FEDERALISMO

Uñac respaldó a los productores yerbateros en Misiones y reclamó un INYM que garantice precios justos

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El exgobernador de San Juan y dirigente peronista Sergio Uñac visitó la ciudad de Apóstoles, en Misiones, donde expresó su respaldo a los productores yerbateros y volvió a poner en el centro del debate el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en la regulación de una de las principales economías regionales del país.

Durante su recorrida, Uñac sostuvo que “no hay una Argentina fuerte sin un interior fuerte”, al destacar el peso estratégico de las economías regionales en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo territorial. En ese marco, definió a Apóstoles como una muestra del potencial productivo del interior argentino, al señalar que la ciudad constituye uno de los principales polos de la actividad yerbatera.

El dirigente remarcó que la cadena productiva de la yerba mate sostiene a miles de familias misioneras y advirtió que ese entramado económico necesita reglas claras y previsibilidad para garantizar su sostenibilidad. En ese sentido, reclamó un Instituto Nacional de la Yerba Mate que pueda cumplir plenamente con sus funciones de regulación del mercado.

“La producción necesita reglas justas y un INYM que haga su trabajo”, afirmó, al referirse a la situación que atraviesa el sector tras los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno nacional, que limitaron las facultades del organismo para intervenir en la fijación de precios de la hoja verde.

Uñac advirtió que cuando no existen mecanismos que aseguren precios competitivos para la materia prima, la pérdida de rentabilidad termina trasladándose a toda la cadena productiva. “Quienes pagan las consecuencias son los productores, los trabajadores y las comunidades del interior”, señaló durante el encuentro con representantes del sector yerbatero.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión dentro de la actividad, donde productores y cooperativas vienen reclamando la recuperación de herramientas regulatorias para evitar el deterioro de los ingresos en origen y sostener la rentabilidad de una economía regional clave para Misiones.

Durante la visita, el exmandatario sanjuanino fue recibido por la intendenta de Apóstoles, Eugenia Safrán, a quien agradeció por la bienvenida, al tiempo que destacó la importancia del diálogo directo con quienes integran la cadena productiva.

“Escuchar a quienes producen es el mejor camino para construir un proyecto verdaderamente federal”, afirmó Uñac, reforzando un discurso centrado en el fortalecimiento del interior productivo como condición para el crecimiento económico nacional.

La visita se suma a una serie de recorridas que distintos referentes políticos realizan por Misiones, una provincia donde la situación de la yerba mate continúa ocupando un lugar central en la agenda económica y política debido al impacto que la rentabilidad del sector tiene sobre el empleo, la producción y el desarrollo de numerosas localidades del interior.

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Gabinete itinerante en Misiones: la Provincia profundiza la gestión territorial para sostener obras, servicios y asistencia en el interior

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El Gobierno de Misiones llevó adelante este miércoles una nueva jornada de trabajo territorial junto a intendentes de la zona Centro y Alto Uruguay, en el marco de una estrategia de gestión impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua para fortalecer el vínculo con los municipios, avanzar en proyectos específicos y canalizar demandas de cada comunidad.

La actividad se desarrolló desde las 9.30 hs en el salón de eventos de la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (CAUL) y constituyó la segunda experiencia de este tipo en la provincia, luego del encuentro realizado a comienzos de junio en Montecarlo. Organizada por el Ministerio de Coordinación General de Gabinete, la propuesta reunió a representantes de distintas áreas del Ejecutivo provincial y a jefes comunales de la región con el objetivo de consolidar una agenda común de trabajo, realizar el seguimiento de iniciativas en marcha y agilizar respuestas en temas vinculados a infraestructura, producción, servicios, salud, educación y turismo.

La dinámica del encuentro se desarrolló mediante mesas rotativas, una modalidad que permitió a los intendentes dialogar de manera directa con funcionarios de distintas áreas para plantear necesidades puntuales y avanzar en trámites específicos. Participaron ministros y representantes de organismos y áreas estratégicas del Estado provincial, entre ellas los ministerios de Ecología, del Agro y la Producción, de Gobierno, de Industria, de Cultura, de Deportes y de Turismo, además de la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), el Consejo General de Educación, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), el Ministerio de Salud Pública, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones.

