Fuerza Aérea Argentina

FAdeA cerrará 2026 con superávit, pero necesitará transferencias del Estado para sostener su equilibrio

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El Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), una de las empresas estratégicas del Sector Público Nacional vinculadas a la industria aeronáutica y de defensa. El esquema autorizado por el Ministerio de Economía exhibe una particular combinación de números: la compañía proyecta una pérdida operativa de $14.519,9 millones, pero terminaría el ejercicio con un resultado económico positivo de $147,2 millones y un superávit financiero de $104,1 millones.

La Resolución 1289/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, aprobó las previsiones elaboradas para la empresa que depende del Ministerio de Defensa. El dato central para interpretar el presupuesto es que FAdeA no alcanzaría a cubrir con su propia actividad comercial el conjunto de sus costos operativos: estima ventas por $135.090,4 millones frente a gastos de operación por $149.610,4 millones. La brecha alcanza los $14.519,9 millones.

El equilibrio aparece al incorporar los ingresos corrientes provenientes del Estado. El presupuesto contempla $14.850,4 millones en transferencias corrientes de la Administración Nacional. Con esos recursos, los ingresos corrientes ascienden a $149.940,9 millones, frente a gastos corrientes por $149.793,6 millones, lo que permite alcanzar el ahorro económico de $147,2 millones previsto para 2026.

La estructura revela así uno de los principales desafíos de la empresa: transformar progresivamente una parte mayor de su capacidad industrial en ingresos genuinos provenientes de contratos y servicios, reduciendo la distancia entre facturación y costos. El propio Plan de Acción plantea como estrategia consolidar los contratos plurianuales con el Estado para mantenimiento y modernización de aeronaves, pero también ampliar la cartera de clientes privados y explorar nuevos negocios, como servicios de ingeniería y fabricación de piezas de chapa y materiales compuestos.

Ese proceso resulta especialmente relevante porque FAdeA tiene como principal cliente a la Fuerza Aérea Argentina y concentra capacidades industriales que exceden la lógica de una empresa comercial convencional. El Estado adquirió sus acciones en 2009 junto con los inmuebles, instalaciones, maquinarias y demás activos que históricamente pertenecían a la Fábrica Militar de Aviones del Área Material Córdoba. Desde entonces, la compañía sostiene contratos de mantenimiento y fabricación con organismos estatales.

El presupuesto también incorpora una apuesta, aunque acotada, por ampliar las capacidades productivas. FAdeA prevé una inversión de $201 millones en formación bruta de capital fijo, destinada a maquinaria y equipos. El monto equivale a una fracción reducida de su estructura de gastos y, según el propio plan, las restricciones de caja obligan a financiar las inversiones con las transferencias de capital asignadas por el Estado.

En términos de empleo, la planificación oficial contempla una dotación de 705 trabajadores durante todo 2026, sin planta temporaria. La estructura proyectada incluye 519 cargos técnicos y profesionales, 80 directivos, 56 empleados de operación y 50 administrativos. La masa de remuneraciones presupuestada alcanza $46.605,4 millones.

El dato laboral adquiere relevancia económica porque una porción sustancial del gasto operativo está concentrada en bienes y servicios. El presupuesto asigna $100.948,6 millones a ese concepto y $46.605,4 millones a remuneraciones, dentro de gastos de operación por $149.610,4 millones. La estructura muestra que cualquier mejora de productividad, escala, compras, utilización de capacidad instalada o diversificación comercial puede tener un impacto significativo sobre el resultado final.

El frente financiero, sin embargo, presenta una dimensión que excede al resultado corriente. FAdeA proyecta fuentes financieras por $25.345,5 millones, explicadas íntegramente por un incremento de otros pasivos, específicamente cuentas a pagar por ese mismo monto. En paralelo, las aplicaciones financieras ascienden a $25.449,7 millones e incluyen $18.564,4 millones de incremento de otros activos financieros y $6.885,2 millones de disminución de otros pasivos.

