En medio de las negociaciones con la Casa Rosada, un grupo de gobernadores se reunió en Buenos Aires para coordinar una posición frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y, en paralelo, reclamar compensaciones por la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que, según estimaciones oficiales, recortará recursos provinciales por $1,2 billones. El encuentro dejó señales de diálogo político, pero también de tensiones fiscales que condicionan el debate en el Congreso.
Reforma laboral y un frente provincial en construcción
Los gobernadores denominados “dialoguistas” mantuvieron este jueves una reunión en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de definir una postura común sobre la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y que el oficialismo busca tratar durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Del encuentro participaron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). La convocatoria se dio en un contexto de negociación abierta con el Gobierno nacional, en el que las provincias intentan hacer valer sus reclamos frente a cambios estructurales que impactan tanto en el mercado laboral como en las finanzas subnacionales.
Uno de los ejes centrales del debate fue la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una decisión incluida en el paquete económico del Ejecutivo que genera fuertes reparos entre los mandatarios provinciales. La rebaja prevista, del 35% al 31,5% para sociedades, implica una pérdida estimada de $1,2 billones para las provincias, dado el esquema de coparticipación vigente.
Ganancias, coparticipación y el reclamo por compensaciones
La discusión fiscal aparece como el principal punto de fricción entre los gobernadores y la Casa Rosada. Según fuentes al tanto de las negociaciones, el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias por la merma de recursos que implicará la rebaja de Ganancias, aunque aún no hay definiciones concretas.
Para los mandatarios provinciales, el impacto no es menor: la reducción de ingresos compromete la capacidad de financiamiento de gastos corrientes, salarios y obras públicas, en un contexto de ajuste generalizado y caída de transferencias discrecionales. En ese marco, los gobernadores buscan condicionar su apoyo a la reforma laboral a la existencia de un esquema de compensación fiscal que atenúe el efecto sobre las arcas provinciales.
Desde el Gobierno nacional, el ministro del Interior, Diego Santilli, calificó el encuentro como “positivo” y dejó abierta la puerta a una resolución política en las próximas horas. “La reunión fue positiva”, sostuvo, y agregó que el Ejecutivo está al tanto de las preocupaciones planteadas por los mandatarios.
Consultado sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA), Santilli se mostró “optimista” y consideró que “seguramente se apruebe”, lo que sugiere que el oficialismo confía en alcanzar los consensos necesarios para avanzar con el proyecto en el Congreso.
Emergencia Ígnea, incendios y agenda paralela con las provincias
Además del debate laboral y fiscal, la reunión se dio en un contexto marcado por la situación ambiental en el sur del país. Santilli confirmó que en las próximas horas, junto con el Gabinete y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se resolverá el posible tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea, solicitada por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
El ministro destacó, además, el rol de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien dijo haber acompañado “personalmente” en el envío de brigadistas y equipamiento de helicópteros hidrantes, y remarcó que el Gobierno nacional “está presente” no solo en los incendios de la Patagonia, sino también en la provincia de Corrientes.
La mención a la emergencia ígnea refleja cómo la agenda provincial combina reclamos estructurales de largo plazo —como la coparticipación y la reforma laboral— con urgencias coyunturales vinculadas a desastres naturales y asistencia federal.
Apoyos condicionados y señales políticas
Desde las provincias, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró conforme con el encuentro y valoró el “espíritu” de la reforma laboral. “Tenemos que modernizar una ley que es viejísima y aggiornarla a estos tiempos”, subrayó, marcando una postura de acompañamiento general, aunque condicionada por las discusiones fiscales en curso.
El escenario que se abre combina diálogo político, negociación fiscal y definiciones legislativas clave. Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con su agenda de reformas estructurales, los gobernadores intentan preservar recursos y margen de maniobra financiera. La resolución de este equilibrio será determinante para el tratamiento de la reforma laboral y para el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias en los próximos meses.
