El economista y político Claudio Lozano, ex director del Banco de la Nación Argentina y actual precandidado a presidente por el partido Unidad Popular (que integra el Frente de Todos) llegó a Misiones con varias actividades políticas. En la previa habló con Economis sobre la situación del país y como encara el frente las próximas elecciones.
Uno de los planteos que había hecho en la semana, en plena “disparada” del dólar blue, fue “declarar una emergencia cambiaria en Argentina“, que permita penalizar las operaciones especulativas, aplicar un programa popular antiinflacionario y recuperar el mercado interno. Además, había criticado la estrategia económica del gobierno y volvió a cuestionar el acuerdo con el FMI mientras se señaló la necesidad de una discusión seria en torno a las cuevas, el comercio ilegal y el dólar blue.
Lozano explicó que “se necesita voluntad política para combatir el juego especulativo en la Argentina. La ley de emergencia cambiaria debería haberse aplicado desde el inicio del gobierno actual“. Explicó que hay una falta de políticas que disciplinen el comportamiento del capital concentrado y limiten su capacidad de fuga impiden el desarrollo económico del país.
Indicó que el actual Gobierno tiene un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “que ha producido efectos negativos y busca resolverlo aumentando el endeudamiento”. Para él los comicios de este año son cruciales y se debe “tomar distancia de la gestión actual y presentar una propuesta distinta que no defienda la gestión actual, ya que la economía creció, pero la pobreza no disminuyó, lo que indica un déficit serio en la política gubernamental”.
El dirigente de Unión Popular explicó que desde Unidad Popular proponen “democratizar el Frente de Todos y no aceptar una conducción conservadora”, además esperan que, si Cristina no asume el rol de candidata, garantice un proceso democrático sin imposiciones.
–Esta semana realizó un planteo de decretar la emergencia cambiaría, que significa eso
-El planteo de decretar la emergencia cambiaria, es declarar como bien de interés público la divisa y consecuentemente facultar al Estado a todas las intervenciones necesarias para administrar el uso de las mismas en función de las necesidades del país. En segundo lugar, agravar y aplicar la ley penal cambiaria de manera tal de penalizar las operaciones especulativas que dan como resultado esta escalada permanente que tenemos del dólar en la Argentina.
Y en ese contexto, digamos, obviamente, tomar distancia del acuerdo con el Fondo y poner en marcha a partir de allí lo que denominamos un programa popular antiinflacionario que supone congelamiento de los precios y recomponer la variable que está efectivamente retrasada en la Argentina que es la variable de los ingresos, esto es salarios, jubilaciones, todo lo que tendría que ver con los ingresos propios de la población informal. Que habría que discutir una estrategia diferente a la de los planes actuales, nosotros estamos planteando hace rato la necesidad de un ingreso básico universal sobre la población en situación de informalidad y un programa de empleo garantizado que vincule a todos aquellos que están en la economía popular con una orientación de trabajo asociada a una estrategia de desarrollo.
Pero digo, todas estas cuestiones tienen que ver con producir en simultáneo un shock distributivo con una recuperación del mercado interno. Porque lo que está pasando, es que se aceptó un plan con el Fondo que es un plan que promueve y que promovió en la práctica un shock inflacionario, cuando comenzó el acuerdo la tasa de inflación estaba en el 50% y ahora está arriba del 100% anual. Y ese shock inflacionario lo que hace es deteriorando el poder adquisitivo de la gran parte de la población, lo que produce es una desaceleración de las ventas en el mercado interno porque lo achica y al mismo tiempo va generando las condiciones de que el país vaya con destino al estancamiento. Digamos, los dos componentes que tiene el acuerdo con el Fondo, es el carácter inflacionario y el carácter recesivo que de alguna manera nos lleva a una situación de estancamiento con inflación.
Por eso más allá además del tema de que supone la legalización de una estafa, es que nosotros desde el comienzo planteamos que este acuerdo no había que firmarlo, no es que lo estamos diciendo ahora y advertimos sobre estos temas desde ese momento. Pero bueno, nosotros creemos que lamentablemente el Gobierno desde que se produjo la salida de Guzmán en lugar de encarar una rectificación del rumbo, tomó una estrategia encarnada en lo que es la presencia de Sergio Massa al frente de la política económica nacional, que supone, digamos, una política de absoluta subordinación a las definiciones del Fondo con un proceso de sobre cumplimiento de las metas y al mismo tiempo una estrategia de concesión permanente a los dueños de la soja.
En ese contexto lo que estamos viviendo hoy es el fracaso estrepitoso de esa lógica que ciertamente ni restituyó la confianza, ni generó baja en la tasa de inflación, ni produjo ninguna de las tantas cosas que decían que iban a ocurrir. Porque si no acordábamos con el FMI íbamos al abismo, y el abismo lo tenemos con nosotros habiendo acordado con el Fondo.
