FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Tras el revés en Diputados, el Presupuesto 2026 avanza en el Senado en medio de tensiones

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Con los tiempos legislativos al límite y tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza consiguió dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. El proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto en los próximos días, en medio de negociaciones contrarreloj, advertencias de veto presidencial y un clima político enrarecido que condiciona la recta final del año parlamentario.

Luego del debut fallido de las sesiones extraordinarias en Diputados, el oficialismo aceleró en la Cámara alta. Este viernes, los libertarios y sus aliados sellaron el dictamen del Presupuesto 2026 en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ezequiel Atauche, dejando el texto en condiciones de ser llevado al recinto en un plazo estimado de siete días.

Dictamen exprés tras el revés en Diputados

El Presupuesto 2026 ingresó al Senado el jueves, luego de que en la Cámara baja la oposición lograra un triunfo inesperado: el rechazo del Capítulo XI del proyecto, votado entrada la madrugada. Ese tramo incluía, en su artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos normas que el Gobierno considera incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal.

Desde las 10 de la mañana, la comisión recibió a funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la iniciativa y su consistencia fiscal. Al igual que en Diputados, participaron Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

Tras las exposiciones, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen sin modificaciones, replicando el texto aprobado en general por Diputados, pese a las versiones que circularon desde la Casa Rosada sobre la posibilidad de vetar el Presupuesto si se sanciona sin el capítulo rechazado.

Estrategia parlamentaria y negociaciones contrarreloj

Con el calendario en contra, el oficialismo evalúa distintas alternativas legislativas. El 31 de diciembre es la fecha límite: si el Congreso no sanciona el Presupuesto, el presidente Javier Milei deberá reconducirlo por tercer año consecutivo, una situación que el Gobierno busca evitar.

Según trascendió, una de las estrategias es llevar el proyecto al recinto tal como llegó desde Diputados, mientras se negocian cambios con senadores aliados. En ese esquema, el oficialismo apunta a reunir 44 votos, aunque no descarta apoyos puntuales de senadores del interbloque Popular, que conduce José Mayans, donde conviven legisladores cuyos gobernadores mantienen vínculos con la Casa Rosada.

Las negociaciones giran en torno a una posible reincorporación del Capítulo XI, con la duda abierta sobre si incluiría nuevamente el artículo 75. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Allí, la Cámara baja deberá optar entre insistir con su versión original o aceptar la redacción del Senado. Por ahora, se menciona una sesión tentativa para el 29, mientras que en la Cámara alta se evalúa sesionar el viernes 26.

Qué contenía el Capítulo XI rechazado

El rechazo del Capítulo XI no solo implicó la caída de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, sino también de otras disposiciones relevantes desde el punto de vista fiscal e institucional.

Ese tramo del proyecto incluía la derogación del régimen de subsidios para las denominadas zonas frías, la eliminación de la actualización automática por IPC de las asignaciones familiares y, en paralelo, la prórroga de la Emergencia del Hospital Garrahan.

Durante el debate en Diputados, el oficialismo incorporó además dos artículos sensibles: la transferencia del 1,55% de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en línea con lo establecido por la Corte Suprema tras la disputa por los fondos vinculados al traspaso de las fuerzas de seguridad, y un incremento de partidas para el Poder Judicial.

Estos agregados, introducidos en la madrugada, funcionaron como un intento de sumar voluntades y evitar el naufragio del capítulo. La maniobra, sin embargo, no alcanzó: el Capítulo XI fue rechazado y se convirtió en el principal foco de tensión del Presupuesto 2026.

Un clima político enrarecido en la Cámara alta

El avance del Presupuesto se da en un contexto de creciente desconfianza política. A la advertencia presidencial de vetar la ley si no garantiza el equilibrio fiscal, se suma la decisión de Patricia Bullrich de postergar para febrero el debate de la Reforma Laboral, con el objetivo de evitar una eventual derrota parlamentaria.

También pesa en el Senado el malestar de los aliados por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la Auditoría General de la Nación (AGN) en Diputados, un movimiento que tensó las relaciones internas y condiciona el clima en la Cámara alta.

Con este telón de fondo, el Presupuesto 2026 avanza, pero lo hace en un terreno inestable. La próxima semana será decisiva para definir si el oficialismo logra sancionar la ley, introducir cambios de fondo o enfrentar un nuevo escenario de prórroga presupuestaria.

