Fintech Argentina

Mercado Pago bajo la lupa: reguladores cuestionan el “prode” del Mundial y advierten posibles riesgos legales

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La fiebre mundialista volvió a instalar una tradición argentina: el clásico “prode” entre amigos, familiares o compañeros de trabajo. Pero esta vez, la masificación tecnológica llevó esa costumbre a otra escala. Con el lanzamiento de “Fixture 2026”, Mercado Pago convirtió los pronósticos deportivos en una experiencia digital que ya movilizó a millones de usuarios y abrió un debate que trasciende al fútbol: ¿se trata de un simple entretenimiento o de una modalidad de apuestas encubierta?

La polémica enfrenta a la fintech de Mercado Libre con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA), entidad que reúne a los organismos reguladores del juego de las provincias argentinas. El eje de la discusión está puesto en los denominados “torneos de amigos”, una función que permite crear competencias privadas de hasta 50 participantes y que, según los reguladores, podría vulnerar la normativa vigente sobre juegos de azar.

La advertencia de las loterías

ALEA remitió una nota formal a Mercado Libre S.R.L. en la que advirtió que la herramienta presenta características que podrían encuadrarse en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona con penas de prisión la explotación u organización de juegos de azar sin autorización estatal.

Según la interpretación de los reguladores, aunque Mercado Pago no recaude directamente el dinero, la plataforma facilita una estructura que permite vincular transferencias económicas con el resultado de pronósticos deportivos, una característica propia de las apuestas.

La entidad sostiene que la existencia de un monto económico asociado al desempeño de los participantes transforma la naturaleza promocional del concurso y lo acerca a un esquema de juego por dinero que requiere habilitación específica en cada jurisdicción provincial.

Cómo funciona el sistema

Mercado Pago presenta “Fixture 2026” como una competencia gratuita basada en la predicción de resultados de los partidos del Mundial.

Los usuarios acumulan puntos según la precisión de sus pronósticos y participan por premios oficiales otorgados por la empresa, entre ellos hasta $20 millones diarios en jornadas de competencia y un premio mayor de USD 50.000 para el ganador del ranking general.

La controversia surge con los llamados “torneos de amigos”.

Estos grupos pueden organizarse en dos modalidades:

  • Amistoso, sin dinero involucrado.
  • Porotos, donde cada participante acuerda un monto de hasta $70.000.

En este último caso, Mercado Pago aclara que no cobra, retiene ni administra esos fondos. El sistema únicamente registra el compromiso de pago y deja que, una vez finalizado el torneo, cada participante decida voluntariamente transferir el dinero al ganador.

La estructura permite que un torneo completo de 50 personas movilice hasta $3,5 millones, aunque el dinero nunca pase por las cuentas de la empresa.

El argumento de Mercado Pago

Desde la compañía sostienen que el concurso no constituye una apuesta.

La defensa se apoya en tres pilares:

  • No existe obligación de pago entre participantes.
  • Mercado Pago no recauda ni distribuye fondos.
  • La competencia incluye trivias y preguntas de conocimiento general, por lo que el resultado no depende exclusivamente del azar.

La empresa remarca además que la plataforma funciona únicamente como una herramienta tecnológica para registrar resultados y administrar rankings.

Fuentes de la fintech reconocieron que el nivel de participación superó ampliamente las expectativas iniciales. Hasta comienzos de junio, más de 2,3 millones de usuarios ya habían cargado más de 60 millones de pronósticos correspondientes a la primera fase del Mundial.

El punto que preocupa a los reguladores

Para ALEA, el problema no se limita a la existencia o no de una comisión directa.

Los organismos provinciales sostienen que Mercado Pago obtiene beneficios indirectos derivados del incremento en el uso de su ecosistema financiero. Entre ellos mencionan el aumento del volumen transaccional, la permanencia de fondos dentro de la plataforma y la fidelización de usuarios.

Bajo esa lógica, consideran que existe un aprovechamiento económico de una actividad vinculada al juego, aun cuando la empresa no participe formalmente en la administración de los premios.

La cuestión de los menores

Otro aspecto sensible del debate es el acceso de adolescentes a la aplicación.

