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Glifosato: el sector forestal apoya cambios en la ley de Misiones

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La Asociación Forestal Argentina (AFoA), Regional Misiones, respaldó la iniciativa del Gobierno provincial para modificar el artículo 7° de la Ley de Bioinsumos y establecer por ley un marco estable para el uso del glifosato en Misiones. Para la entidad, la reforma busca cerrar una etapa de más de tres años de cambios regulatorios y otorgar previsibilidad a una actividad caracterizada por inversiones de largo plazo.

La discusión se originó con la sanción de la Ley VIII N.º 103 en 2023, que estableció la prohibición del uso del glifosato. Desde entonces, su aplicación fue postergada y suspendida mediante distintas decisiones del Poder Ejecutivo provincial. En agosto de 2024, el Gobierno prorrogó su entrada en vigencia hasta 2030, mientras que en agosto de 2025 dispuso su suspensión indefinida hasta que se homologara un producto sustituto con eficacia comprobada.

Para AFoA Regional Misiones, la modificación legislativa no implica abrir una discusión completamente nueva, sino transformar en una definición de rango legal una situación que la propia administración provincial ya había sostenido mediante decretos. La diferencia, según la entidad, radica en la mayor estabilidad jurídica que puede ofrecer una ley frente a decisiones de carácter administrativo.

El argumento productivo ocupa un lugar central en el posicionamiento de la asociación. AFoA sostiene que actualmente no existen en el mercado alternativas fitosanitarias que hayan demostrado una eficacia equivalente para el control de malezas durante las primeras etapas de implantación de las plantaciones forestales.

La entidad considera que esa herramienta tiene particular relevancia para una actividad que requiere inversiones de largo plazo y que necesita previsibilidad regulatoria para planificar sus ciclos productivos. En ese esquema, cualquier modificación abrupta de las condiciones de manejo puede afectar decisiones de inversión y la competitividad de la producción destinada a mercados nacionales e internacionales.

AFoA también sostiene que el uso del producto se encuentra regulado por organismos nacionales e internacionales y que, aplicado de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas y los protocolos de manejo vigentes, presenta baja toxicidad aguda. La asociación plantea que el cumplimiento de esos protocolos permite ordenar y limitar su utilización tanto desde el punto de vista operativo como ambiental.

La actividad forestal misionera cuenta actualmente con más de 400.000 hectáreas de plantaciones. De ese total, cerca de 150.000 hectáreas están certificadas bajo el esquema PEFC y otras 117.000 cuentan con certificación FSC, sistemas que incorporan protocolos de manejo forestal sostenible y establecen condiciones para el uso de fitosanitarios.

Según AFoA, dentro del ciclo forestal la utilización de herbicidas se concentra fundamentalmente durante las primeras etapas de implantación. Una vez que la plantación supera esa instancia inicial, el uso de este tipo de productos deja de formar parte del manejo habitual durante el resto del crecimiento del cultivo.

La asociación había participado durante los últimos años de las gestiones institucionales ante las autoridades provinciales para plantear las dificultades que generaría una prohibición efectiva sin alternativas técnicamente probadas. Entre los argumentos presentados estuvo también la necesidad de mantener condiciones compatibles con las exigencias de los mercados internacionales a los que se destina una parte significativa de la producción forestal misionera.

El respaldo de AFoA llega mientras el Gobierno provincial impulsa la modificación de la normativa. Para el sector, que la definición se adopte mediante una ley representa un cambio relevante respecto de la sucesión de prórrogas y suspensiones que caracterizó la discusión desde 2023.

La cuestión también tiene una dimensión económica que excede al uso puntual del producto. La actividad forestal trabaja con horizontes productivos prolongados, por lo que las decisiones de implantación y manejo se toman bajo condiciones que deben mantenerse durante períodos extensos. En ese contexto, la previsibilidad regulatoria se convierte en un componente de competitividad.

El desafío hacia adelante será compatibilizar esa previsibilidad con controles ambientales y sanitarios efectivos. El sector forestal ya opera bajo esquemas de certificación y protocolos de manejo sostenible, pero la consolidación de una política pública de largo plazo requiere que las reglas sean claras, fiscalizables y consistentes con las exigencias de los mercados.

