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La economía en 2026

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Los datos de actividad e inflación que se conocieron del primer trimestre de 2026 fueron malos. A febrero, el PIB mensual corregido por estacionalidad se ubicaba 2.2% por debajo del nivel alcanzado a finales del año 2025. Los indicadores preliminares de marzo sugieren que habría una recuperación parcial, es decir, que sería insuficiente para llegar a los niveles del mes de diciembre.

La inflación mensual promedió 3,1% en los primeros tres meses del año, pero el registro de marzo fue incluso peor (3,4%). Esa aceleración de la inflación se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de los salarios formales (algo más de un punto acumulado a febrero) y sólo los ingresos de los trabajadores informales mejoraron en términos reales en ese bimestre.

La Confianza del Consumidor, que mide la Universidad Torcuato Di Tella, se redujo en alrededor de 13% entre diciembre y abril, aunque todavía se ubica en un nivel intermedio de la serie histórica.

El dato positivo vino dado por el sector externo, con exportaciones que aumentaron 30% interanual en el primer cuarto del año, lo que permitió alcanzar un superávit de US$ 2.500 millones en ese período.

Las proyecciones de FIEL para el año 2026 fueron corregidas para tener en cuenta un impacto más prolongado de los altos precios internacionales del petróleo como consecuencia del todavía no resuelto conflicto en Medio Oriente y de las demoras que habrá para normalizar el flujo de insumos a través del estrecho de Ormuz, aún luego de que se alcance un acuerdo entre las partes en disputa.

Las exportaciones argentinas se encaminan a superar los US$ 100.000 millones como consecuencia del aumento en precio y cantidades de la energía y del mayor volumen exportado del complejo agrícola. Además, se espera un buen desempeño de las exportaciones industriales, al menos a la luz de lo observado en los primeros meses del año. Eso permitiría alcanzar un superávit comercial de alrededor de US$ 20.000 millones, que sería suficiente para que la cuenta corriente del balance de pagos esté equilibrada. Junto con un superávit en la cuenta capital, habría espacio suficiente para sobre cumplir la meta de compra de reservas de US$ 10.000 millones recientemente acordada con el FMI.

El stress financiero se ha superado en los precios (tasas reales de interés) pero todavía no en volumen como consecuencia del aumento en la mora de los créditos que tarda algunos meses en normalizarse. Recién en el segundo semestre se sumarían ambos efectos positivos y ello ayudaría a mejorar algo la actividad.

El empleo difícilmente tenga una evolución muy favorable como consecuencia de los cambios sectoriales y de una mejora en la productividad laboral que es necesaria para aumentar la competitividad de las empresas en los sectores transables. Los ingresos de los asalariados podrían recuperarse algo, por paritarias que deberían acomodarse a la aceleración de la inflación observada en los últimos meses. De todos modos, proyectamos que el crecimiento del PIB sería del orden de 2% en 2026.

La inflación del mes de abril iniciaría un camino hacia la baja al haberse diluido los cambios en precios relativos y ayudada por un tipo de cambio estable. Esperamos que esa tendencia continúe durante el resto de 2026 y que la tasa de inflación mensual se reduzca a un promedio mensual de 1.9%, lo que permitiría que el año cierre prácticamente en los mismos niveles observados en 2025.

El nivel del tipo de cambio real ha caído recientemente, pero los salarios privados medidos en dólares ajustados por la inflación americana se encuentran todavía 25% por debajo de los alcanzados a finales de la Convertibilidad y 33% por debajo de los observados en los años 2016 y 2017.

El año 2027 puede verse afectado por la incertidumbre electoral. Ello va a depender de la probabilidad de éxito de un candidato populista. Si ésta es muy baja, no habrá una gran tensión; pero si no es así, es de esperar una nueva ronda de dolarización de portafolios. Más allá de que habría sido conveniente haber fortalecido la posición de reservas netas del BCRA, no hay espacio en los meses que restan de aquí a las elecciones para blindar la economía. El gobierno ha comprado recientemente más dólares de los previstos, ha aprovechado un nicho local para colocar deuda en dólares y ha sobre-colocado deuda en pesos, lo que le permitió esterilizar una parte de la emisión realizada para comprar divisas. Sólo restaría concretar alguna emisión de bonos en el mercado internacional, pero ello se ha complicado por la suba del riesgo país que se ha observado recientemente.   

