extranjerización de tierras

Ex intendentes renovadores se suman al rechazo de la ley de tierras y elevan la presión sobre los senadores misioneros

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La resistencia política en Misiones al proyecto nacional de “Inviolabilidad de la propiedad privada” continúa ampliándose. Ahora fue el turno de un grupo de ex intendentes de distintas localidades, referentes históricos del ex Frente Renovador, quienes difundieron un documento público en el que exhortan a los representantes misioneros a rechazar la iniciativa cuando vuelva a tratarse en el Senado el próximo 6 de agosto.

El pronunciamiento adquiere un peso político particular porque proviene de dirigentes que gobernaron municipios durante distintos períodos y que, aun sin ocupar hoy cargos ejecutivos, conservan influencia territorial dentro del oficialismo provincial. Con esta declaración, ya son tres sectores vinculados ideológicamente al gobernador Hugo Passalacqua, que fijaron una posición pública en pocos días sobre el proyecto: primero lo hizo la Red de Mujeres por el Movimiento, luego los intendentes en funciones, nucleados en la ADINM y la CODEIM, y ahora los ex jefes comunales.

En el documento, los ex intendentes sostienen que Misiones ha acompañado reiteradamente la gobernabilidad nacional, pero consideran que ese respaldo no se tradujo en beneficios para la provincia.

“Creemos firmemente que los misioneros, a través de nuestros legisladores nacionales, ya hemos cedido más que suficiente en favor de la gobernabilidad central”, afirman.

A continuación enumeran los sectores que, según su visión, resultaron perjudicados por las políticas nacionales: la actividad yerbatera, la cuenca tabacalera, la producción cañera, la industria forestal y el comercio local.

La declaración incorpora así un argumento distinto al expuesto en los comunicados anteriores. Mientras la Red de Mujeres y los intendentes actuales concentraron sus cuestionamientos en la defensa de la soberanía territorial y los recursos naturales, los ex intendentes ponen el acento en el impacto económico que, entienden, ya soporta la provincia.

Uno de los párrafos más contundentes del documento apela a la historia reciente de Misiones para advertir sobre los riesgos de liberalizar la compra de tierras.

Los firmantes recuerdan que localidades como Puerto Libertad y Puerto Piray vieron pasar gran parte de sus superficies productivas a manos de capitales extranjeros, situación que describen como un proceso que terminó convirtiendo esos territorios en “desiertos verdes”.

Ese planteo busca reforzar la idea de que la discusión excede el plano jurídico y tiene consecuencias concretas sobre el desarrollo económico y la ocupación del territorio.

Un mensaje directo a quienes representan a Misiones

Al igual que los pronunciamientos anteriores, el documento interpela directamente a los senador Martín Goerling (prolibertario) y los misioneristas Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Los ex intendentes les piden que no acompañen “la autorización que se pretende otorgar para la compra irrestricta de tierras por parte de capitales extranjeros” y apelan a la “responsabilidad histórica” de quienes representan a la provincia en el Congreso.

El texto concluye con una definición política que resume el sentido del documento: “Por quienes hoy habitamos este suelo, por nuestros hijos, por el futuro y por la integridad de nuestro territorio, exigimos que quienes ocupan bancas en nuestro nombre defiendan de verdad a los misioneros”.

La aparición de este tercer documento fortalece una posición que ya venía construyéndose dentro del Gobierno provincial y alejado del mandato de Encuentro Misionero, que encabeza Carlos Rovira.

Primero fue la Red de Mujeres por el Movimiento, que calificó el proyecto como una “ley de entrega” por eliminar las restricciones a la extranjerización de la tierra y por incorporar el mecanismo del silencio administrativo positivo.

Posteriormente, los intendentes en ejercicio, a través de la ADINM y la CODEIM, reclamaron a los tres senadores nacionales que voten en contra de la iniciativa, argumentando que una provincia con el 90% de sus límites sobre fronteras internacionales, asentada sobre el Acuífero Guaraní y la principal reserva de Selva Paranaense del país, no puede considerar la desregulación de la tierra como una cuestión meramente económica.

Ahora, la voz de los ex intendentes incorpora un componente adicional: la memoria de los procesos de concentración de tierras vividos en distintas regiones de Misiones y el reclamo para que los legisladores nacionales prioricen los intereses provinciales por encima de las necesidades de gobernabilidad del Gobierno central.