Mercado Pago permite la apertura de cuentas para usuarios de entre 10 y 17 años con autorización parental. Los reguladores advierten que cualquier asociación entre la plataforma y actividades vinculadas al juego podría entrar en contradicción con las políticas de prevención de la ludopatía infantil y adolescente impulsadas tanto por organismos públicos como privados.

La empresa, por su parte, asegura que los menores de edad no participan del concurso “Fixture 2026”.

Un conflicto que recién empieza

La disputa adquiere una dimensión adicional porque Mercado Libre y ALEA mantienen desde 2020 un convenio de cooperación para combatir el juego ilegal online y promover prácticas de juego responsable. El acuerdo contempla mecanismos para bloquear perfiles, publicaciones y actividades vinculadas con apuestas clandestinas en plataformas digitales.

En ese contexto, la discusión sobre el “prode” mundialista adquiere una carga simbólica importante: la misma empresa que colabora con la detección de apuestas ilegales enfrenta ahora cuestionamientos sobre una de sus herramientas más populares.

Por el momento, Mercado Pago modificó algunos aspectos operativos de los “torneos de amigos”, pero evitó pronunciarse públicamente sobre la intimación de ALEA. Del lado de los reguladores, en cambio, consideran que las correcciones realizadas no eliminan los riesgos legales detectados.

Con millones de usuarios participando y el Mundial en pleno desarrollo, el caso promete convertirse en una prueba de fuego para los límites entre entretenimiento digital, competencia promocional y regulación del juego online en Argentina.

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La otra cara de la recuperación: la deuda de los hogares se triplicó en dos años y crece la morosidad

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Mientras los indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización y algunas variables sociales comienzan a exhibir mejoras, una dinámica menos visible avanza sobre la economía cotidiana de los argentinos: el fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares. Un informe de la Fundación Éforo revela que, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, la deuda promedio por persona se triplicó, pasando de 337.000 pesos a más de un millón de pesos, en un contexto donde el acceso al crédito se expandió, pero también lo hicieron las dificultades para cumplir con los compromisos financieros.

El fenómeno pone de relieve una de las tensiones más importantes del actual ciclo económico. La desaceleración de la inflación y la recuperación parcial de algunas líneas de financiamiento conviven con una creciente dependencia del crédito para sostener el consumo, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.

Los datos recopilados por la Fundación Éforo muestran que el sistema crediticio continúa ampliándose, aunque con señales crecientes de fragilidad. En apenas dos años, la cantidad de personas endeudadas a través de proveedores no financieros pasó de 9,5 millones a 11,3 millones. Se trata de usuarios que acceden a financiamiento mediante fintech, mutuales, billeteras virtuales y tarjetas emitidas fuera del sistema bancario tradicional.

El crecimiento no sólo se refleja en la cantidad de usuarios. El volumen total financiado mediante estos canales aumentó de 3,2 billones de pesos a 11,8 billones, una expansión que evidencia el papel cada vez más relevante de los actores no bancarios dentro del ecosistema financiero argentino.

Sin embargo, la expansión del crédito viene acompañada por un deterioro de la capacidad de pago. La morosidad muestra una tendencia ascendente en prácticamente todos los segmentos. En los préstamos otorgados por bancos privados, el incumplimiento pasó del 4,5% al 10,6%, más que duplicándose en el período analizado. La situación es aún más delicada entre los proveedores no financieros, donde la mora alcanzó el 16,2%, mientras que las tarjetas no bancarias registraron un incumplimiento del 14,5%.

La relevancia de estos números radica en que estos instrumentos se han convertido en una de las principales herramientas de financiamiento para el consumo cotidiano. En muchos hogares, especialmente aquellos con dificultades para acceder al sistema bancario formal, las fintech y las tarjetas alternativas funcionan como una vía indispensable para afrontar gastos corrientes.

Para Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo, los datos reflejan una situación compleja y contradictoria. Según señaló, el sistema muestra una mayor inclusión financiera, pero al mismo tiempo evidencia un aumento de la vulnerabilidad económica de numerosos hogares.

