FINANZAS PROVINCIALES

Corrientes sin margen fiscal: Valdés admitió que no hay condiciones para aumentos salariales

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En un contexto de tensión creciente con los gremios estatales y a semanas del inicio del ciclo lectivo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reconoció que la provincia no cuenta con margen financiero para otorgar aumentos salariales en el corto plazo. El mandatario atribuyó la restricción a la caída de la coparticipación federal y a una deuda que la Nación mantiene con el distrito por unos $250.000 millones, un pasivo que, según afirmó, condiciona de manera directa cualquier recomposición de ingresos en la administración pública.

Caída de la coparticipación y reclamo por una deuda millonaria

Consultado este martes por la mañana en una rueda de prensa con cronistas radiales, tras una reunión mantenida el lunes con la ministra de Educación, Valdés evitó comprometer fechas o porcentajes de recomposición salarial. “Lo estamos trabajando”, respondió ante la consulta, aunque de inmediato aclaró: “Tenemos una situación compleja con la caída de la coparticipación”.

El gobernador puso el foco en el frente fiscal y reclamó al Gobierno nacional una deuda estimada en $250 mil millones, correspondiente al consenso fiscal. “Es una deuda importante”, sostuvo, al explicar que ese pasivo limita la capacidad financiera de la provincia, aun cuando aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas.

Desde el punto de vista económico e institucional, la referencia a la coparticipación federal resulta central: se trata de uno de los principales ingresos corrientes de Corrientes y su retracción impacta de manera directa en la masa salarial, que constituye uno de los componentes más relevantes del gasto público provincial.

Presión sindical y educación en el centro del conflicto

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de un encuentro clave con la ministra de Educación, quien venía de reunirse con entidades sindicales del sector. En esa instancia, los gremios reclamaron el inicio inmediato de la discusión salarial, con especial énfasis en la situación de los docentes.

El reclamo adquiere mayor peso político y social ante la cercanía del inicio del ciclo lectivo, previsto en Corrientes para el 2 de marzo. La falta de definiciones concretas sobre los salarios mantiene en vilo a los trabajadores estatales, particularmente al sector educativo, históricamente sensible a los retrasos en la negociación paritaria.

Equilibrio fiscal, límites políticos y expectativas a corto plazo

Valdés intentó equilibrar el mensaje entre la prudencia fiscal y la contención política. Si bien insistió en que la provincia mantiene sus finanzas ordenadas, dejó en claro que el escenario macroeconómico y la relación financiera con la Nación reducen el margen de maniobra para otorgar aumentos salariales.

En términos de proyección, el reconocimiento explícito de la falta de margen fiscal anticipa un escenario de negociaciones tensas con los gremios estatales en las próximas semanas. La evolución de la coparticipación y una eventual definición sobre la deuda reclamada a la Nación aparecen como variables clave para destrabar, o no, la discusión salarial en Corrientes.

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Informe fiscal advierte sobre la fragilidad de las provincias por la dependencia de fondos nacionales

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Un nuevo informe de la Fundación Encuentro encendió una señal de alerta sobre la situación fiscal de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Si bien al tercer trimestre acumulado de 2025 el consolidado provincial mantiene superávit primario (2% de los ingresos) y un resultado financiero apenas positivo (0,2%), el estudio advierte que estos números esconden un deterioro significativo respecto de 2024 y configuran un escenario de equilibrio frágil, con escaso margen de maniobra ante eventuales shocks macroeconómicos. El principal factor de riesgo es la persistente dependencia de recursos de origen nacional, combinada con un gasto altamente rígido y una estructura de deuda vulnerable al tipo de cambio.

El trabajo fue elaborado en el marco de la línea de investigación sobre federalismo fiscal y cuentas públicas de la Fundación Encuentro, a partir de datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía de la Nación, y analiza en detalle la evolución fiscal y financiera de las jurisdicciones subnacionales.

Ingresos rezagados y gasto en alza: un desalineamiento que erosiona los márgenes fiscales

El informe muestra que, al III trimestre acumulado de 2025, los ingresos totales de las provincias crecieron apenas 2,7% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario se expandió 11,7%. Esta brecha responde, según el análisis, a una recomposición del gasto real tras años de contención, que no estuvo acompañada por una mejora equivalente de los recursos.

