjudicación formal y la firma del nuevo contrato de concesión. El Gobierno apuesta a que la inversión privada acelere la modernización del sistema navegable y mejore la competitividad exportadora.
La atención ahora quedará puesta en las condiciones finales del contrato, el alcance efectivo de las inversiones comprometidas y la capacidad del nuevo esquema para sostener eficiencia logística en uno de los corredores más sensibles para el ingreso de divisas del país.
La mejora en las estimaciones de soja y maíz, junto con una suba de precios internacionales, agregó US$ 800 millones a la previsión de ingreso de dólares. El dato vuelve a colocar al agro en el centro de la estabilidad cambiaria y fiscal del Gobierno.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ajustó al alza su previsión de liquidación de divisas del agro para 2026 y estimó ingresos por US$ 36.111 millones, unos US$ 800 millones más que en abril. La revisión se produjo luego de que el informe mensual de GEA-BCR incrementara las proyecciones de producción de soja y maíz para la campaña 2025/26 y registrara mejores precios internacionales para la mayor parte de los productos exportables.
El dato adquiere relevancia política y económica porque el flujo de dólares del complejo agroexportador continúa siendo una de las principales fuentes de ingreso de divisas para la economía argentina. En un escenario donde el Gobierno mantiene el foco en la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas, la evolución de la cosecha y de las exportaciones agrícolas vuelve a convertirse en una variable crítica.
Más soja, más maíz y mayor volumen exportable
En su último informe mensual de estimación de producción nacional, GEA-BCR elevó sus previsiones para la soja y el maíz 2025/26 a 50 Mt (+2 Mt vs. abril) y 68 Mt (+1 Mt vs. abril), respectivamente. Esta mayor oferta se traduce en un aumento en la estimación de molienda de oleaginosa (+1 Mt), y mayores exportaciones de harina/pellets y aceite de soja para la campaña. Asimismo, la proyección de exportaciones de maíz se incrementa en 500.000 t.
Este ajuste al alza en la previsión de exportaciones de maíz, harina y aceite de soja, sumado a precios levemente mayores a los vigentes hace un mes para prácticamente todos los productos dejan a la actualización en la estimación de liquidación de divisas del agro en US$ 36.111 millones para 2026, lo que significa un incremento de US$ 800 millones respecto de abril y un monto prácticamente idéntico al 2025 contemplando tanto lo liquidado en el MLC como lo liquidado vía el mercado Contado con Liquidación.
En los primeros 4 meses del año el agro liquidó un estimado de US$ 8.516 millones, por debajo de los US$ 9.000 del primer cuatrimestre del año pasado. Esta caída en la comparación interanual se explica, por un lado, por los coletazos finales del régimen de eliminación temporaria de retenciones de septiembre pasado (hubo un efecto “adelantamiento” que hizo mermar el ingreso en los meses subsiguientes); por el otro, por el lento avance de la cosecha y comercialización durante el mes de abril.
En los primeros días de mayo, el buen avance en las labores de recolección de soja junto con una mejora en los precios ofrecidos aceleró la comercialización por parte de los productores.
De esta manera, el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC ya ha comenzado a sentirse, y se prevé que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro y manteniéndose arriba para lo que resta del año.
La Unión Europea introdujo cambios operativos en el reglamento contra la deforestación, pero mantuvo intacto el núcleo de exigencias para soja, carne y madera. Argentina sigue clasificada como país de “riesgo estándar” y el costo de trazabilidad continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector exportador.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Comisión avanzó con una nueva etapa de ajustes sobre el Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), una normativa que busca bloquear el ingreso al mercado europeo de materias primas y derivados vinculados a desmontes y degradación forestal.
Aunque Bruselas presentó modificaciones destinadas a simplificar procedimientos administrativos para operadores europeos, las exigencias estructurales sobre trazabilidad y debida diligencia continúan prácticamente intactas para los países exportadores. En el caso argentino, el impacto sigue concentrado sobre cadenas estratégicas como soja, carne bovina y madera, sectores con fuerte peso económico en el NEA y particularmente en Misiones.
La Comisión Europea aclaró que los cambios impulsados entre 2024, 2025 y la nueva revisión de abril de 2026 buscan aliviar la carga operativa de empresas europeas pequeñas y medianas, además de los actores “aguas abajo” dentro de la cadena comercial del bloque. Sin embargo, el esquema mantiene elevada la responsabilidad sobre quien introduce el producto en el mercado europeo.
