FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Gisela Spasiuk: “No somos ni adoctrinadores ni terroristas, somos docentes comprometidos”

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La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) atraviesa un escenario de tensión presupuestaria y dificultades crecientes para sostener la permanencia de sus estudiantes, pero mantiene abierta una agenda de expansión académica y nuevas propuestas de formación. En ese contexto, la vicerrectora Gisela Spasiuk cuestionó los recientes cuestionamientos del presidente Javier Milei contra las universidades y el Conicet y sostuvo que detrás de esas declaraciones existe un “acto sistemático” contra el sistema universitario nacional.

“La estrategia de Gramsci de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, de tomar la cultura, de tomar el Estado pasó a una etapa 2.0, entonces se le meten como estudiantes, como profesores, se le meten como investigadores. […] Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores”, enumeró Milei.

En contraste, la vicerrectora de la UNaM,, respondió que “no somos ni adoctrinadores ni terroristas, somos docentes comprometidos con una educación integral cívica y critica“.

“Como comunidad de la universidad, como autoridad, claramente es un acto sistemático en donde quieren que el sistema universitario nacional deje de existir”, afirmó Spasiuk. La vicerrectora planteó que los cuestionamientos alcanzan a docentes y estudiantes y consideró que el conflicto de fondo está vinculado con el papel de la universidad en la formación del pensamiento crítico.

“Si hay algo que sigue bien vivo adentro del sistema universitario es la posibilidad de la formación integral del pensamiento crítico y creo que es contra eso por lo que vienen”, sostuvo. Frente a ese escenario, aseguró que la comunidad universitaria continuará defendiendo la educación pública y remarcó el acompañamiento de estudiantes, docentes y demás integrantes de la institución.

La discusión también alcanza al concepto de adoctrinamiento que el Gobierno nacional utiliza para cuestionar a las universidades públicas. Spasiuk reivindicó la libertad de cátedra y sostuvo que la formación universitaria permite abordar un mismo tema desde diferentes perspectivas, para que cada estudiante construya su propio posicionamiento y esquema de valores.

En esa mirada, la universidad no se limita a formar profesionales. “La universidad pública forma además de profesionales, ciudadanos también”, señaló la vicerrectora, al destacar el papel de la institución en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo de la ciencia pública y nacional.

Spasiuk puso el foco, además, en una característica que considera distintiva del sistema universitario argentino: la posibilidad de ampliar el horizonte social de jóvenes que, sin la universidad pública, tendrían mayores dificultades para acceder a una formación superior.

“La universidad pública sigue siendo ese espacio construido históricamente que es muy de nuestro país. No existen otros lugares del mundo que facilita que cualquier hijo de un obrero pueda acceder a un título universitario”, expresó. Para la vicerrectora, esa posibilidad tiene un impacto que excede la obtención de un título y se proyecta sobre las condiciones futuras de las familias y de la sociedad.

Financiamiento: el reclamo por el cumplimiento de la ley

En materia presupuestaria, Spasiuk señaló que la UNaM espera que el Gobierno nacional anuncie el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de la ratificación legislativa a la que hizo referencia durante la entrevista.

La autoridad universitaria explicó que, más allá de los acuerdos salariales parciales alcanzados, la institución espera que se concrete el cumplimiento “total y efectivo” de la norma. En paralelo, indicó que existen acciones colectivas junto con los gremios y gestiones desde el Consejo Interuniversitario para insistir con ese reclamo.

El financiamiento aparece así como una de las variables centrales para sostener no solamente los salarios, sino también las políticas que permiten que los estudiantes permanezcan dentro del sistema. En la UNaM, esa discusión se encuentra atravesada por el deterioro de las condiciones económicas de una parte de su comunidad estudiantil.

La crisis golpea la permanencia de los estudiantes

Spasiuk aclaró que los problemas de permanencia y egreso no son nuevos ni pueden atribuirse exclusivamente a la actual administración nacional. Sin embargo, sostuvo que las dificultades vinculadas con las condiciones de vida se profundizaron durante los últimos años.