“Los datos muestran una realidad ambivalente. Más argentinos acceden al crédito, pero una parte creciente de los hogares lo hace en condiciones cada vez más exigentes y con mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros. El aumento simultáneo de la deuda promedio y de la morosidad sugiere que estamos frente a una señal de alerta que merece seguimiento, especialmente en los sectores de menores ingresos”, sostuvo.

Uno de los factores que explican este deterioro es el elevado costo del financiamiento. Aunque las tasas de interés han descendido respecto de los picos registrados durante los años de alta inflación, continúan siendo significativamente elevadas. Durante 2025 y comienzos de 2026, los préstamos personales otorgados por bancos operaron con tasas nominales anuales de entre 70% y 90%.

La situación resulta aún más exigente en el universo de los proveedores no financieros, donde el costo promedio del crédito alcanzó el 129% nominal anual. Este diferencial impacta principalmente sobre los sectores con menor bancarización, que terminan accediendo a financiamiento más caro y enfrentan mayores riesgos de sobreendeudamiento.

La fotografía del endeudamiento adquiere especial relevancia en momentos en que diversos indicadores sociales muestran mejoras parciales. Recientemente, UNICEF informó una reducción de la pobreza infantil durante 2025, aunque advirtió sobre posibles retrocesos para 2026. El crecimiento del crédito permitió amortiguar parte de las dificultades económicas de los hogares, pero los datos de morosidad sugieren que una porción creciente de ese financiamiento podría estar funcionando como mecanismo de supervivencia más que como herramienta de inversión o consumo sostenible.

No todas las líneas crediticias presentan el mismo comportamiento. El informe destaca una excepción significativa: el crédito hipotecario. Impulsado por la estabilización macroeconómica y la reaparición de préstamos ajustados por inflación, este segmento registró un crecimiento real superior al 50% interanual y mantiene niveles de mora considerablemente inferiores al promedio del sistema financiero.

La diferencia pone en evidencia una creciente segmentación del mercado crediticio. Mientras los sectores con capacidad de ahorro y acceso al sistema financiero formal comienzan a recuperar instrumentos de financiamiento de largo plazo, los hogares más vulnerables enfrentan costos más elevados y una carga financiera cada vez más difícil de sostener.

Desde la Fundación Éforo advierten que esta evolución configura una estructura crediticia dual. Por un lado, un sistema financiero que muestra signos de recuperación y expansión. Por otro, una creciente concentración del endeudamiento riesgoso en los segmentos de menores ingresos.

La preocupación trasciende el plano individual. El aumento simultáneo de deuda, morosidad y financiamiento de alto costo plantea desafíos para las políticas de inclusión financiera, la protección de consumidores y la estabilidad económica de mediano plazo. Si bien el crédito continúa siendo una herramienta clave para sostener la actividad económica y el consumo, la velocidad con la que crecen los incumplimientos comienza a encender señales de alerta sobre la capacidad real de los hogares para absorber nuevas obligaciones.

En una economía que busca consolidar la estabilidad luego de años de volatilidad, el endeudamiento de las familias emerge como una de las variables a monitorear. Porque detrás de los indicadores de recuperación macroeconómica, la situación financiera de millones de hogares sigue mostrando signos de fragilidad que podrían condicionar la sostenibilidad de la mejora económica en los próximos años.

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Mercado de capitales: la CNV flexibiliza el acceso profesional y abre una ventana para captar talento financiero

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó una exención parcial del examen de idoneidad para egresados de la Maestría en Dirección de Finanzas y Control de la UADE, una decisión técnica que, aunque parece acotada al sistema financiero, refleja un movimiento más amplio: la necesidad del mercado de capitales argentino de acelerar la formación y certificación de perfiles especializados en finanzas, compliance y asesoramiento inversor.

La medida publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 1138/2026 permite que quienes acrediten esa maestría queden exceptuados de rendir los módulos 4, 5 y 6 del examen obligatorio para operar como idóneos ante la CNV. Deberán completar únicamente los módulos 1, 2 y 3 para inscribirse en el Registro de Idóneos.

Detrás de la modificación regulatoria aparece una señal relevante para provincias como Misiones: el sistema financiero argentino empieza a reconocer que necesita ampliar la base de profesionales certificados para sostener el crecimiento de instrumentos de inversión, financiamiento pyme y operatorias digitales fuera del AMBA.

