La industria maderera exige al Gobierno nacional reglas claras para salir del “régimen de supervivencia”
El 149° Congreso Maderero de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), realizado en Cañada de Gómez, Santa Fe, cerró con un diagnóstico contundente: la foresto-industria argentina atraviesa una crisis estructural marcada por la caída del consumo interno, la pérdida de competitividad exportadora y la ausencia de respuestas eficaces por parte del Estado nacional. La advertencia fue clara: sin financiamiento, incentivos a la forestación y una política activa que proteja a las PyMEs, el sector podría enfrentar un deterioro aún más profundo en los próximos años.
Durante tres jornadas de exposiciones y debates, representantes de 23 de las 28 cámaras que integran FAIMA coincidieron en que el escenario actual dejó atrás la etapa de alerta para ingresar en una fase de supervivencia crítica. El Congreso, organizado por la Cámara de la Industria Maderera de Cañada de Gómez (CIMA), puso el foco en tres grandes ejes: abastecimiento forestal, competitividad industrial y construcción con madera como motor de demanda.
Uno de los principales reclamos estuvo vinculado al abastecimiento de materia prima. La preocupación por la concentración de rollos en manos de grandes plantas de celulosa y biomasa encendió alarmas especialmente en el NEA, donde los aserraderos PyME dependen de un flujo constante para sostener su operación. Desde FAIMA insistieron en la necesidad de una Mesa de Diálogo Permanente que permita garantizar la convivencia entre grandes jugadores y pequeñas industrias, además de exigir que la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial actualice los registros reales de disponibilidad de madera y abandone lo que calificaron como “números de escritorio”.
El debate también reabrió con fuerza la discusión sobre la Ley 25.080 de promoción forestal. Las cámaras del Nordeste plantearon que la norma debe volver a su esencia original: incentivar al pequeño y mediano productor forestal mediante aportes no reintegrables eficientes. La lógica es simple: sin rentabilidad inmediata ni previsibilidad, nadie planta para esperar un retorno dentro de veinte años. El problema no es solo productivo, sino sistémico: si cae el primer eslabón de la cadena, en cinco a diez años comenzará a faltar materia prima y los cierres de aserraderos serán inevitables.
En paralelo, el sector busca defender el mercado interno frente al avance importador. Allí surgió la propuesta de fortalecer la marca “Mueble Argentino”, como una estrategia para diferenciar calidad y valor agregado frente a los productos importados de bajo costo. La apuesta incluye el fortalecimiento del Instituto del Mueble Argentino y el desarrollo de líneas premium apoyadas en diseño industrial y certificación técnica.
En ese punto, el Centro Tecnológico del Mueble (CTM) de Cañada de Gómez apareció como una pieza clave. La presentación de sus nuevos laboratorios fue leída como una herramienta concreta para que las PyMEs dejen de competir solo por precio y puedan hacerlo por estándares internacionales. El sello “Apto Formaldehído”, los ensayos de resistencia estructural y los avances en acabados superficiales apuntan a elevar la competitividad técnica del mueble argentino y abrir puertas tanto en exportación como en grandes desarrollos habitacionales.
Otro de los consensos fuertes fue la necesidad de impulsar la construcción con madera como salida inmediata a la crisis de demanda. El planteo volvió sobre una vieja propuesta: que una parte obligatoria de la vivienda social financiada por el Estado se ejecute con madera. La idea no solo permitiría dinamizar el consumo de los aserraderos regionales, sino también posicionar al sector dentro de la agenda de sostenibilidad y descarbonización, donde la madera gana protagonismo global como material estratégico.
El Congreso vinculó esta visión con los datos relevados por ASORA Madera y Tecnología en su informe “Panorama de la Cadena de Valor de la Madera de Argentina 2025”, donde se definió al año pasado como un verdadero “régimen de supervivencia”. Allí se registró una capacidad ociosa promedio del 50%, rentabilidad erosionada por tarifas, logística y carga laboral, además de un desplazamiento creciente de PyMEs por parte de grandes empresas que, al no poder exportar por costos portuarios elevados, volcaron sus stocks al mercado interno saturándolo.
La respuesta política de FAIMA frente a ese escenario fue clara: certificación de calidad, acceso a financiamiento vía CFI, fortalecimiento de la vivienda con madera y una agenda legislativa que devuelva previsibilidad al productor primario. La meta ya no es resistir, sino reconstruir competitividad.
La conclusión de fondo es que la foresto-industria argentina no discute solamente precios o financiamiento: discute su modelo de supervivencia. El desafío pasa por transformar la madera en un activo estratégico de la nueva economía sustentable, pero eso exige algo básico que hoy no existe: reglas claras, financiamiento razonable y una cancha nivelada para todos los actores.