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Cayó el capítulo fiscal del Presupuesto y desde Casa Rosada advierten que el texto “no sirve”

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Presupuesto 2026: el Gobierno advierte que la media sanción “vulnera el déficit cero” y evalúa frenar o vetar el proyecto

El Gobierno nacional considera que el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados ya no le sirve porque, tras el rechazo del Capítulo XI, pone en riesgo el objetivo de déficit cero. En la Casa Rosada sostienen que la eliminación de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario fuerza al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, escenario que el oficialismo califica de inaceptable. Ante ese cuadro, evalúan demorar el envío al Senado, reabrir la discusión o incluso vetar la ley.

El punto de quiebre fiscal: cayó el capítulo clave del Presupuesto

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, con 132 votos afirmativos en la votación general. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI, considerado central por el Poder Ejecutivo, que incluía la derogación de normas que el Gobierno juzga incompatibles con el ahorro fiscal.

Ese capítulo fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones, tras una estrategia parlamentaria que buscó votar por capítulos —y no por artículos— para blindar el paquete fiscal. La apuesta no prosperó y dejó al Ejecutivo con un texto que, según fuentes oficiales, “vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”.

Para la administración nacional, el debate excede lo técnico: es político y económico. Déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. En esa lectura, mantener vigentes las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario genera obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit. Desde la Casa Rosada lo sintetizan con una cifra: “Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”.

Estrategias en evaluación: demorar, reescribir o vetar

Con el texto que se enviaría al Senado, el Gobierno cree que queda forzado a administrar sin superávit, algo que rechaza de plano. Por eso, en los despachos oficiales se analizan alternativas:

Demorar el envío al Senado y ganar tiempo para intentar un reordenamiento de prioridades legislativas, incluso priorizando la Modernización Laboral.

Reabrir la redacción para reincorporar el Capítulo XI, lo que implicaría que el proyecto vuelva a Diputados, aunque el oficialismo no tiene los números para insistir con su versión.

Vetar el Presupuesto, opción que gana terreno ante los incentivos de los bloques opositores para que la ley salga tal como está.

En paralelo, el Ejecutivo recuerda que, pese a fallos judiciales, no está aplicando fondos de las leyes cuestionadas al amparo de la falta de partidas presupuestarias. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten. En ese marco, en el oficialismo ven con mejores ojos sostener en 2026 un manejo discrecional de las partidas por parte de Hacienda: “Va a tener que seguir armando el Excel”, ironizan.

Gobernadores, votos y el nuevo mapa político

El rechazo del capítulo fiscal profundizó tensiones con gobernadores. En el Gobierno señalan a mandatarios de la oposición dialoguista que habían anticipado el voto en contra, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero el mayor impacto político provino de dos cambios de última hora que sorprendieron a los negociadores oficiales: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). En el caso chaqueño, la decisión llamó la atención porque había sido aliado electoral de LLA en octubre; en Neuquén, por una relación previa cordial con los libertarios.

La sesión también marcó un hito institucional: es la primera media sanción presupuestaria que consigue el oficialismo y el debut de la nueva composición de la Cámara, donde LLA cuenta con 95 bancas y es primera minoría. Aun así, el resultado dejó al Gobierno ante una disyuntiva compleja: avanzar con un Presupuesto que no cumple su ancla fiscal o bloquearlo para preservar el mandato de superávit.

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Presupuesto: LLA consiguió dictamen en Diputados

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El proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional 2026, enviado por el presidente Javier Milei, obtuvo este martes dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, habilitando su tratamiento en el recinto. El avance del oficialismo estuvo marcado por la incorporación de la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, una decisión que reavivó tensiones políticas e institucionales y motivó disidencias parciales, incluso entre aliados.

La reunión fue presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, y culminó con un despacho que reunió 28 firmas, seis de ellas en disidencia, provenientes de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo. En contraposición, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Unidos impulsó un tercer despacho con tres rúbricas.

El artículo 75 y la derogación de leyes sensibles

El punto más controvertido del dictamen de mayoría quedó plasmado en el artículo 75, que dispone la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la emergencia en Discapacidad y al financiamiento universitario, normas que habían sido impulsadas por la oposición y sancionadas tras vetos presidenciales.

Si bien el Poder Ejecutivo había mantenido estas leyes sin aplicación efectiva, su derogación explícita en el texto presupuestario introdujo un fuerte componente político al debate. Desde el oficialismo se sostuvo que la medida busca ordenar el esquema normativo y fiscal, mientras que sectores opositores y aliados críticos advirtieron sobre el impacto institucional y social de eliminar marcos de emergencia vinculados a derechos básicos.