AFoA Regional Misiones valoró que el Gobierno provincial haya elegido la vía legislativa para resolver la situación y reafirmó su disposición a continuar trabajando con las autoridades. El objetivo planteado por la entidad es construir un marco que combine previsibilidad, sustentabilidad y competitividad para una de las actividades productivas estructurales de Misiones.

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El precio global del carbono superó los US$107.000 millones y acelera la presión sobre las economías exportadoras

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El Banco Mundial confirmó que los mecanismos de fijación del precio del carbono triplicaron su recaudación en una década y ya cubren casi el 30% de las emisiones globales. El avance de estos sistemas empieza a redefinir competitividad, comercio exterior y acceso a financiamiento para sectores productivos intensivos en energía y recursos naturales.

Según un informe del Grupo Banco Mundial publicado el pasado 19 de mayo, los ingresos derivados de la fijación del precio del carbono se triplicaron en la última década: aumentaron de menos de US$30.000 millones en 2016 a movilizar más de US$107.000 millones para presupuestos públicos en 2025.

En el informe anual titulado State and Trends of Carbon Pricing 2026 (Situación y tendencias de la fijación del precio del carbono 2026) se revela que actualmente existen 87 políticas de fijación de precios del carbono en el mundo, un aumento de siete con respecto al año anterior. Asimismo, se muestra que todas las grandes economías de ingreso mediano han implementado o tienen previsto implementar mecanismos de fijación directa del precio del carbono. India y Viet Nam son los países que realizaron avances más significativos en este ámbito en 2025. En la publicación también se señala que los precios directos del carbono han crecido un 7% desde la edición del año pasado del informe y que se han duplicado en la última década. El precio promedio del carbono es ahora de casi US$21/tCO2e.

Un poco más del 29% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en todo el mundo están ahora cubiertas por mecanismos de fijación directa del precio del carbono. Esta cifra aumentaría a alrededor de un tercio si los instrumentos actualmente en desarrollo se implementaran en más economías emergentes importantes.

“La fijación del precio del carbono y los mercados de carbono pueden desempeñar un papel importante al permitir que los países determinen su propia matriz energética”, dijo Paschal Donohoe, director gerente y oficial principal de Conocimientos del Grupo Banco Mundial. “Cuando están bien diseñados, pueden ayudar a impulsar la eficiencia y la innovación, al tiempo que movilizan recursos para las prioridades de desarrollo. Durante más de 20 años, este informe ha ayudado a los responsables de formular políticas y al sector privado a comprender mejor la evolución de estos mercados y las oportunidades que representan”.

En los mercados de créditos de carbono, el volumen total de las emisiones de créditos de carbono aumentó un 8% entre 2024 y 2025. En tanto, los precios de los créditos de carbono disminuyeron levemente durante 2025, pero algunos tipos de proyectos continuaron teniendo un sobreprecio, incluidos aquellos que pueden ser utilizados por aerolíneas internacionales o proyectos de conservación forestal y reforestación con alta calificación.

El Grupo Banco Mundial se ha comprometido a ayudar a los países a alcanzar sus propios objetivos de desarrollo para facilitar la creación de empleo y promover el crecimiento sostenible. Un área de apoyo es el creciente acceso al financiamiento disponible a través de los mercados de carbono. A tal fin, el Departamento de Clima del Grupo Banco Mundial complementa sus servicios básicos de financiamiento y asesoría con productos clave que respaldan a los clientes a lo largo de la cadena de valor de las soluciones climáticamente inteligentes.

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INTA acelera su ajuste, habilita retiros voluntarios

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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó un régimen de retiro voluntario para su personal de planta permanente que estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo, con posibilidad de extenderse por otros 15 días. La medida forma parte del proceso de reestructuración del Estado impulsado por el Gobierno nacional y apunta a reducir costos laborales en uno de los organismos técnicos más sensibles para las economías regionales. En Misiones, la decisión genera atención por su impacto potencial sobre la red de asistencia territorial vinculada a la yerba mate, forestación, tabaco, horticultura y agricultura familiar.

La resolución 144/2026 del Consejo Directivo del organismo establece una compensación económica extraordinaria para quienes adhieran al esquema, calculada sobre la base de la antigüedad en planta permanente y con topes según edad.