El propio Plan de Acción estima que el pasivo total de la empresa llegará a $152.003,8 millones al cierre del ejercicio. La magnitud obliga a mirar el superávit financiero de $104,1 millones con una perspectiva más amplia: el resultado anual es positivo, pero prácticamente marginal frente al volumen de obligaciones y al tamaño de la estructura financiera de la compañía.

El presupuesto de caja aporta otra señal relevante. FAdeA prevé cerrar 2026 con disponibilidades por $2.557,3 millones, luego de atravesar un año en el que los ingresos de operación netos alcanzarían $114.905,3 millones y las transferencias corrientes de la Administración Nacional sumarían $14.850,4 millones. El esquema contempla además $201 millones de transferencias de capital para financiar inversión en bienes de uso.

El desafío para la gestión no pasa solamente por conseguir un resultado contable positivo, sino por mejorar la calidad de ese resultado. El propio plan reconoce que la competitividad internacional requiere un programa de reducción de gastos y controles presupuestarios mensuales para limitar desvíos. En paralelo, plantea ampliar negocios fuera del Estado y profundizar la relación con clientes como Embraer.

El presupuesto coloca a FAdeA frente a una disyuntiva concreta: preservar capacidades estratégicas financiadas parcialmente por el Estado o convertir esas capacidades en una plataforma con mayor generación de ingresos propios. La solución que surge del propio documento es híbrida: sostener contratos públicos de largo plazo que permitan dar previsibilidad a la producción y, simultáneamente, utilizar esa base industrial para ampliar mercados, vender servicios especializados y desarrollar nuevos nichos tecnológicos.

El resultado de 2026, por lo tanto, no debería medirse únicamente por los $104 millones de superávit financiero proyectado. La variable decisiva será si la empresa logra cerrar la brecha entre ingresos y gastos de operación sin deteriorar su capacidad industrial ni su dotación técnica. En un sector donde las capacidades aeronáuticas requieren continuidad, conocimiento acumulado e inversión, el desafío fiscal y el desafío productivo terminan formando parte de la misma ecuación.

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Ejercicios Salitre 2026: Argentina despliega medios de la Fuerza Aérea en Chile y fortalece capacidades logísticas con impacto industrial

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El Gobierno autorizó la participación argentina en el ejercicio multinacional Salitre 2026, que se realizará en Chile entre el 28 de junio y el 12 de julio. Aunque se trata de una decisión vinculada a la defensa, la iniciativa tiene implicancias que trascienden el plano militar: pone a prueba capacidades logísticas, sistemas tecnológicos y recursos humanos especializados que forman parte de una cadena de valor con efectos sobre la industria nacional.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 490/2026, el Poder Ejecutivo habilitó la salida del territorio nacional de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina para participar del ejercicio combinado “Salitre 2026”, que se desarrollará en la Base Aérea de Antofagasta, Chile. La actividad reunirá además a fuerzas aéreas de Brasil, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y el país anfitrión.

La participación argentina incluirá una aeronave Hércules C-130, cuatro IA-63 Pampa III, un ERJ-140 y hasta 72 efectivos, en una operación cuyo costo operativo fue estimado en $176,9 millones y será financiado con partidas presupuestarias de la Fuerza Aérea Argentina.

Desde una perspectiva económica, el valor estratégico del despliegue no radica únicamente en el entrenamiento operacional. Los ejercicios multinacionales funcionan como escenarios de validación para sistemas de mantenimiento, logística, comunicaciones, abastecimiento y gestión de activos complejos.

El caso resulta especialmente relevante por la participación de los aviones IA-63 Pampa III, una plataforma desarrollada y fabricada por la empresa estatal argentina especializada en producción aeronáutica. Cada despliegue internacional implica verificar estándares de operatividad, disponibilidad técnica y sostenimiento de aeronaves en entornos exigentes, variables observadas por potenciales socios y mercados.

El ejercicio incorporará además el concepto de operaciones multidominio, una tendencia creciente en la planificación militar moderna que integra capacidades aéreas, tecnológicas y de comando bajo una estructura conjunta.