Los municipios convocados fueron El Soberbio, Alba Posse, Campo Ramón, Campo Viera, Campo Grande, Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, San Vicente, Panambí, 25 de Mayo, Alberdi, Alvear, Aurora, Los Helechos y Florentino Ameghino, cuyos representantes expusieron prioridades locales y abordaron de manera directa distintas problemáticas de sus comunidades.

Gestión cercana y respuestas articuladas

El ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sartori, destacó que la iniciativa busca acercar la gestión provincial al territorio y facilitar soluciones concretas para los municipios.

“La importancia es poder estar cerca y activar distintas gestiones de los intendentes para brindar respuestas de forma articulada y creativa”, señaló.

“En algunos casos hay temas de varios años que pueden resolverse cuando en una misma reunión están presentes dos o tres funcionarios que deben intervenir. Es una forma más amigable de acercar el Estado a quienes tienen contacto permanente con los vecinos”, afirmó.

Asimismo, Sartori adelantó que la experiencia tendrá continuidad en otros puntos de la provincia.

“Ya estamos trabajando en un tercer encuentro que se realizará en Puerto Iguazú junto a los municipios de la zona Norte. La idea es seguir llevando el gabinete al territorio y fortalecer este trabajo integrado entre el Gobierno provincial y los municipios”, sostuvo.

Los municipios destacaron la posibilidad de agilizar gestiones

Los intendentes que participaron del encuentro coincidieron en valorar la posibilidad de mantener un intercambio directo con funcionarios provinciales, especialmente por la oportunidad de canalizar trámites sin necesidad de trasladarse a la capital provincial y abordar simultáneamente distintas demandas locales.

El anfitrión de la jornada, el intendente de 25 de Mayo, Omar Wdowin, consideró que la propuesta constituye una herramienta concreta para agilizar gestiones y avanzar en soluciones para las comunidades.

“Si tengo que ir a Posadas quizás pueda reunirme con dos o tres ministros, pero hoy tenemos acá a más de una decena de funcionarios y eso nos permite plantear directamente las necesidades de nuestra comunidad”, señaló.

Entre los temas planteados mencionó cuestiones vinculadas a infraestructura vial, energía eléctrica y programas de asistencia social.

Por su parte, el intendente de Panambí, Rosendo Fuchs, destacó que la metodología impulsada por el Gobierno provincial permite optimizar el vínculo entre municipios y organismos del Estado. “Antes teníamos que recorrer distintas oficinas para hacer gestiones. Hoy podemos reunirnos con todas las áreas en un mismo lugar y avanzar sobre temas prioritarios para nuestros vecinos”, afirmó, y sostuvo que en el actual contexto económico resulta fundamental sostener estos espacios para atender demandas vinculadas a infraestructura, servicios y seguridad.

En la misma línea, el intendente de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald, consideró que la propuesta refleja una mirada federal de la gestión pública. “Nos permite tener contacto simultáneo con gran parte del gabinete provincial y avanzar sobre una agenda amplia que incluye obras, cultura, deporte y desarrollo local”, expresó.

También destacó el acompañamiento de la Provincia en distintos proyectos que el municipio viene ejecutando junto a organismos provinciales.

A su turno, el intendente de Alba Posse, Lucas Gerhardt, remarcó que estos encuentros fortalecen la tarea de los municipios al permitir que los funcionarios conozcan de primera mano las necesidades de cada localidad. “Hoy gran parte de nuestros recursos están destinados a la asistencia social y a sostener servicios esenciales, por eso es importante trabajar coordinadamente con la Provincia para seguir dando respuestas a los vecinos”, manifestó.

Asimismo, valoró el acompañamiento provincial en materia de obras y programas destinados al desarrollo de la comunidad.

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Arrúa: “Encuentro Misionero nació para representar a una provincia que no puede pensarse desde Buenos Aires”

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Mientras el escenario político comienza a reconfigurarse de cara al próximo calendario electoral, el diputado nacional por Misiones, Alberto Arrúa, sostuvo que Encuentro Misionero representa una evolución del modelo político provincial para responder a una realidad distinta a la que dio origen al Frente Renovador hace más de dos décadas. En diálogo con Economis, el legislador afirmó que el nuevo espacio busca integrar la diversidad de movimientos sociales y políticos surgidos en los últimos años y consolidar una representación enfocada exclusivamente en los intereses de la provincia.

