federalismo fiscal

Reclamo por Yacyretá y coparticipación: Valdés apuntó contra el reparto de recursos

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, volvió a poner en el centro del debate el esquema de distribución de recursos nacionales al denunciar lo que considera una inequidad estructural en el reparto de regalías energéticas de Yacyretá y de la coparticipación federal.

En declaraciones públicas realizadas en un programa de televisión abierta emitido los domingos por la noche en la ciudad de Corrientes, el mandatario sostuvo que su provincia aporta más a la Nación, pero recibe menos recursos, y apuntó directamente contra la situación de Formosa, a la que acusó de beneficiarse sin realizar aportes equivalentes.

Sin mencionar de manera explícita a la represa de Yacyretá, ubicada en Ituzaingó, Valdés aludió al sistema de regalías vinculadas a la generación de energía y expresó su malestar por la distribución actual. “Formosa no produce nada, recibe más y se lleva plata de los correntinos”, afirmó, sintetizando un reclamo que combina argumentos económicos, fiscales e institucionales.

Coparticipación federal y reclamo por un esquema “injusto”

Según el portal CorrientesHoy el eje central de las críticas del gobernador correntino se concentró en el actual régimen de coparticipación federal, al que calificó de “injusto”. Según su planteo, Corrientes contribuye de manera sostenida al financiamiento del Estado nacional a través del trabajo de sus ciudadanos, la producción y las industrias locales, pero esa contribución no se ve reflejada en el volumen de recursos que retorna a la provincia.

En ese marco, Valdés contrastó la situación de Corrientes con la de Formosa, a la que señaló como una provincia que, de acuerdo con su visión, “no aporta nada y recibe más por coparticipación del trabajo de todos los correntinos”. La afirmación apunta directamente a la lógica redistributiva del sistema vigente y reabre una discusión de fondo sobre los criterios con los que se asignan los fondos federales.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la Nación por la disponibilidad de recursos, en un escenario económico complejo que obliga a los gobiernos subnacionales a revisar sus estrategias de financiamiento y a reforzar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo nacional.

Regalías energéticas y defensa de los intereses provinciales

Aunque no la mencionó de forma directa, el planteo del gobernador tuvo como telón de fondo la represa de Yacyretá, una de las principales fuentes de generación de energía del país y ubicada en territorio correntino. La referencia implícita a las regalías nacionales por energía refuerza la idea de que Corrientes considera insuficiente la compensación que recibe en relación con el impacto territorial, ambiental y productivo que implica albergar una infraestructura de esa magnitud.

Valdés adelantó que insistirá ante el Gobierno Nacional para que se revise la situación y se avance en la sanción de una nueva ley de coparticipación, que garantice un criterio más equilibrado. “No es posible que Corrientes aporte más y reciba menos”, remarcó, fijando una posición política clara de cara al debate federal.

Con este pronunciamiento, el mandatario busca instalar el tema en la agenda nacional, no solo como un reclamo coyuntural, sino como una discusión estructural sobre la distribución de fondos, la equidad fiscal y el reconocimiento a las provincias que generan recursos estratégicos. Al mismo tiempo, reafirma su discurso de defensa de los intereses de Corrientes y de sus recursos naturales, en un escenario donde la puja por ingresos y regalías se vuelve cada vez más visible entre las jurisdicciones.

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Cumbre en Casa Rosada: Passalacqua refuerza la postura de Misiones

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Milei buscó apoyo político para el Presupuesto 2026 y las reformas. Passalacqua destacó el diálogo “para hacer crecer al país y a Misiones”

En una cumbre clave realizada este 30 de agosto de 2025 en Casa Rosada, el presidente Javier Milei reunió a 19 gobernadores, entre ellos el misionero Hugo Passalacqua, para reconstruir el vínculo Nación–provincias y asegurar respaldos al Presupuesto 2026 y a las “reformas de segunda generación”. El encuentro, que se extendió por más de dos horas, se convirtió en una señal política tras el triunfo legislativo de La Libertad Avanza, con impacto directo sobre el federalismo fiscal, la gobernabilidad y la hoja de ruta económica para el próximo año.

Un cónclave político-económico para recomponer la relación Nación–provincias

La convocatoria llegó apenas 48 horas después del discurso triunfal de Milei en las elecciones de medio término, donde habló de “acuerdos básicos” y de la posibilidad de “traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”. El Gobierno buscó lograr una foto de respaldo y avanzar con negociaciones sobre el Presupuesto 2026, actualmente en debate en la Cámara de Diputados.

En la mesa, además de Milei, participaron figuras centrales de su Gabinete: Guillermo Francos, Luis “Toto” Caputo, Lisandro Catalán, Patricia Bullrich, Luis Petri, Mario Lugones, Sandra Pettovello, Mariano Cúneo Libarona, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, junto a Karina Milei, el portavoz Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Desde la Casa Rosada calificaron el encuentro como “fundacional” y parte de “una nueva etapa de diálogo y consenso con los gobernadores”.