El vínculo entre defensa y desarrollo industrial

Las economías avanzadas suelen considerar al sector defensa como un impulsor de innovación tecnológica. La participación argentina en ejercicios de alta complejidad permite que personal técnico, ingenieros y especialistas operativos acumulen experiencia en procedimientos estandarizados internacionales.

Para la industria local, particularmente para empresas vinculadas a electrónica, software, comunicaciones, mantenimiento aeronáutico y servicios tecnológicos, la interoperabilidad con fuerzas extranjeras constituye un activo estratégico. La adopción de protocolos comunes y estándares internacionales suele trasladarse posteriormente a procesos industriales civiles.

El propio Ministerio de Defensa argumentó que la actividad busca fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas participantes y mejorar la capacidad de planificación y ejecución de operaciones combinadas.

Una señal para el ecosistema tecnológico

La autorización llega en un momento en el que la defensa vuelve a ocupar un lugar relevante en las agendas de inversión tecnológica a nivel global. Sistemas de simulación, inteligencia aplicada al comando y control, integración de datos y comunicaciones seguras forman parte de los desarrollos asociados a este tipo de ejercicios.

Si bien el decreto tiene un alcance operativo específico, también refleja una decisión de mantener presencia en espacios regionales de cooperación militar, donde se comparten procedimientos y tecnologías que luego pueden tener aplicaciones duales, tanto civiles como estratégicas.

Aspectos centrales de la operación duración: del 28 de junio al 12 de julio de 2026. País anfitrión: Chile. Países participantes: Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Medios argentinos desplegados: 6 aeronaves y hasta 72 efectivos. Costo estimado: $176,9 millones. Financiamiento: presupuesto de la Fuerza Aérea Argentina.

La relevancia económica de Salitre 2026 no se medirá por el resultado del ejercicio en sí, sino por la capacidad de traducir la experiencia operativa en mejoras concretas para el ecosistema tecnológico e industrial vinculado a la defensa. La participación de aeronaves producidas en el país, la interacción con fuerzas de referencia regional y la validación de capacidades logísticas constituyen indicadores que pueden influir en futuras inversiones, desarrollos tecnológicos y proyectos de modernización del sector.

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La Fuerza Aérea compró un avión al doble de su valor y estaba en mal estado

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Una investigación sobre adquisiciones recientes de la Fuerza Aérea Argentina volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de contratación de material aeronáutico, con denuncias por presuntos sobreprecios, licitaciones direccionadas y escasa trazabilidad en los pagos. La licitación, resuelta en pocos días e impugnada por un competidor, se hizo el año pasado. La nave costó US $4.085.000 y una similar salía 2.300.000. Se pagaron 1.785.000 dólares más por un avión en peores condiciones. El proceso estuvo marcado por irregularidades, plazos inusualmente cortos y restricciones que favorecieron a un único proveedor.

El caso más reciente involucra la compra de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025, aunque las sospechas alcanzan también a operaciones realizadas desde 2021 con aeronaves Boeing, Saab y Embraer. Lo insólito del caso es que el ex ministro Luis Petri, admitió conocer la maniobra aunque no hizo nada para frenarla, sino que “la denunció” antes de abandonar el ministerio de Defensa. “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”, confesó Petri, quien se enteró por la investigación periodística y no por su equipo.

Según la denuncia, la incorporación del Embraer habría sido diseñada desde su origen para favorecer a un proveedor específico, con un proceso que avanzó en tiempos inusualmente breves y bajo condiciones cuestionadas por especialistas del sector aeronáutico. La licitación para sumar una aeronave de transporte mediano se inició en mayo de 2025 y, en menos de dos meses, ya había sido adjudicada,.

Uno de los principales puntos observados es que el requerimiento técnico habría sido impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo ciertos modelos pudieran competir. Esa configuración, de acuerdo con las fuentes consultadas, terminó beneficiando a la firma Regional One Inc., que finalmente resultó adjudicataria.