–En esa discusión en serio, todo el mundo sabe dónde están las cuevas, dónde se comercia ilegalmente, dónde se especula ¿Cómo se puede accionar contra ellos? Porque siempre se habló de aumentar los controles. Cada vez que hay una corrida, sale el funcionario de turno a decir vamos a ir a controlar en las cuevas. O sea, hasta ellos reconocen que saben dónde se hace este juego especulativo. ¿Cómo realmente cambiar esa matriz nuestra?
-Por eso decía lo que dije antes, la ley penal cambiaria permite la penalización de las operaciones especulativas y como vos bien decís, no es que no se sabe, se sabe dónde están y operan, lo que pasa es que se los permite. De hecho el dólar tocó prácticamente los 500 pesos y ahí recién en ese momento Massa salió a plantear que iba a aplicar la ley penal cambiaria y bajó, inmediatamente bajó.
Y además se apartó de las recomendaciones del Fondo, usó reservas para intervenir en el mercado y se controla la situación. Obviamente habiendo permitido primero una escalada que no debió haberse permitido y que obviamente va a tener impacto en los precios y consecuentemente en el deterioro aún mayor del poder adquisitivo de una población que ya prácticamente en este momento tenemos el 43% de la población de la Argentina en situación de pobreza.
Así que digamos, porque digo, discutimos mucho sobre el dólar pero la contrapartida de la estampida cambiaria es el aumento de los precios y el deterioro del poder adquisitivo, todas las expectativas respecto a que la inflación baje en abril con este tipo de comportamiento cambiario, obviamente se esfuman.
Así que bueno, en ese sentido la capacidad de control existe, lo que hay que tener es voluntad política de utilizarla. La ley de la emergencia cambiaria es una cuestión que debió haberse utilizado, yo te diría desde que asumió el Gobierno Nacional. Porque ya asumimos en una situación sumamente compleja en materia de reservas en el momento en que se va Macri. Y la verdad es que Argentina garantizó un ingreso importante de divisas durante todo este tiempo, hasta marzo del 2022, momento en que se pone en marcha el acuerdo, habíamos acumulado 32.000 millones de dólares de saldo comercial positivo en la Argentina,
Que no tengamos reservas es porque se dilapidaron las reservas existentes, en base a dos grandes estrategias equivocadas. La primera, una estrategia equivocada de negociación de la deuda en donde se tomó la decisión de pagar mientras se negociaba, cuando la lógica en cualquier discusión de negociación de una deuda es suspender pagos, mientras negocio para forzar al acreedor de alguna manera a aceptar determinada discusión, qué problema tiene un acreedor si se le está pagando para discutir en otras condiciones con el deudor, ninguna. Por lo tanto, digo, la lógica es que Argentina no hubiera pagado lo que no tenía, de hecho, Macri había ya dejado de pagar antes de irse, no era que había que declarar un default porque el default ya había sido declarado. Y en segundo lugar el tema de haber permitido que grandes grupos empresarios que habían fugado guita, que tenían dólares propios en el exterior y demás, en base a declarar deudas con el exterior, en muchos casos deuda intragrupo empresario, reclamarán dólares de las reservas del Banco Central para pagarlas cuando tienen dólares propios como para hacerlo.
Entonces es el doble movimiento de una mala negociación de la deuda y al mismo tiempo la validación de un comportamiento absolutamente voraz y especulativo que supone haber fugado capital primero y segundo, demandarle al Estado los dólares para cancelar una deuda que en muchos casos además era ficticia, es lo que hizo que las reservas en el Banco Central no existan. Entonces no es que no existían condiciones para poder hacer otra cosa, existieron y sobraron condiciones para hacer otra cosa, lo que acá no hay por parte de la dirigencia política dominante es la capacidad de plantear una estrategia que tome distancia y tenga autonomía respecto a los factores de poder económico real que existen en la Argentina.
Ese es el punto clave, digo, no hay política que permita plantear una estrategia de desarrollo si no es capaz de pensar en el conjunto y tener una relación que implique disciplinar el comportamiento de capitales, que en realidad cuando demandan las políticas neoliberales es porque estas le permiten endeudar, acumular financieramente, invertir muy poco, fugar la gran mayoría y no pagar impuestos. Todo eso es lo que hay que corregir con política pública. La política pública debe obligarlos a pagar impuestos, debe limitarles la capacidad de fuga, debe discutir con ellos la reasignación y el proceso de inversión para poder definir una estrategia de desarrollo.
Todo el disciplinamiento del capital concentrado y dentro de ello la discusión en otros términos del proceso de endeudamiento de la Argentina son las dos claves que permiten ordenar una salida distinta para el país.
– Muchos han planteado que este Gobierno no tiene justamente ni un plan ni una idea política definida que pueda ser sostenible?
-El Gobierno tiene un plan que es el plan acordado con el Fondo, no es que no tiene un plan, en todo caso el plan del Fondo ha producido estos efectos. Lamentablemente el gobierno sigue buscando la salida en ese marco, y la salida en ese marco es que el FMI vuelva a garantizarnos sobre la base de mayor endeudamiento, algunos recursos que permitan llegar hasta el fin del mandato. Lamentablemente eso no resuelve nada, simplemente pospone el problema.
