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Capacidad instalada industrial: diciembre terminó peor que 2024 y con un quiebre en el último bimestre

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Capacidad instalada: las 7 claves de diciembre 2025

  • Nivel general: 53,8% (dic-2024: 56,7%).
  • Máximo 2025: 61,1% (septiembre) y 61,0% (octubre); cierre en baja.
  • Más alto: Refinación del petróleo 87,1%.
  • Sobre el promedio: Papel y cartón 65,0%; Alimentos y bebidas 63,6%; Químicos 58,6%; Metálicas básicas 57,5%.
  • Más bajo: Automotriz 31,2%; Caucho y plástico 33,4%; Textiles 35,2%.
  • Factor de caída: Metalmecánica 38,9% por menor producción de electrodomésticos (-43,0%) y maquinaria agropecuaria (-22,9%).
  • Dato crítico: Neumáticos con caída interanual de 57,3%.

Fuente: INDEC, Utilización de la capacidad instalada en la industria, diciembre 2025 (publicado 12/02/2026).

La industria argentina operó en diciembre de 2025 al 53,8% de su capacidad instalada, contra 56,7% en diciembre de 2024, confirmando un deterioro interanual.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa la trayectoria del año: tras alcanzar niveles cercanos al 61% en septiembre y octubre, la utilización cayó a 57,7% en noviembre y profundizó la baja en diciembre.

La señal es clara: el último bimestre mostró un enfriamiento significativo de la actividad manufacturera.

Tras alcanzar niveles cercanos al 61% en septiembre y octubre, la industria comenzó a perder impulso: bajó a 57,7% en noviembre y profundizó la caída en diciembre. El cierre anual deja así un promedio sostenido por algunos sectores puntuales, pero con amplias áreas operando con fuerte capacidad ociosa.

La foto sectorial muestra una industria partida en dos. Por encima del promedio se ubican refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65%), alimentos y bebidas (63,6%), químicos (58,6%) y metálicas básicas (57,5%). Son rubros con estructuras productivas más estables o vinculadas a insumos esenciales, lo que les permite sostener niveles relativamente altos de actividad.

En el otro extremo aparecen los sectores más sensibles al ciclo económico. La industria automotriz operó apenas al 31,2% de su capacidad; caucho y plástico al 33,4%; textiles al 35,2%; y metalmecánica (excluida la automotriz) al 38,9%. Son niveles compatibles con plantas subutilizadas, reducción de turnos o menor intensidad operativa.

El INDEC identifica con precisión las causas de la retracción. En metalmecánica pesó la fuerte caída en la producción de electrodomésticos (-43% interanual) y maquinaria agropecuaria (-22,9%). En automotriz influyó la menor cantidad de unidades fabricadas respecto del año anterior. En caucho y plástico impactó especialmente el desplome de neumáticos (-57,3%). Incluso alimentos y bebidas —que sigue por encima del promedio— registró una leve baja frente a 2024, asociada a menor molienda de oleaginosas (-10,9%) y menor producción de carne vacuna (-7,3%).

La excepción parcial fue metálicas básicas, impulsada por un crecimiento interanual del 11,9% en la producción de acero crudo. Sin embargo, ese repunte no alcanza para compensar la debilidad en los sectores más intensivos en bienes durables e inversión.

La utilización de la capacidad instalada es un indicador clave porque anticipa comportamientos de inversión y empleo. Cuando el nivel general se mueve en torno al 53-54%, la presión sobre los costos fijos aumenta, los márgenes se reducen y las decisiones de ampliar capacidad productiva se postergan. No es un dato de ventas, sino de uso efectivo del aparato productivo disponible. Y hoy ese aparato muestra un margen amplio de ociosidad.

Para Misiones y el NEA, el impacto no es lineal, pero sí indirecto. El hecho de que papel y cartón opere al 65% a nivel nacional es un dato relevante para la cadena forestal vinculada a pulpa y papel. Sin embargo, la desaceleración general limita el dinamismo de la demanda industrial agregada. En alimentos, la menor molienda y la caída en carnes pueden afectar el ritmo de procesamiento y la logística asociada en economías regionales.