Más profesionales habilitados para un mercado que busca federalizarse

La resolución no modifica reglas operativas del mercado de capitales, pero sí reduce barreras de ingreso para perfiles técnicos ya formados en finanzas corporativas y mercado bursátil.

En términos prácticos: la CNV reconoce formación académica específica como equivalente parcial del examen técnico. Se acelera el ingreso de profesionales al ecosistema financiero regulado. Se reduce tiempo y costo de certificación. Y el sistema gana mayor disponibilidad de asesores y operadores habilitados.

Para el interior argentino, donde existe menor densidad de agentes financieros especializados, la señal tiene implicancias más profundas que en Buenos Aires.

¿Por qué esto importa en Misiones?

Misiones todavía opera con una baja penetración del mercado de capitales en comparación con provincias industriales o agroexportadoras del centro del país.

La mayoría de las pymes yerbateras, forestales o comerciales continúa financiándose mediante: crédito bancario tradicional. Descuento de cheques. Financiamiento de proveedores. Capital propio. Y cooperativas

Sin embargo, en los últimos años comenzaron a crecer herramientas alternativas como: obligaciones negociables pyme. Factura de crédito electrónica. Fondos comunes de inversión. Fideicomisos productivos. Y mercado de cheques avalados

El problema estructural del NEA no es únicamente financiero: también es técnico. Hay escasez de profesionales certificados para estructurar operaciones, asesorar empresas y vincular proyectos regionales con inversores institucionales.

Ahí es donde la decisión de la CNV adquiere valor estratégico.

El desafío del NEA: capital financiero sin masa crítica profesional

Mientras Buenos Aires concentra sociedades de bolsa, estudios financieros y universidades especializadas, el norte argentino todavía enfrenta un cuello de botella en capital humano financiero.

Eso limita especialmente a sectores como:

Yerba mate Muchas cooperativas y secaderos tienen capacidad productiva, pero escasa sofisticación financiera para acceder a instrumentos de cobertura, emisión o financiamiento bursátil.

Forestoindustria La madera requiere financiamiento de largo plazo por los ciclos forestales extensos. Sin estructuras financieras profesionales, el sector depende excesivamente del crédito bancario tradicional.

Turismo Hotelería y desarrollos turísticos del norte misionero necesitan vehículos de inversión más complejos para captar capital privado en proyectos medianos.

Comercio fronterizo Las empresas expuestas a las asimetrías con Paraguay y Brasil necesitan herramientas financieras más dinámicas para administrar liquidez, cobertura cambiaria y capital de trabajo.

La señal política de la CNV

La resolución también muestra un cambio gradual en la lógica regulatoria del mercado financiero argentino: pasar de un modelo altamente concentrado y burocrático hacia esquemas de acreditación más compatibles con estándares académicos y profesionales.

La CNV mantiene el control sobre los módulos centrales del examen, pero reconoce competencias específicas adquiridas en posgrados especializados.

Eso busca resolver un problema concreto del sistema: falta de asesores registrados; crecimiento del ahorro digital; mayor demanda de productos financieros; expansión de fintech y ALyCs y necesidad de educación financiera formal

En un escenario de desintermediación bancaria parcial, el mercado de capitales necesita escala profesional para crecer fuera del núcleo porteño.

Qué cambia concretamente

La resolución incorpora a la Maestría en Dirección de Finanzas y Control de UADE dentro de las titulaciones con equivalencias parciales ante la CNV.

Los graduados: quedan exentos de rendir los módulos 4, 5 y 6 del examen de idoneidad. Deberán aprobar los módulos 1, 2 y 3. Y podrán luego solicitar el alta en el Registro de Idóneos.

La medida entra en vigencia inmediatamente tras su publicación en el Boletín Oficial.

Lo que el empresariado empieza a observar

Aunque la noticia parece circunscripta al sistema financiero, el impacto potencial para las economías regionales está asociado a otra discusión: quién estructurará el financiamiento de las pymes del interior en los próximos años.