La estructura de ingresos continúa evidenciando una alta dependencia de recursos de origen nacional, lo que limita la autonomía fiscal de las provincias. Dentro de los recursos propios, predomina el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, reforzando la sensibilidad de la recaudación al ciclo económico. A su vez, la distribución de las transferencias, en especial las no automáticas, presenta una marcada heterogeneidad entre jurisdicciones, profundizando las desigualdades fiscales interprovinciales.

Del lado del gasto, el informe subraya una rigidez estructural elevada: el gasto en personal, las transferencias corrientes y las prestaciones a la seguridad social concentran más del 80% del gasto primario. Esta composición reduce de manera significativa la capacidad de ajuste frente a caídas de ingresos sin generar tensiones sociales o políticas. En contraste, el gasto en bienes fue el único componente que mostró una contracción significativa, lo que sugiere ajustes de corto plazo y una baja calidad del esfuerzo fiscal.

Deuda contenida, pero con alta exposición cambiaria y vencimientos concentrados

En el plano financiero, el stock de deuda consolidada de las provincias se mantiene en niveles históricamente bajos, equivalente al 31% de los ingresos totales, sin cambios relevantes respecto de 2024. Esta dinámica refleja las reestructuraciones realizadas en años previos y un bajo endeudamiento neto reciente.

Sin embargo, la composición de la deuda introduce vulnerabilidades relevantes. El 80% del stock está denominado en moneda extranjera, lo que genera una elevada sensibilidad al tipo de cambio. Si bien el servicio de la deuda se ubica en niveles moderados —alrededor del 5% de los ingresos—, el perfil de vencimientos plantea riesgos de corto plazo. Para lo que resta de 2026, las provincias enfrentan pagos en moneda extranjera por aproximadamente USD 2.500 millones, concentrados en determinados meses y jurisdicciones, lo que puede tensionar la disponibilidad de divisas y la sostenibilidad financiera.

El informe también destaca la heterogeneidad entre provincias: aquellas con mayor dependencia de transferencias nacionales suelen exhibir menores márgenes fiscales propios, mientras que la dispersión en la distribución per cápita de las transferencias, especialmente las no automáticas, incide de forma directa en la disponibilidad de recursos y en los resultados fiscales relativos.

Un equilibrio frágil y el rol clave del Gobierno Nacional

La conclusión central del estudio es que las provincias no enfrentan una crisis fiscal inmediata, pero sí un escenario de fragilidad creciente. La combinación de dependencia de la Nación, rigidez del gasto, desigualdades entre jurisdicciones y vulnerabilidad financiera asociada al endeudamiento en dólares y a los vencimientos futuros limita el margen de acción de los gobiernos subnacionales.

En este contexto, el rol del Gobierno Nacional resulta central, tanto por su peso como principal fuente de recursos para muchas provincias como por su influencia sobre el marco macroeconómico y cambiario que condiciona la sostenibilidad fiscal subnacional. El informe sugiere que, sin cambios estructurales en el esquema de ingresos y en la calidad del gasto, los equilibrios actuales podrían verse rápidamente comprometidos ante un escenario macroeconómico menos favorable.

Informe fiscal y financiero Provincias y CABA by CristianMilciades

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Entre Ríos recibirá $220.000 millones de la Nación para cubrir urgencias financieras

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El Gobierno nacional dispuso otorgar a la provincia de Entre Ríos un anticipo financiero por hasta $220.000 millones, con el objetivo de atender compromisos urgentes derivados de la ejecución presupuestaria y la amortización de deudas hacia el cierre del año. La medida fue formalizada mediante el Decreto 922/2025, firmado el 26 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, y establece que los fondos deberán ser devueltos con intereses durante el ejercicio fiscal 2026, a través de retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.

Se trata de una asistencia financiera de carácter transitorio, que se instrumenta a cuenta de los recursos que la provincia recibirá el próximo año y que se inscribe en un esquema previsto por la normativa vigente para afrontar desequilibrios temporales de caja. Es la segunda vez en 2025 que una provincia accede a este tipo de adelantos de urgencia con fondos de la coparticipación: en marzo, la Provincia de Chaco había recibido asistencia para cumplir con obligaciones de deuda.

