FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Cámara Federal de Posadas: el Senado tratará la continuidad de Mirta Delia Tyden en medio de pulseadas políticas

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El Senado tratará la prórroga de la vocalía de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas en una sesión cargada de tensión política

El Senado de la Nación incluirá en la sesión de este jueves un tema clave para el ámbito judicial de Misiones: la prórroga por cinco años del mandato de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. La decisión se dará en el marco de una jornada legislativa atravesada por fuertes debates, en la que la oposición intentará revertir los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia en salud pediátrica.

Una designación con impacto en Misiones

Según el proyecto de resolución, el Senado prestará acuerdo al Presidente de la Nación para avanzar con la continuidad de Tyden (DNI N° 6.424.170), actualmente integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. El dictamen establece que la medida se enmarca en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara Alta y pasará directamente al Orden del Día.

La prórroga, de aprobarse, otorgará previsibilidad institucional a uno de los tribunales más relevantes del NEA, encargado de resolver en segunda instancia causas de alto impacto regional en materia penal, civil y administrativa.

La continuidad de Mirta Delia Tyden en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas refuerza la estructura judicial en una región estratégica, donde confluyen causas vinculadas a la frontera, el comercio y delitos federales. El aval del Senado será interpretado como un gesto de estabilidad institucional en medio de un escenario legislativo dominado por las tensiones políticas entre el oficialismo y la oposición.

Un Senado en ebullición política

El tratamiento de la prórroga de la vocalía judicial se dará en paralelo a una sesión donde la atención estará puesta en los vetos presidenciales de Javier Milei a dos leyes sensibles: el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica. La oposición busca replicar lo ocurrido en Diputados, donde logró alcanzar los dos tercios para insistir con las normas.

En la última votación en el Senado, durante agosto, los números mostraron un amplio respaldo opositor: 58 votos a favor y 10 en contra para la ley universitaria, y 60 apoyos frente a 8 rechazos en el caso del Garrahan. Ese antecedente abre la expectativa de un nuevo revés legislativo para el oficialismo.

Otros temas en agenda: energía y seguridad

Además, el peronismo intentará sumar al temario el proyecto para impedir la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), tras el Decreto 695/2025 que habilitó la privatización parcial de la empresa. También figura en carpeta la discusión sobre el sistema de Alerta Sofía, con la intención de sancionar una ley que le dé sustento legal al mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, actualmente regulado por decreto.

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“Está en juego el futuro universitario argentino”

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Afirmó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa Oscar. “Es difícil para un docente dar clases de calidad cuando está preocupado porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes”. El Presidente del CIM pidió también el acompañamiento del Senado.

-Fuerte apoyo de los diputados nacionales en contra del veto y de la gente en defensa de la universidad pública. ¿Cómo se sigue?

“La lógica es el acompañamiento de los senadores y después que se instrumente esta ley porque si no va a quedar dando vuelta. Creo que ha sido un paso no es que sea una solución ya inmediata, pero si no se hubiera aprobado hubiera estado en juego el sistema universitario para el futuro. Es decir, por la positiva todavía faltan muchas cosas para hacer, para que eso se transforme directo a las universidades, hubo un espaldarazo a las universidades que son fundamentales para el sistema democrático”.

-¿Cree que el presidente Milei la va a reglamentar si se aprueba en el Senado tiene 120 días para reglamentarla o la judicializará?

“No lo sé, pero igual será largo y además ya entramos en el presupuesto 2026, con lo cual ambas cosas vamos a tener que ir analizando en cada en cada caso. Pero bueno, esto también es la base para el presupuesto 2026, o sea, queda claro también que en ese sentido si no tenemos esta base de lo que se aprobó, que tiene que ver con la base de presupuesto también es un paso importante. Es muchísimo para adelante, la verdad que digamos esto no es una solución mágica mucho menos, pero sí es lo que planteamos siempre, sentarnos al diálogo para que se entienda que la universidad, así como estamos no podemos continuar porque los fondos son más que insuficientes”

-¿Ha visto el presupuesto 2026 lo que se les asignó a las universidades?