La baja en maquinaria agropecuaria también es un punto sensible para el NEA, donde la inversión productiva depende en buena medida del financiamiento y del ciclo agrícola. Si la industria nacional de bienes de capital reduce producción, el efecto se traslada a proveedores, servicios y transporte.

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El acuerdo UE-Mercosur instala un nuevo escenario para la industria de la madera

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La firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, se concretó el pasado 17 de enero, en Asunción, Paraguay. Establece una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores, al mismo tiempo que introduce un inédito marco normativo en materia de sostenibilidad y cooperación técnica. Para el bloque Mercosur, el acuerdo implica el acceso preferencial al 92% de sus exportaciones hacia el mercado europeo. La UE logrará la eliminación progresiva de aranceles para el 91% de sus bienes industriales, señala un documento de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la República Argentina.

Desgravación arancelaria: el horizonte de la forestoindustria

El sector de la madera y el mueble se posiciona como uno de los protagonistas de este acuerdo. Actualmente, los productos madereros del Mercosur enfrentan estructuras arancelarias que limitan su competitividad en Europa frente a proveedores de Europa del Este o el Sudeste Asiático.

Con la entrada en vigor del tratado, se prevé una eliminación gradual de los derechos de importación, que en ciertos productos de valor agregado (como muebles de diseño o paneles compensados) actualmente oscilan entre el 2% y el 10%. Esta ventana de oportunidad permite a las PyMEs regionales proyectar exportaciones de productos acabados, superando la histórica dependencia de la exportación de materia prima bruta.

El desafío de la trazabilidad y el Reglamento EUDR

La apertura de mercados viene acompañada de una exigencia técnica rigurosa: el cumplimiento del Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR).

Para la industria maderera del Mercosur, esto implica que cada metro cúbico exportado deberá contar con certificados de geolocalización que garanticen que su origen no proviene de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Si bien esto representa una barrera de entrada técnica para los productores informales, se convierte en un sello de calidad competitiva para las empresas que ya han invertido en certificaciones internacionales (como FSC o PEFC), posicionando a la región como un proveedor estratégico de biomasa y madera sostenible bajo estándares globales.

Modernización tecnológica y el efecto “catch-up”

El impacto para la industria del mueble será ambivalente. Por un lado, la reducción de aranceles para la importación de maquinaria de última generación y bienes de capital de origen europeo (especialmente de Alemania e Italia) facilitará la reconversión tecnológica de las plantas locales. Esto es crítico para mejorar la productividad y el acabado de los muebles regionales.

Sin embargo, la industria local deberá enfrentar la competencia de productos terminados europeos de alta gama que ingresarán con aranceles decrecientes. El éxito del sector dependerá de la capacidad de respuesta de las cámaras empresariales para aprovechar los programas de cooperación técnica y financiamiento que el acuerdo prevé para la transición productiva.

La perspectiva europea: entre la oportunidad de mercado y el blindaje ambiental

Mientras en el Mercosur el debate se centra en la competitividad, en los principales centros industriales de la UE (Alemania, Italia, Francia), las entidades representativas del sector ‒como CEI-Bois (Confederación Europea de Industrias de la Madera) y EFIC (Confederación Europea de Industrias del Mueble)‒ mantienen una postura de “optimismo vigilante”.