En resumen, la enorme transformación que está viviendo la economía argentina, con un salto importante en las exportaciones, deberá transitar una nueva prueba electoral en 2027.

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Problemas nuevos y viejas discusiones

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En los últimos meses, algunos observadores han manifestado su preocupación sobre la marcha de la economía. Sin embargo, los datos que acaban de publicarse sobre el estimador del PIB del mes de diciembre han sido mejores a los esperados. Además de que se corrigieron al alza los meses previos, se observó un aumento muy importante en el último mes del año que fue impulsado no sólo por una excelente cosecha fina y por la actividad minera (hidrocarburos) sino también por crecimientos interanuales de dos dígitos en pesca, la actividad financiera y electricidad, gas y agua.

Si se compara el promedio del año pasado con el de 2023, se observa que 8 de los 14 sectores han mejorado su nivel de actividad y el resto todavía se encuentra peor. Dentro de los sectores que todavía tienen problemas, revisten algunos que son trabajo intensivos (definidos como aquéllos que tienen un mayor porcentaje del empleo total que del PIB total). Este es el caso, por ejemplo, de la construcción y el comercio mayorista y minorista y de varias actividades de servicios, pero también tienen un nivel de actividad menor al registrado en el año 2023 algunos sectores capital intensivos, como la industria manufacturera. Del mismo modo, se observa que dentro de los que han mejorado la actividad en los últimos dos años, hay algunos capital intensivos (como el agro y la minería) y otros trabajo intensivos, como el sector de hoteles y restaurantes o las actividades inmobiliarias y financieras. En resumen, no parece haber un patrón muy claro que muestre con elocuencia que los sectores que se expanden son sólo aquellos que usan poca mano de obra.

Durante los últimos meses del año 2025, se observó una reducción de 2% real en los salarios privados formales y de 4% real en los públicos, mientras que los informales mejoraron 2% (aunque registraron caídas durante noviembre y diciembre). Esto puede haber afectado negativamente las decisiones de consumo de las familias y podría explicarse porque las paritarias se cierran para varios meses y la inflación proyectada resultó ser menor a la que finalmente se observó durante el último trimestre del año.

Sin embargo, los trabajadores arrastran una pérdida de ingresos mucho más significativa si se consideran los momentos recientes de mejores salarios reales. Por ejemplo, en el caso del trabajador privado registrado, los ingresos de diciembre de 2025 eran 18% menores que los de marzo de 2018 o 24% más bajos que los de noviembre de 2015. Sin embargo, esos niveles de ingresos probaron ser insostenibles para las cuentas externas de la Argentina. En aquellos años, el déficit externo alcanzó cerca del 3% del PIB en 2015 y casi 6% en 2018. Cuando se redujo el flujo de fondos externos, el tipo de cambio sufrió un salto abrupto y los salarios perdieron contra la inflación. En resumen, no hay magia posible. Los salarios reales en el largo plazo pueden crecer al mismo ritmo que la productividad. Si está se estanca, como ha ocurrido en la Argentina durante las últimas décadas, no hay espacio para mejoras sostenibles de ingresos.

En el frente externo aparecen varios puntos que han despertado interés, entre otros, la reducción de importaciones, la apreciación del tipo de cambio nominal, la acumulación de reservas y el uso de éstas para pagar deuda o fortalecer la posición de reservas netas del BCRA.

La reducción de importaciones guarda alguna relación con el nivel de actividad que se había estancado hasta noviembre, pero también ha influido la normalización de un adelanto en las compras a la espera de una devaluación post elecciones que no ocurrió. Por ejemplo, las compras mensuales de insumos intermedios se habían disociado de la evolución de la producción industrial. Tarde o temprano se debía volver a cierta normalidad.