“Es el mismo valor de que estamos cobrando mes a mes y llevado al año que viene, o sea, que no tiene absolutamente ningún aumento, ningún incremento. Hicimos el cálculo tomamos lo que las universidades en total están recibiendo el mes de agosto, lo analizamos y nos da más o menos 4,7 millones contra el 4,8, con lo cual la diferencia es mínima. Pero sí el cálculo que hicimos es que hay un 4% nada más por encima de lo que se está cobrando ahora y comparado con el 10% de inflación que se plantea significa que todavía el año que viene sobre la base de este estamos mal en un 40% el año que viene vamos a seguir perdiendo fondos sobre ese valor”

-¿Se perdió el año?

“El esfuerzo docente hace de que el año no esté perdido. Hay una esperanza de que esto se reglamente y avancemos y que se entienda de los fondos de esto. Si el resultado hubiera sido negativo, yo creo que se perdía el cuatrimestre 2025”

-¿Cómo se mantiene la calidad educativa cuando un docente que va a dar clase y piensa, “¿No llego a fin de mes, tengo deudas?

“No se puede mantener y vamos a tener hacer con un esfuerzo, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo entre todos y viendo las distintas opciones que se van a ir planteando.

-Además del apoyo a la universidad público hubo un fuerte apoyo al hospital Garrahan…

“Hubo un mensaje claro de la sociedad que le llegó a los diputados y que le llegó hasta los gobernadores. Habría que ver los cambios que vinieron desde las provincias y ver que acá hay un mensaje claro y ojalá que el gobierno no siga en esta tesitura de que no hay fondos para nadie, solamente para mantener un dólar que se sigue escapando”

-¿Cuánto bajó la calidad educativa? Si vos cree si bajó la calidad educativa.

“La disminución se va a ir viendo a mediano y largo plazo. Sí, ya notamos en este año una disminución de la calidad educativa con las renuncias que se produjeron. Por otro lado, el desánimo existe en el docente”.

-La mayoría de los diputados nacionales que votaron a favor y los que sufragaron en contra son producto de la universidad pública…

“Los legisladores que votaron a favor pensaron nosotros no vamos a ser los responsables de la destrucción de la universidad pública. Se vio en los diputados y los gobernadores. Ese mensaje se dio y ojalá que el gobierno entienda el mensaje”

-¿Qué les diría a aquellos diputados que votaron en contra de la universidad pública?

“Que votaron en contra de la gente, yo soy rector de la universidad de La Pampa que días pasados cumplió 67 años, esta universidad no surgió de la nada, sino por un esfuerzo colectivo. Los que votaron en contra le dieron la espalda a la sociedad”.

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Cómo votaron los diputados de Misiones sobre los vetos de Milei a universidades y pediatría

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La Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos presidenciales a dos leyes clave: el Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica. En ambas votaciones, los legisladores misioneros tuvieron posturas diferenciadas, dejando en evidencia alineamientos y tensiones políticas en la provincia.

Dos vetos presidenciales bajo presión social

En una sesión cargada de expectativas, la Cámara baja debatió este jueves dos proyectos que habían sido vetados por el presidente Javier Milei.

  • La Ley de Financiamiento Universitario garantizaba un piso presupuestario equivalente al 0,8% del PBI, con actualización trimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la reapertura de la paritaria del sector. Su objetivo era dar previsibilidad al funcionamiento de las universidades nacionales, hoy en situación crítica por la inflación y el recorte de partidas.
  • La Ley de Emergencia Pediátrica, impulsada desde el Senado, declaraba la emergencia sanitaria por un año en todo el país ante la escasez de profesionales, insumos y recursos en hospitales pediátricos. La norma establecía fondos extraordinarios para instituciones de referencia, como el Hospital Garrahan, y mejoras salariales para el personal de salud.

Ambas leyes habían sido aprobadas previamente por amplias mayorías en el Congreso, pero vetadas por Milei bajo el argumento de que “no contaban con financiamiento genuino”. La fuerte movilización social —particularmente en defensa de la universidad pública— presionó para que Diputados insistiera con las sanciones originales.

Cómo votaron los diputados de Misiones

En el tratamiento de los vetos, los siete legisladores misioneros exhibieron matices entre bloques y partidos.