En este contexto, se destacó la disidencia parcial del bloque misionero, integrada por Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, quienes acompañaron el objetivo general del Presupuesto pero rechazaron expresamente el artículo 75. En su fundamentación, señalaron que “derogar las leyes 27.793 y 27.795 es un error” y reclamaron mantener la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Desde nuestro espacio político siempre defendemos y resguardamos a nuestros discapacitados y a la educación pública”, afirmaron, al tiempo que solicitaron la eliminación del artículo 75 del dictamen de mayoría.

Proyecciones macroeconómicas y diferencias con el FMI

El Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo proyecta un escenario de fuerte recuperación macroeconómica. Según el texto, la economía crecería 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar en diciembre de 2026. En el frente externo, se prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.

En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2% del PBI, una vez computados los intereses de la deuda. Estas proyecciones, sin embargo, difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 anticipa un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.

La brecha entre ambas miradas vuelve a poner en el centro del debate la consistencia de las proyecciones oficiales y su impacto sobre la credibilidad del programa económico, especialmente en un año clave para la consolidación fiscal y la relación con los organismos internacionales.

Energía, combustibles y tensiones federales

El dictamen de mayoría también incorpora medidas relevantes en materia energética. Entre ellas, un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo declarado es compensar picos de demanda no cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.

Además, el texto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable, reforzando un esquema de incentivos de largo plazo para el sector, y mantiene la derogación de las metas de financiamiento mínimo para educación, ciencia y defensa.

Otro cambio significativo aparece en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras, donde se reemplaza la obligación del Estado de “determinar” diferencias de ingresos por la posibilidad de que “podrá determinar” dichas diferencias, una redacción que flexibiliza la responsabilidad estatal.

En paralelo, una de las disidencias del PRO incorporó un reclamo específico por la deuda de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exige el pago de $274.000 millones y la inclusión en el Presupuesto 2026 de una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, conforme a un fallo favorable de la Corte Suprema.

Un debate abierto en el recinto

Con el dictamen de mayoría firmado, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, donde se anticipa un debate intenso. La derogación de las emergencias en Discapacidad y Universidad, las proyecciones macroeconómicas, el esquema energético y las tensiones federales configuran un escenario de alta sensibilidad política.

El Presupuesto 2026 se presenta así como algo más que una ley de gastos y recursos: se convierte en una pieza central del programa económico e institucional del Gobierno, con impactos directos sobre derechos sociales, la estructura productiva y la relación entre Nación y provincias.

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Autonomía escolar, homeschooling y ENES: así es la reforma educativa que impulsa el Gobierno

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Milei avanza con una reforma educativa estructural. Autonomía escolar, examen final obligatorio y homeschool formalizado

El Gobierno presentó el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una reforma integral que deroga la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y redefine la gobernanza, el financiamiento y los contenidos del sistema educativo. La iniciativa incorpora vouchers, homeschooling, autonomía curricular, educación como servicio esencial y un examen nacional de finalización de secundaria.

Un cambio de paradigma: fin de la Ley 26.206 y nuevo modelo centrado en la libertad educativa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó la presentación del proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, un paquete de 169 artículos que reestructura por completo el sistema educativo argentino, vigente desde 2006. La iniciativa incluye vouchers educativos, la educación en el hogar, un nuevo esquema de financiamiento universitario, la declaración de la educación básica como servicio esencial, y una fuerte ampliación de la autonomía escolar.

El proyecto retoma lineamientos del capítulo educativo de la primera Ley Bases, redactado por Federico Sturzenegger, y las conclusiones del Consejo de Mayo, que trabajó durante los últimos meses en una revisión institucional del sistema. El informe final afirma que “el factor principal de nuestra decadencia reside en los graves déficits de autonomía, libertad y rendición de cuentas”.

A diferencia del borrador filtrado semanas atrás, la versión oficial descarta la incorporación optativa de “enseñanza religiosa confesional” en escuelas públicas.

Autonomía escolar, familias protagonistas y nuevas formas de escolarización

Escuelas con mayor autogestión pedagógica y administrativa

El artículo 44 otorga a las instituciones estatales la capacidad de definir planes de estudio, métodos de enseñanza, organización interna, criterios disciplinarios, administración de recursos y selección del personal docente, sujeto a ratificación provincial.
Cada escuela podrá formular su propio calendario escolar y un plan de estudios institucional, con aprobación provincial y nacional.

Los contenidos mínimos nacionales funcionarán como un piso de formación común. El proyecto define 540 horas anuales para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, por debajo del acuerdo alcanzado en 2024 por el Consejo Federal de Educación.

El texto también declara la educación básica como servicio esencial, por lo que ante medidas de fuerza deberá garantizarse la “continuidad mínima del servicio educativo”.

