EXTRANJEROS

Para que Buenos Aires no explote, Nación analiza incentivos para derivar extranjeros al sur

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“Si no resolvemos este tema, en 10 años Buenos Aires va a explotar”, advirtió el titular de Migraciones, Horacio García, quien trabaja con autoridades de Río Negro y Neuquén en el intento de orientar la inmigración (“de buena fe”) a provincias con más demanda laboral. Según Migraciones, en aquellos territorios hacen falta médicos, ingenieros y técnicos. Mientras, se intenta resolver el otro dilema: el de los extranjeros que cometieron delitos e infracciones a la ley migratoria, que serían según la lógica del funcionario, los que “vienen de mala fe” al país.
El gobierno nacional busca orientar los flujos migratorios hacia provincias que demanden servicios concretos de trabajo. Según afirmó el director Nacional de Migraciones, Horacio García, varios distritos del interior, entre los que se encuentran Río Negro y Neuquén, ya entraron en conversación y analizan incentivos para extranjeros que se radiquen en su suelo, para lograr cubrir demandas laborales y evitar la saturación en Buenos Aires.
Migraciones calcula que en los últimos tres años se radicaron en el país 666.000 personas, y que el 83% de los inmigrantes se instaló en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense. “Si no resolvemos este tema, en 10 años Buenos Aires va a explotar”, advirtió ayer García.
Según el diario ‘Río Negro’, los gobiernos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut ya mantuvieron reuniones con Migraciones y se irían sumando otros distritos, como San Juan, Mendoza, Tierra del Fuego y Jujuy, para acordar con la Nación incentivos para extranjeros que se radiquen en sus territorios y ofrecimientos concretos de trabajo.
La cartera, que depende del Ministerio del Interior que encabeza Rogelio Frigerio, planea la creación de un ámbito institucional entre la Nación y las provincias para coordinar acciones y diseñar estrategias inmigratorias.
Según Migraciones, médicos, ingenieros, técnicos en distintas especialidades y personal para los corredores frutihortícolas son algunos ejemplos de oficios que harían falta en las provincias: “Río Negro, por ejemplo, necesita cubrir 10 mil puestos de trabajo. Hay predisposición de las provincias para avanzar”, señaló García.
Tie rra del Fuego, otro ejemplo, organizó en Buenos Aires reuniones con médicos y estudiantes de carreras afines, llegados de Venezuela, para explorar la posibilidad de incorporarlos a su sistema público de salud. Río Negro ya trabaja para simplificar la validación de títulos de medicina extranjeros.
Deportación
En el otro extremo del dilema, en los últimos días se conoció que Migraciones elaboró un listado con los nombres de 1000 extranjeros que cometieron delitos e infracciones a la ley migratoria que están en condiciones de ser deportados a sus países de origen. El gobierno también confirmó que trabaja en una iniciativa que será enviada al Congreso para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina, que incluye la creación de una -una instancia judicial específica que investigue los hechos.
Las cifras oficiales indican que las expulsiones por infracci ones a la ley de Migraciones o con causas penales vigentes fueron en aumento en los últimos años: 234 en el 2016, 495 en 2017 y 703 en 2018.
Aunque afirmó que “si no se resuelve el problema de la minoría de extranjeros que vienen a delinquir, no podemos pasar a este segundo paso que es direccionarlos a las provincias”, García llamó, en una entrevista con la agencia ‘Télam’, a ir más allá de esos casos que, estadísticamente -considerando las 666.000 personas radicadas en los últimos 3 años-, son pocos.
“Si seguimos hablando del tema de las restricciones, por no tener un sistema lógico y ágil, nos perdemos de hablar del verdadero tema que es el de la mayoría de los extranjeros que vienen de buena fe al país”, sostuvo el funcionario.