El tipo de cambio nominal se ha apreciado más que otras monedas, aún a pesar de que el BCRA compró muchos más dólares que lo proyectado a finales del año pasado. Hay cuestiones puntuales como la normalización de la demanda de divisas para atesoramiento, que volvió en noviembre y diciembre a los niveles del primer semestre (alrededor de US$ 1.500 millones por mes) comparado con algo más de US$ 5.000 millones durante los meses de julio a octubre, de incertidumbre electoral. Durante el mes de enero, hubo un rebote de alrededor de 50%, pero habrá que esperar a los próximos meses para poder estimar cuál es una demanda “normal” de divisas de las familias.

También se profundizó el financiamiento neto a empresas y provincias y ayudó la excelente cosecha fina. Pero hay un debate de mediano plazo. Por un lado, en la medida en que se concrete el shock previsto en las exportaciones de minería e hidrocarburos, en el mediano plazo habría un salto de ventas al exterior de alrededor de US$ 20.000 millones. Y si la economía continúa su proceso de normalización, la dolarización de ahorros debería ceder aún con la cuenta capital abierta (digamos unos US$ 10.000 millones menos). Esto sería bastante mayor a la normalización en los pagos al exterior de empresas todavía restringidos por el cepo y requeriría de un aumento equivalente en la demanda por importaciones de bienes y servicios o pagos netos de deuda al exterior para repetir valores históricos del tipo de cambio real. Obviamente que puede interceder el BCRA comprando divisas para terminar de resolver una debilidad del programa en curso, pero terminado el proceso de remonetización y alcanzada una inflación “normal”, el señoreaje sólo permitiría compras no esterilizadas por alrededor 0.5% de PIB al año. Un Tesoro con más sobrante de pesos que pueda cancelar deuda ayudaría. Si bien no es tarea fácil de lograr, sería positivo que se tratara de alcanzar un superávit primario de 2.5% del PIB como se acordó con el FMI en abril de 2025. Puesto de otra manera, el influjo de dólares es de los privados y el que debería cancelar deuda neta (o mejorar sus activos) es el gobierno. Esto requiere que el BCRA o el Tesoro tengan ingresos suficientes para poder completar esa tarea.

Algunos analistas plantearon alguna objeción al uso de las divisas compradas en el mercado para eventualmente reducir la deuda externa pública. En la medida en que el swap de monedas con Estados Unidos sea creíble, cancelar un pasivo no es muy diferente que acumular un activo líquido. Pero si se pierde esa opción, entonces parecería que un activo líquido da algunas opciones de manejo adicionales, al menos en el cortísimo plazo.

Finalmente, el conflicto en Medio Oriente plantea algunas oportunidades y desafíos que obviamente dependen de cuál sea su duración. El primer efecto sobre las exportaciones argentinas es positivo. Por cada US$ 10 que aumente el precio del petróleo en el mercado internacional, las exportaciones aumentarían en alrededor de US$ 3 millones por día. Al mismo tiempo, hay un efecto negativo sobre los subsidios que todavía paga el Tesoro Nacional porque aumentaría el costo marginal de la energía eléctrica que se produce con derivados del petróleo. También es de esperar que en un escenario de mayor incertidumbre global aumente el riesgo país y se fortalezca algo el dólar americano.

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Empleo, ingresos y pobreza

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Por Nuria Susmel – Los últimos datos disponibles (tercer trimestre del año pasado) revelan que un 26,9% de la población vive en hogares con ingresos que no logran cubrir la Canasta Básica Total, que marca la línea de pobreza, en tanto que un 6% no logra cubrir la Canasta Básica de Alimentos (que marca la línea de indigencia). Estos números no sólo muestran una importante reducción respecto de los últimos años, sino que, además, representan los niveles más bajos desde 2018.

