extranjerización de tierras

Ex legisladores misioneros contra la reforma de la Ley de Tierras: fuerte pronunciamiento antes del debate en el Senado

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En la antesala de una de las sesiones más sensibles para las provincias de frontera, un amplio grupo de ex diputados de Misiones hizo pública una declaración conjunta en rechazo al proyecto que impulsa cambios en la Ley Nacional 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El pronunciamiento se conoce apenas horas antes del debate previsto en el Senado y suma una nueva señal de resistencia política desde la provincia frente a una iniciativa que el oficialismo nacional busca convertir en ley.

El documento firmado por el también los ex vicegobernadores Sandra Giménez y Pablo Tschirsch, además del radical Germán Bordón, sostiene que la normativa vigente constituye una herramienta central para la defensa de la soberanía nacional y la preservación del patrimonio territorial argentino. Los firmantes afirman que modificar ese régimen implicaría debilitar una política de Estado orientada a proteger recursos estratégicos como la tierra, el agua, los bosques y la biodiversidad.

La declaración adquiere especial peso político por la diversidad de dirigentes que la suscriben. Se trata de ex legisladores de distintas etapas institucionales, procedencias partidarias y regiones de la provincia, que coinciden en advertir que la flexibilización de los límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales podría acelerar procesos de concentración, afectar a las economías regionales y comprometer la planificación territorial.

Ley de Tierras Rurales

65 ex diputados misioneros rechazaron la reforma

El documento fue presentado en la antesala del debate en el Senado y reclama mantener vigente la Ley 26.737 para preservar la soberanía sobre la tierra, los recursos naturales y el patrimonio territorial argentino.

65 Ex legisladores firmantes
  • Blanca Estela Acosta
  • Noelia Leyria
  • Mónica Alustiza
  • Mario Lindemann
  • Juan Carlos Agulla
  • Miguel López
  • Soledad Balán
  • Timoteo Llera
  • Ramón Antonio Balguenet
  • Ricardo Maciel
  • María Cristina Bandera
  • Griselda Elizabeth Martínez
  • Lidia Angélica Batista
  • Horacio Alberto Mielniczuk
  • Julio César Barreto
  • Ángel Miguel Molina
  • Antonio Barrios
  • Sandra Montiel
  • Horacio Humberto Blodek
  • Ignacio Ricardo Nemeth
  • Aníbal Bogel
  • Néstor Joaquín Ortega
  • Germán Bordón
  • María Graciela Pereyra Pigerl
  • Miriam Irene Bosch
  • Elsa Fabiana Perié
  • Daniel Orlando Briñocoli
  • Miriam Mabel Pezoa
  • Mabel Cáceres
  • Ana María Puerta
  • María Elva Chaparro
  • María Inés Rebollo
  • María Gloria Delgado
  • Ricardo Daniel Roa
  • Mariano Díaz
  • Celia Saraceni
  • Daniel Domínguez
  • Jorge Eduardo Sartori
  • Ricardo Donicelli Barto
  • José Bautista Schiro
  • Myriam Duarte
  • Edmundo Ramón Soria Vieta
  • Raúl Andrés Flach
  • Pablo Tschirsch
  • Mirta Ofelia Foley
  • María Elsa Urbina
  • Virgilio Fontana
  • Suzel Vaider
  • Jorge Daniel Franco
  • Irma Vázquez
  • Rossana Marlí Franco
  • Mario Ramón Vialey
  • Elsa Irene Garayo
  • Gustavo Alfredo Weirich
  • Orlando Gil Navarro
  • Sandra Giménez
  • Silvana Andrea Giménez
  • Ana Lucía Gryceniuk
  • Teresa Eloina Gunther
  • Celia Guiliani
  • Pablo Hulet
  • María del Carmen Liliana Irrazábal
  • José Exequiel Jenssen
  • Emilio Kakubur
  • Luis Kornuta
Fuente: pronunciamiento de ex diputados provinciales de Misiones, fechado el 3 de agosto de 2026.

El documento pone el foco particularmente en Misiones. Sostiene que, por tratarse de una provincia fronteriza, con una de las mayores reservas de biodiversidad del país y una importante disponibilidad de recursos hídricos, cualquier debilitamiento del régimen vigente tendría consecuencias especialmente sensibles. Para los ex diputados, mantener los límites establecidos por la ley vigente constituye una garantía para evitar que decisiones sobre áreas estratégicas queden condicionadas por intereses ajenos al desarrollo provincial y nacional.

