“Los monocultivos no son bosques”: tribunal internacional declaró ecocidio al modelo forestal de Corrientes
El debate sobre el modelo forestal en el nordeste argentino sumó un nuevo capítulo de fuerte contenido político, ambiental y simbólico. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentó una sentencia en la que declara que la expansión de monocultivos industriales de pino y eucalipto en Corrientes constituye un ecocidio y una violación a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades campesinas e indígenas afectadas.
La resolución fue aprobada por la Asamblea de Jueces del organismo internacional tras analizar el caso durante su 13° Tribunal Local, realizado en noviembre de 2024. El documento sostiene que la expansión de más de 516.000 hectáreas de plantaciones forestales exóticas alteró los ciclos hidrológicos, afectó humedales y pastizales, redujo poblaciones de fauna nativa y provocó desplazamientos de comunidades rurales.
Aunque el Tribunal no posee capacidad jurisdiccional vinculante sobre los Estados, sus fallos buscan generar incidencia política, jurídica y social en torno a conflictos ambientales de alcance global. En este caso, la sentencia coloca bajo cuestionamiento uno de los sectores productivos más relevantes de Corrientes y de buena parte del nordeste argentino. El fallo llega en un momento sensible en Misiones, donde los dirigentes libertarios aseguran que hay que cambiar el modelo productivo para incorporar soja y maíz para compensar la pérdida de la rentabilidad de la yerba mate ahogada por la desregulación que impuso el presidente Javier Milei.
Un fallo que apunta al Estado y al modelo forestal
La sentencia atribuye responsabilidad tanto al Estado nacional como al gobierno de Corrientes por haber promovido activamente la expansión forestal mediante subsidios e incentivos fiscales, al tiempo que -según sostiene el fallo- incumplieron sus obligaciones de control ambiental.
Uno de los aspectos más relevantes es que el Tribunal rechaza expresamente la equiparación entre plantaciones industriales y bosques nativos. Según el documento, los monocultivos de pino y eucalipto no reproducen la complejidad ecológica de un bosque y no pueden ser considerados una herramienta suficiente para la mitigación del cambio climático.
En ese sentido, el fallo cuestiona también los mercados de carbono asociados a este tipo de emprendimientos forestales, a los que define como una “falsa solución” que beneficia principalmente a grandes grupos económicos. La resolución incorpora otro elemento novedoso: declara a los humedales y pastizales correntinos como sujetos de derechos.
Bajo esta perspectiva, estos ecosistemas poseen derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas, una concepción inspirada en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y en corrientes jurídicas que ganan espacio en varios países latinoamericanos.
El enfoque implica un cambio profundo respecto de la visión tradicional del derecho ambiental, que suele centrarse en la protección de recursos naturales para beneficio humano y no en el reconocimiento de derechos propios de los ecosistemas.
La sentencia vincula el caso correntino con un proceso similar analizado previamente en la región chilena del Biobío.
Según el Tribunal, existe un patrón común en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, donde la expansión de monocultivos forestales genera impactos sobre ecosistemas nativos, modifica la disponibilidad de agua y produce transformaciones socioeconómicas en comunidades rurales.
Durante la presentación del fallo participaron referentes ambientales de Argentina, Chile y Colombia, quienes coincidieron en señalar que el crecimiento de la demanda mundial de celulosa, papel y embalajes está acelerando la expansión de estas plantaciones industriales en América Latina.
Aunque la sentencia se refiere específicamente a Corrientes, el debate tiene especial relevancia para Misiones, una provincia donde la actividad forestal constituye uno de los principales complejos exportadores, con una fuerte presencia de plantaciones de pino y una industria integrada que abarca aserraderos, producción de tableros, pasta celulósica y biomasa.
El fallo reabre una discusión de fondo sobre cómo compatibilizar producción, generación de empleo, exportaciones y conservación ambiental en una región donde la actividad forestal representa una de las principales fuentes de inversión privada.
La tensión entre desarrollo económico y protección de los ecosistemas aparece, una vez más, como uno de los grandes desafíos para el futuro productivo del nordeste argentino.
Durante la presentación de la sentencia, Renata Nicora Chequin, Fiscal de la Tierra del Tribunal, bióloga e integrante de Defensores del Pastizal, señaló que la sentencia “no presenta solamente una sentencia, sino también el reclamo de un territorio, de la Naturaleza y de las comunidades que no pueden comparecer por sí mismas ante los sistemas tradicionales de justicia”.