En el último año, la pobreza cayó más de 11 puntos porcentuales y la indigencia 3 puntos, mientras que a lo largo de toda esta gestión de gobierno, la pobreza se redujo algo más 11.6 puntos y la indigencia 4 respecto a los datos previos a su asunción.

Esto muestra dos etapas diferentes: en el primer año del nuevo gobierno, se produce un aumento y posterior reducción de la pobreza, la que termina en el mismo nivel que había antes de que asumiera, mientras que toda la reducción de la pobreza se concentra en el siguiente año de gestión.

Gráfico 1

¿De dónde proviene el aumento de los ingresos de los hogares que conlleva a una caída de la pobreza?

La evolución del empleo total (III trimestre de 2025 con el III trimestre del 2023) arroja un aumento del 1,6%, que en realidad sucede en el último año. De todos modos, es relevante señalar que, al igual que lo que viene sucediendo desde hace años, el empleo no crece en el sector más productivo (asalariado registrado), sino principalmente en el sector independiente y entre los asalariados no registrados.

El empleo asalariado registrado (que aquí incluye el empleo público) no muestra cambio en el último año, pero se mantiene casi un 2% por debajo de fines de 2023, mientras que el empleo asalariado informal creció 1.5% en el último año y 3,3% en los dos últimos años y el  por cuenta propia 5% y 7%, respectivamente.

Gráfico 2

Y, ¿cómo acompañaron los ingresos laborales esta evolución?

Comparado con fines del año anterior, los salarios muestran una importante recomposición. El RIPTE –que mide la remuneración media de los trabajadores registrados privados- creció 9.8%; sin embargo, el  Índice de Variación Salarial (IVS) de INDEC muestra un aumento de sólo un 1% real en el mismo período, mientras que el sector público tuvo un aumento del 2,5% y el salario informal revela un aumento del 70% (aunque cabe aclarar que esta medición se refiere al salario horario por lo que no necesariamente ese 70% se reflejaría en los ingresos de los hogares).

Finalmente, las jubilaciones y pensiones tuvieron un aumento del 3,6%, aunque para quienes cobran Bono jubilatorio el ingreso real denota una caída, ya que el bono se mantiene en términos nominales desde finales de 2023.

A pesar de esta recuperación en el último año, los niveles del cierre del año se encuentran bastante por debajo de los previos a la asunción del gobierno actual. El RIPTE se ubica aún 3.6% por debajo de fines de 2023, el IVS formal -5%, los salarios en el sector público -20% abajo en términos reales y el único ingreso que muestra mayor nivel es el del sector informal: 45%.

Gráfico 3

La caída de la pobreza se apoyaría mayoritariamente en el aumento de los ingresos más que en la evolución del empleo. Los datos de distribución del ingreso (INDEC) son consistentes con esta explicación, ya que muestran que los ingresos no laborales determinan que el ingreso per cápita familiar venga creciendo por encima de los salarios: el ingreso per cápita familiar creció en el último año un 13% versus 10% el IVS promedio.

También los ingresos no laborales explican porque la pobreza actual se encuentra 11 puntos por debajo de la previa a la asunción de este gobierno. Parte de esta explicación se apoya en el aumento de la Asignación Universal por Hijo –que además impacta sobre los ingresos de las familias más pobres- que creció 66% en términos reales desde fines de 2023.

Nuria Susmel, economista senior de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)

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¿Qué debería publicarse por escuela? Puntaje, contexto y eficacia

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Por Ivana Templado – El discurso del presidente Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, hace alusión a algunos temas referidos a la educación, aunque de modo muy tangencial y general[1]. La prioridad del Estado nacional sigue puesta en otras cuestiones por fuera de la educación, como la estabilización macro, la reducción del Estado (desregulación/privatizaciones) o la apertura económica y el posicionamiento geopolítico del país. El clásico tironeo entre lo urgente y lo importante o entre el corto y el largo plazo. Si bien, es verdad también, que sigue sobre la mesa la discusión del proyecto de Ley de Libertad educativa impulsado en 2025.