Uno de los indicadores que mencionó es el crecimiento de la demanda de albergues universitarios, especialmente relevante para estudiantes provenientes del interior de Misiones que necesitan sostenerse en Posadas durante su formación.

La vicerrectora reconoció que la situación presupuestaria limita la posibilidad de ampliar los cupos de alojamiento pese al aumento de la demanda. El problema se suma a otras dificultades que atraviesan los estudiantes para sostener la cursada.

La UNaM mantiene, con esfuerzo de sus facultades, el funcionamiento de los comedores universitarios en cinco de sus seis facultades y una escuela. Spasiuk también destacó el sistema de becas y puso en valor el Boleto Educativo Gratuito implementado en Misiones como una herramienta que facilita la permanencia y que, según señaló, no está disponible de la misma manera en otras provincias.

Pero las restricciones económicas también se reflejan directamente en las trayectorias académicas. Según describió, algunos estudiantes cursan menos materias, abandonan determinadas asignaturas o deben incorporarse al mercado laboral para sostener sus estudios.

“Muchos se ven obligados a trabajar y muchos trabajan en condiciones sumamente precarias”, advirtió.

Ese punto transforma al financiamiento universitario en una discusión que excede las cuentas de una institución. Para la UNaM, sostener servicios como becas, comedor, alojamiento y mecanismos de accesibilidad puede convertirse en una herramienta concreta para evitar que la situación económica determine quién puede continuar una carrera y quién debe abandonarla.

Nuevas carreras para responder a la demanda regional

A pesar de las restricciones, la universidad mantiene una política de expansión de su oferta académica. Spasiuk destacó que se están desarrollando nuevas carreras en Oberá y Eldorado y que también avanzan propuestas de formación a distancia, entre ellas tecnicaturas vinculadas con la Facultad de Ciencias Forestales.

La estrategia apunta a responder a nuevas demandas de la sociedad y del mercado laboral, pero también a ampliar las posibilidades de acceso territorial. La universidad combina para ello la expansión de sus propuestas en distintas localidades con el crecimiento de las modalidades a distancia.

“Genera otro tipo de accesibilidad”, explicó Spasiuk al referirse a la educación virtual. No obstante, remarcó que la modalidad a distancia también presenta sus propios desafíos y no constituye una solución automática para todos los estudiantes.

La UNaM sostiene además un programa de expansión territorial mediante articulaciones con municipios e intendencias. El objetivo es acercar las oportunidades de formación superior a estudiantes que encuentran dificultades para trasladarse o radicarse en Posadas.

El desafío, en este punto, es doble: ampliar la oferta académica para acompañar las transformaciones productivas y sociales de Misiones y, al mismo tiempo, garantizar que esa oferta sea accesible para quienes tienen mayores dificultades económicas.

Una universidad que busca sostenerse en medio de la crisis

La entrevista con Spasiuk expone una tensión que atraviesa actualmente a la Universidad Nacional de Misiones. Por un lado, la institución enfrenta restricciones presupuestarias, mayores dificultades de permanencia y una demanda creciente de herramientas de asistencia. Por otro, mantiene una estrategia de expansión académica y territorial para responder a las necesidades de la provincia.

La cuestión central, desde esta perspectiva, no se reduce a la discusión política sobre el rol de las universidades. Tiene una dimensión económica concreta: cuando un estudiante debe trabajar más horas, reducir materias, abandonar asignaturas o enfrentar dificultades para acceder a alojamiento y alimentación, la crisis presupuestaria puede terminar convirtiéndose en una barrera de acceso y permanencia.

Frente a ese escenario, la respuesta institucional que plantea la UNaM combina financiamiento, políticas de bienestar estudiantil, expansión territorial y nuevas modalidades de enseñanza. El objetivo es sostener la universidad pública como una herramienta de movilidad social y, simultáneamente, adecuar su oferta a las demandas de una economía regional que requiere nuevas capacidades profesionales.

Spasiuk sintetizó esa posición al señalar que, pese al “agobio” que atribuye al actual contexto, la universidad continúa apostando por nuevas propuestas. “Todas las carreras que hemos creado son carreras novedosas que responden a lo que el mercado y sobre todo la sociedad y los tiempos nos están pidiendo”, afirmó.