-El plan llegar
-Claro, sí, sí, esa es la única estrategia que hay aquí, no hay ninguna otra. Lamentablemente, ¿no? Pero es así. Y creo que el problema es que esto lo que ha hecho es que una alternativa popular frente al ajuste neoliberal, que era lo que en el 2019 planteó la propuesta del Frente de Todos, frente a lo que era la devastación que implicaba el gobierno de Macri, hoy en el marco de las políticas del Fondo y la conducción de Massa, esto es una variante más del ajuste y por lo tanto Eso es lo que explica por qué razón nosotros, por lo menos desde Unidad Popular, tratamos de ir construyendo a nivel de todo el país la posibilidad de una estrategia nacional diferente.
Claramente estamos convencidos que la gran mayoría de los espacios organizados que forman parte del frente de todos viven con mucha disconformidad lo que hoy está ocurriendo y creemos además y aparte es evidente que lo que fue el agregado electoral la base electoral que acompañó al frente de todos, está más distante aún de este tipo de política. De hecho, bueno, ya no nos acompañaron en el 2021 y nada indica que las cosas estén mejor en este momento.
Así que en el 2023, que para nosotros es un año clave, digamos, respecto a qué medida podemos seguir sosteniendo posibilidades para una perspectiva mejor para el país y no terminemos en un retorno del pasado que indudablemente nos complicaría la historia a todos los argentinos, es un año en el cual se definen muchas cosas, o sea, es un año donde es necesario tomar distancia de esta gestión gubernamental para encarnar una propuesta distinta. Pretender ir a elecciones defendiendo esta gestión, creo que es un suicidio político y es, por otro lado, además, faltarle el respeto a la gente. La gente sabe y no alcanza el tema de la herencia, no alcanza el tema de la pandemia, la cuestión internacional, todas esas cosas existen. Por otro lado, además, el trabajo durante la pandemia fue lo que mejor hizo el Gobierno.
Además, lo grave del caso es que no es que la economía argentina no se haya recuperado, la economía argentina creció, hoy es mucho más grande que lo que era cuando se fue Macri. Y sin embargo tenemos más pobres que los que teníamos cuando Macri se fue. O sea, el hecho de que haya habido recuperación de la actividad económica, con ampliación de la desigualdad y perpetuación e incremento de la pobreza, eso es un déficit serio para una política que pretende ser expresión de la mayoría de la población.
-A los políticos les cuesta explicar eso, porque por un lado valoran el crecimiento económico, pero nunca pudieron explicar por qué creció tanto la desigualdad
– Hay una falta de política justamente para lograr una mejor distribución de esa riqueza. Es que hay dos claves centrales. Por un lado, la mala negociación en materia de deuda que apresó la política económica y las cuentas públicas para poder orientarlas como correspondía y, en segundo lugar, la pasividad frente a la remarcación de precios de los actores más concentrados. La inflación ha sido el mecanismo de redistribución regresiva, injusta de los ingresos para que buena parte del excedente generado por el crecimiento de la actividad quedara concentrada en un núcleo reducido de actores.
Digo, eso es evidente, el Gobierno frente a esto, frente a ambas cosas, hizo las cosas mal.
No se entendió lo que era el significado del crédito del FMI, que no es un crédito del Fondo, es un crédito de los Estados Unidos para controlar de manera geopolítica el destino de la Argentina, y esto hoy está cada vez más claro, porque del mismo modo retomando la pregunta tuya respecto al puente financiero que tanto Fernández como Massa le pidieron a Biden en la visita de hace muy poco, ese puente financiero es un puente de doble mano.
Es un puente en donde, por un lado, llegarían recursos financieros, pero, por otro lado, hay que entregar cuotas de soberanía y de capacidad de decisión nacional. Por eso tuvimos el aluvión de funcionarios norteamericanos en las últimas semanas. Por eso el presidente de la autoridad nuclear norteamericana vino a contar que ven con malos ojos que Argentina continúe el desarrollo nuclear en vínculos con China, por eso vino Wendy Sherman, la subsecretaria de Estado, para decirnos que los argentinos tenemos que transitar el dolor en este momento para poder tener un futuro más venturoso y por eso vino Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, para decirnos que el litio, vaca muerta, el agua y los distintos recursos de la Argentina son un problema de seguridad norteamericano, no nuestro.
Y al mismo tiempo vinieron a condicionarlos hasta el equipamiento en defensa. Argentina iba a comprar aviones nuevos chinos y resulta que plantean que compre aviones usados, norteamericanos, que da de baja la fuerza aérea dinamarquesa, o sea, claramente, no es gratis el tema de la discusión del Fondo. El Fondo es un instrumento de la estrategia norteamericana para garantizar que China no influya sobre América Latina y particularmente sobre Argentina. Y bueno, en ese sentido creo que el gobierno no ha entendido adecuadamente la magnitud del problema, no es un problema financiero la discusión de la deuda, la discusión de la deuda es un problema de dominación política, geopolítica, sobre nuestro país y por lo tanto reclama un tratamiento de otra naturaleza.