Participación central de las familias

La reforma establece que la familia es “el agente natural y primario de la educación de los hijos” e incorpora Consejos de padres en escuelas estatales, con participación en la elección y remoción del equipo directivo. Derecho a acceder a la información educativa completa de sus hijos. Acceso a datos desagregados por escuela en evaluaciones nacionales, modificando el actual artículo 97 de la LEN. Herramientas de financiamiento directo a las familias: vales, bonos, becas, créditos fiscales y otros.

Homeschooling y educación en entornos virtuales

El proyecto formaliza la educación en el hogar, inscribiéndola dentro de las “formas alternativas de enseñanza”. Cada provincia deberá registrar a los estudiantes bajo este formato, aunque “sin controles invasivos de la vida familiar”.

Los alumnos deberán acreditar aprendizajes mediante evaluaciones estandarizadas, que podrán rendirse en cualquier escuela.

También se habilita la educación virtual o híbrida, incluso a través de instituciones extranjeras.

El proyecto mantiene las ocho modalidades educativas actuales: educación especial, rural, intercultural bilingüe, técnica profesional, domiciliaria y hospitalaria, artística, para adultos y en contextos de encierro.

Evaluación, examen nacional de secundaria y carrera docente

Sistema de evaluación reforzado

La iniciativa sostiene las evaluaciones nacionales (Aprender), que incluirán: desempeño escolar, desempeño docente, y desempeño directivo.

El proyecto habilita evaluaciones censales y muestrales, sin periodicidad definida, pero con un criterio clave: la información podrá publicarse por escuela.

Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES)

Una de las principales novedades es la creación del ENES, definido como una evaluación individual voluntaria al finalizar la secundaria. El examen integrará contenidos de: Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades

El objetivo es que estudiantes, familias, instituciones superiores y empleadores “posean una percepción más realista de su situación educativa al concluir los estudios obligatorios”.

Nueva carrera docente

El proyecto crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que reemplazará al INFoD.

Define que la estabilidad está vinculada al desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional.
Habrá evaluaciones obligatorias cada cuatro años como máximo, que considerarán: competencias pedagógicas, métodos de enseñanza, resultados de aprendizaje de los estudiantes, y trayectoria de formación.

Financiamiento educativo y reforma universitaria

Eliminación de la meta del 6% del PBI

El proyecto elimina el piso del 6% del PBI para educación, ya anticipado en el Presupuesto 2026.
Las provincias serán responsables del financiamiento de la educación básica, mientras que Nación se limitará a financiar acciones de política educativa nacional.

Financiamiento por la demanda y vouchers

El sistema incorpora asignaciones directas a familias y estudiantes, mediante: vales, bonos, becas, créditos fiscales y otros mecanismos equivalentes.

Estas herramientas buscan que “la libertad de elección no dependa del nivel de ingresos”.

Reforma del financiamiento universitario

La asignación presupuestaria se distribuirá bajo tres criterios: 75%: cantidad de estudiantes regulares (mínimo dos materias aprobadas por año), carga típica de estudio y diferencias de costos entre carreras. 20%: desempeño institucional (egresados, investigación, extensión). 5%: programas específicos sujetos a contratos-programa con metas verificables.

El proyecto refuerza las exigencias de auditoría interna y externa, con competencias concurrentes de la Auditoría General de la Nación, SIGEN y el Ministerio de Capital Humano.

Tensiones, debates y actores involucrados

La reforma implica una transformación institucional profunda. Entre los sectores previsiblemente afectados:

Sindicatos docentes

La declaración de servicio esencial tensionará los mecanismos de huelga.

La evaluación docente periódica y la ampliación de facultades de los directivos reducirá la influencia sindical en los nombramientos.

Gobiernos provinciales

Ganan autonomía curricular, pero pierden el respaldo del piso del 6% del PBI.

Deben crear registros de homeschooling y aprobar planes de estudio institucionales.

Universidades

Deberán adaptarse a un esquema de financiamiento por desempeño y controles más estrictos.

Familias

Se convierten en actores institucionales con voz en la gobernanza interna de las escuelas.

Acceden a mecanismos de financiamiento directo.

Escuelas estatales

Asumen una agenda más cercana al modelo de gestión de escuelas privadas.

Ganan autonomía, pero enfrentan mayor obligación de rendición de cuentas.

La reforma propone un cambio de raíz en el sistema educativo argentino, que derivará en un intenso debate parlamentario y sectorial durante los próximos meses.