Misiones necesita ampliar su ecosistema financiero profesional para reducir dependencia del crédito bancario tradicional y mejorar acceso a capital para sectores exportadores.

La discusión ya no pasa solamente por tasas o subsidios. El cuello de botella empieza a ser técnico: Falta de estructuradores financieros. Escasez de asesores certificados. Bajo desarrollo bursátil regional. Y poca integración entre producción y mercado de capitales. La resolución de la CNV apunta, indirectamente, a ese problema.

El dato que habrá que seguir de cerca es si otras universidades avanzan en convenios similares y si el mercado financiero comienza efectivamente a expandir capacidad operativa hacia provincias periféricas. Sin esa federalización, el capital seguirá concentrado donde históricamente estuvo: Buenos Aires.

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Pagos digitales: la Generación Z lleva a empresas a adaptarse a una “economía del impulso”

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Según un estudio presentado en abril de 2026 por la empresa OKTO PAYMENTS, el 52,5% de estos usuarios espera que una transacción se complete en menos de 30 segundos, mientras que un 15,4% de la Generación Z exige tiempos de apenas cinco segundos. El dato no es técnico: expone una transformación en curso que puede redefinir la competitividad de plataformas, fintech y comercios. La pregunta que subyace es si el ecosistema financiero —incluido el regulador— podrá adaptarse a esta lógica de inmediatez o si quedará rezagado frente a nuevas demandas de consumo.

Una nueva arquitectura de consumo digital

La Generación Z y los Millennials están elevando los estándares de lo que se considera una experiencia aceptable de pagos digitales, y una nueva investigación de OKTO PAYMENTS muestra que el margen de error se está reduciendo rápidamente. El estudio reveló que el 52,5% de los consumidores de estas generaciones espera que los pagos se completen en menos de 30 segundos. En el caso específico de la Generación Z, un 15,4% considera aceptable un tiempo de espera de cinco segundos o menos, la proporción más alta entre todos los grupos etarios analizados.

Los datos evidencian un cambio claro en el comportamiento del consumidor digital, con implicancias directas para empresas que operan en sectores como el comercio electrónico, iGaming y trading. Está emergiendo un patrón definido por OKTO PAYMENTS como la “Economía del Impulso”: un modelo en el que la decisión, el pago y la experiencia ocurren casi de forma simultánea, impulsados por una cultura mobile-first y hábitos de consumo cada vez más espontáneos. En Argentina, por ejemplo, el 59% de los usuarios accede a internet exclusivamente a través de sus teléfonos móviles, además, en promedio, 8 de cada 10 personas utiliza su dispositivo móvil para realizar compras y transacciones, según el último estudio anual presentado por CertiSur.

Este cambio se ve acelerado por la adopción masiva de sistemas de pagos en tiempo real en la región, incluyendo Pix en Brasil, billeteras digitales en Argentina y Chile, SPEI en México y Yape en Perú, entre otros.

Impacto en el negocio y presión sobre el sistema

“Lo que estamos viendo es un cambio estructural en las expectativas”, señala Filippos Antonopoulos, fundador y CEO de OKTO PAYMENTS. “Estas generaciones han crecido con sistemas de pago instantáneos, autenticación en tiempo real y confirmaciones inmediatas. Para ellos, si un pago tarda demasiado, se percibe como fallido. Y cuando eso ocurre en un momento de impulso, la plataforma no solo pierde la venta, sino que muchas veces también pierde al cliente”, agrega.

Las cifras muestran un impacto directo en los ingresos de los negocios digitales por dos vías. Cerca del 30% de los usuarios abandona completamente una transacción tras un solo problema en el proceso de pago, mientras que otro 48% posterga la compra. Entre los consumidores de la Generación Z, un 47% afirma haber abandonado múltiples depósitos en el último año debido a procesos de pago lentos o excesivamente complejos, en comparación con un 34% entre consumidores de 46 años o más. Asimismo, el 43,6% de la Generación Z declara tener cada vez menos tolerancia a las demoras en los pagos, cifra que cae a solo un 4,1% entre los mayores de 56 años.