El posicionamiento se suma a una cadena de rechazos institucionales que en las últimas semanas incluyó al gobernador Hugo Passalacqua, a los senadores nacionales por Misiones, intendentes, entidades empresarias, organizaciones rurales y sectores sociales que alertaron sobre el impacto que tendría la reforma en una provincia donde cerca del 90% del territorio limita con Brasil y Paraguay.

La discusión en la Cámara Alta aparece así atravesada no solo por diferencias jurídicas, sino también por una fuerte disputa política sobre el concepto de soberanía territorial. En Misiones, donde la propiedad de la tierra siempre ocupó un lugar central en la agenda pública, el debate volvió a reunir a referentes de distintas generaciones en una posición común.

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Passalacqua pidió a los senadores votar contra la reforma de la Ley de Tierras

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La postura del Gobierno de Misiones frente a la reforma de la Ley de Tierras Rurales se endurece a medida que se acerca la sesión del Senado prevista para el 6 de agosto. El gobernador Hugo Passalacqua mantuvo una reunión con los senadores nacionales Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, a quienes les pidió expresamente que voten en contra del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, al considerar que abre la puerta a una mayor extranjerización de las tierras rurales y afecta intereses estratégicos de la provincia.

La revelación fue realizada por el jefe de Gabinete, Carlos Sartori, quien explicó que el mandatario transmitió personalmente la posición institucional de Misiones.

“El gobernador se reunió justamente con los senadores para transmitirles la postura del Gobierno de la provincia en defender los intereses de Misiones”, señaló el funcionario en el marco del Conservatorio denominado “Extranjerización de Tierras. Reforma a la Ley 26.737”, que se desarrolló en la sede del Instituto Misionero de Biodiversidad.

Según Sartori, Passalacqua fue claro al solicitar que los legisladores nacionales rechacen la iniciativa. “Él les pidió encarecidamente que no voten esta cuestión por lo que implica el avance sobre nuestra soberanía y, en especial, sobre los intereses de los misioneros que tanto cuidamos nuestra biodiversidad”, afirmó.

El funcionario sostuvo además que el mensaje del gobernador excede la discusión jurídica y se vincula con la defensa del patrimonio natural de la provincia. “Lo que nos está pidiendo el gobernador es que acompañemos esta postura de soberanía. Defendamos los intereses de los misioneros, defendamos los intereses de los argentinos, hagamos patria”, expresó.

Sartori adelantó que el tema será abordado en una reunión de gabinete ampliada con unos 40 intendentes de la zona Centro y Sur, quienes recibirán explicaciones técnicas para replicar los argumentos en cada municipio.

Sartori fue uno de los disertantes del conversatorio, junto al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, como un espacio para analizar “los desafíos que enfrenta Misiones como provincia de frontera, custodio de una de las mayores reservas de biodiversidad del país y de valiosos recursos hídricos estratégicos”.

La actividad fue organizada por el organismo que preside Viviana Rovira, quien además conduce la Red de Mujeres del Movimiento, uno de los primeros espacios políticos en expresar públicamente su rechazo a la iniciativa nacional.

Aquel pronunciamiento advirtió que el proyecto elimina límites históricos a la compra de tierras rurales por extranjeros y flexibiliza controles sobre inmuebles ubicados en zonas sensibles, por lo que fue definido como una iniciativa que “facilita la entrega del territorio” más que una norma destinada a proteger la propiedad privada.

El conversatorio se suma a una serie de manifestaciones institucionales impulsadas desde distintos sectores vinculados al oficialismo misionero.

En las últimas semanas también se pronunciaron la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM) y el Movimiento Industrial Misionero, todos coincidiendo en reclamar a los senadores nacionales que rechacen la reforma.

El argumento común es que Misiones posee condiciones excepcionales como provincia de frontera, alberga el mayor remanente de Selva Paranaense de la Argentina, protege importantes reservas de agua dulce y concentra una biodiversidad considerada estratégica para el país.

Desde esa perspectiva, el Gobierno provincial sostiene que la reforma elimina herramientas de protección construidas durante años, como los límites a la concentración de tierras rurales en manos extranjeras, las restricciones para inmuebles vinculados a recursos hídricos y los controles especiales sobre zonas de seguridad de frontera.