El dato político detrás de la norma es más profundo que el simple recorte administrativo: el INTA es uno de los pocos organismos nacionales con presencia técnica directa en zonas rurales alejadas de los grandes centros urbanos. En provincias periféricas como Misiones, donde el sistema productivo depende de pequeños y medianos productores, cualquier reducción de personal técnico tiene efectos económicos indirectos sobre competitividad, transferencia tecnológica y productividad.

El ajuste llega a un organismo clave para las economías regionales

El régimen está dirigido exclusivamente a trabajadores de planta permanente con al menos tres años de antigüedad. La gratificación prevista equivale a 1,5 salarios brutos por cada año trabajado, aunque con límites para quienes están próximos a jubilarse.

El esquema excluye a empleados con procesos judiciales, sumarios administrativos o trámites jubilatorios iniciados. También impide el reingreso al sector público nacional durante cinco años para quienes acepten el retiro.

La resolución aparece en un contexto de presión presupuestaria sobre los organismos descentralizados y luego de negociaciones internas entre el INTA, Hacienda y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El propio organismo reconoció que necesitó gestionar una ampliación de partidas para afrontar el costo inicial del programa. El cálculo incorporó aumentos salariales acumulados del 10,3% entre enero y mayo de 2026.

Por qué el impacto en Misiones puede ser mayor que en otras provincias

En distritos metropolitanos, el INTA suele tener un rol más vinculado a investigación y articulación académica. En Misiones, en cambio, el organismo cumple una función territorial crítica.

La experimental Cerro Azul, las agencias de extensión rural y los equipos técnicos que trabajan con cooperativas yerbateras, forestales y tabacaleras son parte del entramado productivo cotidiano. La eventual salida de profesionales con experiencia puede afectar especialmente áreas donde el conocimiento técnico acumulado tarda años en reconstruirse.

La diferencia regional no es menor: La yerba mate depende de asistencia técnica para manejo de suelos, productividad y control sanitario. La forestoindustria utiliza programas del INTA para genética, manejo forestal y agregado de valor. El sector tabacalero trabaja históricamente con esquemas de transferencia tecnológica coordinados entre Nación, provincia y cooperativas. La agricultura familiar, especialmente en zonas de frontera, suele tener al INTA como único soporte técnico estable.

En provincias con fuerte dependencia de economías regionales, el retiro de cuadros técnicos puede generar una pérdida silenciosa de capacidad estatal. No se traduce inmediatamente en conflicto político, pero sí en menor acompañamiento productivo y menor velocidad de innovación.

La señal hacia los organismos descentralizados

La resolución también funciona como señal hacia otros organismos nacionales con fuerte estructura territorial. El Gobierno busca avanzar en una reducción gradual de plantas permanentes evitando despidos masivos y litigios laborales.

El mecanismo elegido apunta a trabajadores con trayectoria extensa y costos salariales altos. Desde la lógica fiscal, el objetivo es bajar gasto estructural de largo plazo. Desde la lógica productiva, el interrogante es cuánto conocimiento institucional puede perderse en el proceso.

En el caso del INTA, el problema no pasa únicamente por cantidad de empleados sino por perfiles técnicos especializados difíciles de reemplazar en el corto plazo. En economías regionales como la misionera, donde la competitividad ya está condicionada por logística cara, presión impositiva y asimetrías fronterizas con Brasil y Paraguay, la reducción de apoyo técnico estatal agrega una variable adicional de incertidumbre.

Lo que empieza a mirar el sector productivo

En cámaras empresariales y cooperativas del NEA la atención está puesta en tres factores: Cuántos técnicos efectivamente adherirán al retiro voluntario. Qué áreas territoriales quedarán más debilitadas. Y si habrá reposición parcial mediante contratos o reestructuración interna.

El punto crítico será la continuidad operativa de los programas de extensión rural y asistencia técnica en territorio. Allí es donde el impacto económico real puede sentirse más rápido.

A mediano plazo, el desafío para Misiones será sostener capacidades técnicas vinculadas a innovación agropecuaria en un contexto donde Nación reduce estructura y las provincias quedan obligadas a cubrir vacíos operativos con recursos propios. El sector privado seguirá de cerca si el ajuste termina siendo únicamente administrativo o si empieza a afectar la competitividad productiva de las economías regionales.

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