Fundamentos legales y encuadre fiscal del anticipo

El decreto se apoya en el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), que faculta al Ministerio de Economía a acordar con las provincias anticipos a cuenta de las participaciones en impuestos nacionales sujetos a distribución, en el marco del Régimen de Coparticipación Federal establecido por la Ley N° 23.548 y sus modificatorias.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que el Gobierno de Entre Ríos “se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”, lo que torna necesario “procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias” que atraviesa la provincia.

Si bien la ley establece que estos anticipos deben ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, también habilita al Poder Ejecutivo Nacional a ampliar el plazo de devolución, sin exceder el ejercicio fiscal en que se conceden. En este caso, se dispuso que la cancelación opere durante el Ejercicio Fiscal 2026, con devengamiento de intereses desde la fecha de desembolso hasta su efectiva devolución.

Condiciones de devolución e impacto sobre la coparticipación

El artículo 2° del decreto faculta a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a disponer la cancelación del anticipo, con más los intereses calculados sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR). La devolución se realizará mediante la afectación de la participación de Entre Ríos en el régimen de coparticipación de la Ley N° 23.548, o el régimen que lo sustituya, así como de otros recursos coparticipables sin afectación específica.

Para instrumentar el mecanismo, la provincia deberá autorizar expresamente a la Secretaría de Hacienda a retener de manera automática los fondos coparticipables necesarios para cancelar el monto anticipado y los intereses correspondientes. Además, la Contaduría General de la Nación registrará la erogación como un anticipo de fondos de la Tesorería General de la Nación, imputando el importe a la cuenta de la provincia.

Desde el punto de vista fiscal, el esquema implica un adelanto de liquidez inmediata para Entre Ríos, pero también un compromiso financiero para 2026, dado que las retenciones futuras impactarán sobre los recursos de libre disponibilidad de la provincia durante el próximo ejercicio.

Repercusiones políticas y económicas

La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar un anticipo de esta magnitud refuerza el rol del Gobierno nacional como financiador de última instancia frente a tensiones de caja provinciales, especialmente en momentos críticos como el cierre del año, cuando se concentran obligaciones salariales y financieras, como el pago de aguinaldos y vencimientos de deuda.

Al mismo tiempo, el mecanismo pone en evidencia las limitaciones estructurales de las finanzas provinciales y la dependencia de los recursos coparticipables. Para Entre Ríos, el anticipo permite evitar un escenario de incumplimientos inmediatos, aunque traslada parte del ajuste al ejercicio siguiente, cuando deberá absorber las retenciones automáticas y el costo financiero asociado a la tasa TAMAR.

En el plano institucional, el decreto se inscribe dentro de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional previstas por la Constitución Nacional y la legislación presupuestaria, y vuelve a poner en agenda el debate sobre la sostenibilidad fiscal de las provincias y el uso de adelantos de coparticipación como herramienta de administración de crisis transitorias.

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Coparticipación: Misiones mejora en octubre, pero sigue 9,6% abajo frente a 2023

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En el mes de octubre de 2025 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,49 billones y presentaron una leve en términos reales del 1,0% contra igual mes del año anterior. En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 176.221 millones con una variación de +1,3% interanual en términos reales, además de crecer 5,5% real en la comparación mensual, indicó un reporte de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la DNAP y INDEC.

Analizando el desempeño de los componentes de estas transferencias para Misiones, la Coparticipación Federal para la provincia totalizó $ 159.730 millones, creciendo 1,5% real interanual apoyada sobre todo en una buena performance del impuesto a las Ganancias (+12,8% i.a) y una suba también, aunque mucho más moderada, del IVA (+0,2% i.a).

Persiste la brecha con años previos

Por el contrario, nuevamente mostraron una importante caída los fondos por Leyes y Regímenes Especiales: en Misiones, estos totalizaron $ 7.959 millones y cayeron 24,0% contra igual mes del año pasado en términos reales, una baja apoyada por la significativa merma de Bienes Personales (-70,8%). Por su lado, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal siguieron con tendencia alcista (+39,7%).

Cabe señalar que, para el caso misionero, si bien este octubre logró crecer contra el de 2024, se posiciona por debajo de igual mes de 2023 (-3,5%) y 2022 (-12,9%)

Con este resultado, Misiones cerró el período acumulado enero a octubre del año captando recursos por $ 1.577.849 millones ($ 1,57 billones) mostrando un incremento acumulado real del 2,5% interanual, aunque los envíos por coparticipación presentan una variación débil (+0,6%). En este marco, aún con alzas contra 2024, los envíos automáticos a Misiones todavía están -9,6% vs. igual período del 2023, -11,7% contra el 2022 y -5,8% respecto a 2021.