También se cuestiona la ausencia de estudios de mercado que justificaran el valor final de la compra. La aeronave fue adquirida por más de cuatro millones de dólares, pese a que otra empresa había presentado una oferta por un avión similar a menor precio. Esa diferencia alimentó las sospechas de sobreprecio y encendió alertas sobre la razonabilidad de la operación.

A esto se suma un informe técnico posterior que detectó múltiples deficiencias en la unidad incorporada. Entre las observaciones se mencionan signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento considerado esencial para su operatividad, lo que profundizó las dudas sobre el estado real del avión adquirido.

Otro dato que generó fuerte controversia fue que la aeronave adjudicada ya se encontraba pintada con los colores de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. La denuncia sostiene que el avión habría comenzado a ser acondicionado desde 2023, lo que refuerza la hipótesis de que la adjudicación estaba definida con anticipación.

Además, se puso bajo análisis el uso de cuentas “escrow” para canalizar los pagos. Si bien se trata de un mecanismo legal y habitual en algunas operaciones internacionales, los denunciantes sostienen que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia administrativa, especialmente en compras financiadas con recursos públicos.

Las acusaciones no se limitan a esta operación puntual. Según la investigación, existiría un patrón repetido en otras adquisiciones realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de fabricantes como Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios, procedimientos y controles internos.

El caso ahora podría escalar en sede judicial y administrativa, mientras crecen los reclamos por mayor transparencia en las contrataciones de defensa. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y revisión del gasto público, las denuncias sobre compras millonarias bajo sospecha abren un nuevo frente de tensión para el Gobierno nacional.

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Milei habilita por DNU la participación militar en un ejercicio internacional ante la demora del Congreso

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El Gobierno nacional decidió avanzar por Decreto de Necesidad y Urgencia en un terreno que formalmente requiere aval parlamentario. A través del DNU 149/2026, firmado el 11 de marzo, el presidente Javier Milei autorizó la salida del país de medios y personal de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio internacional “Cooperación XI”, que se realizará en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, entre el 16 y el 27 de marzo.

La decisión se produce luego de que el Proyecto de Ley para autorizar el ingreso y egreso de tropas en ejercicios combinados —que abarca el período del 1° de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026no fuera tratado aún por la Cámara de Diputados. Ante esa demora, el Poder Ejecutivo optó por activar el mecanismo excepcional del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, lo que habilita la medida inmediata pero abre una nueva instancia de revisión política: el decreto deberá pasar ahora por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

La jugada expone una tensión institucional conocida pero sensible: el Gobierno busca sostener la agenda de cooperación militar internacional sin esperar el ritmo legislativo. La pregunta que queda flotando es si el uso del DNU se mantendrá como un recurso excepcional o si anticipa un patrón más frecuente para resolver demoras parlamentarias en temas estratégicos.

Un ejercicio multinacional con foco en ayuda humanitaria

El operativo “Cooperación XI” forma parte del sistema de ejercicios del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) y se desarrolla bajo coordinación de la Fuerza Aérea Brasileña.

El ejercicio se orienta a operaciones de asistencia humanitaria, respuesta ante catástrofes y emergencias, ámbitos donde las fuerzas aéreas de distintos países coordinan procedimientos operativos, sistemas de comunicación y estructuras de comando conjuntas.

Según el decreto, la Argentina se integrará a una dinámica multinacional que involucra nueve países, lo que implica un entrenamiento enfocado en la interoperabilidad de los medios aeroespaciales y en la coordinación regional ante escenarios de desastre.

El cronograma aprobado establece que los medios y el personal argentinos saldrán del país el 15 de marzo, participarán de las operaciones entre el 16 y el 27 de marzo, y regresarán el 28 de marzo.

La norma también define que los costos del operativo serán cubiertos por partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, específicamente dentro de la jurisdicción asignada a las Fuerzas Armadas.

El trasfondo institucional: una ley pendiente en Diputados

El punto más relevante del decreto no es solo el ejercicio en sí, sino el mecanismo elegido para habilitarlo.