Teniendo en cuenta los lineamientos principales de aquel proyecto, retomo y analizo una de sus propuestas más discutidas: la publicación de los resultados por escuelas. La comparación en crudo de los resultados de Aprender suele mezclar cosas distintas: (i) el rendimiento observado de los estudiantes, (ii) el contexto socioeconómico de quienes asisten a cada escuela y (iii) la eficacia de la institución. Por eso es que hay que ser tan cautelosos al utilizar esa información, ya sea como insumo para decisiones de política, ya sea para financiamiento o para brindarla para la toma de decisiones de elección educativa. Si el indicador no separa composición y desempeño institucional, el riesgo es que la publicación termine reflejando principalmente diferencias sociales y no el aporte de las escuelas.

Sabemos que en el sistema educativo argentino, la educación obligatoria depende de las 23 provincias y la CABA, sabemos también de la heterogeneidad de resultados asociados a esta distribución federal, que se trata, de facto, de 24 sistemas educativos diferentes con algunos lineamientos generales comunes pero con amplia autonomía para el financiamiento, regulación y gestión hacia adentro de cada jurisdicción. Teniendo en cuenta esto, en lo que sigue voy a  representar el desempeño de una escuela típica en cada jurisdicción, usando, por simplicidad, los promedios provinciales.

Con datos de nivel primario de Aprender 2023, y foco en el sector estatal y urbano, la idea es separar el componente socioeconómico del alumnado, del desempeño institucional. Para ello, se postula un modelo en el cual los aprendizajes solo dependen de características propias del estudiante y sus familias. Luego se predice el aprendizaje teniendo en cuenta solo estas variables, si una parte importante está explicado por las mismas, entonces, la escuela aporta poco a dicho desempeño (ver Cuadro 1 para metodología).

El Gráfico 1 muestra una medida de eficacia: el aporte promedio de las escuelas de cada provincia[2], que busca capturar cuánto suma o resta la escuela una vez controladas características observables del estudiante y su contexto (incluyendo el quintil socioeconómico, la edad y género del estudiante, entre otros controles), y separando variación entre escuelas y dentro de escuelas.

Los valores positivos indican que, en promedio, las escuelas de esa provincia logran resultados por encima de lo esperable dado el perfil de sus estudiantes; mientras que los valores negativos indican resultados por debajo de lo esperable. En el gráfico se observa heterogeneidad: algunas provincias aparecen con eficacia promedio positiva (CABA, Formosa y Córdoba son algunas), mientras que otras presentan valores negativos (por ejemplo Santiago del Estero, Catamarca, Chaco). Lo ideal sería armar esta medición para varios años y tener en cuenta escuelas que consistentemente están por encima de lo esperado; en este caso se hizo para 2023 por simplicidad.

Gráfico 1Medida de eficacia por provincia

Fuente: elaboración propia. Ver Metodología en Cuadro 1.

Otra forma de ver el problema de la incidencia de la composición socioeconómica en los puntajes es ¿qué pasaría si todos los estudiantes fueran de los quintiles más pobres? ¿Cuál sería el desempeño promedio de las escuelas? El Gráfico 2 hace dicha comparación y muestra, para cada provincia, el puntaje de Lengua promedio observado con el contrafactual del puntaje que se obtendría si todos los estudiantes fueran del quintil 1 (todo lo demás, igual al observado). Esto permite observar cuánto del rendimiento promedio provincial está asociado a la composición socioeconómica del alumnado.

La brecha entre ambos ilustra un punto simple pero muy relevante: provincias con mejores resultados observados no necesariamente lo son por una ventaja del sistema escolar en sí, sino también por el perfil socioeconómico promedio de su matrícula. En el extremo, si dos provincias exhiben puntajes observados similares, pero una de ellas cae mucho más al asumir que sus estudiantes provienen de un nivel socioeconómico bajo, sugeriría que parte de su desempeño está más asociado al contexto que a la eficacia institucional.