La UE flexibiliza procesos internos, pero no modifica el corazón del sistema
Documentos, enmiendas legislativas y cambios en sistemas y criterios alivian la carga operativa y administrativa del downstream europeo, pero refuerza la carga de responsabilidad sobre el operador (importador) que ingresa productos al mercado de la UE.
En diciembre de 2025, el Parlamento y el Consejo Europeo adoptaron una enmienda en la regulación EUDR 2023/1115, la que busca combatir la deforestación y la degradación forestal en la cadena de suministro de materias primas y productos derivados que se colocan en el mercado europeo. A la vez, le pidieron a la Comisión Europea que hiciera una revisión simplificada y la presentara, junto con una propuesta legislativa, para su consideración a fines de abril de 2026. Así se dieron a conocer propuestas y aclaraciones, que, de todas formas, no cambian significativamente el rumbo que la EUDR empezó a trazar desde su sanción.
La Comisión Europea concluyó que las medidas introducidas en 2024 y 2025 y las de esta versión de abril de 2026 son más que suficientes para alivianar significativamente la carga administrativa y simplificar los trámites que las empresas deben cumplir en el marco de la EUDR. Si se leen detenidamente, se advierte que, por sobre todas las cosas, el conjunto de medidas apunta a los países de bajo riesgo (Argentina está calificada de riesgo estándar), a los operadores pequeños y medianos (de la UE) y a los actores aguas abajo en la cadena de abastecimiento (los que se encuentran en el mercado europeo, una vez introducido el producto relevante en el bloque).
En los documentos recientemente publicados hay tres grupos de ajustes: 1) cambios normativos; 2) aclaraciones, remociones y agregados en los documentos Guía (Guidance, en su denominación en inglés) y Preguntas Frecuentes (FAQ o Frequently Asked Questions, en inglés); y 3) medidas tomadas en relación con el Sistema de Información y otras herramientas digitales.
En el primer grupo de cambios normativos, ¿cómo se verían afectados los productos argentinos?
Dentro del primer grupo, el de las modificaciones regulatorias, cabe repasar lo ocurrido desde la aprobación de la EUDR 2023/1115. Previo a los últimos conocidos en la primera semana de mayo, ocurrieron otros tres cambios importantes:
1) se dilató en dos oportunidades la fecha de aplicación de las responsabilidades de todos los involucrados en lo que concierne a la EUDR, estableciendo distintos momentos de inicio según categoría de operador;
2) se amplió la categorización de actores involucrados, los que asumen diferentes tipos de responsabilidades; y
3) se pasó de un sistema de Declaración de Diligencia Debida (DDD) para todos los operadores y comerciantes a uno en donde la declaración únicamente la debe hacer quien primero introduce el producto relevante. Esto significa que se reduce significativamente la carga de responsabilidad en el resto de los operadores y comerciantes dentro del mercado de la Unión Europea, lo que varía el nivel de información o recopilación de datos que debe hacerse según la categoría en la que se encuentren.
Cabe aclarar que, dentro de las novedades legislativas importantes, la categorización de riesgo de deforestación por país fue un punto crítico. Si bien no es una enmienda normativa, sí es una notificación que cumplió pasos legales e impactó en los países productores y proveedores de materias primas relevantes y de productos relevantes.
En este mayo de 2026 se presentó una propuesta de Reglamento Delegado, con el que se busca modificar el Anexo I del EUDR. Dicho anexo contiene temas conceptuales y el listado de materias primas y productos relevantes para la regulación. En la enmienda se propone la remoción y exención de algunos productos relevantes y la inclusión de otros, pero no se cambian las materias primas relevantes -las mismas 7 originales; esto es, ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera-.
Para nuestro país lo más importante está en el complejo del ganado bovino, ya que se eliminaron cuero y pieles en bruto, cuero y pieles curtidas y preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados derivados del ganado bovino. ¿Cuál fue la fundamentación para el cambio? La alta diferenciación de la cadena de valor del cuero respecto de la de la carne. Es que resulta raro que las curtiembres generen los suficientes incentivos económicos como para influir en la industria de la carne roja, que es la principal demanda en la cría, invernada y faena de los bovinos. Se considera que los operadores en la UE tienen una muy limitada influencia para exigir a sus proveedores la información de debida diligencia. Por otra parte, en pos de la coherencia, a la inclusión de lenguas de bovino frescas le agregaron las de congeladas. No hubo nada relevante o cambio alguno que implique al complejo soja.