Sobre todo, cuando casualmente, por la manera en que se violentó tanto las normas legales de la Argentina como el propio estatuto del FMI para llevar adelante ese endeudamiento. Le dan a Argentina muchos elementos para dar una discusión diferente que lamentablemente no se utilizaron.
Siempre se habla de la falta de continuidad en las políticas públicas, pero lo cierto es que la permanencia del Fondo Monetario Internacional es una constante en nuestra historia. Desde su creación en 1944 cuando los Estados Unidos empezaban a diseñar el mundo a su imagen y semejanza, la Argentina se negó al ingreso al ver, con justicia, que era un instrumento de sujeción para los socios pequeños de ese grupo.
No es sino hasta 1956 que se ingresa al FMI. El gobierno de Perón se había negado sistemáticamente a pertenecer porque quizás intuía sus intenciones. Desde ese entonces el país ha vivido bajo la tutela del Fondo con la salvedad del pago del año 2005 que terminó con los programas del FMI en la Argentina, senda que retomó en 2018 con toda fuerza en el endeudamiento más grande y veloz en la historia de nuestro país.
En ese momento el jingle de campaña de la gestión de Mauricio Macri era que el Fondo era distinto, que había cambiado, que era el Fondo bueno. El presidente Alberto Fernández sostuvo esa misma lógica: mientras Macri nos llamaba a enamorarnos de Christine Lagarde, Alberto nos decía que Kristalina Ivanova Georgieva era una bendición.
Pero a la hora de la verdad el Fondo es lo que es y está para lo que fue concebido, no es un prestamista es una instrumento político cuya función es alinear a los países periféricos en función a las necesidades de los países centrales. Utilizan la deuda para definir la política económica nacional en función de sus empresas y sus países. Desde Frondizi hasta Macri solo dos presidentes tuvieron el privilegio de tener la cuenta en cero en ese organismo. La argentina no ha tenido sino un recorrido de decadencia. Son los 70 años de FMI.
El programa del Fondo
Esta semana entre corridas que obligaron al Banco Central a vender en tres días la mitad de las reservas que había logrado acumular el mes pasado, el Gobierno presentó una especie de plan de estabilización que insólitamente se filtró en sendos off.
El combo a todas luces ortodoxo incluye suba de tarifas que según dicen, habrá que ver si es tan así, dejará sin subsidios a aquellos cuyos ingresos consolidados superen los 300 mil pesos, pero aún no sabemos nada de cómo se segmentará en comercios e industrias lo que seguramente impulsará la ya implacable inflación.
También el Gobierno cedió ante los bancos que fogonearon la suba de los dólares paralelos de estos días, con una suba de la tasa de interés para los plazos fijo en 68%, lo que implica un reconocimiento de la inflación esperada. Se busca es que los pesos se queden en los bancos y no vayan a dólares físicos o en productos importados. El talón de Aquiles de este esquema es que producir se vuelve más caro por el costo financiero y si además se pretende cumplir con el FMI y cubrir el déficit fiscal vía mercado de deuda con los bancos a través de bonos y letras, las matemáticas le juegan en contra al Gobierno.
En el incumplible acuerdo que firmó el Gobierno con el FMI, se comprometió a limitar la asistencia del Central al tesoro en 800.000 millones, pero su rojo es de 2 billones por lo que lo restante deberá ser adquirido en el mercado de deuda local. ¿Los efectos? Crédito caro para inversión productiva y para consumo. Lo que nos lleva al tercer elemento distintivo del paquete que es la suba de los intereses para el financiamiento con los programas ahora 12. Suben 11% que si bien estará por debajo a la inflación esperada y por debajo del interés de los plazos fijos, se busca limitar la sangría de dólares por el consumo de productos con componentes importados.
En resumen un la continuidad de una política que busca enfriar la economía en un contexto de 40% de pobreza, lo que resulta una afrenta al sentido común más elemental. Quizás por eso es posible encontrar coincidencias en el tiempo entre Frondizi y Macri y entre Martín Lacunza y Martín Guzman. Dicen que el hombre es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. En Argentina son 23 veces con la misma piedra del FMI.
Es posible que las autoridades tengan que activar múltiples instrumentos de política, dependiendo de las medidas que adopte la Reserva Federal y la situación en sus propios países.
Durante la mayor parte del año pasado, los inversionistas hicieron números considerando un aumento transitorio de la inflación en Estados Unidos en vista de la vacilante recuperación y la lenta resolución de los cuellos de botella en la oferta.
La actitud ahora es otra. Los precios están aumentando al ritmo más rápido registrado en casi cuatro décadas, y la escasez de oferta de mano de obra está elevando los salarios. La nueva variante ómicron ha generado más inquietudes de que presiones del lado de la oferta incidan sobre las inflación. La Reserva Federal ha indicado que la evolución de la inflación es un factor clave de su decisión el mes pasado de frenar más pronto las compras de activos.