Ley de Financiamiento Universitario (174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones):

  • ✅ Yamila Ruiz – Afirmativo
  • ✅ Carlos Fernández – Afirmativo
  • ✅ Daniel Vancsik – Afirmativo
  • ✅ Alberto Arrúa – Afirmativo
  • ✅ Martín Arjol – Afirmativo
  • ⚪ Florencia Klipauka – Ausente
  • ⚪ Emmanuel Bianchetti – Ausente

Ley de Emergencia Pediátrica (181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención):

  • ✅ Yamila Ruiz – Afirmativo
  • ✅ Carlos Fernández – Afirmativo
  • ✅ Daniel Vancsik – Afirmativo
  • ✅ Alberto Arrúa – Afirmativo
  • ❌ Martín Arjol – Negativo
  • ⚪ Florencia Klipauka – Ausente
  • ✅ Emmanuel Bianchetti – Afirmativo

De este modo, mientras en el caso universitario hubo un apoyo mayoritario de los misioneros para rechazar el veto, en la Emergencia Pediátrica se evidenció una fractura interna, con el radical Martín Arjol votando en contra y el macrista Bianchetti acompañando la insistencia con la norma.

Las votaciones coincidieron con marchas masivas en defensa de la universidad pública en Posadas, Oberá y Eldorado. En la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que recibe al 70% de los egresados secundarios de la provincia, docentes y estudiantes habían advertido sobre la imposibilidad de sostener becas, salarios y programas de investigación sin la ley.

“Esta es una de las luchas más justas que se pueden tener. La universidad es de las instituciones que mejor funcionan en el país y que más capital humano generan”, señaló días atrás el consejero superior de la UNaM, Diego Llanos.

En paralelo, sectores de la salud provincial advirtieron que la Emergencia Pediátrica es vital para reforzar hospitales regionales que funcionan como derivación de casos complejos hacia Buenos Aires, en particular al Garrahan.

El Senado como última palabra

Tras el rechazo de los vetos en Diputados, el trámite parlamentario pasa al Senado de la Nación, donde se necesitarán también dos tercios de los votos para insistir en las leyes.

Si se logra ratificar, tanto el financiamiento universitario como la emergencia pediátrica quedarán firmes, lo que representará un revés político para Milei y un triunfo de las fuerzas opositoras junto a sectores del radicalismo y bloques provinciales.

El desenlace será decisivo no solo para el futuro de las universidades y hospitales pediátricos, sino también para la dinámica política del Congreso, donde el oficialismo libertario quedó en minoría frente a un frente opositor articulado por demandas sociales concretas.

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Milei vetó la ley de financiamiento universitario

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El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto total a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras en agosto. La norma preveía la recomposición de partidas presupuestarias para las universidades públicas, actualización salarial docente y no docente, y la creación de fondos específicos para infraestructura, becas y carreras estratégicas. El decreto con el rechazo fue publicado en el Boletín Oficial y remitido al Congreso, que deberá definir si lo ratifica o lo rechaza.

El proyecto había sido reclamado por el sistema universitario en su conjunto y votado con mayoría parlamentaria. Establecía un esquema de financiamiento progresivo, equivalente al 1% del PBI en 2026, con una meta de 1,5% hacia 2031.

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumentó que la normativa generaba un “incremento desproporcionado del gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”, lo que derivaría en un desequilibrio fiscal y en riesgos macroeconómicos.

Según el texto oficial, un aumento del gasto sin respaldo real obligaría a financiarse con emisión monetaria, trasladando “un costo al conjunto de la sociedad en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”.

La Casa Rosada defendió la medida como parte del compromiso de “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo”, advirtiendo que el ámbito adecuado para discutir asignaciones es el proyecto de Presupuesto 2026, que Milei presentará por cadena nacional el próximo lunes.

El Congreso y los sindicatos universitarios preparan la respuesta

El veto presidencial abre un nuevo frente de disputa con el Parlamento. El Congreso tiene ahora la potestad de insistir con la sanción original –lo que requeriría mayoría especial– o convalidar la decisión del Ejecutivo.

El antecedente inmediato no favorece al Gobierno: semanas atrás, ambas cámaras rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una derrota política que expuso las dificultades del oficialismo para sostener apoyo legislativo.