  1. Seguridad de suministros y materias primas críticas: Para la industria europea, el acuerdo es una pieza clave para diversificar sus fuentes de suministro. En un contexto de tensiones geopolíticas, la UE busca reducir su dependencia de mercados asiáticos. Las cámaras europeas ven al Mercosur como un proveedor de biomasa y madera certificada de escala industrial, esencial para cumplir con los objetivos del Green Deal europeo que exige sustituir materiales fósiles por renovables en la construcción y el mobiliario.
  2. Exportación de tecnología, el renovado rol de EUMABOISLa industria de la maquinaria para la industria de la madera (representada por Eumabois) es una de las más entusiasmadas con la firma del acuerdo. La eliminación de aranceles en el Mercosur para bienes de capital permite a los fabricantes europeos (especialmente italianos y alemanes) volver a consolidar su liderazgo tecnológico en la región. Para ellos, el acuerdo significa la posibilidad de recuperar la iniciativa en el mercado sudamericano donde hoy enfrentan una fuertísima competencia china. No se trata solo de vender máquinas, sino de establecer sus estándares técnicos y digitales como la norma a seguir en las fábricas del Mercosur.
  3. El “Level Playing Field” y la propiedad intelectual, estandartes de la sostenibilidad como “barrera” competitiva: Una de las mayores preocupaciones europeas ha sido históricamente la protección de diseños y la lucha contra la falsificación. El acuerdo firmado el 17 de enero incluye capítulos robustos sobre propiedad intelectual. Las cámaras europeas de diseño de muebles ven esto como una victoria, ya que les permite exportar productos de alto valor añadido con la garantía de que sus diseños industriales estarán protegidos legalmente en los cuatro países del bloque sudamericano.

Es importante destacar que, a diferencia de otros sectores, las entidades madereras europeas no temen a la competencia del Mercosur, siempre y cuando se aplique estrictamente el Reglamento EUDR. Su visión es clara: solo entrará al mercado común aquello que demuestre trazabilidad total. Esto “nivela el campo de juego” (el famoso level playing field), asegurando que las empresas europeas ‒que ya operan bajo costos ambientales altos‒ no se vean desplazadas por madera de origen incierto.

Implicancias para la industria de la madera del Acuerdo UE-Mercosur

Para la industria de la madera y el mueble, este acuerdo no solo reduce aranceles, sino que redefine las reglas de sostenibilidad y modernización tecnológica para los próximos veinte años.

  • La madera como vector de sostenibilidad y el reto de la trazabilidad. El acuerdo establece un marco de “cero arancel” para una vasta gama de productos de madera, pero la apertura no es un cheque en blanco. La UE ha dejado claro que el acceso al mercado común está intrínsecamente ligado al cumplimiento del Reglamento EUDR. Para los productores del Mercosur, la industria ya no se mide solo en metros cúbicos o calidad de fibra, sino en datos de geolocalización. Las cámaras empresarias europeas, como CEI-Bois, ven en este acuerdo una oportunidad para asegurar un flujo constante de madera de rápido crecimiento proveniente de Sudamérica, esencial para la bioeconomía europea, siempre que se garantice la ausencia de deforestación mediante sistemas de certificación robustos.
  • Transformación del sector del mueble: diseño y protección intelectual. El impacto en el sector del mueble presenta una dualidad técnica. Mientras que el Mercosur se beneficia de la eliminación de gravámenes para exportar mobiliario de madera maciza, la industria europea ‒liderada por la EFIC‒ celebra la armonización de estándares de Propiedad Intelectual. Esto protege los derechos de diseño industrial europeo en suelo sudamericano, fomentando una competencia basada en el valor añadido y no solo en el costo de materiales. Por otro lado, la reducción de aranceles para componentes y herrajes europeos permitirá a los fabricantes locales del Mercosur elevar el estándar de calidad de sus terminaciones, cerrando la brecha de calidad percibida en mercados internacionales.
  •  Bienes de capital, la carrera por la eficiencia productiva. Un componente crítico del acuerdo es la facilitación del comercio de maquinaria. Entidades como Eumabois han señalado que la eliminación de barreras técnicas y arancelarias para bienes de capital permitirá a las plantas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acceder a tecnologías de Industria 4.0, centros de mecanizado CNC y sistemas de secado inteligente de origen europeo. Esta transferencia tecnológica es vista como el motor de un efecto “catch-up” (convergencia), donde la industria del Mercosur podrá procesar sus recursos forestales con la misma eficiencia técnica que sus pares nórdicos, aumentando la productividad por empleado y reduciendo el desperdicio de material.

