El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, pero Milei confirmó que la vetará otra vez
El Senado de la Nación sancionó este miércoles, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza la recomposición salarial docente, la actualización de becas y la preservación del presupuesto de las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará nuevamente la norma, como lo hizo en 2024, lo que augura un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
El debate en la Cámara alta fue un deja vu legislativo. En septiembre de 2024 el Congreso ya había aprobado una ley similar, vetada en octubre por Milei bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible.
El texto aprobado ahora contó con un amplio respaldo opositor y de sectores provinciales: acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; todos los integrantes del bloque Unión por la Patria, 11 senadores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y otros espacios. El consenso incluyó aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la diputada entrerriana Blanca Osuna y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.
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— Economis (@economisiones) August 22, 2025
El senador Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula. Los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.
Según el legislador, el nuevo texto busca blindar legalmente la asignación de partidas presupuestarias al sistema universitario, en un contexto en que los salarios docentes y no docentes cayeron un 46,7% en términos reales desde diciembre de 2023, y más del 70% del personal universitario está bajo la línea de pobreza.
Contenido técnico de la ley: recomposición salarial y ajuste automático por IPC
La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Entre los principales puntos se destacan:
- Funcionamiento universitario: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
- Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, nunca por debajo del IPC. La medida será remunerativa y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
- Becas: actualización de Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustadas por inflación y con aumento progresivo según la matrícula.
- Investigación científica: partida específica para el ingreso a la carrera de investigador.
- Auditoría: control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre universidades públicas, con informes remitidos al Congreso para fortalecer la rendición de cuentas.
La iniciativa busca equilibrar la autonomía universitaria con mayores controles institucionales, tras las críticas del oficialismo que acusó a las universidades de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”.
Fundamentos y debate político
Desde la oposición, Maximiliano Abad (UCR) planteó que el atraso en la resolución de reclamos sociales “nos impide discutir una agenda de futuro, como la reforma tributaria o la modernización laboral”.
Por su parte, Martín Lousteau advirtió que “los salarios docentes están por debajo del 2002 en poder adquisitivo” y criticó al Ejecutivo por “despreciar a la universidad pública”.
La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que la ley es clave para la movilidad social y la innovación tecnológica: “La educación universitaria es sinónimo de desarrollo. Sin recursos para las universidades, la Argentina hipoteca su futuro”.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura presidencial: “No estamos dispuestos a financiar universidades ineficientes que producen apenas el 4% de los egresados y se llevan el 55% del presupuesto”.
El nuevo veto presidencial que ya adelantó Milei abrirá un escenario complejo. Para insistir y convertir la ley en vigente sin el aval del Ejecutivo, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor que en 2024.
El conflicto se da en un contexto de caída real del presupuesto universitario (46,7%), parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%, lo que genera fuerte presión social sobre un sistema que nuclea a 2 millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.
La discusión también expone el modelo de país en disputa: mientras el Gobierno busca recortar gastos para sostener el equilibrio fiscal, el Congreso impulsa el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico de largo plazo.