Uno de los puntos que mayor preocupación genera es la incorporación del denominado “silencio administrativo positivo”, mecanismo por el cual una operación podría considerarse aprobada automáticamente si el Estado no responde dentro del plazo previsto, incluso en áreas consideradas estratégicas.

Con el pedido directo del gobernador a los senadores y la apertura de nuevos espacios de discusión técnica y política, Misiones busca consolidar un frente provincial que trascienda al oficialismo y sostenga una posición unificada frente a una reforma que considera clave para la defensa de su territorio, su biodiversidad y su soberanía.

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Organizaciones de Misiones redoblan la presión contra la reforma de la Ley de Tierras y piden a los senadores que voten en contra

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A poco más de dos semanas del tratamiento previsto en el Senado de la Nación, crece en Misiones la oposición al proyecto de ley denominado “De inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa que, según denuncian organizaciones agrarias, sindicales, ambientales, sociales y partidos políticos de la provincia, implicaría en los hechos la derogación de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales y abriría una nueva etapa de extranjerización del territorio argentino.

La posición quedó plasmada en un documento conjunto titulado “No al proyecto de entrega de tierras en el Congreso Nacional”, donde decenas de organizaciones advierten que la propuesta facilitaría la adquisición de tierras rurales por parte de empresas, personas y Estados extranjeros, eliminando uno de los principales límites establecidos para preservar el control nacional sobre un recurso considerado estratégico.

Los firmantes sostienen que la discusión excede el plano jurídico y se vincula directamente con el futuro del desarrollo productivo argentino. En ese sentido, afirman que la eventual derogación de la Ley de Tierras favorecería una mayor concentración de la propiedad y otorgaría mayor discrecionalidad sobre el uso de recursos estratégicos como la tierra, el agua superficial y los acuíferos.

En el documento recuerdan que actualmente más de 12 millones de hectáreas del país ya se encuentran en manos extranjeras y aseguran que, en el caso de Misiones, el 14% de las mejores tierras productivas pertenece a propietarios extranjeros, una situación que, sostienen, podría profundizarse si prospera la iniciativa que será debatida el próximo 6 de agosto en la Cámara alta.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia en un contexto que las organizaciones describen como de fuerte vulnerabilidad para el sector agropecuario provincial. Según expresan, la crisis que atraviesan miles de pequeños y medianos productores —agravada por la desregulación del mercado de la yerba mate— está acelerando procesos de concentración de la tierra y debilitando la capacidad de permanencia de cooperativas y emprendimientos familiares.

“En nuestra provincia, solo tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural. Al mismo tiempo, la profunda crisis agraria está llevando a la ruina a miles de pequeños y medianos productores, favoreciendo aún más la concentración de la propiedad”, advierte el texto difundido por la multisectorial.

Como contrapunto al proyecto nacional, el documento recupera una de las frases más recordadas del fallecido obispo de Iguazú, monseñor Joaquín Piña, uno de los impulsores de la defensa del acceso a la tierra en Misiones: “Queremos que la tierra sea propiedad privada de muchos y no de unos pocos”.

Las organizaciones destacan que ese principio inspiró la Ley Provincial de Colonización sancionada en 2004, política pública que permitió el acceso a la tierra a más de 2.000 familias en el noroeste misionero, una región que consideran ejemplo de desarrollo basado en el arraigo y la producción familiar.

El documento concluye con un mensaje directo dirigido a los representantes misioneros en la Cámara alta. Los firmantes solicitan a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que rechacen de manera unánime la iniciativa cuando llegue al recinto, al considerar que está en juego “el patrimonio de la provincia y la soberanía nacional”.

La convocatoria reúne a un amplio espectro de actores del entramado social y productivo misionero. Entre ellos figuran la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Agrario de Misiones, Productores Independientes de Piray, la Red de Agricultura Orgánica Misiones, la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organizaciones ambientales y de derechos humanos como el Servicio Paz y Justicia (SerPaJ) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), además de centrales sindicales como la CTA Autónoma Misiones, ATE Misiones, la CGT Regional Misiones y la Unión de Docentes Universitarios de Misiones.

El respaldo también alcanza a espacios políticos como Unidad Popular, Partido Agrario y Social (PAyS), Libres del Sur, Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Frente Patriótico, Frente Patria Misiones y otras agrupaciones provinciales, que coinciden en advertir que el debate parlamentario trasciende una modificación normativa y plantea una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo, la distribución de la tierra y la preservación de recursos estratégicos para las futuras generaciones.