El impacto país por país

 – Argentina: El sector de madera sólida en la región mesopotámica ve una puerta abierta para divisas. Sin embargo, el gran reto es la infraestructura logística. El impacto será positivo si se logra acoplar la oferta con los estándares de sostenibilidad europeos, pero negativo si la burocracia interna frena la agilidad de los certificados de exportación.

– Brasil: Posee la mayor escala del bloque. El impacto es netamente positivo en términos de volumen de exportación de tableros y celulosa. El desafío negativo reside en la fiscalización extrema que recibirá por parte de las ONGs y cámaras europeas sobre la cadena de custodia, lo que elevará los costos de auditoría interna.

– Uruguay: Con una industria forestal ya muy alineada a estándares internacionales, el impacto es de consolidación. El país se posiciona como el “puerto verde” de entrada de inversiones para CLT (madera laminada cruzada). El riesgo es la alta competitividad del mercado europeo que exigirá una especialización aún mayor en productos de ingeniería.

– Paraguay: El acuerdo actúa como un catalizador para la formalización. El impacto positivo será la llegada de capitales para reforestación comercial. El lado negativo es la vulnerabilidad de la pequeña industria del mueble artesanal, que podría verse desplazada por productos industriales importados si no se inicia un plan de reconversión técnica inmediato.

Un acuerdo que reconfigura el mapa del mercado global

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, firmado tras años de negociación, busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Potenciará el intercambio comercial, eliminando aranceles en más del 90% del comercio bilateral.

Aspectos clave del acuerdo (actualizado a 2026):

  • Alcance comercial: Liberaliza el 91% de las importaciones del Mercosur desde la UE (especialmente autos, químicos, maquinaria) y el 92% de la UE desde el Mercosur (agroalimentos).
  • Desgravación: La UE eliminará aranceles al 82% de las exportaciones del Mercosur, con un 70% de desgravación inmediata.
  • Beneficios para el Mercosur: Mayor acceso de productos agrícolas (soja, carne, maíz) al mercado europeo.
  • Sostenibilidad y medio ambiente: Incluye el cumplimiento del Acuerdo de París y compromisos contra la deforestación.
  • Situación actual: El Consejo de la UE autorizó la firma a principios de 2026, iniciando la fase de ratificación, aunque persiste el debate político y técnico, con el- Parlamento Europeo solicitando un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE sobre su validez jurídica

Más de un cuarto de siglo de negociaciones

El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur es el resultado de más de 25 años de negociaciones. Tras un principio de acuerdo alcanzado en 2019 y revisado posteriormente, los textos finales quedaron cerrados en diciembre de 2024. A comienzos de este año, el Consejo de la UE autorizó formalmente su firma, lo que marca el inicio de la fase de ratificación.

“El tratado es un acuerdo mixto, con dos pilares: el comercial regula el comercio de bienes y servicios, el acceso a los mercados y a la propiedad intelectual. Y el político y de cooperación, que abarca el diálogo institucional, la sostenibilidad y la cooperación. Esta estructura es clave porque determina cómo y cuándo puede aplicarse”, explica un análisis realizado por el reconocido estudio legal Marval, O’Farrell & Mairal.

El acuerdo prevé una liberalización progresiva:

  • La UE eliminaría aranceles para aproximadamente el 92 % de las importaciones provenientes del Mercosur;
  • El Mercosur haría lo propio con cerca del 91 % de las importaciones desde la UE.

“El sistema incluye plazos de transición, cuotas y mecanismos de protección para productos sensibles. Se verían directamente alcanzados los sectores agroindustriales, alimentos, bebidas, manufacturas e industria”, señala el estudio.