Nicora Chequín explicó que “estamos ante una transformación profunda del paisaje y de las relaciones ecológicas y sociales en la provincia de Corrientes”. Asimismo, remarcó que la expansión de monocultivos forestales sobre humedales y pastizales “implica no sólo la muerte de la Naturaleza, alteraciones hidrológicas y degradación de suelos, sino también afectaciones directas a las comunidades campesinas”.
“La Naturaleza tiene derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas. Ninguna actividad productiva puede justificarse si destruye los procesos que sostienen la vida. Si mata y contamina, no es progreso”, afirmó. Y concluyó: “Defender la Naturaleza no es oponerse al futuro. Es defender la posibilidad misma de tener futuro”.
Desde los territorios afectados en Corrientes, Chochón Romero destacó la importancia de que las comunidades rurales puedan finalmente ser escuchadas: “Hasta hoy no llegan a oídos de los funcionarios las medidas que necesitamos. Siguen destruyendo nuestras plantas nativas y nuestros territorios para plantar forestaciones”.
En un testimonio profundamente emotivo, Mario Benjamín, habitante de Corrientes afectado por el avance forestal, denunció las consecuencias del modelo extractivista sobre la vida cotidiana de las familias campesinas. “La tierra ya no nos responde, no tenemos agua. Los pájaros se fueron, los animales se fueron, y hoy lo que nos rodea es miseria”, expresó. “Nos quitaron el agua, la tierra, los pastizales. Pero no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando porque este es nuestro territorio y nuestra riqueza”.
Natalia Greene, secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, expresó solidaridad con las comunidades afectadas y afirmó que “no podemos permitir territorios ni personas de sacrificio”. También señaló que, aunque la sentencia representa una noticia importante, “el corazón sigue roto viendo cómo la situación empeora día tras día”.
Desde Chile, la activista Janny Figueroa advirtió que el caso de Corrientes refleja un patrón regional que lleva décadas profundizándose en territorios afectados por monocultivos forestales. “Esto es un ecocidio y también un etnocidio”, afirmó, recordando los impactos de los megaincendios en Biobío y denunciando que las comunidades continúan enfrentando desplazamiento, destrucción ambiental y abandono estatal.
La defensora colombiana América Niño también alertó sobre la expansión continental de este modelo extractivista. Relató cómo empresas forestales multinacionales reemplazaron bosques nativos por monocultivos de eucalipto y pino, provocando despojo territorial, criminalización y ruptura del tejido comunitario. “Este modelo transforma la relación de las comunidades con la tierra y convierte a quienes antes producían alimentos en asalariados de las empresas”, sostuvo.
Por su parte, el investigador Sergio Baffoni, de Environmental Paper Network, explicó que la expansión global de la industria papelera y de embalajes descartables está acelerando la destrucción de ecosistemas en América Latina. “Detrás de una caja de cartón hay apropiación de tierras, destrucción ambiental y violaciones de derechos humanos”, afirmó. Según indicó, la demanda de celulosa y embalajes sigue creciendo rápidamente, profundizando las zonas de sacrificio forestal en la región.
Jacqueline Arriagada, jueza del Tribunal, activista y campesina chilena, recordó que el modelo forestal fue impuesto en Chile “a sangre y fuego” desde la década de 1970, con apoyo estatal sostenido. “Vivir estas formas de extractivismo de muerte para la biodiversidad y las culturas rurales es un drama enorme”, señaló, y destacó la importancia de fortalecer la articulación latinoamericana contra los monocultivos forestales.
Por su parte, el abogado ambientalista Enrique Viale, juez del Tribunal, cuestionó el discurso empresarial que presenta las plantaciones industriales como “bosques”. “Un bosque es diversidad plena. Estas plantaciones son desiertos verdes”, afirmó. “Entrábamos a estas plantaciones y el silencio era atroz: no había pájaros ni animales, sólo clones de árboles diseñados para ser talados y exportados”. Viale también advirtió que los monocultivos “no vienen a salvarnos de la crisis climática”, sino que constituyen “zonas de sacrificio creadas para maximizar la ganancia de grandes corporaciones”.
Finalmente, Francesco Martone, coordinador de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, destacó que la sentencia “fortalece y consolida la resistencia al modelo forestal desde un enfoque basado en los Derechos de la Naturaleza”, y afirmó que el fallo busca generar “efectos concretos en los territorios” e incidir sobre gobiernos y empresas. “Cuando la sentencia afirma que los monocultivos no son bosques, lo hace en base a evidencia científica acumulada durante décadas de investigación y resistencias territoriales. Evidencia accesible a las empresas y al Estado, y aun así ignorada”.