Para Arrúa, el reconocimiento nacional del espacio constituye un paso institucional que acompaña una transformación política iniciada en Misiones. Según explicó, el escenario actual ya no está dominado por los partidos tradicionales, sino por una multiplicidad de expresiones sociales que requieren nuevos ámbitos de participación.

“Encuentro Misionero es un espacio amplio que interpreta el momento político que vive la provincia. Así como en 2003 el Frente Renovador surgió como respuesta al agotamiento de los partidos tradicionales, hoy la realidad es diferente: existen numerosos movimientos políticos y sociales que necesitan un ámbito donde puedan ser protagonistas sin quedar encerrados en las estructuras partidarias”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo espacio pretende reunir distintas miradas bajo un objetivo común: construir políticas públicas desde la realidad misionera y no desde las agendas nacionales.

Arrúa consideró que gran parte del distanciamiento ciudadano con la política no implica un rechazo a la participación pública sino a las estructuras tradicionales.

“La gente joven participa, tiene interés por la política, pero no necesariamente quiere hacerlo dentro de los partidos históricos. Hay una demanda de nuevos espacios donde puedan aportar ideas sin quedar condicionados por disputas internas o por lógicas de conducción nacionales“, afirmó.

Misiones frente al centralismo nacional

Uno de los principales ejes del posicionamiento es la condición fronteriza de Misiones y las dificultades que, según Arrúa, genera la aplicación de políticas económicas diseñadas desde una lógica centralista.

El diputado sostuvo que Misiones presenta características únicas dentro del país que exigen herramientas diferenciadas.

“Misiones tiene el 92% de su territorio lindando con Paraguay y Brasil. Nuestra economía cotidiana no compite con Córdoba o Buenos Aires; compite con Paraguay, donde el IVA es del 8%, y con Brasil, una de las economías más grandes del mundo. Esa realidad rara vez es comprendida por quienes diseñan las políticas nacionales”, sostuvo.

En esa línea cuestionó a los representantes provinciales que integran bloques nacionales y consideró que muchas veces terminan priorizando las estrategias políticas de sus espacios antes que las necesidades específicas de Misiones.

Hay diputados que dicen representar a Misiones pero en realidad representan proyectos nacionales. Cuando llegan al Congreso terminan acompañando iniciativas pensadas para el centro del país, donde la frontera prácticamente no existe”, afirmó.

La agenda productiva como eje de gestión

Sobre la relación con el sector productivo, Arrúa sostuvo que el respaldo de empresarios y productores no puede construirse sobre promesas electorales sino sobre resultados concretos de gestión.

En ese marco mencionó distintas iniciativas impulsadas por el bloque de diputados misioneros que buscan reducir costos estructurales y mejorar la competitividad provincial.

Entre ellas destacó la continuidad del debate por la Zona Aduanera Especial para Misiones, la búsqueda de mecanismos regulatorios para recuperar rentabilidad en la cadena yerbatera mediante sistemas de trazabilidad y las gestiones ante el Gobierno nacional para extender los beneficios vinculados a la tarifa diferencial por zona cálida.

También mencionó proyectos destinados a eliminar el IVA sobre productos estratégicos para la economía provincial, como la fécula de mandioca y el agua potable, además de iniciativas orientadas a abaratar alimentos para personas celíacas mediante beneficios impositivos.

“Al sector productivo no se lo convence con promesas. Se lo convence mostrando gestión, resolviendo problemas concretos y llevando propuestas que mejoren las condiciones para producir en Misiones”, afirmó.

Salud y políticas sociales

El legislador también repasó algunas de las iniciativas parlamentarias que el bloque impulsa en materia sanitaria.

Entre ellas destacó un proyecto destinado a mejorar el acceso a trasplantes pediátricos, buscando facilitar los procesos de donación en casos infantiles para ampliar las posibilidades de quienes esperan órganos compatibles.

Asimismo señaló que trabajan en proyectos vinculados a enfermedades de alta complejidad y al reconocimiento de determinadas patologías como discapacidad, además de iniciativas destinadas a reducir el costo de los alimentos específicos para personas con enfermedad celíaca.

Según explicó, el criterio de trabajo legislativo del bloque prioriza las propuestas colectivas por encima de las iniciativas individuales.

“Nosotros no hablamos de proyectos personales. Son proyectos del bloque, construidos entre todos los diputados misioneros, con una agenda que surge de los problemas concretos de la provincia”, sostuvo.