Por otra parte, el capítulo de propiedad intelectual es uno de los componentes técnicos más relevantes. Establece, por primera vez, un marco bilateral estructurado que cubre derechos de autor y derechos conexos, marcas, diseños industriales, patentes, variedades vegetales, indicaciones geográficas, secretos comerciales y medidas de observancia civil, administrativa y en frontera. El acuerdo prevé la protección recíproca de indicaciones geográficas (IG), contempla reglas de coexistencia con marcas y derechos preexistentes, evitando afectaciones automáticas.

El análisis de Marval, O’Farrell & Mairal recuerda que para que el acuerdo tenga efectos reales, aún deben cumplirse varias etapas:

  • Firma formal del tratado;
  • Aprobación del Parlamento Europeo;
  • Decisión de conclusión del Consejo de la UE;
  • Ratificación por los parlamentos de todos los Estados miembros de la UE;
  • Ratificación individual por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay;
  • Aprobación del tratado por el Congreso Nacional de cada Estado Parte del Mercosur;
  • Depósito del instrumento de ratificación ante la Secretaría del Mercosur;
  • Entrada en vigencia individual del tratado para cada Estado Parte del Mercosur, a medida que se completen las ratificaciones y se efectúe el depósito correspondiente.

“Solo cuando se cumplan estos pasos podrá entrar en vigencia. En el mejor escenario, podría aplicarse de forma provisional y parcial, limitada a materias de competencia exclusiva de la UE”, indica el análisis. Y puntualiza que el Parlamento Europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia para que evalúe la compatibilidad con la normativa comunitaria.

En el caso de Argentina, será necesaria, además, una adecuación normativa interna, incluida la legislación en materia de propiedad intelectual. A través del Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional convocó a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, formalizando así el comienzo de su etapa de internalización legislativa. “Hoy, el acuerdo no genera derechos ni obligaciones exigibles. Su relevancia está en lo que puede producir si se ratifica: cambios estructurales en comercio, inversión y en la gestión estratégica de la propiedad intelectual entre los países de ambos bloques”, concluye el estudio.

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Los desafíos de la Forestoindustria: Del mercado interno a la escala global

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El sector forestoindustrial argentino se caracteriza por una de las tasas de crecimiento más altas a nivel mundial (y una superficie forestada de aproximadamente 1,3 millones de hectáreas principalmente ubicadas en la Mesopotamia) y una estructura productiva diversificada con industrialización tanto de la madera sólida, como de triturable (pasta celulósica y papel) y de generación de energía en base a biomasa.

Este sector, que llegó a explicar más de 100 mil puestos de trabajos registrados a nivel nacional en 2011 y 2012, ha mostrado un estancamiento desde entonces y actualmente registra aproximadamente 90 mil puestos de trabajo. En los últimos tres años se observa una caída del orden del 5% al 7% en todos los subsectores (silvicultura, aserrado, productos de madera y papel) con la única excepción del sector de muebles (donde el empleo generado cayó en 2024 pero se recuperó rápidamente en 2025).

Al analizar la dinámica del empleo, encontramos que a partir de 2010 y hasta el año 2023 la cantidad de trabajadores registrados totales en la economía argentina aumentó un 14%, mientras que en la forestoindustria registró una caída del 4%. A su vez, en los últimos dos años se observa que, mientras el empleo total registra una nueva caída en 2024 y una leve recuperación en 2025 (+0,3%), el sector forestoindustria registró una contracción del 3,1% en 2024 y del 1,3% en 2025. Ante esto, surge la pregunta: ¿Qué explica esta dinámica?

Haciendo foco en la industria del aserrado y remanufactura de madera (con productos como tableros, madera estructural, molduras, pisos, entre otros), encontramos una fuerte dualidad: por un lado, empresas grandes y medianas con alta tecnología y orientación exportadora y, por otro, una vasta red de PyMEs (más de 750 empresas en la provincia de Buenos Aires, más de 400 en Misiones y más de 200 en Corrientes) enfocadas en el mercado interno (principalmente con productos para la construcción).