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Misiones cuenta con un Sistema Solidario de Salud para extranjeros desde el año 2000

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Ante el debate que se generó en las últimas horas en Argentina, por la decisión del Gobierno de Jujuy de cobrar la atención médica a extranjeros, el Ministro de Salud Pública de Misiones, Walter Villalba expresó que en Misiones desde el año 2000, a través del Sistema Solidario de Salud, aquella persona extranjera que no cuente documentación que acredite su residencia provisoria o permanente debe abonar, siempre que no haya riesgo de vida, las consultas médicas o interconsultas en el sistema público de salud. Los hospitales tienen aranceles nomenclados para estas atenciones.
En su artículo 2, el decreto 488/00 expresa: “Las Obras Sociales, entidades de medicina prepagas, compañías de seguros, empleadores en general, extranjeros sin residencia legal en el país y terceros obligados, abonarán la totalidad de los gastos de demande la prestación. Tales gastos incluyen honorarios profesionales, gastos sanatoriales y la provisión de insumos médicos, farmacológicos, servicio de enfermería, prácticas específicas y cualquier otro gasto que ocasione la prestación”.
Para Misiones no es un tema de agenda sanitaria el tema presupuestario de la atención a extranjeros, la cual es menor al 1 por ciento de la consulta y de la incidencia que tiene en la estadística sanitaria.
Villalba recordó además que “en Argentina tenemos una Constitucion Nacional que habla sobre los derechos de los extranjeros y que nosotros no podemos vulnerar”.
En ese sentido, el titular de salud de Misiones remarcó que en la Ley Provincial de Salud, en el Artículo 5- Inciso a) se habla de “universalidad: todos los habitantes en el territorio provincial tienen derecho a recibir la prestación de servicios de salud; sean ciudadanos argentinos, nativos o por opción. Se incorporarán al sistema de universalidad, aquellos individuos que acrediten estar en tránsito en la provincia –turismo y/o negocios- y aquellos pertenecientes a países que tengan convenios de reciprocidad de atención sanitaria con la República Argentina, en igualdad de condiciones”
“Poner el debate de las contraprestaciones en la agenda nacional es un tema para el nivel central y cancillería, para nosotros no es un tema prioritario. Nación no envía dinero adicional para esas prestaciones, hacemos frente a la situación con presupuesto provincial. Y el 99 por ciento de las prestaciones son de pacientes q acreditan lo antes mencionado”, finalizó Villalba.

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El 70% de los argentinos apoya que extranjeros accedan gratis a salud y educación

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En medio de la polémica que se generó por la atención gratuita en hospitales públicos del país a ciudadanos extranjeros, una encuesta realizada en conjunto por la UADE y la encuestadora Voirces indica que 7 de cada 10 argentinos apoyan que los inmigrantes accedan gratis a salud y educación.
Mientras el Gobierno nacional impulsa un proyecto para que las personas que ingresan al país “con carácter temporario, transitorio o precario” sólo accedan de manera gratuita a los servicios de educación universitaria y salud en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre que los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países, se conoció una encuesta que indica que 7 de cada 10 argentinos apoyan que los extranjeros accedan gratis a salud y educación.
El proyecto de los diputados de Cambiemos establece que en caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados. En este caso, la iniciativa establece que se faculta al Poder Ejecutivo a establecer “tasas retributivas” o “aranceles” para afrontar el costo de los servicios de salud y educación.
Este proyecto oficialista surgió luego de la versión -ahora desmentida por la administración de Evo Morales- de que el Gobierno boliviano había rechazado un acuerdo de reciprocidad en ese sentido. Este miércoles (28/02) el canciller de ese país, Fernando Huanacuni Mamani, dijo en conferencia de prensa que viajará una comisión al país para establecer un convenio en materia de atención en salud recíproca.
Según una nueva encuesta realizada por la Universidad Argentina De la Empresa (UADE), junto con la encuestadora Voirces, siete de cada diez argentinos son proclives a que los extranjeros accedan en forma gratuita a la educación y la salud.
Ante la pregunta: “Dígame si está a favor o en contra de que los inmigrantes que residen en el país tengan acceso gratuita educación y salud”, un 68% se manifestó de acuerdo, un 28% en el caso de la salud en contra, al igual que un 27% respecto a la educación.
En el trabajo se menciona que la visión a favor del acceso gratuito a estos servicios se acrecienta a menor edad, 73% entre menores de 30 años versus alrededor del 62% entre los de mayor edad, y crece muy notablemente en el interior del país: tres cuartos de los entrevistados contra cerca de la mitad en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En tanto, no se notaron variaciones según la extracción socioeconómica de los encuestados.
Otras de las conclusiones apunta a que están divididas las opiniones en cuanto a los beneficios de la inmigración para el país: mientras la mitad de los argentinos piensa que los extranjeros fortalecen al país con su labor y conocimientos, el 41% los v e como una carga que despoja a los nativos de trabajo y derechos básicos como trabajo, educación, salud y vivienda.
En cuanto a la opinión de los argentinos sobre las distintas colectividades, se observan importantes diferencias en función del país o región de origen. Los europeos generan la mayor aceptación (64% de opiniones positivas), mientras que africanos (51%) y bolivianos (52%) se ubican en segundo lugar.
Por su parte, colombianos y peruanos reciben los mayores niveles de crítica, ya que 3 de cada 10 encuestados tienen una imagen negativa sobre ellos.
Al evaluar la integración de los extranjeros a la comunidad son los bolivianos los más ponderados bolivianos (68%), seguidos por paraguayos (62%) y europeos (59%).
Un 65% de los argentinos, en tanto, piensa que en el país los inmigrantes son discriminados o marginados, aunque un 91% considera que los extranjeros que cometan delitos deben ser deportados y el 89% que se deben reforzar los con troles migratorios.
Acerca de los refugiados por la guerra en Siria un 57% de los encuestados se mostró favorable a que la Argentina los reciba.