Zona Aduanera Especial y asimetrías fronterizas

Uno de los puntos sobre los que Arrúa hizo mayor énfasis fue la necesidad de retomar el debate sobre la Zona Aduanera Especial para Misiones.

El diputado aseguró que el reciente esquema nacional de beneficios para tiendas duty free no resuelve los problemas estructurales del comercio provincial porque se limita a áreas puntuales y no contempla la condición fronteriza de todo el territorio.

Misiones no tiene un problema de una ciudad fronteriza; toda la provincia vive en un contexto de frontera. Una solución parcial puede incluso profundizar las desigualdades internas“, afirmó.

En ese sentido recordó que la provincia cuenta con 24 pasos internacionales habilitados y más de 1.400 kilómetros de frontera, características que, a su juicio, justifican un tratamiento económico diferencial permanente.

Para Arrúa, el desafío político consiste en instalar definitivamente una agenda federal que contemple las particularidades de las provincias periféricas y no reproduzca políticas diseñadas exclusivamente desde el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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La Corte interviene en una demanda de provincias por la eliminación del fondo de bosques

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió asumir competencia originaria en la demanda presentada por las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el Estado nacional por la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), dispuesta por el decreto 888/24. El tribunal corrió traslado al Gobierno para que responda en un plazo de 60 días, habilitando un conflicto de alto voltaje institucional.

El expediente introduce una tensión estructural: la disputa por recursos con asignación específica frente a la decisión del Ejecutivo de centralizarlos en el Tesoro. En juego no solo está la política ambiental, sino la arquitectura del federalismo fiscal.

Un fondo con anclaje legal y compromisos internacionales

El Fobosque fue creado por ley en 2018 como instrumento para financiar políticas de protección de bosques nativos, en línea con compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París. Su objetivo era canalizar recursos hacia provincias para tareas de conservación, restauración y manejo sostenible.

Las provincias sostienen que su disolución implica una transferencia indebida de fondos que, por ley, tienen asignación específica dentro del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), previsto en la ley 26.331.

El planteo judicial apunta a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del decreto, bajo el argumento de que vulnera normas legales y compromisos internacionales.

Judicialización de la política ambiental y financiera

La decisión de la Corte no resuelve el fondo del conflicto, pero altera el escenario: valida la vía judicial como canal de disputa entre Nación y provincias y abre la puerta a una eventual revisión del decreto.

Además, el tribunal dejó pendiente la evaluación de medidas cautelares solicitadas por las provincias —como la restitución de fondos— hasta que el Estado responda o venza el plazo otorgado.

El proceso también incorpora reclamos por transferencias no realizadas correspondientes a 2023 y 2024, lo que agrega una dimensión fiscal inmediata al conflicto.

El caso expone una tensión clásica del federalismo argentino: la administración de fondos con destino específico frente a decisiones centralizadas del Ejecutivo nacional.

Las provincias demandantes buscan preservar capacidad de ejecución sobre políticas ambientales y recursos asociados. El Gobierno, en cambio, avanzó con la disolución del fideicomiso, lo que implica un rediseño en la administración de esos fondos.

La intervención de la Corte coloca al Poder Judicial como árbitro de una disputa que trasciende lo ambiental y se inscribe en la puja por recursos.

Financiamiento en disputa y ejecución de políticas

El conflicto tiene efectos concretos sobre la economía de las provincias involucradas. Los fondos en discusión estaban destinados a financiar proyectos de conservación, lo que implica:

  • Recursos para actividades productivas sostenibles
  • Financiamiento para manejo de bosques
  • Transferencias directas a jurisdicciones

La eventual paralización o redireccionamiento de esos fondos puede afectar la ejecución de políticas públicas vinculadas al territorio.

Cautelares, respuesta del Estado y posible fallo de fondo

El proceso judicial entra ahora en una fase clave: la respuesta del Estado nacional y la eventual resolución de medidas cautelares. La Corte deberá evaluar si corresponde restituir fondos antes del fallo definitivo.

Las variables a seguir serán el alcance de la defensa del Gobierno, la posición de la Procuración y el eventual impacto de este caso en la relación fiscal entre Nación y provincias.

El conflicto ya está judicializado. Lo que resta definir es si se limita a un caso puntual o si reconfigura reglas más amplias sobre la gestión de recursos ambientales en Argentina.