Estos cambios han hecho más inciertas las perspectivas para los mercados emergentes. Además, estos países están enfrentando una inflación elevada y niveles de deuda pública considerablemente más altos. El promedio de la deuda pública bruta en los mercados emergentes ha aumentado casi 10 puntos porcentuales desde 2019, estimándose que para finales de 2021 se situaba en 64% del PIB, con variaciones marcadas de un país a otro. Pero en estas economías, a diferencia de Estados Unidos, la recuperación económica y los mercados laborales son menos robustos. Si bien los costos de endeudamiento en dólares siguen siendo bajos para muchos países, la preocupación por la inflación interna y el financiamiento externo estable llevó el año pasado a muchas economías emergentes —como Brasil, Rusia y Sudáfrica— a empezar a subir las tasas de interés.
Nuevos riesgos para la recuperación
Seguimos previendo un crecimiento sólido en Estados Unidos. La inflación probablemente se moderará más entrado el año, a medida que se disipen las perturbaciones en la oferta y que la contracción fiscal frene la demanda. La orientación de la Reserva Federal sobre su política, en el sentido de que elevará los costos de endeudamiento más rápidamente, no provocó una revaluación sustancial de las perspectivas económicas por parte del mercado. Si las tasas de política monetaria aumentan y si la inflación se modera conforme a lo previsto, la historia demuestra que los efectos para los mercados emergentes tenderán a ser leves si la contracción monetaria es gradual, está debidamente comunicada y ocurre en respuesta a un afianzamiento de la recuperación. De todos modos, no deja de ser posible que las monedas de los mercados emergentes se deprecien, pero la demanda externa contrarrestaría el efecto del aumento de los costos de financiamiento.
Pero aun así, las repercusiones en los mercados emergentes también podrían ser menos benignas. La inflación salarial generalizada en Estados Unidos o la persistencia de los cuellos de botella de la oferta podría elevar los precios más de lo previsto y generar expectativas de una inflación más acelerada. Los consiguientes aumentos más veloces de la tasa de la Reserva Federal podrían provocar nerviosismo en los mercados financieros y una contracción de las condiciones financieras a escala mundial. A esto podría sumarse una desaceleración de la demanda y el comercio en Estados Unidos, lo cual podría desencadenar salidas de capitales y depreciaciones de las monedas en los mercados emergentes.
En un escenario así, las repercusiones del endurecimiento de la política de la Reserva Federal podrían ser más severas en los países vulnerables. En los últimos meses, los mercados emergentes con niveles elevados de deuda pública y privada, exposiciones en moneda extranjera y saldos más bajos en cuenta corriente ya han registrado fluctuaciones más pronunciadas de sus monedas con respecto al dólar estadounidense. Esta combinación de crecimiento más lento y mayores vulnerabilidades podría dar lugar a un bucle de interacciones negativas para esas economías, como señaló el FMI en las ediciones de octubre de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) y del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR).
Difíciles disyuntivas
Algunas economías emergentes ya han empezado a modificar su política monetaria y están preparándose para replegar el apoyo fiscal a fin de abordar la deuda e inflación crecientes. Ante las condiciones de financiamiento más restrictivas, los mercados emergentes deben adaptar su respuesta en función de sus circunstancias y vulnerabilidades. Los que gozan de credibilidad en la conducción de las políticas pueden endurecer su política monetaria más gradualmente, en tanto que los que soportan presiones inflacionarias más fuertes o tienen instituciones menos sólidas deben actuar más rápido y con medidas de mayor alcance. En cualquier caso, parte de la respuesta debe consistir en dejar que las monedas se deprecien y en elevar las tasas de interés de referencia. Si surgen condiciones desordenadas en los merados cambiarios, los bancos centrales que cuentan con suficientes reservas pueden intervenir, siempre que tal intervención no suplante el debido ajuste macroeconómico.
De todos modos, estas medidas pueden plantear disyuntivas difíciles para los mercados emergentes, entre brindar apoyo a una economía interna débil y salvaguardar la estabilidad de precios y en el frente externo. De igual forma, dar a las empresas apoyo que vaya más allá de las medidas ya vigentes puede incrementar los riesgos de crédito y minar la salud a más largo plazo de las instituciones financieras, al postergar el reconocimiento de las pérdidas. Y el repliegue de esas medidas podría endurecer más las condiciones financieras, en detrimento de la recuperación.
Para encarar estas disyuntivas los mercados emergentes pueden tomar medidas ahora a fin de apuntalar sus marcos de políticas y reducir las vulnerabilidades. En el caso de los bancos centrales que están endureciendo su política para contener las presiones inflacionarias, la comunicación clara y coherente de sus planes puede ayudar a que el público comprenda mejor la necesidad de ir en busca de la estabilidad de precios. Los países con altos niveles de deuda denominada en monedas extranjeras deben procurar reducir los descalces y cubrir las exposiciones en la medida de los posible. Y para mitigar los riesgos de refinanciamiento, los vencimientos de las obligaciones deben prorrogarse incluso si eso incrementa los costos. También es posible que los países muy endeudados tengan que emprender el ajuste fiscal más pronto y más rápido.