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El modelo misionero de equilibrio fiscal

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En el Congreso de la Nación, semanas atrás, el Secretario de Hacienda de la Nación Raúl Rigo afirmó, en relación a la presentación del proyecto del Presupuesto 2024, que “es un proyecto de ley cuyo resultado es compatible con el déficit fiscal primario para el sector público nacional de 0.9% del PBI” pero, al mismo tiempo, presentó una separata de gastos tributarios que, en el caso de poder disminuirlos, se podría alcanzar un el objetivo de “lograr el resultado superavitario del 1% del PBI” para el año 2024.

El equilibrio fiscal es, quizás, la gran deuda pendiente que tiene la economía nacional. La Argentina se caracterizó por ser un país donde el déficit se transformó en hábito, requiriendo así de financiamiento para poder cubrirlo, realizado vía emisión o deuda. De allí, surgen los problemas más transcendentales del país: inflación y endeudamiento.

Trimestre a trimestre observamos, en el análisis de las cuentas fiscales, como el déficit es la constante con sus correspondientes volatilidades. En mayor o menor volumen, el resultado siempre está en rojo. Caso contrario vemos en la provincia de Misiones: trimestre a trimestre, exhibe equilibrios fiscales con sostenimiento del gasto social.

Un mes atrás, en esta columna de Economis, analizábamos los resultados de primer trimestre del año para la administración pública misionera. Ahora, repasemos los detalles de las cuentas públicas misioneras para el segundo trimestre, que surgen de las planillas publicadas por el ministerio de Hacienda provincial en los últimos días.

Empecemos por el final: el período analizado culminó, nuevamente, con superávit financiero, que fue por $ 48 millones y si bien se trata de un volumen escaso, cobra relevancia por el contexto en que se logró ese superávit: una baja en los ingresos del 6% en términos reales. ¿Como se llegó a ese resultado? Vamos con eso.

Las finanzas acumuladas al segundo trimestre del año de la provincia se enmarcan en un escenario nacional de retroceso de los ingresos producto, principalmente, de la inflación y debilitamiento de la economía nacional. Los ingresos totales de la provincia de Misiones en los primeros seis meses del 2023 fueron por $ 347.275 millones, exhibiendo un retroceso del 6% en términos reales respecto a igual período del 2022.

Dentro de los ingresos, se destacan los Corrientes y los de Capital. Los ingresos corrientes representan el 95% del total de los recursos de la provincia. Totalizando $ 331.804 millones, cayeron 5,2% real interanual. Hacia dentro de los ingresos corrientes se distinguen los Tributarios de origen nacional y Tributarios de origen provincial, que son los que participan en mayor volumen y mostraron bajas reales interanuales (-5,2% y -5,7% respectivamente). Además, existen los recursos no tributarios, que mostraron caídas en mayor nivel (-29,8% real interanual) y las Transferencias Corrientes, que son recursos que llegan del estado nacional de manera no automática y exhibieron descenso real del 25,5% en el período.

También dentro de los ingresos se distingue, además, dos conceptos que mostraron crecimiento: por un lado, las Contribuciones de la Seguridad Social, que se expandieron 5,5% real interanual; y las Rentas de la Propiedad que se alzaron 35,1%.

Por el lado de los ingresos de Capital, que explican el 5% del total de los ingresos, fueron por $ 15.471 millones con descenso fuerte: -20,7% real. El 91% de esos ingresos son Transferencias del estado nacional de modalidad no automática, que caen 18,5% real interanual; también exhibe descenso el concepto de Disminución de la Inversión Financiera (-40,6%) y, por el contrario, tuvo subas dentro de esta categoría el concepto de Recursos propios de Capital, cuyo incremento real fue del 163,5%, aunque con volumen altamente marginal dentro del total.

Descripta la situación de los ingresos, se pueden observar como en su mayoría se movieron con debilidad cayendo en terreno negativo, generando así el resultado anteriormente descripto de la caída del 6% real interanual de los ingresos totales.