Con este nuevo pronunciamiento, la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras comienza a instalarse con fuerza en la agenda pública de Misiones, donde organizaciones de perfiles diversos buscan transformar el debate legislativo en una discusión sobre soberanía, producción y arraigo territorial.

No Al Proyecto de Entreg a de Tierras en El Congreso Nacional 2026 by CristianMilciades

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Ex intendentes renovadores se suman al rechazo de la ley de tierras y elevan la presión sobre los senadores misioneros

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La resistencia política en Misiones al proyecto nacional de “Inviolabilidad de la propiedad privada” continúa ampliándose. Ahora fue el turno de un grupo de ex intendentes de distintas localidades, referentes históricos del ex Frente Renovador, quienes difundieron un documento público en el que exhortan a los representantes misioneros a rechazar la iniciativa cuando vuelva a tratarse en el Senado el próximo 6 de agosto.

El pronunciamiento adquiere un peso político particular porque proviene de dirigentes que gobernaron municipios durante distintos períodos y que, aun sin ocupar hoy cargos ejecutivos, conservan influencia territorial dentro del oficialismo provincial. Con esta declaración, ya son tres sectores vinculados ideológicamente al gobernador Hugo Passalacqua, que fijaron una posición pública en pocos días sobre el proyecto: primero lo hizo la Red de Mujeres por el Movimiento, luego los intendentes en funciones, nucleados en la ADINM y la CODEIM, y ahora los ex jefes comunales.

En el documento, los ex intendentes sostienen que Misiones ha acompañado reiteradamente la gobernabilidad nacional, pero consideran que ese respaldo no se tradujo en beneficios para la provincia.

“Creemos firmemente que los misioneros, a través de nuestros legisladores nacionales, ya hemos cedido más que suficiente en favor de la gobernabilidad central”, afirman.

A continuación enumeran los sectores que, según su visión, resultaron perjudicados por las políticas nacionales: la actividad yerbatera, la cuenca tabacalera, la producción cañera, la industria forestal y el comercio local.

La declaración incorpora así un argumento distinto al expuesto en los comunicados anteriores. Mientras la Red de Mujeres y los intendentes actuales concentraron sus cuestionamientos en la defensa de la soberanía territorial y los recursos naturales, los ex intendentes ponen el acento en el impacto económico que, entienden, ya soporta la provincia.

Uno de los párrafos más contundentes del documento apela a la historia reciente de Misiones para advertir sobre los riesgos de liberalizar la compra de tierras.

Los firmantes recuerdan que localidades como Puerto Libertad y Puerto Piray vieron pasar gran parte de sus superficies productivas a manos de capitales extranjeros, situación que describen como un proceso que terminó convirtiendo esos territorios en “desiertos verdes”.

Ese planteo busca reforzar la idea de que la discusión excede el plano jurídico y tiene consecuencias concretas sobre el desarrollo económico y la ocupación del territorio.

Un mensaje directo a quienes representan a Misiones

Al igual que los pronunciamientos anteriores, el documento interpela directamente a los senador Martín Goerling (prolibertario) y los misioneristas Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Los ex intendentes les piden que no acompañen “la autorización que se pretende otorgar para la compra irrestricta de tierras por parte de capitales extranjeros” y apelan a la “responsabilidad histórica” de quienes representan a la provincia en el Congreso.

El texto concluye con una definición política que resume el sentido del documento: “Por quienes hoy habitamos este suelo, por nuestros hijos, por el futuro y por la integridad de nuestro territorio, exigimos que quienes ocupan bancas en nuestro nombre defiendan de verdad a los misioneros”.

La aparición de este tercer documento fortalece una posición que ya venía construyéndose dentro del Gobierno provincial y alejado del mandato de Encuentro Misionero, que encabeza Carlos Rovira.

Primero fue la Red de Mujeres por el Movimiento, que calificó el proyecto como una “ley de entrega” por eliminar las restricciones a la extranjerización de la tierra y por incorporar el mecanismo del silencio administrativo positivo.

