La Asociación Forestal Argentina (AFoA), Regional Misiones, respaldó la iniciativa del Gobierno provincial para modificar el artículo 7° de la Ley de Bioinsumos y establecer por ley un marco estable para el uso del glifosato en Misiones. Para la entidad, la reforma busca cerrar una etapa de más de tres años de cambios regulatorios y otorgar previsibilidad a una actividad caracterizada por inversiones de largo plazo.

La discusión se originó con la sanción de la Ley VIII N.º 103 en 2023, que estableció la prohibición del uso del glifosato. Desde entonces, su aplicación fue postergada y suspendida mediante distintas decisiones del Poder Ejecutivo provincial. En agosto de 2024, el Gobierno prorrogó su entrada en vigencia hasta 2030, mientras que en agosto de 2025 dispuso su suspensión indefinida hasta que se homologara un producto sustituto con eficacia comprobada.

Para AFoA Regional Misiones, la modificación legislativa no implica abrir una discusión completamente nueva, sino transformar en una definición de rango legal una situación que la propia administración provincial ya había sostenido mediante decretos. La diferencia, según la entidad, radica en la mayor estabilidad jurídica que puede ofrecer una ley frente a decisiones de carácter administrativo.

El argumento productivo ocupa un lugar central en el posicionamiento de la asociación. AFoA sostiene que actualmente no existen en el mercado alternativas fitosanitarias que hayan demostrado una eficacia equivalente para el control de malezas durante las primeras etapas de implantación de las plantaciones forestales.

La entidad considera que esa herramienta tiene particular relevancia para una actividad que requiere inversiones de largo plazo y que necesita previsibilidad regulatoria para planificar sus ciclos productivos. En ese esquema, cualquier modificación abrupta de las condiciones de manejo puede afectar decisiones de inversión y la competitividad de la producción destinada a mercados nacionales e internacionales.

AFoA también sostiene que el uso del producto se encuentra regulado por organismos nacionales e internacionales y que, aplicado de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas y los protocolos de manejo vigentes, presenta baja toxicidad aguda. La asociación plantea que el cumplimiento de esos protocolos permite ordenar y limitar su utilización tanto desde el punto de vista operativo como ambiental.

La actividad forestal misionera cuenta actualmente con más de 400.000 hectáreas de plantaciones. De ese total, cerca de 150.000 hectáreas están certificadas bajo el esquema PEFC y otras 117.000 cuentan con certificación FSC, sistemas que incorporan protocolos de manejo forestal sostenible y establecen condiciones para el uso de fitosanitarios.

Según AFoA, dentro del ciclo forestal la utilización de herbicidas se concentra fundamentalmente durante las primeras etapas de implantación. Una vez que la plantación supera esa instancia inicial, el uso de este tipo de productos deja de formar parte del manejo habitual durante el resto del crecimiento del cultivo.

La asociación había participado durante los últimos años de las gestiones institucionales ante las autoridades provinciales para plantear las dificultades que generaría una prohibición efectiva sin alternativas técnicamente probadas. Entre los argumentos presentados estuvo también la necesidad de mantener condiciones compatibles con las exigencias de los mercados internacionales a los que se destina una parte significativa de la producción forestal misionera.

El respaldo de AFoA llega mientras el Gobierno provincial impulsa la modificación de la normativa. Para el sector, que la definición se adopte mediante una ley representa un cambio relevante respecto de la sucesión de prórrogas y suspensiones que caracterizó la discusión desde 2023.

La cuestión también tiene una dimensión económica que excede al uso puntual del producto. La actividad forestal trabaja con horizontes productivos prolongados, por lo que las decisiones de implantación y manejo se toman bajo condiciones que deben mantenerse durante períodos extensos. En ese contexto, la previsibilidad regulatoria se convierte en un componente de competitividad.

El desafío hacia adelante será compatibilizar esa previsibilidad con controles ambientales y sanitarios efectivos. El sector forestal ya opera bajo esquemas de certificación y protocolos de manejo sostenible, pero la consolidación de una política pública de largo plazo requiere que las reglas sean claras, fiscalizables y consistentes con las exigencias de los mercados.

AFoA Regional Misiones valoró que el Gobierno provincial haya elegido la vía legislativa para resolver la situación y reafirmó su disposición a continuar trabajando con las autoridades. El objetivo planteado por la entidad es construir un marco que combine previsibilidad, sustentabilidad y competitividad para una de las actividades productivas estructurales de Misiones.