En esta línea, se observa que el Índice de Producción Industrial de Madera (IPI Madera) elaborado durante el 2023 tuvo una caída del 6%, explicado por la caída tanto de la demanda del sector de la construcción (-4%) como por una fuerte caída en las exportaciones (-19%). En 2024 el sector maderero tuvo una contracción aún más pronunciada (-14%) explicada principalmente por la caída del 27% en la actividad de la construcción (la cual no pudo ser compensada totalmente por las exportaciones a pesar del crecimiento del 18% registrado ese año). A partir de allí, en 2025 observamos un crecimiento del 12% en el índice industrial sectorial, con crecimiento de las exportaciones además de cierta recuperación de la construcción.

Cabe agregarse que hasta el momento el ingreso de importaciones de madera y derivados está concentrado en dos productos (tableros de fibras de madera y de partículas de madera) y, si bien tuvo un crecimiento importante el año pasado (+114%), representó un total de 13 millones de dólares en 2025.

Por lo todo lo anterior, vemos que luego de varios años de caída el indicador de actividad industrial sectorial muestra cierta recuperación en 2025… pero ¿es suficiente la tendencia actual para recuperar los niveles de actividad y empleo?

En base a lo anteriormente señalado, el mayor desafío está en aquellas empresas orientadas principalmente al mercado de la construcción local. La leve recuperación del sector señalada en 2025, y que se suma también a la pequeña recuperación (+7% anual) de la superficie autorizada a construir (el cual es un indicador relevante para anticipar la demanda de materiales) dan señales de que la caída de la construcción habría encontrado un piso, aunque la recuperación es aún muy leve para revertir la caída de 2023 y 2024.

Adicionalmente, desde el sector maderero señalan que a esto se deben sumar otros desafíos que tienen que ver con cambios tecnológicos en la construcción (mayor uso de andamiajes y perfilería metálica en vez de madera) y la difusión de viviendas industrializadas (en algunos casos incluso importadas totalmente), entre otros.

En este marco, la dinámica exportadora registrada, así como la política de apertura comercial nacional y los acuerdos firmados con la Unión Europea y Estados Unidos parecen oportunidades de mercado muy interesantes para el sector, aunque el proceso de reconversión necesario para un gran número de PyMEs dista de ser un proceso sencillo.

A partir de consultas al sector es posible mencionar varias líneas de trabajo para dicha reconversión: financiamiento (destinado no solo a capital de trabajo, sino también a la mejora e innovación tecnológica y a los créditos hipotecarios para la construcción), reducción de costos logísticos internos (desde las plantas productivas hasta los puertos de Zárate o Buenos Aires), el costo de la energía eléctrica y la necesidad de contar con certificaciones ambientales exigidas en los principales mercados de destino (como por ejemplo FSC- Forest Stewardship Council).

En el marco de las reformas legislativas actualmente en discusión, el RIMI (Régimen de Incentivos a las Inversiones Medianas) surge como una propuesta para cerrar la brecha con los grandes proyectos de amparados por el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), alentando nuevas inversiones, competitividad, exportaciones y empleo formal a través de la amortización acelerada de inversiones en el impuesto a las ganancias y de la devolución de créditos fiscales por inversiones productivas.

La propuesta tiene como fortaleza la inclusión de empresas PYMES de cualquier sector económico y con proyectos de inversión mucho más cercanos a su realidad (a partir de montos mínimos de 150 mil dólares para microempresas), por lo cual es positivo y genera instrumentos muy interesantes para el sector, aunque la magnitud del desafío de reconversión del sector y las restricciones mencionadas exceden las herramientas propuestas en este proyecto.

Adicionalmente, como también se ha tratado en anteriores informes, los gobiernos locales y provinciales tienen un potencial enorme para reducir el costo argentino y generar herramientas que complementen estos instrumentos nacionales acompañando el proceso de modernización industrial para la elaboración de productos que abastezcan tanto el mercado doméstico como el externo.

En esta línea, podemos mencionar la reducción de impuestos distorsivos, la creación de incentivos tributarios para apoyar la reconversión y adaptación a los mercados internacionales, facilitar los acuerdos para las inversiones en infraestructura a nivel regional y nacional que reduzcan el costo logístico dentro del país (además de la modernización del transporte fluvial) y la reducción de las tarifas de energía para industrias en proceso de reconversión.