Segundo grupo, el de las aclaraciones e interpretaciones
Con el objetivo de simplificar la carga administrativa, se introdujeron cambios y se hicieron precisiones dentro de los dos documentos mencionados más arriba, la Guía y el de Preguntas Frecuentes. Se mencionan algunas de esas alteraciones, sólo para que se tenga una idea de hasta qué punto se pone el foco en la menor carga administrativa [para los operadores, los industriales y los comerciantes europeos].
Además de que el obligado a efectuar la Declaración de Debida Diligencia (DDD) o Declaración Simplificada (DS) es el primero que introduce el producto relevante al mercado europeo, se refuerza el rol de los Operadores Intermedios o de aguas abajo como simples recolectores de los números de referencia de las DDD o DS. (Se recuerda que el Operador Intermedio es quien coloca en el mercado un producto pertinente, fabricado a partir de otro producto o materia prima pertinente que ya están cubiertos por la DDD o DS.) De hecho, ni siquiera tienen que requerir esa información a su proveedor, quien tiene la obligación de proporcionársela. En definitiva, se robustece el objetivo de simplificar la carga administrativa y operativa de todos los intervinientes aguas abajo en la cadena de transformación y comercialización de productos relevantes.
Con la introducción de nuevas clasificaciones entre los participantes (Operador, Operador Intermedio, Micro y Pequeño Operador Primario, Comerciante –Trader-, Empresa y Consumidor final), la debida diligencia también toma distintas formas, pero todo enfatizando el objetivo mencionado en el párrafo anterior.
Se proporcionaron guías respecto de cuáles son los umbrales de tamaño para que un operador entre en la categoría de Micro y Pequeños Operadores Primarios, el cual sólo puede encontrarse en un país de bajo riesgo (país miembro de la UE y otros, como EE. UU.; ver mapa). Con una aplicación de la normativa desde el 30 de junio de 2027, los MyPOP pueden utilizar una dirección postal en lugar de la geolocalización, si la dirección se corresponde con las parcelas productivas, y presentar una declaración simplificada por única vez, sin necesidad de realizar la evaluación ni la mitigación de riesgo.
El tercer grupo, el de herramientas operativas
Dentro de este grupo se incluyen respuestas a varias demandas hechas por los usuarios, demandas que se empezaron a plasmar en el Sistema de Información. En este sistema se permitirá la presentación de declaraciones simplificadas, únicas para micro y pequeños productores primarios, se habilitaron perfiles específicos para micro y pequeños operadores primarios downstream y se incluyeron herramientas para la agrupación voluntaria de números de referencia en DDD o DS. También se introdujeron mejoras en la interfaz de programación de APIs, lo que permitiría que las empresas que manejan grandes volúmenes puedan subir en un solo bloque las declaraciones debidas desde sus propios sistemas.
La segunda parte de este tercer grupo es la decisión de la Comisión de establecer dos repositorios centrales, que estarían disponibles para diciembre de 2026. Uno muy importante es el de las legislaciones relevantes de los países productores. Esto facilitará a los operadores –y a las autoridades de control de cada país miembro de la UE- estar chequeando los marcos legales extranjeros desde cero, permitiéndoles cumplir con el criterio de legalidad. El otro repositorio anunciado no menos importante es el de los esquemas de certificación. Es decir, la Comisión Europea ha manifestado en varias oportunidades que no hará reconocimiento de esquemas de certificación o verificación desarrollados por terceros aplicables para las materias primas relevantes, pero la sola introducción de cualquiera de estos sistemas en ese repositario implica que, mínimamente, habrá pasado algún filtro.
En este sentido, cabe destacar el hecho de que el Reporte que preparó la Comisión para el Parlamento y el Consejo Europeos describe a VISEC como una plataforma digital innovadora de Argentina que permite la trazabilidad de las exportaciones de soja. Se menciona junto con otros sistemas y herramientas digitales nacionales que están siendo desarrollados o mejorados por diversos países para prepararse para el cumplimiento del Reglamento EUDR.
Ahora bien, ¿el conjunto de estos ajustes afecta a la cadena de valor del complejo soja argentino?