En Misiones, la discusión sobre la universidad pública queda así ligada a una pregunta de impacto social: cómo sostener el derecho a estudiar cuando las condiciones económicas empujan a una parte de los jóvenes a trabajar en empleos precarios. La respuesta no pasa solamente por abrir nuevas carreras, sino por garantizar que quienes ingresan tengan condiciones reales para permanecer, avanzar y finalmente graduarse.

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La Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno en la causa por el financiamiento universitario

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación le asestó un nuevo revés procesal al Gobierno nacional en el conflicto judicial por el financiamiento de las universidades públicas. El máximo tribunal rechazó la queja presentada por el Poder Ejecutivo en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades contra el Estado Nacional por el Decreto 759/25, al considerar que el recurso extraordinario no cumplía con uno de los requisitos esenciales para su tratamiento: no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable.

La decisión no implica una resolución sobre el fondo de la controversia, pero sí constituye un límite procesal para la estrategia judicial impulsada por la administración de Javier Milei en uno de los conflictos institucionales más relevantes abiertos con el sistema universitario desde el inicio de su gestión.

En la resolución firmada este jueves, la Corte sostuvo que el recurso extraordinario cuya denegación parcial originó la presentación directa no satisfacía las exigencias previstas en el artículo 14 de la Ley 48, que restringe la intervención extraordinaria del máximo tribunal a decisiones definitivas o asimilables por sus efectos.

De esta manera, los jueces desestimaron la queja promovida por el Poder Ejecutivo Nacional, que interviene en el expediente a través del Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, en su carácter de demandado.

La resolución también rechazó un pedido de excusación formulado dentro del mismo expediente. En ese punto, el Tribunal remitió a lo resuelto previamente el pasado 4 de junio de 2026, cuando había rechazado un incidente de recusación con causa presentado en el marco de la misma controversia judicial.

Además del rechazo procesal, la Corte intimó al Estado nacional para que haga efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ese pago había sido diferido conforme a la Acordada 47/91 y deberá concretarse en el ejercicio financiero correspondiente.

El expediente se originó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 y posteriormente fue revisado por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, instancia desde la cual el Gobierno intentó llegar al máximo tribunal mediante un recurso extraordinario.

El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y el sistema universitario. La discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas derivó en múltiples presentaciones judiciales luego de la implementación del Decreto 759/25 y de los cambios impulsados por el Ejecutivo en la asignación de recursos para la educación superior.

Si bien la Corte no ingresó a analizar la constitucionalidad del decreto ni el planteo de fondo realizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la decisión mantiene vigente la tramitación de la causa en las instancias inferiores y posterga cualquier revisión extraordinaria hasta que exista una resolución definitiva sobre el conflicto.

Desde el punto de vista jurídico, el fallo reafirma un criterio reiterado por el máximo tribunal: la vía extraordinaria no puede utilizarse para revisar resoluciones interlocutorias o decisiones procesales que no pongan fin al litigio. En consecuencia, el Gobierno deberá continuar litigando el expediente en las instancias ordinarias antes de intentar nuevamente una revisión por parte de la Corte Suprema.

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El Gobierno acuerda con universidades: aumento, más fondos y alivio tras más de dos años de conflicto

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Después de más de dos años de conflicto, marchas, paros y reclamos por financiamiento, el Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con las universidades públicas que busca comenzar a recomponer una de las áreas más golpeadas por el ajuste fiscal aplicado desde fines de 2023. Sin embargo, la Conaduh histórica todavía no firmó el acuerdo y convocó a sus bases para tomar una decisión.

El entendimiento fue firmado entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones docentes y no docentes. Incluye una recomposición salarial del 24,33%, una actualización de los gastos de funcionamiento, más recursos para hospitales universitarios y un incremento de las Becas Manuel Belgrano.

La mejora salarial se aplicará en dos etapas. Un 21,33% se abonará en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026. El 3% restante se incorporará en octubre sobre los haberes de septiembre. El acuerdo también establece una nueva mesa de negociación para el 15 de septiembre, cuando se discutirán los aumentos correspondientes al siguiente trimestre.