Se debe reconsiderar la continuidad del apoyo a las empresas mediante políticas financieras, y los planes para normalizar ese apoyo deben calibrarse detenidamente en función de las perspectivas y con miras a preservar la estabilidad financiera. En los países en donde la deuda empresarial y las carteras en mora ya eran abultadas incluso antes de la pandemia, es posible que algunos bancos y prestamistas no bancarios más débiles se enfrenten a problemas de solvencia si el financiamiento se complica. Se deben poner a punto los regímenes de resolución.
Aparte de estas medidas inmediatas, la política fiscal puede ayudar a desarrollar resiliencia ante los shocks. Asumir un compromiso creíble con una estrategia fiscal a mediano plazo ayudaría a apuntalar la confianza de los inversionistas y a recuperar el margen de maniobra para brindar apoyo fiscal en una desaceleración. Un aspecto de esta estrategia podría consistir en anunciar un plan integral para incrementar gradualmente la recaudación, mejorar la eficiencia del gasto o ejecutar reformas fiscales estructurales, como reorganizaciones de las pensiones y los subsidios (como se describe en el Monitor Fiscal del FMI de octubre).
Por último, a pesar de la recuperación económica prevista, es posible que algunos países deban recurrir a la red mundial de seguridad financiera. Esto puede comprender el uso de líneas de crédito recíproco (swap), acuerdos de financiamiento regionales y recursos multilaterales. En este sentido, el año pasado el FMI contribuyó con la asignación de derechos especiales de giro por USD 650.000 millones, la mayor de la historia.
Este refuerzo de recursos brinda protección contra eventuales recesiones económicas, pero la experiencia demuestra que algunos países quizá necesiten un mayor margen financiero. Por esta razón el FMI ha adaptado su batería de herramientas financieras de préstamo para los países miembros. Los países con políticas sólidas pueden recurrir a líneas de crédito precautorio para procurar evitar estas crisis. Otros pueden acceder a préstamos acordes con su nivel de ingreso, pero los programas deben estar anclados en políticas sostenibles que restauren la estabilidad económica y fomenten el crecimiento sostenible.
Aunque se proyecta que la recuperación mundial continúe este año y el próximo, los riesgos para el crecimiento permanecen elevados debido a los persistentes rebrotes de la pandemia. Existe el riesgo que esto coincida con el endurecimiento más rápido de la política del Reserva Federal, y por este motivo las economías emergentes deben estar preparadas para posibles episodios de turbulencia económica.
Por Era Dabla-Norris, Ruud De Mooij, Andrew Hodge y Dinar Prihardini. Las nuevas reformas de alcance mundial provocarán cambios en cuanto al lugar en el cual los gigantes tecnológicos pagarán sus impuestos en Asia y fortalecerán el sistema tributario internacional.
La digitalización —la tecnología que está detrás de las tecnofinanzas, el comercio electrónico y los servicios en línea— nos permite realizar transferencias de dinero móvil, comprar bienes y servicios en línea, e interactuar con personas de cualquier rincón del mundo. Gracias a ella, se han creado algunas de las principales empresas internacionales, como plataformas y mercados virtuales que conectan a productores y consumidores de todo el mundo.
Solo en Asia, el número de usuarios de Internet ronda los 2.000 millones, con un margen de crecimiento considerable. Las economías avanzadas y de mercados emergentes de Asia albergan las oficinas centrales de algunos gigantes tecnológicos locales —entre ellos, Alibaba, JD.com, Tencent y Rakuten—, así como de otros extranjeros, como Facebook. El nuevo paquete acordado de reformas tributarias internacionales comportará cambios en cuanto al lugar en el que estos gigantes tecnológicos pagarán sus impuestos.
Hasta ahora, muchos países asiáticos han tenido dificultades a la hora de cobrar impuestos a estos gigantes tecnológicos, puesto que su presencia en el país no es física, sino meramente digital. Las normas internacionales vigentes en materia de impuestos sobre las utilidades, que mucha gente considera desfasadas e injustas, no se han actualizado. Otro problema es la recaudación de impuestos sobre servicios digitales transfronterizos y entregas de paquetes pequeños procedentes del comercio electrónico.
Se avecinan cambios
Algunos países de Asia han comenzado a aplicar impuestos sobre servicios digitales: impuestos a cuenta sobre pagos de servicios digitales transfronterizos, o impuestos basados en los usuarios sobre el volumen de operaciones comerciales de las actividades digitales. No obstante, estos podrían no ser necesarios si se adopta un nuevo sistema internacional de tributación de las utilidades.
Al mes de agosto de 2021, Estados Unidos y la mayoría de las economías de Asia formaban parte del grupo de 134 países miembros del Marco Inclusivo liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (MI-OCDE), por el cual se comprometen a asignar los derechos tributarios sobre las utilidades a aquellos países en los cuales están ubicados los consumidores y usuarios, de modo que se refleje la presencia digital. Aunque todavía se están discutiendo los detalles, con arreglo a las reformas internacionales acordadas, una parte de las utilidades de las multinacionales cuyas ventas a escala mundial superen los EUR 20.000 millones (lo cual significa aproximadamente las 100 principales empresas internacionales) se repartirán entre los países de forma proporcional a las ventas locales y estarán sujetas al régimen de tributación local.