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El Gobierno superó la meta fiscal y cerró el primer semestre con déficit de 1,5%

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El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció esta tarde que se “sobrecumplió” la meta de déficit fiscal proyectada para el primer semestre del año y dijo no tener dudas de que se alcanzarán los objetivos previstos para todo 2017.

El funcionario anunció que el déficit primario del segundo trimestre fue de 144.286 millones de pesos, lo que representó 1,5% del Producto Bruto, 0,5% debajo de la meta del 2% presupuestada para ese período.

Dujovne enfatizó que por primera vez el gasto “comenzó a bajar” y resaltó que la ejecución del presupuesto “coincide casi exactamente” con la ley aprobada por el Congreso para este año.

En una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, el ministro destacó que ese nivel de ejecución constituye “un enorme avance en la institucionalidad fiscal”.

Con estos resultados, aseguró Dujovne, “no hay dudas” de que se alcanzará la meta del 4,2% para el déficit fiscal prevista para este año.

 Impuesto a la renta financiera a extranjeros

Un día después de publicada en el Boletín Oficial, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó esta tarde que la Resolución General 4094, que grava la compra y venta de acciones, se suspende hasta tanto se termine de evaluar el impacto. 

La AFIP busca gravar la renta financiera para los no residentes, incluyendo las operaciones registradas desde el 23 de septiembre de 2013 inclusive. Según la norma publicada el martes, el organismo resolvió aplicar una alícuota de 15% sobre el 90% de las sumas pagadas por la adquisición de títulos o sobre la ganancia neta de los mismos. 

El impuesto aplica para las “operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales -incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión-, títulos, bonos y demás valores, efectuadas con beneficiaros del exterior”, según figura en la resolución. 

La entidad que maneja Alberto Abad destacó que el impuesto será cobrado a los inversores extranjeros que adquieran dichos títulos. En el caso de que las operaciones se efectúen a través de Bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el agente de liquidación y compensación que intervenga en la operación encomendada será el encargado de cobrar dicho impuesto, mientras que, en caso de que las operaciones no se realicen a través de las bolsas o mercados, el cargo deberá abonarlo el comprador del título, siempre y cuando sea un no residente.

La AFIP señaló además que, en caso de que las operaciones se hayan realizado con anterior a la vigencia de la medida, el ingreso del impuesto se considerará “en término si se efectúa hasta el último día hábil del segundo mes del siguiente al de la referida vigencia”, es decir, el próximo 29 de septiembre.