Para el sector agroindustrial enfocado en el complejo de la soja (grano, harina, aceite, etc.), el conjunto de estos ajustes no introduce flexibilidades operativas importantes, ya que estaban dentro de lo que se conocía hasta el momento. Sólo para resumirlas, se pueden mencionar:
a) La flexibilidad de la “declaración en exceso” La regulación se basa en una trazabilidad estricta, pero reconoce la posibilidad de efectuar una “declaración en exceso” (declarar coordenadas de un número de parcelas mayor al que realmente produjo la soja comercializada) en casos específicos donde se produzca la rotación de cultivos. Esto facilita el trámite para las explotaciones donde la soja se cultiva en diferentes partes de la tierra cultivable total cada año.
b) Manejo de silos y almacenamiento a granel La soja es un producto que se comercializa mayoritariamente a granel, pero se reitera que está prohibido el “balance de masa”; esto es, que mezclen soja libre de deforestación con soja de origen desconocido o no conforme. Cuando se mezcla soja conforme de múltiples orígenes en un mismo depósito: 1) el operador debe declarar el lugar de producción de “todos los bienes que ingresaron al silo desde la última vez que estuvo vacío”; 2) si los silos no se vacían regularmente, se puede usar un sistema de “primero en entrar, primero en salir” (FIFO) u otro equivalente que asegure que no se mezclen materias primas de origen desconocido.
c) Delimitación de las parcelas de producción Si la soja se cultiva en una parcela que forma parte de una propiedad inmobiliaria más grande, el operador tiene la flexibilidad de “declarar únicamente el área específica cultivada con soja”, o bien declarar la propiedad entera siempre que toda ella goce de condiciones homogéneas de riesgo.
d) Reglas sobre la soja usada como alimento para ganado La harina y el pellet de soja son insumos clave para la alimentación animal. Por lo tanto, si un ganadero alimenta a sus animales con harina de soja, debe asegurarse de que ésta sea libre de deforestación. No obstante, “el ganadero no necesita proporcionar la geolocalización de esa soja”; le bastará con guardar las facturas o los números de referencia de la declaración de diligencia debida (DDS) de su proveedor de soja (el caso de un ganadero europeo). En el caso que un productor europeo importe harina de soja para alimentar aves de corral (como el caso de los pollos, que no están en el alcance del EUDR), se convierte en “operador” al importar la soja y debe presentar una DDS en la Aduana. Si usa su propia soja cultivada internamente para alimentar a sus pollos, queda fuera de la regulación porque no comercializa la soja.
e) Reconocimiento a plataformas de trazabilidad El informe de la Comisión destaca positivamente el surgimiento de sistemas digitales innovadores en los países productores que facilitan el cumplimiento para el sector. Si bien no es un reconocimiento formal respecto de cuál sistema convalida y cuál no, la mención y potencial inclusión en un repositario es un paso adelante.
f) Régimen simplificado para pequeños productores de soja Al igual que en otras cadenas, los agricultores de soja que califiquen como “micro o pequeños operadores primarios” (MSPOs) y estén en países de bajo riesgo, “ya no tendrán que presentar una declaración por cada envío”. Solo deberán realizar una “declaración simplificada” única e incluso podrán usar datos catastrales o direcciones postales en lugar de polígonos de geolocalización complejos.
Conclusión
Si bien el reporte de la Comisión celebró la reducción de costos que implicaría la simplificación del sistema debido a las menores obligaciones de distintos agentes aguas abajo (downstream) en el mercado europeo, no se ha evaluado el costo de la segregación y la trazabilidad de los productos en el upstream pasando las fronteras del bloque de la UE hasta las explotaciones del país productor.
Puede decirse, entonces, que para la cadena de valor exportadora del complejo soja de Argentina no ha cambiado mucho las cosas en lo que respecta al cumplimiento de la EUDR. En la vereda opuesta, sí resultaría significativo, en el caso de aprobarse la propuesta, la exclusión de los cueros vacunos, pero el impacto sólo se sentiría en la industria curtidora, ya que el sector ganadero en su conjunto sigue bajo la lupa de la EUDR.
Por lo tanto, resta, por un lado, seguir la recepción de los ajustes sugeridos por la Comisión ante el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, por si hubiera algún cambio en ese frente. Aquí se está hablando de un plazo que podría prolongarse, como mucho, hasta agosto.
Por el otro, es importante apoyar, con todos los fundamentos y elementos posibles, las gestiones de nuestros propios funcionarios gubernamentales ante las autoridades europeas en dos temas claves. Uno de ellos es enfatizar la complejidad de la segregación en una materia prima a granel, como es la soja, ya que la regulación lleva a apartar a una parte importante de la producción oleaginosa de la comercialización de commodities para ubicarla en el proceso logístico del negocio de una specialty. En este punto, el costo no es un ítem despreciable. El otro tema no menor es insistir en la calificación de Argentina como país de riesgo bajo, para el que existen suficientes argumentos.