Además de la cuestión salarial, el Gobierno se comprometió a actualizar un 20% los fondos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales a partir de junio. También destinará $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios durante 2026, monto que se suma a los $80.000 millones ya previstos para esos centros de salud.

Otro de los puntos destacados es la actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano, una herramienta clave para sostener la permanencia de estudiantes en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Sin embargo, desde los gremios universitarios aclararon que el acuerdo no implica el cierre del conflicto ni la recuperación total del salario perdido durante los últimos años.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, quien participó de las negociaciones, explicó que la recomposición acordada permite recuperar la pérdida generada por la diferencia entre los aumentos otorgados por el Gobierno durante 2025 y 2026 y la inflación acumulada en ese período.

Además, el incremento incorpora una recuperación parcial de lo perdido durante 2024. Según los negociadores sindicales, representa aproximadamente un 7% de la pérdida salarial acumulada durante aquel año.

Por eso, las federaciones remarcan que la discusión sigue abierta. La comunidad universitaria mantiene el reclamo por la recuperación completa del poder adquisitivo deteriorado durante la etapa más crítica del ajuste presupuestario.

La firma del acuerdo llega luego de un prolongado conflicto que tuvo como eje la Ley de Financiamiento Universitario, la caída de los salarios y la reducción de recursos para el sistema. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios universitarios aumentaron 178%, mientras que la inflación acumuló 293%, generando una pérdida real cercana al 29%, con momentos en los que la caída superó el 33%.

El deterioro tuvo consecuencias concretas. Según datos del CIN, más de 10.000 profesionales abandonaron sus cargos durante ese período. Al mismo tiempo, la participación del presupuesto universitario en el Producto Bruto Interno cayó del 0,72% en 2023 al 0,47% proyectado para 2026.

Para las organizaciones sindicales, el acuerdo constituye un avance significativo, aunque insuficiente para cerrar la discusión. También lo interpretan como el resultado de la movilización sostenida de docentes, no docentes, estudiantes y amplios sectores de la sociedad que respaldaron el reclamo en defensa de la universidad pública.

La próxima negociación de septiembre será clave. Allí se definirá no solo la actualización salarial para el último trimestre del año, sino también el ritmo de recuperación de una pérdida de ingresos que continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema universitario argentino.

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El Gobierno busca desactivar el conflicto universitario antes del fallo de la Corte

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La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en una etapa decisiva. Mientras la Corte Suprema analiza la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Casa Rosada acelera negociaciones para alcanzar un acuerdo político y presupuestario que permita cerrar el conflicto antes de una eventual sentencia adversa.

La preocupación del Ejecutivo no es menor. En caso de que el máximo tribunal falle a favor de las universidades, el Estado nacional debería afrontar un desembolso estimado en 2,5 billones de pesos, una cifra que impactaría de lleno sobre el equilibrio fiscal que el gobierno de Javier Milei considera el principal activo de su programa económico.

Por esa razón, la administración nacional evalúa convocar en los próximos días a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una negociación integral que abarque salarios docentes, becas estudiantiles, financiamiento operativo y recursos para hospitales universitarios.

La estrategia combina negociación política y defensa jurídica. Mientras la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezan las conversaciones con los rectores, la Procuración del Tesoro trabaja sobre un esquema legal que garantice que cualquier acuerdo implique la suspensión o retiro de las acciones judiciales actualmente en trámite.

El equilibrio fiscal frente a la presión universitaria

Detrás de la discusión presupuestaria se esconde uno de los principales dilemas de la gestión Milei: cómo sostener el ajuste fiscal sin profundizar conflictos con sectores considerados estratégicos.

Desde la llegada del actual Gobierno, las universidades nacionales se transformaron en uno de los focos de mayor resistencia a la política de recorte del gasto público. Las multitudinarias movilizaciones universitarias realizadas durante el último año lograron instalar el tema en la agenda pública y forzaron sucesivas instancias de negociación.