Actualmente, el mercado se encuentra en una etapa de reconfiguración estratégica: mientras las exportaciones muestran signos de crecimiento, el consumo doméstico lucha por recuperarse, impulsando al sector a buscar una mayor eficiencia operativa y nuevos estándares de sostenibilidad para aprovechar el enorme potencial existente basado en ventajas comparativas claras en la producción primaria, pero para que esto también implique competitividad en las industrias es necesario el compromiso tanto de nación, como de las provincias y los municipios para acompañar ese proceso de modernización.

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CTM Misiones impulsa el empleo forestoindustrial con operarios técnicos listos para trabajar

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El Centro Tecnológico de la Madera Misiones (CTMMi), dependiente del Ministerio de Industria, puso a disposición de las empresas del sector forestoindustrial un banco de capital humano conformado por operarios y operarias ya formados y listos para su inserción laboral inmediata. La iniciativa apunta a reducir la brecha entre formación técnica y demanda productiva, en un contexto donde la disponibilidad de mano de obra calificada se vuelve un factor clave para la competitividad industrial y el desarrollo sostenible del sector en Misiones.

La herramienta está orientada a facilitar la vinculación directa entre las industrias madereras y trabajadores con capacitación específica, fortaleciendo el entramado productivo local y promoviendo el empleo formal en uno de los sectores estratégicos de la economía provincial.

Formación técnica aplicada a los procesos productivos

El banco de capital humano del CTMMi está integrado por perfiles técnicos con formación teórico–práctica y experiencia en procesos productivos vinculados a la transformación de la madera. Los operarios y operarias fueron capacitados en el propio Centro Tecnológico, lo que garantiza conocimientos alineados con las necesidades actuales de la forestoindustria.

Entre los perfiles disponibles se incluyen operadores de secadero, operadores de aserradero y operadores de sala de afilado, todos ellos con competencias específicas en manejo de maquinaria, procesos industriales, seguridad laboral y buenas prácticas productivas. Esta preparación permite su incorporación inmediata a distintos eslabones de la cadena forestoindustrial, reduciendo tiempos de adaptación y costos de capacitación inicial para las empresas.

A través de esta herramienta, las industrias interesadas pueden conocer en detalle la formación y las competencias de cada trabajador o trabajadora, facilitando procesos de selección más eficientes y ajustados a los requerimientos técnicos de cada planta.

Articulación público-productiva y empleo local

Desde el Ministerio de Industria se remarcó que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre el sistema de formación y el entramado productivo, facilitar el acceso de las empresas a recursos humanos calificados y promover el empleo local. El enfoque apunta a acompañar el crecimiento del sector forestoindustrial, potenciando la mano de obra misionera y contribuyendo a una mayor competitividad industrial.

El banco de operarios se inscribe en una estrategia más amplia de desarrollo sostenible, en la que la capacitación técnica, la inserción laboral y la productividad industrial se articulan como ejes centrales. En ese marco, el organismo provincial se mantiene a disposición para ampliar información y articular necesidades específicas de cada industria interesada, ofreciendo un canal directo de contacto a través de WhatsApp al 3755 57-0584.

La medida busca consolidar un modelo de crecimiento basado en el fortalecimiento del capital humano local, con impacto directo en la eficiencia productiva y en la generación de empleo calificado en Misiones.

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Cuando la ignorancia se vuelve política pública

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Sin lugar a dudas, son lamentables las expresiones de la concejala María Elena Fernández de la ciudad de Posadas contra la forestoindustria, uno de los sectores más castigados de nuestra provincia. Un sector que arrastra consecuencias históricas desde la última dictadura cívico-militar de 1976, cuando, de la mano del ministro Martínez de Hoz, se entregaron -por decirlo de algún modo- nuestros bosques, nuestra selva, nuestro monte y hasta el Parque Nacional Iguazú a intereses ajenos al desarrollo regional.