Entre los asistentes se encontraban referentes de todo el arco territorial: Jujuy, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza (vicegobernadora Hebe Casado), Chubut, Catamarca, Tucumán, Misiones, Neuquén (vicegobernadora Zulema Reina), San Luis, Río Negro, Salta, San Juan, Chaco, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.

Sin representación quedaron Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa.

Passalacqua: diálogo político y foco en la gestión fiscal de Misiones

Tras la reunión, el gobernador misionero Hugo Passalacqua expresó en la red X: “Agradezco la convocatoria del señor presidente Javier Milei, junto a su gabinete y los colegas gobernadores, con quienes nos dispusimos a dialogar las veces que sean necesarias para consensuar temas, más allá de las lógicas diferencias, con el objetivo de hacer crecer al país y a Misiones, generar empleo y cuidar las cuentas públicas como siempre lo hemos hecho”.

El mandatario agregó que: “Buscamos la felicidad de todos los misioneros, y eso se logra trabajando y poniendo el foco en las coincidencias”.

Sus declaraciones ponen el énfasis en dos ejes:
1) defensa de la estabilidad fiscal provincial, un sello tradicional de la gestión misionera,
2) voluntad de sostener el diálogo político, aun en un contexto nacional de reformas profundas.

Presupuesto 2026 y reformas: impacto político, económico e institucional

Según fuentes citadas, el Gobierno buscó un primer compromiso de apoyo al Presupuesto 2026, pieza central para definir el marco macroeconómico del próximo año. Además, apuntó a iniciar conversaciones sobre las reformas de segunda generación, con prioridad en la reforma laboral.

El resultado de estas negociaciones tendrá efectos directos en:

• Federalismo fiscal y transferencia de recursos

El Presupuesto 2026 definirá el volumen de fondos para provincias, obras públicas, servicios esenciales y mecanismos de compensación. Para distritos con tradición de equilibrio como Misiones, la previsibilidad es un factor crítico.

• Gobernabilidad parlamentaria

Con el oficialismo fortalecido tras las elecciones, la reunión fue una señal de apertura para lograr mayorías en el Congreso. La presencia de 19 gobernadores refuerza ese objetivo.

• Clima político y capacidad de acuerdos

El gesto de Milei de convocar a casi todo el mapa provincial busca ampliar su base de apoyo para avanzar en reformas estructurales.

• Sectores económicos atentos a la definición fiscal

Empresas, inversores y actividades productivas aguardan definiciones que afectan reglas laborales, carga tributaria y perspectivas de obra pública. La construcción, la industria y el comercio son los sectores más sensibles a los cambios.

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ATN: con voto misionero, el Senado rechazó el veto de Milei

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En una votación clave en la Cámara Alta, los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se sumaron a la mayoría que rechazó el veto presidencial a la Ley 27.794, que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión fue respaldada por 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, en un nuevo revés legislativo para el Gobierno nacional, que incluyó el voto de Martín Göerling Lara, que hasta ahora era un aliado mileísta.

El rechazo al veto se inscribe en una pulseada de alto voltaje entre el Poder Ejecutivo y las provincias. El proyecto en cuestión —impulsado por los 24 gobernadores— busca modificar el mecanismo de asignación de los ATN, evitando su distribución discrecional y garantizando un reparto diario, automático y transparente, en línea con la Ley 23.548 de coparticipación federal.

La incorporación del nuevo artículo a la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) dispone que los ATN se distribuyan según los criterios ya estipulados en los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación, integrándose a la masa de fondos coparticipables.

Para los representantes misioneros, el eje del debate no es meramente técnico, sino institucional: “Se trata de garantizar que los recursos que generan los misioneros vuelvan a Misiones en forma de infraestructura, salud, educación y viviendas”, afirmaron tras la votación.

El debate: críticas al Ejecutivo y defensa de la autonomía provincial

Durante la sesión, legisladores de distintos bloques cuestionaron la política fiscal del Gobierno nacional. El senador pampeano Daniel Bensusán (UxP) fue uno de los más duros: “El Presidente quiere hacer creer que las provincias usarán los ATN para gastos corrientes. Eso es falso: los fondos siguen destinados a emergencias y desequilibrios financieros”.

En la misma línea, el radical Maximiliano Abad advirtió que el veto “no solo afecta recursos, sino la concepción del federalismo”, mientras que su correligionario Pablo Blanco (UCR, Tierra del Fuego) denunció que el Ejecutivo retiene fondos para “simular superávit fiscal”.

Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci (UxP) apuntó contra el estilo de gobierno de Milei: “No es un emperador. Debe escuchar al pueblo y acatar la Constitución”.