En paralelo, los sindicatos universitarios anunciaron un paro nacional y cortes de calle en facultades, además de una movilización frente al Congreso cuando se trate el tema. “El veto demuestra la falta de compromiso del Gobierno con la educación pública y la comunidad académica”, señalaron dirigentes gremiales, que ya habían realizado medidas de fuerza los días 1 y 2 de septiembre.

El veto a la ley universitaria se suma a la decisión oficial de rechazar también la Ley de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y la de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores. Este paquete de vetos refuerza la estrategia del Ejecutivo de sostener el ajuste fiscal incluso frente a consensos parlamentarios amplios.

Para el Gobierno, la señal es clara: ninguna iniciativa que implique un aumento del gasto sin financiamiento sustentable tendrá luz verde. Para el Congreso y los sindicatos, en cambio, se trata de una ofensiva contra la educación pública y las provincias.

En este escenario, la discusión por el Presupuesto 2026 aparece como el próximo capítulo de una pulseada política que definirá la magnitud del ajuste, el alcance de la autonomía universitaria y el margen de gobernabilidad de Milei tras las elecciones legislativas de octubre.

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El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, pero Milei confirmó que la vetará otra vez

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El Senado de la Nación sancionó este miércoles, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza la recomposición salarial docente, la actualización de becas y la preservación del presupuesto de las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará nuevamente la norma, como lo hizo en 2024, lo que augura un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

El debate en la Cámara alta fue un deja vu legislativo. En septiembre de 2024 el Congreso ya había aprobado una ley similar, vetada en octubre por Milei bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible.

El texto aprobado ahora contó con un amplio respaldo opositor y de sectores provinciales: acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; todos los integrantes del bloque Unión por la Patria, 11 senadores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y otros espacios. El consenso incluyó aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la diputada entrerriana Blanca Osuna y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.

El senador Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula. Los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.

Según el legislador, el nuevo texto busca blindar legalmente la asignación de partidas presupuestarias al sistema universitario, en un contexto en que los salarios docentes y no docentes cayeron un 46,7% en términos reales desde diciembre de 2023, y más del 70% del personal universitario está bajo la línea de pobreza.

Contenido técnico de la ley: recomposición salarial y ajuste automático por IPC

La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Entre los principales puntos se destacan:

  • Funcionamiento universitario: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
  • Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, nunca por debajo del IPC. La medida será remunerativa y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
  • Becas: actualización de Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustadas por inflación y con aumento progresivo según la matrícula.
  • Investigación científica: partida específica para el ingreso a la carrera de investigador.
  • Auditoría: control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre universidades públicas, con informes remitidos al Congreso para fortalecer la rendición de cuentas.

La iniciativa busca equilibrar la autonomía universitaria con mayores controles institucionales, tras las críticas del oficialismo que acusó a las universidades de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”.

Fundamentos y debate político

Desde la oposición, Maximiliano Abad (UCR) planteó que el atraso en la resolución de reclamos sociales “nos impide discutir una agenda de futuro, como la reforma tributaria o la modernización laboral”.

Por su parte, Martín Lousteau advirtió que “los salarios docentes están por debajo del 2002 en poder adquisitivo” y criticó al Ejecutivo por “despreciar a la universidad pública”.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que la ley es clave para la movilidad social y la innovación tecnológica: “La educación universitaria es sinónimo de desarrollo. Sin recursos para las universidades, la Argentina hipoteca su futuro”.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura presidencial: “No estamos dispuestos a financiar universidades ineficientes que producen apenas el 4% de los egresados y se llevan el 55% del presupuesto”.

El nuevo veto presidencial que ya adelantó Milei abrirá un escenario complejo. Para insistir y convertir la ley en vigente sin el aval del Ejecutivo, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor que en 2024.

El conflicto se da en un contexto de caída real del presupuesto universitario (46,7%), parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%, lo que genera fuerte presión social sobre un sistema que nuclea a 2 millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.

La discusión también expone el modelo de país en disputa: mientras el Gobierno busca recortar gastos para sostener el equilibrio fiscal, el Congreso impulsa el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico de largo plazo.

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