Gráfico 2Puntaje de Lengua observado promedio y puntaje contrafactual Q1

Fuente: elaboración propia. Ver Metodología en Cuadro 1.

La comparación de ambos gráficos ayuda a evitar dos errores frecuentes: (i) confundir alto puntaje con alta eficacia escolar, y (ii) asumir que los contextos explican todo y que las escuelas no aportan. Aun así, el Gráfico 3 muestra el punto de contacto entre ambas dimensiones, las provincias que logran, en promedio, mayores puntajes incluso en un escenario contrafactual de una población de estudiantes de nivel socioeconómico bajo, tienden a ser también las que exhiben los mayores niveles de eficacia promedio estimada.

Gráfico 3Puntaje esperado en Q1 y eficacia escolar promedio por provincia

Fuente: elaboración propia. Ver Metodología en Cuadro 1.

En resumen, si el Estado avanzara en la publicación de resultados por escuela, estos ejercicios sugieren que publicar puntajes brutos sin contexto es insuficiente y potencialmente engañoso. Un esquema más responsable debería incluir, junto al resultado observado, al menos un indicador que intente captar desempeño neto de composición (por ejemplo, una medida de eficacia como la mostrada aquí) e, idealmente, su estabilidad en el tiempo. La transparencia es valiosa, pero el indicador que se publique es igual de importante, porque por un lado debería evitar que se convierta en un ranking de composición social, y por otro, sí debería promover una herramienta para identificar y aprender de escuelas que logran buenos resultados en su contexto.


Ivana Templado, economista senior de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)

[1] “Por eso también estamos reformando la educación inicial y primaria para asegurar los conocimientos básicos de lectocomprensión que las últimas décadas se perdieron. Renovamos la currícula educativa, fortaleciendo las competencias fundamentales, ampliando las pruebas Aprender en primaria y secundaria.”

“En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial, primaria y secundaria. Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo; las estadísticas son apabullantes. Por eso, durante nuestro Gobierno, la escuela servirá a su propósito original: darle las herramientas a nuestros niños para que puedan procurarse un futuro mejor, no para adoctrinarlos.”

“En materia de Capital Humano, […] y una gran mayoría de egresados escolares que no sabían leer o escribir, ni hacer cuentas matemáticas simples…”

[2] Estimado mediante un modelo multinivel (efecto escuela tipo BLUP),

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Tiempo de reformas

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Por Juan Luis Bour – El empleo privado asalariado formal, es decir los puestos de trabajo asociados a actividades con mayor productividad relativa, se mantiene estancado en los últimos 24 meses, o si se prefiere en los últimos 30 meses, o en los últimos 15 años. El nivel desestacionalizado de una serie larga con base 100 a mediados de 2004 alcanzó el nivel 130 en agosto de 2010 y el último dato disponible (diciembre de 2025) vuelve a estar en 130. En el medio, pequeños movimientos para arriba y para abajo, que podrían ser signos de un gran crecimiento de tendencia de la productividad, si no fuera que las bajas y altas corresponden a ciclos cortos macroeconómicos de expansión y contracción del PBI. A mediano y largo plazo, el empleo formal privado asalariado no crece, aunque el PBI haya crecido.

El contexto macroeconómico explica en buena medida este fracaso estrepitoso del mercado laboral formal, que en estos últimos 15 años muestra estancamiento del empleo productivo y un salto de las formas no contractuales de empleo –asalariados informales, cuentapropistas formales e informales- y del empleo público. En el mejor de estos años (2017) en términos de empleo privado asalariado formal y de PBI, el empleo privado estuvo 3.7% arriba de su nivel en 2025. Las otras formas de empleo estuvieron mucho más arriba: los monotributistas (sociales y otros) crecieron 23% -a pesar de la caída de los “sociales” desde fines de 2024- y los empleados públicos son 8% más.