De cara a la sesión prevista para el 6 de agosto, el debate dejó de ser exclusivamente legislativo y pasó a convertirse en una discusión política sobre el alcance de la representación de Misiones en el Congreso. Con tres pronunciamientos consecutivos, la presión sobre los senadores nacionales crece en la antesala de una votación considerada estratégica para la provincia.

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“Ley de entrega”: intendentes misioneros piden a los senadores votar contra la ley de tierras impulsada por Nación

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La ofensiva política contra el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el Gobierno nacional sigue sumando actores en Misiones. Esta vez fueron los intendentes nucleados en la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM) y la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM), quienes difundieron un documento conjunto en el que solicitan a los tres senadores nacionales por la provincia que voten en contra de la iniciativa durante la sesión prevista para el próximo 6 de agosto.

El pronunciamiento mantiene la misma línea argumental expresada días atrás por las Mujeres del Movimiento, que también habían advertido que el proyecto constituye una “ley de entrega” por eliminar las restricciones a la extranjerización de tierras rurales y por incorporar el denominado silencio administrativo positivo, mecanismo que consideran especialmente riesgoso para una provincia con fuerte presencia de fronteras internacionales y recursos naturales estratégicos.

Los jefes comunales sostienen que el proyecto elimina los principales límites establecidos por la Ley 26.737 de Tierras Rurales, entre ellos el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, las restricciones por nacionalidad y las protecciones sobre inmuebles con cuerpos de agua.

A juicio de los intendentes, la iniciativa “deroga los límites que la Ley 26.737 impuso a la extranjerización de la tierra” y abre la puerta a una desregulación que afecta directamente a una provincia cuya geografía y patrimonio ambiental la convierten en un territorio especialmente sensible.

Uno de los aspectos más criticados del proyecto es la incorporación del silencio administrativo positivo para operaciones vinculadas con tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera e incluso para empresas con participación estatal extranjera.

Según el documento firmado por los presidentes de ADINM y CODEIM, si el Estado no responde un trámite dentro de los 180 días, la autorización quedaría concedida automáticamente.

Para los intendentes, ese mecanismo implica que “la soberanía territorial pasa a depender de un expediente que nadie contestó”, situación que califican como de “gravedad extrema”.

En el texto, los intendentes ponen el foco en las particularidades geopolíticas de Misiones.

Recuerdan que el 90% de los límites provinciales son fronteras internacionales, que debajo de su territorio se encuentra una parte central del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, y que sobre esa superficie se desarrolla la mayor porción argentina del Bosque Atlántico.

“Para Misiones, la desregulación de la tierra no es una abstracción económica, sino una amenaza territorial concreta”, sostienen.

Asimismo, recuerdan que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, por lo que consideran que las decisiones sobre la administración de la tierra deben responder a los intereses provinciales.

Un pedido directo a los senadores

El documento concluye con un fuerte mensaje político dirigido a los representantes misioneros en la Cámara alta.

Los intendentes les solicitan que “cumplan con el rol constitucional de representar a la provincia” y voten negativamente el proyecto durante la sesión del 6 de agosto.

Además, reclaman una explicación pública sobre el sentido de sus votos, al señalar que son los municipios quienes reciben diariamente los planteos y preocupaciones de los ciudadanos respecto de las decisiones adoptadas en el Senado.

“Las posiciones asumidas por los senadores vienen colisionando casi sistemáticamente con el mandato recibido para representar y defender los intereses de Misiones”, sostienen.

El documento lleva las firmas de Fernando Ferreira, presidente de la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM), y Carlos Gustavo Koth, titular de la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM).

El pronunciamiento amplía el frente político provincial que cuestiona el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y anticipa que el debate sobre la propiedad de la tierra y la soberanía territorial volverá a ocupar un lugar central en la agenda misionera cuando el Senado retome la discusión legislativa el próximo 6 de agosto.

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Misiones frente a un nuevo debate por la tierra: qué cambia con el proyecto que elimina los límites a la extranjerización

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La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió al centro de la agenda política nacional y Misiones aparece como uno de los principales focos del debate. El proyecto de ley denominado “De Inviolabilidad de la Propiedad Privada” (Exp. PE 27/2026) propone eliminar los principales límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 para regular la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

En ese contexto, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra presentó un informe dirigido al Senado de la Nación en el que sostiene que Misiones reúne condiciones que la convierten en una de las provincias más vulnerables frente a una eventual liberalización del mercado de tierras.

