Balance de fin de año: la mentira como política de gobierno
Al finalizar el año, el gobierno de Javier Milei intenta imponer un balance triunfalista basado en una narrativa cuidadosamente construida. Según el relato oficial, la Argentina estaba “al borde de la hiperinflación”, el ajuste era inevitable y la desaceleración posterior de los precios constituye un éxito incuestionable. Sin embargo, un análisis riguroso de los hechos muestra otra realidad: decisiones políticas concretas que agravaron la crisis social, una fuerte transferencia de ingresos y una estrategia sistemática de distorsión de la verdad para eludir responsabilidades.
La mentira no aparece como un desliz ocasional, sino como un método de gobierno.
Inflación: el pico fue una decisión política
Argentina no llegó a la hiperinflación en 2023 como dijo Milei. La inflación era muy elevada, sin duda, pero no existían las condiciones técnicas ni económicas que definen un proceso hiperinflacionario. Esa afirmación, repetida hasta el cansancio por Milei y su gabinete, cumplió una función política clara: exagerar la herencia para justificar un shock de ajuste sin precedentes.
El dato que el gobierno omite deliberadamente es central: el mayor salto inflacionario se produjo en diciembre de 2023, cuando Javier Milei ya había asumido la Presidencia. Ese mes, los precios se dispararon como consecuencia directa de una devaluación superior al 100%, combinada con la liberación de precios regulados y el inicio de los tarifazos. No fue una fatalidad heredada: fue una decisión política consciente, tomada en nombre del llamado “sinceramiento” económico.
El oficialismo incorporó luego ese pico inflacionario —provocado por sus propias medidas— al paquete de la “herencia recibida”, y se atribuyó como mérito la desaceleración posterior. Primero provocó el shock, después celebró la comparación contra el daño autoinfligido.
Desaceleración sin recuperación
Es cierto que la inflación se desaceleró con el correr de los meses. Pero esa desaceleración ocurrió sobre un piso social devastado. Los salarios reales, las jubilaciones y los ingresos populares quedaron muy por detrás del aumento de precios acumulado tras la devaluación inicial. La inflación bajó, pero el poder adquisitivo no se recuperó.
El ajuste operó fundamentalmente a través de la licuación de ingresos. Jubilados que perdieron capacidad de compra mes tras mes, trabajadores formales con paritarias a la baja, trabajadores informales directamente expulsados del consumo básico. La inflación dejó de correr, pero el daño ya estaba hecho.
Pobreza y empleo: el uso político de los números
El gobierno celebró cifras de pobreza en descenso, pero evita explicar cómo se construyen esos datos y qué esconden. La baja estadística no implica una mejora estructural de las condiciones de vida. El empleo no crece, cada vez se precariza más, con altos niveles de informalidad y salarios deprimidos. La pobreza por ingresos puede reducirse marginalmente, mientras se consolida una pobreza estructural más profunda, con menos derechos, menos protección social y mayor vulnerabilidad.
Una vez más, el patrón se repite: usar indicadores parciales para construir un relato de éxito, mientras se ignoran las consecuencias de largo plazo del ajuste. Y encima con una inflación que no logran controlar por más que “dibujen” los números.
El relato como sustituto de la gestión
La mentira como política de gobierno no se limita a la economía. Atraviesa la política exterior, donde se anuncian apoyos y alianzas que no se traducen en beneficios concretos; y el plano institucional, donde se desacredita sistemáticamente a periodistas, opositores, sindicatos y organizaciones sociales para deslegitimar cualquier crítica.
Gobernar, para Milei, parece reducirse a ganar la batalla del relato, no a resolver los problemas reales. Cuando los datos no convienen, se reinterpretan. Cuando las consecuencias son evidentes, se niegan. Cuando la responsabilidad es propia, se la adjudica al pasado.
Balance final
El balance de fin de año no admite ambigüedades: el gobierno de Javier Milei eligió mentir. Eligió falsear la herencia, ocultar el impacto de sus propias decisiones y presentar como éxito lo que en realidad fue una brutal transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados. La inflación de diciembre de 2023 no fue un accidente ni una fatalidad: fue el punto de partida deliberado de un programa que licuó salarios, jubilaciones y derechos.
La mentira dejó de ser un recurso discursivo para convertirse en arquitectura de gobierno. Se miente para justificar el ajuste, se miente para disciplinar socialmente, se miente para naturalizar el empobrecimiento y se miente para clausurar cualquier discusión democrática sobre alternativas posibles. El relato libertario no busca explicar la realidad: busca imponer resignación.
Frente a un gobierno que gobierna a fuerza de engaño, provocación y violencia simbólica, decir la verdad se vuelve un acto político. Nombrar las consecuencias del ajuste, señalar a los responsables y disputar el sentido común no es una cuestión retórica: es una tarea urgente. Porque cuando la mentira se institucionaliza, la democracia se vacía, y el costo lo paga —otra vez— el pueblo argentino.