Con el dato de los ingresos y su caída, veamos como se movió el gasto. Naturalmente, ante la contracción de los ingresos, el gasto también correría esa suerte, pero lo que marca la diferencia es el nivel de retroceso que podría tener. En el caso misionero se evidencia que el gasto efectivamente cayó, pero lo hizo en niveles mínimos: -0,8% real interanual, lo cual marca ya como primer dato relevante que la provincia sostuvo el nivel de gasto aun en contexto adversos. El gran punto a determinar es donde se logró contener (e incluso aumentar) y donde se ajustó. Ese análisis es el que permitirá hacer el balance político de la administración provincial.

El gasto total fue por $ 347.227 millones y como ya se detalló, cae 0,8% real interanual. dentro del gasto se identifica, al igual que en los ingresos, dos grandes categorías. El gasto corriente y el de capital. El gasto corriente totalizó $ 301.697 millones, concentrando el 87% del total del gasto y creciendo 1,9% real interanual. Ya allí encontramos un primer dato de relevancia. El gasto corriente, para ponerlo en contexto, abarca a aspectos altamente sensibles de la administración provincial como ser salarios, prestaciones sociales y apoyo a empresas y municipios, entre otros, vías transferencias.

En ese marco, se distingue el primer aspecto de gran importancia: el gasto en Personal, que es la masa del gasto destinado a salarios, crece 5,2% real interanual, lo que ratifica el proceso de recomposición del salario de los agentes públicos provinciales. A su vez, las prestaciones sociales (jubilaciones y pensiones) también crecen: +5,2% real interanual. Por su parte, las transferencias corrientes se alzan 1,3% pero explicado, sobre todo, al apoyo al sector privado (+6,0%). El único concepto dentro del gasto corriente que tuvo descensos reales fue el de Servicios de la deuda pública, que cae 63% real interanual, siendo este otro dato altamente relevante de la administración misionera: menor peso de la deuda pública que abre el presupuesto para destinar recursos a otras áreas de importancia social.

El gasto de capital, en cambio, mostró bajas del 15,5% totalizando $ 45.530 millones (13% del total del gasto), siendo este el punto donde se debió ajustar momentáneamente el gasto en pos de cuidar las áreas sociales más sensibles.

Con el detalla realizado previamente, evaluamos entonces los resultados fiscales de la provincia de Misiones. Resumiendo todo lo anteriormente dicho: los ingresos totales caen 6% pero el gasto total cae solamente 0,8%, todo en términos reales. En ese contexto, el gasto salarial y de prestaciones sociales lograron crecer, siendo este el factor más relevante en el análisis.

El primer nivel de análisis de los resultados fiscales en el Operativo/Económico, que se define como la diferencia entre los recursos corrientes y el gasto corriente y es el resultado del funcionamiento de la actividad corriente del Estado. En Misiones, el período analizado finalizó con un superávit de $ 30.107 millones que equivale al 9% de los ingresos corrientes. A partir del hecho de la caída de los ingresos y la suba del gasto corrientes, este superávit es menor al registrado en igual período de 2022, que equivalía al 15,4% de los ingresos corrientes.

En segundo lugar, está el resultado primario, que es la diferencia entre los ingresos totales y el gasto primario, que surge de excluir del gasto total el pago de los intereses de la deuda. En Misiones, el superávit primario fue por $ 1.117 millones que equivale a. 0,3% de los ingresos totales, por debajo de igual período del 2022 (6,1%).

Finalmente, está el resultado financiero, que es la diferencia entre el total de los ingresos y el total del gasto (por ende, incluye el pago de intereses de la deuda pública). Como ya se destacó antes, el superávit financiero de Misiones al segundo trimestre del 2023 es de $ 48 millones que equivale al 0,01% de los ingresos totales, también menor al año anterior (5,3%).

El hecho de que la participación de los superávits en sus tres niveles sea menor a los del año pasado no representa un problema; por el contrario, evidencia un buen manejo de los recursos pese a un contexto adverso. Al segundo trimestre del 2022 la provincia llegaba con fuerte alza de los ingresos, pero en ese período de 2023 llegó con mermas en los recursos. Por ello, haber priorizado el gasto en salarios y prestaciones sociales, como también en apoyo al sector privado, en un escenario de alta inflación y debilitamiento de los indicadores socioeconómicos, es el aspecto más relevante y transcendental de este análisis realizado.

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