En los últimos dos años, sin embargo, hubo cambios relevantes en términos de un descenso del empleo público agregado –caída importante en el gobierno federal, movimientos dispares en provincias y municipios- y la baja de unos 400 mil inscriptos como monotributistas sociales desde diciembre de 2024, que redujo 3% en ese mes el total de ocupados considerados formales. Es un cambio copernicano respecto de lo ocurrido desde 2003 a 2023, pero no alcanza. El cambio en empleo público y la categoría de monotributistas sociales pone de relieve la informalización del empleo total durante las primeras dos décadas del siglo: el desempleo, en los hechos, se mantenía oculto en formas precarias de formalización y en el aumento del empleo público. Estos cambios, por lo tanto, son bienvenidos desde el punto de vista de reducir el desempleo oculto, pero no cambian la tendencia. Eventualmente, si la tasa de actividad no cae, podrían aumentar la oferta en un mercado que tiene de por sí poca demanda de trabajadores formales. Por lo tanto, hoy se necesita algo más para que el mercado laboral funcione y, de paso, para que la economía funcione.

Alguna recuperación de la demanda de empleos formales vendrá, sin duda, de la mano de una mejora de la macro: si la economía logra hilvanar varios años de crecimiento evitando caídas (desde 2008 no logramos sumar tres años seguidos de crecimiento), la diferencia será notable, pero no alcanzará para formalizar empleo. Eliminar desempleo oculto es importante, pero no es lo mismo que crear empleo de calidad. La otra condición para recuperar empleo formal es la de revisar y cambiar las normas regulatorias del mercado laboral, en línea con lo que propone la nueva ley y, en general, introducir flexibilidad normativa para adaptarse a cambios. La rigidez es un resabio medieval de mundos inmutables.

Asumido que para crear empleo de calidad se deben aplicar reformas que inciden sobre los contratos laborales que -de forma explícita o implícita- todos enfrentamos, surge inmediatamente la pregunta de cuáles son los costos que debemos asumir. Ello recuerda –para poner un ejemplo dramático- el dilema del tranvía en la filosofía y la psicología moral, recientemente reescrito en términos del automóvil autónomo (para acercarnos a la era de Elon Musk). En el dilema original, un tranvía corre fuera de control por una vía en la que más adelante hay cinco personas atadas. Es posible accionar un mecanismo que desvíe el tranvía a otra vía en la que más adelante hay (solo) una persona atada. ¿Deberíamos accionar el mecanismo o no hacer nada?

En los hechos, tras escribir las leyes laborales hace 80 años no hicimos más que observar cómo empezamos a crear grandes bolsones de informalidad, para extender esos bolsones a todo el mercado laboral –privado y público-, y con ello destruir la correspondencia entre trabajo y previsión que derivó en la crisis laboral y previsional en que estamos sumidos. El dilema del tranvía existe en la vida real y en política económica, porque no existe tal cosa como un free lunch: toda decisión entraña costos, ya sea hacer algo o no hacer nada. Si no hacemos nada, la informalidad seguirá su marcha y con ello seremos una sociedad que aumentará su carácter dual, con sectores muy pequeños de muy alta productividad capital intensivos que podrán soportar cualquier regulación laboral y emplearán muy pocos trabajadores, y un resto de la economía cada vez más grande de bajísima productividad e ingresos muy inferiores.

Si preguntamos qué hacer a los empresarios y sindicalistas que pueden soportar las cargas actuales que impone la regulación laboral, dirán que no hay que tocar nada. Y si se puede mantener la economía cerrada y la protección tanto mejor. Dirán que hay que dejar que todo siga igual, aunque aplastemos con el tranvía a los cinco que están adelante, es decir, aunque la economía siga su rumbo de informalización. La alternativa es hacer algo, sabiendo que habrá necesariamente costos para quienes hoy tienen privilegios o un mejor pasar a costa del resto. El gobierno ha logrado pasar la ley que busca cambiar de vía. Tiene sus riesgos y sus costos, pero lo relevante es: ¿Qué preferiría Usted, sabiendo que en ningún caso estará libre de culpa?

Juan Luis Bour, director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)

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