El oficialismo intentó responder con un proyecto alternativo de financiamiento enviado al Congreso en febrero. La propuesta buscaba reconocer parcialmente la pérdida salarial de los docentes durante 2025, aunque evitaba incorporar la fuerte caída de ingresos acumulada entre diciembre de 2023 y fines de 2024, uno de los principales reclamos de los gremios universitarios.

Esa diferencia continúa siendo el principal punto de conflicto.

La Corte Suprema como factor de presión

La posibilidad de una resolución judicial desfavorable modificó el escenario político.

En la Casa Rosada reconocen que una sentencia que obligue a cumplir plenamente la ley vigente podría generar un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y abrir un precedente para otros reclamos presupuestarios de organismos y sectores afectados por el ajuste.

Por eso, el Gobierno busca llegar a un entendimiento previo que neutralice la disputa judicial.

La tarea quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que trabaja en los aspectos técnicos de un eventual acuerdo. El objetivo es garantizar que cualquier transferencia extraordinaria de recursos tenga como contraparte la suspensión de la cautelar que actualmente espera resolución en el máximo tribunal.

Las universidades, sin embargo, mantienen cautela. Desde el CIN sostienen que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta formal y esperan definiciones concretas antes de pronunciarse sobre posibles alternativas.

Salarios, becas y hospitales universitarios

Las conversaciones no se limitan al presupuesto general.

La agenda de negociación incluye la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios, áreas particularmente afectadas por la aceleración inflacionaria registrada desde fines de 2023.

El reclamo salarial aparece como uno de los puntos más sensibles. Los sindicatos universitarios sostienen que los incrementos otorgados por el Gobierno quedaron muy por debajo de la evolución de los precios y denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo.

La situación también repercute en la capacidad operativa de las universidades, especialmente en aquellas ubicadas fuera de los grandes centros urbanos, donde los costos de funcionamiento aumentaron por encima de los recursos disponibles.

Para provincias como Misiones, donde la universidad pública constituye un actor central en la formación profesional, la investigación científica y la vinculación con sectores productivos, el resultado de estas negociaciones tendrá implicancias que trascienden el debate presupuestario nacional.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras continúan las conversaciones, los gremios universitarios mantienen el estado de alerta.

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) realizó recientemente un paro nacional de 24 horas y ya anticipó que podría profundizar las medidas de fuerza durante el inicio del segundo cuatrimestre si no existen avances concretos en materia salarial y presupuestaria.

La Universidad de Buenos Aires también volvió a visibilizar el conflicto mediante clases públicas frente al Palacio de Tribunales, en una señal política dirigida tanto al Gobierno como a la Corte Suprema.

En ese contexto, la negociación que impulsa la Casa Rosada excede el plano educativo. Se trata de una pulseada que combina equilibrio fiscal, gobernabilidad y estrategia judicial. El desenlace determinará no solo el futuro inmediato del sistema universitario nacional, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico frente a uno de los sectores con mayor capacidad de movilización institucional y social del país.

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Marcha Federal Universitaria: “Cumplan con la ley, no hipotequen el futuro”

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Rectoresdocentes estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la Ley de Financiamiento y le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que “los acompañe” y “no permita” que el Gobierno Nacional siga “incumpliendo” con la aplicación de la normativa.

Estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (CONADUCONADU HistóricaFEDUNFAGDUTUDACTERA y por la Federación de no docentes (FATUN).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado“, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, “el 64% del que tenía en enero de 2023“.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho“, remarcaron. 

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias“; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades “no es solo presupuestaria“, porque como ciudadanos “deben denunciar con dolor y firmeza” la “ruptura del acuerdo democrático” de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, “son factores fundamentales de la economía del país” y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y “generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables”: “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científicatecnológica y de las artes a su desarrollo“, añadieron.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentesnodocentesinvestigadores estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia“, concluyeron.

Declaracion_IV Marcha Naciional-12 Mayo by CristianMilciades

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También habrá representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan “una situación límite“, marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó también con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la “recomposición salarial para docentes y nodocentes” y la aplicación del “presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios“.

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