Posteriormente, los intendentes en ejercicio, a través de la ADINM y la CODEIM, reclamaron a los tres senadores nacionales que voten en contra de la iniciativa, argumentando que una provincia con el 90% de sus límites sobre fronteras internacionales, asentada sobre el Acuífero Guaraní y la principal reserva de Selva Paranaense del país, no puede considerar la desregulación de la tierra como una cuestión meramente económica.

Ahora, la voz de los ex intendentes incorpora un componente adicional: la memoria de los procesos de concentración de tierras vividos en distintas regiones de Misiones y el reclamo para que los legisladores nacionales prioricen los intereses provinciales por encima de las necesidades de gobernabilidad del Gobierno central.

De cara a la sesión prevista para el 6 de agosto, el debate dejó de ser exclusivamente legislativo y pasó a convertirse en una discusión política sobre el alcance de la representación de Misiones en el Congreso. Con tres pronunciamientos consecutivos, la presión sobre los senadores nacionales crece en la antesala de una votación considerada estratégica para la provincia.

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“Ley de entrega”: intendentes misioneros piden a los senadores votar contra la ley de tierras impulsada por Nación

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La ofensiva política contra el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el Gobierno nacional sigue sumando actores en Misiones. Esta vez fueron los intendentes nucleados en la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM) y la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM), quienes difundieron un documento conjunto en el que solicitan a los tres senadores nacionales por la provincia que voten en contra de la iniciativa durante la sesión prevista para el próximo 6 de agosto.

El pronunciamiento mantiene la misma línea argumental expresada días atrás por las Mujeres del Movimiento, que también habían advertido que el proyecto constituye una “ley de entrega” por eliminar las restricciones a la extranjerización de tierras rurales y por incorporar el denominado silencio administrativo positivo, mecanismo que consideran especialmente riesgoso para una provincia con fuerte presencia de fronteras internacionales y recursos naturales estratégicos.

Los jefes comunales sostienen que el proyecto elimina los principales límites establecidos por la Ley 26.737 de Tierras Rurales, entre ellos el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, las restricciones por nacionalidad y las protecciones sobre inmuebles con cuerpos de agua.

A juicio de los intendentes, la iniciativa “deroga los límites que la Ley 26.737 impuso a la extranjerización de la tierra” y abre la puerta a una desregulación que afecta directamente a una provincia cuya geografía y patrimonio ambiental la convierten en un territorio especialmente sensible.

Uno de los aspectos más criticados del proyecto es la incorporación del silencio administrativo positivo para operaciones vinculadas con tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera e incluso para empresas con participación estatal extranjera.

Según el documento firmado por los presidentes de ADINM y CODEIM, si el Estado no responde un trámite dentro de los 180 días, la autorización quedaría concedida automáticamente.

Para los intendentes, ese mecanismo implica que “la soberanía territorial pasa a depender de un expediente que nadie contestó”, situación que califican como de “gravedad extrema”.

En el texto, los intendentes ponen el foco en las particularidades geopolíticas de Misiones.

Recuerdan que el 90% de los límites provinciales son fronteras internacionales, que debajo de su territorio se encuentra una parte central del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, y que sobre esa superficie se desarrolla la mayor porción argentina del Bosque Atlántico.

“Para Misiones, la desregulación de la tierra no es una abstracción económica, sino una amenaza territorial concreta”, sostienen.

Asimismo, recuerdan que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, por lo que consideran que las decisiones sobre la administración de la tierra deben responder a los intereses provinciales.

Un pedido directo a los senadores

El documento concluye con un fuerte mensaje político dirigido a los representantes misioneros en la Cámara alta.

Los intendentes les solicitan que “cumplan con el rol constitucional de representar a la provincia” y voten negativamente el proyecto durante la sesión del 6 de agosto.

Además, reclaman una explicación pública sobre el sentido de sus votos, al señalar que son los municipios quienes reciben diariamente los planteos y preocupaciones de los ciudadanos respecto de las decisiones adoptadas en el Senado.

“Las posiciones asumidas por los senadores vienen colisionando casi sistemáticamente con el mandato recibido para representar y defender los intereses de Misiones”, sostienen.

El documento lleva las firmas de Fernando Ferreira, presidente de la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM), y Carlos Gustavo Koth, titular de la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM).

El pronunciamiento amplía el frente político provincial que cuestiona el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y anticipa que el debate sobre la propiedad de la tierra y la soberanía territorial volverá a ocupar un lugar central en la agenda misionera cuando el Senado retome la discusión legislativa el próximo 6 de agosto.

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