El documento combina datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, estadísticas económicas provinciales y un análisis de la crisis que atraviesa el sector yerbatero para argumentar que la eliminación de los límites podría acelerar un proceso de concentración de la propiedad rural.

Una provincia con alta participación de tierras en manos extranjeras

El informe señala que, según datos procesados por el Observatorio de Tierras (CONICET-UBA) a partir del Registro Nacional de Tierras Rurales, unas 325.000 hectáreas de Misiones están en manos extranjeras, equivalentes al 11,2% de la superficie provincial.

Sin embargo, advierte que el promedio provincial oculta fuertes diferencias territoriales. Cinco departamentos ya superarían el límite del 15% previsto por la legislación vigente:

  • Iguazú: 40%
  • Montecarlo: 18%
  • Libertador General San Martín: 17%
  • Eldorado: 16%
  • Concepción: 16%

El informe sostiene que, de aprobarse el proyecto oficial, esos topes dejarían de existir y las provincias perderían parte de las herramientas institucionales para intervenir en este tipo de operaciones.

Qué propone el proyecto

La Ley 26.737 estableció límites a la tenencia extranjera de tierras rurales y creó un esquema de control compartido entre Nación y provincias.

Según el análisis presentado por la Coalición, el nuevo proyecto elimina las restricciones cuantitativas para compradores extranjeros y modifica el régimen de control vigente. El documento interpreta que esto supone, en los hechos, una derogación de los principales artículos de la ley aprobada en 2011.

Desde el Gobierno nacional, el argumento es diferente: la iniciativa busca fortalecer el derecho de propiedad y facilitar inversiones privadas, diferenciando las adquisiciones realizadas por particulares de aquellas impulsadas por Estados extranjeros. Ese punto constituye uno de los principales ejes del debate parlamentario.

Uno de los aspectos centrales del informe es que la discusión no puede analizarse aislada del contexto económico.

El documento menciona una caída del empleo privado registrado, una reducción en la cantidad de empresas activas y un deterioro del mercado laboral formal durante los últimos años. También destaca que el Producto Bruto Geográfico mostró recuperación respecto de la pandemia, aunque sin traducirse plenamente en creación de empleo privado.

La tesis de la Coalición es que un escenario de menor rentabilidad productiva podría incentivar la venta de establecimientos rurales, especialmente entre pequeños productores con dificultades financieras.

La crisis yerbatera entra en la discusión

El reporte dedica un capítulo completo a la situación de la yerba mate.

Sostiene que la desregulación del mercado iniciada tras el DNU 70/2023 redujo la capacidad de intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y profundizó el deterioro de los ingresos de los productores.

Entre los indicadores que cita figuran:

  • una participación del productor equivalente al 11% del precio final en góndola;
  • una caída del 43% en la cosecha de hoja verde entre enero-abril de 2024 y el mismo período de 2026;
  • una pérdida del 74% del poder adquisitivo del precio pagado al productor respecto de la inflación.

El documento plantea que esa pérdida de rentabilidad puede aumentar la presión para desprenderse de explotaciones rurales, aunque se trata de una interpretación elaborada por los autores del informe y no de una proyección oficial.

Un debate que trasciende a Misiones

La Coalición amplía el análisis hacia una dimensión geopolítica. Cita información del Observatorio de Tierras y de Land Matrix según la cual Argentina registra alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, mientras 36 departamentos del país ya superarían el límite legal establecido por la normativa vigente.

Sobre esa base, sostiene que la tierra rural adquiere un valor estratégico creciente por factores como el acceso al agua dulce, la biodiversidad, la producción de alimentos y el cambio climático.

La discusión, en definitiva, enfrenta dos visiones sobre el régimen de tierras rurales. Por un lado, quienes sostienen que flexibilizar las restricciones favorecerá la inversión y el desarrollo productivo. Por otro, quienes consideran que eliminar esos límites incrementará los riesgos de concentración de la propiedad y reducirá la capacidad del Estado para resguardar recursos considerados estratégicos.

Con una elevada participación de capital extranjero en algunos departamentos, una estructura productiva fuertemente ligada a la tierra y una crisis persistente en sectores como la yerba mate, Misiones aparece como una de las provincias donde el resultado del debate parlamentario podría tener mayor impacto.

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