El senador porteño Martín Lousteau (UCR) remarcó que el rechazo al veto expresa una posición inédita de los gobernadores: “Es la primera vez que 24 mandatarios provinciales, incluso algunos cercanos al oficialismo, se unen para decirle al Gobierno: ‘por acá no’”.

El rechazo al veto implica que el proyecto pase nuevamente a Diputados, donde el Gobierno confía en bloquearlo. Sin embargo, el resultado en el Senado evidencia el aislamiento político de La Libertad Avanza, que apenas reunió 9 votos en contra.

Para Misiones, la decisión reviste una importancia estratégica: refuerza el reclamo histórico de que los fondos nacionales no dependan de “complacencias políticas” sino de criterios objetivos y automáticos. En números, se estima que el Gobierno nacional acumula 1,5 billones de pesos en ATN no distribuidos, mientras que en lo que va del mandato solo giró $120.000 millones a 15 provincias, dejando a distritos como La Pampa y Tierra del Fuego sin un solo peso de transferencias.

La votación consolida al Senado como un contrapeso frente a la estrategia presidencial de gobernar mediante decretos y vetos, y abre un nuevo capítulo en la relación Nación-provincias.

Para los senadores misioneros, el debate trasciende lo coyuntural: “La redistribución justa de los ATN es una condición necesaria para sostener el federalismo y la autonomía provincial”, remarcaron Arce y Rojas Decut.

De aquí en adelante, la pulseada continuará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo apuesta a sostener el veto. Sin embargo, la señal política enviada desde el Senado marca un precedente de unidad provincial y refuerza la estrategia de Misiones en defensa de los recursos que le corresponden.

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Milei vetó la ley de ATN, pese a que ordenó abrir una ronda de diálogo con gobernadores

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El Ejecutivo defendió la discrecionalidad del Fondo como herramienta clave ante emergencias y advirtió que la redistribución automática “vaciaría” al Estado de capacidad de respuesta

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 652/2025, publicado este 12 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual vetó en su totalidad el proyecto de ley Nº 27.794, aprobado por el Congreso el pasado 20 de agosto, que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, acompañada por las firmas de ministros y funcionarios clave como Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un nuevo punto de fricción en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.

El argumento oficial: preservar una herramienta de emergencia

El Gobierno justificó el veto al sostener que los ATN, creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, tienen un carácter extraordinario y discrecional destinado a cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias.

En los considerandos, el decreto recuerda que el artículo 5° de dicha ley establece expresamente que el fondo debe aplicarse a situaciones excepcionales, bajo administración del Poder Ejecutivo. “El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis”, sostiene el texto oficial.

El Ejecutivo advierte que transformar los ATN en un régimen de coparticipación automática, como proponía el Congreso, “priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.

Incluso se citan antecedentes recientes: durante la pandemia de COVID-19 y en emergencias climáticas, hídricas y alimentarias de 2024 y 2025, el Gobierno utilizó los ATN para asistir a provincias en crisis.

Federalismo fiscal y el Pacto de Mayo

El decreto argumenta además que el proyecto aprobado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN” y contradice los criterios de equidad y solidaridad federal. Según el Gobierno, vaciar este instrumento pondría en riesgo la prestación de servicios básicos en las provincias y afectaría la capacidad de respuesta ante contingencias.

La Casa Rosada vinculó la discusión con el Pacto de Mayo, en el que Milei y varios gobernadores firmaron un compromiso para una futura rediscusión integral del régimen de coparticipación federal. Para el Ejecutivo, “la verdadera solución no radica en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero que sustituya el modelo extorsivo que durante décadas condicionó a las provincias”.

El veto ya generó fuertes críticas de mandatarios opositores. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó la decisión como “otro desprecio a las provincias” y denunció un “ataque al federalismo y a las autonomías”. Aseguró que los recursos de los ATN “legítimamente pertenecen a las provincias” y acusó a Milei de apropiarse de fondos de manera “ilegal”.

En paralelo, los bloques opositores en el Congreso anticipan que intentarán reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. El Senado podría abordar el tema en la sesión del 18 de septiembre, mientras que en Diputados se espera que el 17 se discutan también los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Más tensión en la relación Nación-provincias

Con este veto, Milei reafirma su estrategia de centralizar la decisión sobre el uso de los ATN, defendiendo la discrecionalidad del Ejecutivo como un atributo indispensable para la gestión de crisis. Sin embargo, la medida profundiza la brecha con gobernadores de distinto signo político, que ven en el rechazo un nuevo obstáculo para garantizar recursos en un contexto de ajuste fiscal y recesión.

La discusión por el reparto de fondos federales se suma a otros focos de conflicto, como la suspensión de la obra pública y la definición del Presupuesto 2026, que será presentado en los próximos días. El futuro inmediato dependerá de si el Congreso logra articular una mayoría calificada para revertir la decisión presidencial, un escenario que pondría a prueba la capacidad de negociación política del oficialismo.

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