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El Gobierno delega en provincias la concesión de rutas nacionales y redefine el esquema de poder vial

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El Gobierno avanzó con una reconfiguración concreta del mapa de poder sobre la infraestructura vial: a través del Decreto 253/2026, delegó en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales.

La decisión, formalizada el 16 de abril, introduce un cambio operativo relevante. Las provincias podrán licitar, adjudicar y firmar contratos con privados o entes públicos para la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas, aunque sin perder de vista un límite clave: el dominio y la jurisdicción siguen en manos del Estado nacional.

El movimiento se inscribe en una lógica más amplia de reorganización estatal y plantea una tensión de fondo: ¿se trata de un avance hacia un federalismo más dinámico o de una transferencia de responsabilidades sin cesión real de poder estructural?

Delegación sin pérdida de control

El decreto se apoya en la Ley 17.520 de concesiones de obra pública, el Decreto-Ley 505/58 sobre el sistema troncal y la Ley 27.742, que promueve la reorganización del Estado. Sobre ese entramado, el Ejecutivo construye una figura específica: delegación funcional, limitada, temporal y revocable.

No hay transferencia de activos ni de jurisdicción. Sí hay traslado de facultades clave: las provincias podrán diseñar pliegos, convocar licitaciones, seleccionar concesionarios y firmar contratos. En términos prácticos, pasan a ser concedentes.

Pero ese poder está condicionado. Cada proceso deberá pasar por convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, que evaluará la viabilidad técnica y económica, y por la aprobación de la Secretaría de Transporte. Además, el sistema mantiene auditoría y supervisión nacional.

El esquema fija plazos concretos. Las provincias tendrán un año para convocar licitaciones desde la aprobación del convenio y hasta 90 días hábiles para adjudicar y firmar contratos. Si no lo hacen, la delegación cae. Y aun cuando se concreten, los contratos no podrán superar los 30 años.

En paralelo, el decreto establece restricciones operativas: los ingresos por peaje no podrán financiar otras obras y los tramos no podrán integrarse en corredores que involucren distintas jurisdicciones. La lógica es segmentada, no sistémica.

Provincias empoderadas, Nación supervisora

La medida fortalece a los gobiernos provinciales en un terreno sensible: la infraestructura vial, clave para el desarrollo económico y la logística regional. Les otorga herramientas concretas para gestionar financiamiento, especialmente a través del sistema de peaje.

Al mismo tiempo, preserva el rol estratégico del Estado nacional. Retiene la titularidad, el control técnico y la capacidad de reasumir la gestión por razones de interés público. Es un equilibrio deliberado: descentralización operativa con centralización normativa.

En términos políticos, el decreto puede reordenar relaciones entre Nación y provincias. Aquellas que ya manifestaron interés —las nueve incluidas— pasan a tener un canal directo para intervenir en rutas nacionales. Otras jurisdicciones podrán sumarse, pero deberán solicitarlo formalmente.

También hay implicancias económicas. El esquema habilita nuevas concesiones y, con ellas, posibles inversiones privadas en infraestructura. Pero introduce una variable: cada provincia definirá condiciones económicas —como tarifas y plazos— dentro de parámetros generales. La homogeneidad del sistema podría tensionarse.

Ejecución, contratos y coordinación

El decreto abre un proceso más que cerrarlo. El primer paso será la firma de convenios con Vialidad Nacional, donde se definirán tramos específicos, condiciones y responsabilidades. Luego vendrán las licitaciones, con un plazo exigente de un año.

El foco estará en la capacidad de las provincias para estructurar proyectos viables, con financiamiento claro y equilibrio económico-financiero. También en la coordinación con el Estado nacional, que mantiene la supervisión y podrá intervenir si detecta desvíos o riesgos para el sistema vial.

En paralelo, queda latente una cuestión estructural: cómo impactará este esquema en la integración del sistema troncal nacional. La fragmentación en tramos gestionados por distintas jurisdicciones puede mejorar la respuesta local, pero exige coordinación para evitar asimetrías.

El decreto no modifica la titularidad de las rutas, pero sí altera quién toma decisiones cotidianas sobre ellas. Ese desplazamiento, aunque condicionado, reconfigura el mapa de poder en la obra pública.

Habrá que observar si la implementación consolida un modelo de gestión más ágil o si emergen tensiones entre niveles de gobierno, especialmente cuando entren en juego intereses económicos, tarifas y contratos de largo plazo.

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