La legislación argentina —en particular la Ley 25.880— establece que la entrada de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales para ejercicios combinados requiere autorización del Congreso. Por esa razón, el Poder Ejecutivo había enviado previamente un proyecto de ley con el programa anual de ejercicios militares combinados.

Ese proyecto, sin embargo, no fue tratado todavía en la Cámara de Diputados.

Ante la cercanía de la fecha del ejercicio internacional y la invitación formal de Brasil, el Gobierno sostuvo que no resultaba posible seguir el trámite legislativo ordinario. Con ese argumento se justificó la vía del DNU.

La decisión coloca ahora el expediente en la órbita de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la validez o invalidez del decreto y elevar un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.

En términos institucionales, el procedimiento es habitual en el uso de decretos de necesidad y urgencia, pero siempre implica un delicado equilibrio entre las facultades del Ejecutivo y el control parlamentario.

Cooperación militar y posicionamiento regional

El decreto también subraya un objetivo estratégico: fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas aéreas de la región.

La participación argentina en el ejercicio busca integrar operaciones aéreas con otras naciones, adoptar protocolos comunes de comunicación y comando y estandarizar procedimientos para misiones multinacionales.

Desde el punto de vista de la política de defensa, estos ejercicios funcionan como un mecanismo de coordinación regional y construcción de confianza entre fuerzas militares, además de mejorar la preparación para emergencias humanitarias.

El texto oficial también menciona un elemento simbólico: la participación argentina contribuiría a reforzar su reputación internacional como socio confiable y mostrar capacidades operativas que actúan como elemento disuasivo frente a eventuales adversarios.

En ese plano, el ejercicio no solo se presenta como entrenamiento técnico, sino como un movimiento dentro de la arquitectura de cooperación militar del continente.

Un DNU que vuelve al Congreso

El decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y habilita inmediatamente la participación argentina en el ejercicio.

Sin embargo, la decisión no queda cerrada en el plano ejecutivo. Como todo DNU, deberá ser revisado por el Congreso. La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles para emitir un dictamen y elevarlo a ambas cámaras.

Ese proceso determinará si el decreto se mantiene o si enfrenta cuestionamientos parlamentarios.

Por ahora, el Gobierno priorizó evitar la ausencia argentina en un ejercicio internacional que considera estratégico. El episodio, sin embargo, deja planteada una cuestión más amplia: cómo se resolverá hacia adelante la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso en una agenda donde los tiempos militares y diplomáticos rara vez coinciden con los del calendario legislativo.

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La Policía de Misiones participó en un simulacro aéreo de emergencia y rescate junto a entes nacionales

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Un equipo especializado del CIO 911 y de pilotos de drones participó en un simulacro de accidente aéreo. El ejercicio buscó reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta ante emergencias aeronáuticas.

La Policía de Misiones formó parte de un simulacro nacional de accidente aéreo que reunió a organismos de seguridad y fuerzas armadas de todo el país. El entrenamiento fue organizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Subcentro de Búsqueda y Salvamento.

El grupo misionero estuvo integrado por personal del CIO 911, entre ellos pilotos de drones y operadores de los Centros Móviles de Videovigilancia, bajo la supervisión del comisario Guillermo Zárate, subdirector del Centro Integral de Operaciones.

Durante la práctica se realizaron operaciones con medios aéreos reales, en coordinación con la Fuerza Aérea Argentina y policías provinciales, con el objetivo de evaluar los tiempos de respuesta, la eficacia en la búsqueda y rescate de víctimas y la coordinación interinstitucional en situaciones críticas.

En los últimos años, la Policía de Misiones incorporó tecnología avanzada en sus operativos, como drones equipados con cámaras térmicas e infrarrojas y sistemas de transmisión en tiempo real, lo que la posiciona como referente en la región en tareas de vigilancia, búsqueda y rescate.

La participación en este simulacro fortalece la capacidad de gestión operativa y los conocimientos de la fuerza frente a emergencias.

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