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El 12 por ciento del suelo misionero está en manos de extranjeros

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El informe que realiza el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) muestra que el nivel de extranjerización a nivel nacional es de 5,6%, tres décimas menos que en 2012. Afirman que se redujo en 900 mil hectáreas la superficie de tierras en manos de extranjeros. En Misiones aún quedan 364330,82 hectáreas en manos extranjeras.

Más de 900.000 hectáreas de tierras rurales fueron transferidas de propiedad de extranjeros a manos de argentinos en los últimos cinco años por la aplicación de la ley 26.737, que el Congreso nacional sancionó a fines de 2011, si bien todavía personas y empresas del exterior poseen cerca de 15 millones de hectáreas, según el más reciente relevamiento oficial, al que tuvo acceso Télam.

El informe que realiza el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) muestra que el nivel de extranjerización a nivel nacional es de 5,6% (tres décimas menos que en 2012), según los datos a los que accedió esta agencia.

La menor participación de tenedores de extensiones agropecuarias de otras nacionalidades refleja la gradual aplicación de la ley 26.737, que estableció restricciones a las operaciones con sus tierras.

Si bien la norma no atentó contra los derechos adquiridos por propietarios foráneos, impidió nuevas compras y dispuso -para el caso en que quisieran vender una cantidad determinada de hectáreas en un municipio donde la extranjerización supera el 15%- que sólo puedan realizar transferencias a personas o empresas argentinas.

Las divisiones subprovinciales se acordaron tras la sanción de la ley con cada gobernación: en algunos casos se determinó que fueran considerados los municipios, mientras en otros se optó por tomar como base los departamentos o los partidos.

En 2012, sobre 569 divisiones subprovinciales el Registro Nacional detectó que en 49 jurisdicciones se excedía el límite de 15% autorizado para propietarios extranjeros, pero cinco años después los datos indican que son tres menos, 46, las áreas que superan ese tope.

Ninguna de las provincias sobrepasa en la actualidad el tope de 15% establecido por la ley, que protege el dominio nacional sobre las tierras de uso agropecuario y los recursos naturales, aunque en seis departamentos los no nacionales poseen más de 50%.

Los casos extremos de extranjerización de tierras rurales, según el RNTR, son los de las localidades salteñas de San Carlos (58,7% de la superficie, 301.000 hectáreas) y Molinos (208.000 hectáreas, 57,7% del total); mientras en General Lamadrid, La Rioja, son casi 355.000 hectáreas (57,5%).

Le siguen en orden de importancia los casos de Lácar, Neuquén, con 254.000 ha (53,5% de la superficie rural del departamento); San Miguel, Corrientes, con 87.300 ha (50,8%); y Campana, en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires (la más fértil y productiva, 50,4%).

En el orden nacional, el cómputo del RNTR consideró inicialmente una superficie total de 267.679 hectáreas de tierras rurales, pero el área se redujo en 968.000 hectáreas mediante el decreto 820, de junio del 2016, que excluyó del tope de 15% a los terrenos destinados a zonas, áreas o parques industriales.

Ese decreto elevó además al 51% la participación -originalmente estipulada en 30%-, de los extranjeros como titulares del capital social de una persona jurídica con suelos de uso agropecuario entre sus activos.

Esas medidas apuntaron a “facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país, a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 del 2012”, explicó el actual subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli.

El decreto buscó asimismo hacer más fluido el comercio de tierras rurales, expandir los negocios agroindustriales y corregir omisiones, ya que la anterior reglamentación de la ley no definía el modo de computar áreas en los casos de dominio desmembrado (cuando existe usucapión, alquiler, usufructo o derecho de superficie).

También se consideraron los casos de adquisiciones en ejecuciones hipotecarias, concursos y quiebras, adjudicaciones por partición de condominio y divorcios, y transmisiones de tierras rurales a herederos forzosos, todo lo cual simplificó los trámites para inversores y escribanos actuantes.

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