Sería importante que la legisladora comprenda que ningún beneficiario de la Ley 25.080 está exento de pagar impuestos. La capitalización que dicha ley promueve tiene efectos sobre el valor en pie de los activos forestales y, por ende, incrementa la base imponible de esos bienes. No se trata de un privilegio fiscal, sino de una política de estímulo productivo con impacto económico directo.

Resulta llamativo, además, que la concejala no se haya asesorado con su propia correligionaria, la diputada nacional Maura Gruber, reconocida conocedora del sector forestal, vinculada históricamente a AMAYADAP y al entramado forestoindustrial del norte misionero.

A esto se suma un dato alarmante: la Fundación Vida Silvestre Argentina advirtió que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos el menor financiamiento de su historia. Según el artículo 31 de la ley, dicho fondo debería recibir al menos el 0,3 % del presupuesto nacional, lo que para 2026 equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto asigna apenas $15.843 millones. (Para mayor precisión técnica, basta consultar el sitio oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto).

Paradójicamente, el propio gobierno nacional del presidente Javier Milei creó el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR), integrado por la AFCP, AFoA, ASORA, FAIMA y la Sociedad Rural Argentina. Por el sector público participó, en representación de la Subsecretaría de Gestión Productiva, Ornela Calvette, directora nacional de Proyectos Estratégicos.
Sin palabras.

Mientras tanto, la diputada nacional Maura Gruber guarda silencio. ¿Por qué no defiende al sector? ¿Por qué no asesoró a la edil de su mismo espacio político? Como diputada nacional por Misiones, tiene todas las facultades para presentar un proyecto que derogue la Ley 25.080, una norma de alcance nacional, no provincial. Bastaría, incluso, consultar al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para conocer la situación real de una provincia fuertemente vinculada a la actividad forestal.

Pero estamos en Posadas, y se mezclan peras con manzanas. Total, hablar es gratis.

Resulta preocupante el desconocimiento de las competencias y jurisdicciones, más aún cuando estas expresiones se realizan en el ámbito del Concejo Deliberante de Posadas. ¿Con qué objetivo? ¿Más prensa? El argumento de “vengo del sector privado” no alcanza. Muchos venimos del sector privado y eso no nos exime de informarnos ni de comprometernos con la realidad productiva de nuestra provincia.

Necesitamos seriedad en las opiniones, sobre todo cuando los salarios de los funcionarios los pagamos todos los posadeños con nuestros impuestos. Las narrativas desbocadas sobre políticas públicas, tan costosas para nuestra historia, solo refuerzan una “nueva política” que, lejos de ser gratuita, resulta cara e irresponsable.

Sin ser especialistas, sí tenemos la obligación de manejar datos reales sobre nuestras economías regionales. Las políticas públicas serias no son partidos de tenis ni silencios cómplices.

Al día de la fecha, y según la web oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Maura Gruber no ha presentado ningún proyecto legislativo. A ella también le pagamos la dieta.

Mientras países como Estados Unidos —bajo la lógica proteccionista de Donald Trump— o la Unión Europea, que incluso recurrió al Tribunal de Bruselas a pedido de sus agricultores, defienden sin complejos sus producciones, aquí se ataca livianamente a uno de los pocos sectores que aún sostienen empleo y desarrollo territorial.

¿No sería más patriótico, al menos, guardar silencio frente a la estrepitosa caída de una economía regional clave? ¿O hay algún gato encerrado?

El Concejo Deliberante de Posadas no tiene competencia para debatir la Ley 25.080. Seamos serios. Asesorémonos. O, en todo caso, pidamos asesoramiento a nuestros propios pares, como Maura Gruber, integrante de una familia históricamente vinculada al sector forestal, que hasta ahora no ha dicho una palabra.

Paradójico, por decir lo menos, que quien presidía la Mesa Forestal Nacional fuera Ornela Calvette.
¿Te suena?

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