La demanda, además, se concentra en ventanas de tiempo muy acotadas. Más del 55% de los comercios reporta que un tercio de su volumen total de transacciones ocurre dentro de los primeros cinco minutos de un evento, como una oferta relámpago. En esos momentos de alta demanda, cerca del 40% de los consumidores afirma que su tolerancia a los tiempos de espera disminuye aún más.

El informe completo, “Playing Differently in LatAm: How a New Generation of Players is Redefining the Payment Experience”, se basa en 620 entrevistas a empresas y consumidores en Brasil, Argentina y Chile, realizadas durante el primer trimestre de 2026.

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Fallo ejemplar en Misiones: condenan al Santander Río por fraude con identidad suplantada

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La Justicia de Misiones envió una señal clara al sistema financiero: los bancos no pueden desligarse de sus responsabilidades frente a fraudes digitales. En un fallo de alto impacto, el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Posadas condenó al Banco Santander Río por permitir la apertura de una cuenta y la toma de un préstamo mediante suplantación de identidad, exponiendo graves fallas en sus mecanismos de control.

El caso no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de validación de identidad en el sistema bancario, sino que además refuerza una línea jurisprudencial cada vez más firme: la protección del consumidor frente a las asimetrías de poder con las entidades financieras.

En el caso, la persona afectada fue patrocinada por el estudio jurídico Santiago, integrado por Sergio, Facundo y Sebastián Santiago, quienes llevaron adelante la estrategia legal que culminó en la condena. La jueza María Eugenia Barrionuevo dispuso una reparación económica contundente: $361.000 en concepto de gastos, $7 millones por daño moral más intereses, y una suma equivalente en concepto de daño punitivo, también con intereses. Además, estableció que el 100% de las costas del proceso quede a cargo del banco, reforzando el carácter ejemplificador del fallo y la responsabilidad integral de la entidad financiera.

Una cadena de fallas 

Según el fallo, un tercero logró utilizar datos personales de la víctima para abrir una cuenta bancaria y acceder a un crédito. El resultado fue doblemente perjudicial: por un lado, la persona afectada quedó vinculada a una deuda que nunca contrajo; por otro, fue incluida en registros de morosidad, con el consecuente daño reputacional y financiero.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el expediente revela un problema estructural: la insuficiencia de controles en procesos digitales que, si bien agilizan la operatoria, también amplifican los riesgos de fraude si no están correctamente auditados.

El tribunal aplicó de manera contundente la Ley de Defensa del Consumidor, estableciendo criterios que refuerzan la posición del usuario frente al banco:

  • Responsabilidad objetiva del proveedor: la entidad responde por los daños derivados del servicio, independientemente de su culpa.
  • Carga dinámica de la prueba: corresponde al banco demostrar que cumplió con los controles de seguridad.
  • Interpretación favorable al consumidor: cualquier duda debe resolverse en beneficio del usuario.
  • Deber de información y trato digno: el silencio o la falta de respuesta agravan la responsabilidad.

En otras palabras, el fallo deja en claro que no alcanza con alegar que el fraude fue cometido por un tercero: el banco debe garantizar que sus sistemas sean lo suficientemente robustos como para evitarlo.

La sentencia ordenó una reparación integral, que incluye resarcimiento por daño moral, por la afectación personal sufrida, daño punitivo, como sanción ejemplificadora. En paralelo, se establecieron medidas cautelares, entre ellas el bloqueo de la cuenta irregular, eliminación de la condición de deudor en el BCRA y Veraz y prohibición de reclamos de pago.

Estas medidas no solo buscan reparar el daño individual, sino también generar un efecto disuasorio en el sistema financiero.

Más allá del caso puntual, el fallo se inscribe en una tendencia creciente: la judicialización de los fraudes digitales y la exigencia de mayores estándares de seguridad a las entidades financieras.

En un contexto donde la digitalización avanza a gran velocidad -con aperturas de cuentas remotas, validaciones biométricas y créditos online-, la Justicia comienza a marcar límites claros: la innovación no puede ir en detrimento de la seguridad.

Misiones, en este sentido, se posiciona a la vanguardia. No solo por el contenido del fallo, sino por el mensaje que transmite: el costo de las fallas en los sistemas no puede recaer sobre el usuario.

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