Un nuevo documento del personal técnico del FMI, explora el panorama digital de Asia y los efectos de las propuestas, como el MI-OCDE, sobre los ingresos tributarios en concepto de impuesto de sociedades en los países asiáticos. En él se resumen también las ventajas e inconvenientes de los impuestos sobre servicios digitales y se estima su potencial de ingresos. Por último, se calcula el potencial de aumento de los ingresos adicionales que reportaría la recaudación de un impuesto sobre el valor agregado de los servicios digitales y las ventas de bienes a través del comercio electrónico transfronterizo.
Los centros de inversión, como Singapur y la RAE de Hong Kong, podrían perder hasta un 0,15% del PIB en ingresos tributarios en concepto de impuesto de sociedades, ya que las utilidades que las multinacionales declaran actualmente en estos países superan la participación local en las ventas totales. Mientras que países de ingreso alto con un amplio mercado nacional —Australia, China, Corea, Japón— aumentarían sus ingresos, los países en desarrollo, como Vietnam, podrían perder una parte de estos.
Los cambios acordados podrían espolear la aplicación de reformas de mayor calado a todas las empresas y a una proporción mayor de las utilidades. De este modo, se conseguiría que la reasignación del ingreso tributario entre los países fuese mucho mayor, y que fuesen los centros de inversión de Asia los que registrasen las principales pérdidas, mientras que algunas economías en desarrollo podrían salir beneficiadas.
Los impuestos sobre servicios digitales —aunque más fáciles de aplicar— no permiten recaudar un volumen de ingreso considerable y, además, tienen otras desventajas. La aplicación de un impuesto sobre servicios digitales similar al impuesto de igualación (“Equalization Levy”) de India solo hubiese generado un 0,02% del PIB de Bangladesh, Filipinas, Indonesia y Vietnam en 2019. Aun así, los impuestos sobre servicios digitales pueden alterar las decisiones empresariales y seguir siendo vulnerables a la elusión fiscal. Además, también pueden complicar las relaciones comerciales, puesto que suelen aplicarse únicamente a empresas de gran tamaño con sede central en el exterior.
Impuesto sobre el valor agregado y digitalización
Más de la mitad del comercio de servicios de Asia corresponde a servicios prestados digitalmente, lo cual dificulta la recaudación del impuesto sobre el valor agregado cuando estos servicios cruzan fronteras. Las ventas transfronterizas de bienes de comercio electrónico también han estado exentas del impuesto sobre el valor agregado, siempre y cuando los envíos fuesen al extranjero y se realizasen en paquetes pequeños.
Solucionar estos problemas vale la pena. Obligar a los proveedores de servicios digitales y los mercados de comercio electrónico no residentes a registrarse ante las autoridades tributarias locales y entregar el monto de los impuestos sobre el valor agregado recaudados con sus ventas podría reportar un aumento del ingreso de entre el 0,04% y el 0,11% del PIB en algunos países de Asia, lo cual se traduciría en USD 166 millones adicionales en Bangladesh, USD 365 millones en Filipinas, USD 4.800 millones en India, USD 1.100 millones en Indonesia y USD 264 millones en Vietnam.
El camino que tenemos por delante
A medida que, en los próximos años, los consumidores y las empresas de Asia vayan aumentando su actividad digital, los gigantes tecnológicos ampliarán todavía más su presencia en los países asiáticos, con lo cual la tributación de la economía en proceso de digitalización será todavía más relevante. Los países de Asia, en particular, pueden invertir en la manera de aprovechar la digitalización a efectos de la administración tributaria, para ayudar a reducir la elusión fiscal, aumentar la movilización del ingreso y mejorar la eficacia de la recaudación de impuestos. Mientras se va dando forma al acuerdo sobre el MI, liderado por la OCDE, las reformas fundamentales que tenemos por delante podrían fortalecer el sistema tributario internacional de cara a la era digital.
Frente a las dos crisis actuales — la COVID‑19 y el cambio climático — el Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pusieron en marcha hoy el Grupo Asesor de Alto Nivel sobre Recuperación y Crecimiento Sostenibles e Inclusivos , con el fin de contribuir a garantizar una recuperación sólida y trazar un camino hacia un desarrollo verde, resiliente e inclusivo en la próxima década.
El Grupo estará dirigido conjuntamente por Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial; Ceyla Pazarbasioglu, directora del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI, y Lord Nicholas Stern, de la London School of Economics. Su objetivo es promover la comprensión de las cuestiones normativas e institucionales clave que orientarán la respuesta a múltiples desafíos interconectados: las dos crisis —que están exacerbando la pobreza y la desigualdad— y las deficiencias estructurales que existían ya antes de la pandemia.