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Tras el rechazo a los vetos, el Gobierno oficializó las leyes clave para salud y educación, pero frenó su aplicación hasta nuevo presupuesto

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El Gobierno promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso asigne fondos

La decisión impacta sobre dos normas claves que habían sido impulsadas por el Congreso para reforzar el sistema de salud infantil y las universidades públicas. El Ejecutivo alega falta de recursos y advierte un costo fiscal combinado superior a los 1,4 billones de pesos.

Promulgación con suspensión: dos leyes sancionadas, pero sin ejecución inmediata

En la madrugada de este martes, el Gobierno nacional promulgó formalmente dos leyes emblemáticas —la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario y la Ley N° 27.796 de Emergencia Sanitaria Pediátrica—, pero dispuso la suspensión de su aplicación hasta que el Congreso de la Nación defina fuentes de financiamiento específicas en el Presupuesto Nacional.

Ambas medidas quedaron oficializadas a través de los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, en los que el Poder Ejecutivo justifica la decisión en función del impacto fiscal que implicarían las nuevas obligaciones.

“El Congreso no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156”, señala el texto oficial.

La situación replica lo ocurrido semanas atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que también fue promulgada pero suspendida en su ejecución por motivos presupuestarios.

Financiamiento universitario: impacto fiscal y ajuste automático por inflación

La Ley N° 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, incluyendo actualizaciones automáticas por inflación, recomposición salarial del personal docente y no docente, y actualización de becas estudiantiles.

El texto prevé que los gastos de funcionamiento universitario se ajusten bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Según el decreto, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variación acumulada del IPC fue del 34,89%, lo que implicaría un costo adicional de $123.358 millones para el ejercicio vigente.

El Gobierno proyecta que el costo total de la ley ascendería a $1,06 billones en 2025 y $2,0 billones en 2026, cifras consideradas incompatibles con la actual política de equilibrio fiscal.

En el plano salarial, la ley establece que los sueldos del personal universitario deberán actualizarse en un porcentaje no inferior al IPC acumulado entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma. Según los cálculos oficiales, la inflación acumulada fue de 220,45%, mientras que las remuneraciones crecieron un 128,49%, lo que obliga a un ajuste adicional del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Además, la incorporación de sumas no remunerativas a los básicos implicaría un aumento adicional del 37,55% para el personal no docente, con un costo fiscal estimado de $178.984 millones en 2025 y $490.459 millones en 2026.

La norma también dispone la actualización automática de los programas de becas: el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano demandaría $72.840 millones adicionales, y el Programa Progresar, otros $76.614 millones.

“Sin financiamiento específico, su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran esfuerzo por la sociedad argentina”, advierte el Decreto 759/2025.

Emergencia pediátrica: alerta sanitaria y restricción presupuestaria

La Ley N° 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año, con el objetivo de garantizar el acceso a la atención infantil, reforzar hospitales públicos —como el Hospital Garrahan, símbolo del sistema pediátrico nacional—, y asegurar insumos, infraestructura y personal especializado.

Entre sus medidas principales, la norma prevé:

  • Asignación prioritaria de recursos para medicamentos, vacunas y equipamiento.
  • Recomposición inmediata de salarios del personal de salud infantil.
  • Exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras y guardias.

Sin embargo, el Decreto 760/2025 calcula que el costo fiscal de la ley alcanzaría $196.270 millones, superando la capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, que ya arrastra un déficit operativo de $102.400 millones.

La reasignación requerida, según el Gobierno, equivaldría al 30% de los subsidios destinados a medicamentos y tecnología sanitaria y al 60% del presupuesto de programas de prevención como VIH/Sida.

Por estos motivos, el Ejecutivo resolvió postergar la aplicación hasta contar con una asignación presupuestaria específica en la próxima ley de Presupuesto.

“Sin fuentes claras de financiamiento, la ejecución de la ley podría derivar en el deterioro del propio sistema que busca proteger”, sostiene el decreto.

Un conflicto institucional que se traslada al Congreso

Ambas leyes fueron sancionadas tras el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales, lo que evidenció una tensión política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre las prioridades del gasto público.

El oficialismo insiste en que las normas, tal como están planteadas, afectan el equilibrio fiscal y podrían provocar un efecto inflacionario por el incremento del gasto corriente.
Desde la oposición, en cambio, sostienen que la suspensión viola la voluntad del Congreso y pone en riesgo derechos esenciales vinculados con la educación pública y la salud infantil.

El debate promete reabrirse durante la discusión del Presupuesto 2026, donde deberán definirse las partidas específicas que permitan implementar ambas leyes sin comprometer el plan de consolidación fiscal del Gobierno.

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