El gobierno nacional obtuvo los votos necesarios para aprobar la ley de financiamiento político, especialmente el artículo 4°, que permite el aporte de empresas a las campañas. El Gobierno consiguió sancionar la ley en la Cámara de Diputados con 147 votos a favor y 69 en contra. Los medios digitales nacionales tuvieron respaldo pese a la negativa de Cambiemos que preferían Google y Facebook.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, por 148 votos a favor y 69 en contra, la ley de financiamiento político que contempla, entre otras reformas, la bancarización de los aportes de campaña.
A las 13:30, después de los homenajes y cuestiones de privilegio, se inició el debate con la exposición del diputado Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Como miembro informante, el legislador del Pro afirmó que “el financiamiento electoral es un tema relativamente nuevo en nuestra democracia”.
La iniciativa propone la modificación de las leyes 26.215 –financiamiento de los partidos políticos– y 19.945 –Código Electoral Nacional–.
El proyecto establece, entre otras reformas, la bancarización de los aportes efectuados a partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Además, admite los aportes de personas jurídicas (empresas) para el financiamiento de las campañas.
“Los propósitos de estas modificaciones son muy claros: mejorar e incrementar la transparencia en el financiamiento electoral. Es decir el dinero que los partidos reciben tanto para su desenvolvimiento institucional como en las campañas”, aseveró Tonelli. Sostuvo que “es un gran paso para aumentar las obligaciones de los partidos políticos e incrementar las atribuciones y competencias de la Cámara Nacional Electoral”.
A su turno, el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre, argumentó: “La defensa de la democracia tiene que ser una prioridad y esta ley ayuda a fortalecer las instituciones”.
Por su parte, la diputada Emilia Soria (FPV-PJ) indicó que “es una de las iniciativas más trascendentales que hemos tratado”, aunque se expresó en contra del proyecto al señalar: “Esta norma quiere beneficiar a un partido sobre otro, sin lograr la equidad”.
Desde el interbloque Cambiemos, la diputada Silvia Lospennato sostuvo que el principal objetivo es “hacer una contribución a la trasparencia”. Subrayó que “la bancarización obligatoria de todos los gastos e ingresos de los partidos es una de las modificaciones clave que introdujo el Senado de la Nación”.
“La norma prevé mayores y distintas sanciones (y más severas) para los partidos o aportantes que violen las disposiciones de la ley”, concluyó Lospennato.
Por su parte, Juan Manuel López (CC) valorizó que “esta ley iguala las reglas para todos los espacios políticos”, y la definió como la garantía de “transparencia” de cara a la ciudadanía.
A su turno, Gabriela Cerruti (FpV-PJ) cuestionó la propuesta y expresó que “el eje del debate en verdad es si la política va a ser dominada por la elección de los ciudadanos o por la influencia económica de las grandes empresas”. Además, ponderó que la política es la principal herramienta de transformación social y que “debe seguir siendo sostenida desde el Estado”, dijo.
A continuación, Diego Bossio (Argentina Federal) señaló que este debate se da en un contexto en el que “la sociedad descree de la clase política nacional” porque “no encontramos soluciones” -argumentó-. “Revalorizar la política es hablar sin hipocresías y debatir lo que hay que debatir en el país”, finalizó el diputado Bossio.
Luego, la presidenta del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, Graciela Camaño, reflexionó sobre el método de financiamiento de las campañas políticas y añadió: “Suponer que el electorado va a votar al más rico es agredir la inteligencia de los ciudandanos argentinos”. Anticipó que “nuestro bloque acompaña afirmativamente este proyecto”, aunque -señaló- “hemos planteado nuestras disidencias”. En ese sentido, detalló: “Buscamos que de esos aportes privados haya un porcentaje destinado al fondo común para que los partidos políticos tengan la posibilidad de que el Estado, administrando esos fondos, los hiciera partícipe”.
Por su parte, Felipe Solá (Red por Argentina) delineó su postura: “Nuestro bloque no cree en la esencia de esta ley. El financiamiento de la política debe estar a cargo del Estado”, sostuvo.
Desde el mismo bloque, Daniel Arroyo definió esta discusión como “un tema central de la democracia”, aunque apuntó: “Es un proyecto que queda a mitad de camino, y no lo vamos acompañar”. Destacó como positivo que la norma propone “la bancarización de los aportes” y como punto negativo que la ley establece “la posibilidad de que un partido abra una cuenta en un banco privado”.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño afirmó que esta propuesta “no legisla sobre las principales preocupaciones del pueblo”. Y opinó que “es una ley de autoamnistía para aquellos partidos políticos que se beneficiaron con el aporte de los empresarios”.
Por último, el jefe de bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, recordó la modificación a la ley de financiamiento de los partidos de 2009: “Fue un avance importante, sobre todo por la incorporación de la selección de los candidatos y la mayor participación del Estado en el financiamiento electoral”, afirmó. Sobre esa base, sostuvo que la propuesta de modificación en debate “implica un fuerte retroceso en la participación del Estado, hace al sistema menos igualitario, habilita la participación de las empresas, y todo ello genera un claro desequilibrio”.
“No creemos que legalizar el financiamiento privado implique mayor transparencia, y así lo demuestran las diversas experiencias de distintos países del mundo”, afirmó el diputado.
En la votación en particular, el Frente para la Victoria rechazó -a través de la diputada María Emilia Soria y el diputado Carlos Castagnetto- el artículo que habilita los aportes de las personas jurídicas y el recorte en la publicidad audiovisual para las campañas, entre otros puntos. Asimismo la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) también se mostró en contra del aporte de las empresas en las campañas electorales.
No obstante, el oficialismo no aceptó modificaciones en el proyecto de ley y el FpV-PJ no logró reunir las adhesiones a favor de los cambios solicitados. “Tenemos sumo interés en que la ley se apruebe hoy para que quede en vigencia para el próximo proceso electoral”, explicó Tonelli al rechazar las modificaciones.
Al cierre de la sesión, el pleno de la Cámara giró el proyecto de ley de Acceso a la Justicia Colectiva a la instancia de Comisiones, a pedido del diputado José Luis Ramón. “Sería oportuno convocar a las diversas asociaciones civiles a que se expidan sobre el tema en una reunión informativa”, solicitó Ramón, antes de que su propuesta fuera aceptada.
OTROS ASPECTOS DESTACADOS DE LA LEY
El proyecto aprobado en general establece otras modificaciones en relación a las campañas electorales:
*) Respecto a la publicidad, se reducen del 10 al 5 % del total del espacio disponible el aporte que los medios audiovisuales hacen en las campañas y se regula la publicidad digital por medio de las redes sociales. En ese sentido, se establece la atribución de la Cámara Electoral para controlar la publicidad digital.
*) Las encuestadoras también son alcanzadas por el proyecto: deberán inscribirse en un registro e informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos.
*) El texto incrementa el aporte que el Estado debe hacer a los partidos políticos para la impresión de boletas y establece el control y auditoría que la Cámara electoral debe realizar sobre los informes de los partidos políticos, vinculados a sus gastos de campaña y a sus balances.
*) En tanto, establece una modificación en el destino del Fondo Partidario Permanente: se agrega el porcentaje del 30% destinado a la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido.