El Grupo, compuesto por expertos de diversos institutos de investigación, el sector privado y Gobiernos, además de altos funcionarios del Grupo Banco Mundial y el FMI, propondrá ideas y marcos para la acción estratégica y práctica en el plano nacional e internacional. Esto contribuirá a lograr una recuperación sostenible e inclusiva, así como a establecer el programa para una transformación sostenida basada en nuevas perspectivas y modelos de crecimiento y desarrollo.
“Los pobres y los más vulnerables han sido los más afectados por la COVID‑19, por el cambio climático y otros problemas. Confío en que el Grupo Asesor de Alto Nivel ofrecerá nuevas ideas para implementar medidas de impacto, tanto a nivel nacional como mundial, que permitan fomentar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo y ayudar a los países en desarrollo a volver al camino de la reducción de la pobreza y de la desigualdad”, afirmó David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial.
“El mundo se enfrenta a dos grandes crisis —la pandemia y la emergencia climática— que exigen una acción radical y coordinada. A través del análisis de políticas y de propuestas prácticas, el Grupo Asesor de Alto Nivel desempeñará un papel clave en este esfuerzo, y espero con interés esta valiosa colaboración”,dijoKristalina Georgieva, directora gerente del FMI.
Durante los próximos 18 meses, el Grupo combinará la experiencia diversa y complementaria en materia de políticas y las habilidades analíticas de sus integrantes para formular propuestas prácticas en dos fases:
En primer lugar, se centrará en el desafío inmediato de la recuperación sostenible e inclusiva a fin de orientar los procesos y reuniones de 2021 previos a la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20), que se celebrará en Roma (octubre), y a la 26.a Reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 26), que se llevará adelante en Glasgow (noviembre).
En segundo lugar, profundizará los análisis y la formulación de medidas para promover una transformación sostenida en 2022.
El Grupo Asesor de Alto Nivel está conformado por los siguientes expertos:
Philippe Aghion , profesor Centennial de Economía en la London School of Economics and Political Science, en el Collège de France, y en el Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD); Montek Ahluwalia, exvicepresidente de la Comisión de Planificación de India; Masood Ahmed, presidente del Centro para el Desarrollo Global; Timothy Besley, profesor de Economía y Ciencias Políticas y profesor de la cátedra Sir W. Arthur Lewis de Economía del Desarrollo de la London School of Economics and Political Science; Amar Bhattacharya, investigador superior del Centro para el Desarrollo Sostenible; Laurence Boone, economista jefa y jefa del Departamento de Economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Ottmar Edenhofer, profesor de Economía del Cambio Climático de la Universidad Técnica de Berlín y director del Instituto Potsdam de Investigación sobre el Impacto Climático; Gita Gopinath, consejera económica y directora del Departamento de Estudios del FMI; Homi Kharas, investigador superior de Brookings Institution; Eliana La Ferrara, de la Cátedra Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi de Economía del Desarrollo de la Universidad Bocconi; Joaquim Levy, director de Estrategia Económica y Relaciones de Mercado del Banco Safra S. A., y ex ministro de Finanzas de Brasil; Zhu Min, ex subdirector gerente del FMI; María Ramos, presidenta de AngloGold Ashanti Limited y ex directora ejecutiva de Absa Group Limited; Carmen Reinhart , vicepresidenta de Economía del Desarrollo y economista principal del Grupo Banco Mundial; Andrés Velasco, profesor de Políticas Públicas y decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.
Desde el inicio de la pandemia de COVID‑19, el Grupo Banco Mundial ha comprometido más de USD 125 000 millones para combatir los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, lo que representa la respuesta más rápida y de mayor envergadura en la historia de la institución ante una crisis. El financiamiento está ayudando a más de 100 países a fortalecer la preparación ante la pandemia, proteger a los pobres, resguardar los empleos y poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima. El Banco también e stá proporcionando USD 12 000 millones para ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID‑19. En lo que respecta al cambio climático, el Grupo Banco Mundial es la principal entidad multilateral que brinda financiamiento para la acción climática en los países en desarrollo: entre 2016 y 2020, proporcionó fondos por valor de USD 83 000 millones para el clima.
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El FMI ha estado a la vanguardia de la respuesta internacional a la pandemia, y recientemente dio a conocer un plan de USD 50 000 millones con el que se busca acelerar la distribución equitativa de herramientas del área de la salud para ayudar a poner fin a la crisis sanitaria que ha devastado vidas y medios de subsistencia. Desde el inicio de la pandemia, el Fondo ha aprobado un financiamiento de más de USD 109 000 millones para 84 países , 52 de los cuales son de ingreso bajo. Durante ese período también ha brindado apoyo para el fortalecimiento de la capacidad a 160 países. Además, el alivio de la deuda ofrecido en el marco del Fondo Fiduciario para la Contención y Alivio de Catástrofes del FMI se ha extendido a 29 de los miembros más pobres y vulnerables de la entidad y ha alcanzado casi USD 700 millones, dirigidos a solventar los pagos elegibles del servicio de la deuda con el FMI hasta el 15 de octubre de 2021.
