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El Gobierno crea el Centro Nacional Antiterrorista bajo la órbita de la SIDE para coordinar la lucha contra el terrorismo

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El Gobierno crea el Centro Nacional Antiterrorista, un nuevo eje estratégico bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado. “No se combate con improvisación”, dijo Patricia Bullrich al presentar el organismo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo creado con el objetivo de articular las políticas de prevención y respuestas ante las amenazas de grupos armados extremistas, las que “no se combaten con improvisación”, consideró la funcionaria.

Según la candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, el CNA “viene a cerrar una brecha histórica” debido a “la falta de coordinación entre organismos” públicos “para responder” a las intimidaciones del Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994), entre otros.

De acuerdo a su explicación, la entidad funcionará bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado, al tiempo que la cartera de Seguridad se encargará de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el territorio nacional.

Por Decreto 717/2025, el Poder Ejecutivo formalizó la creación de un organismo destinado a integrar información, coordinar acciones y diseñar estrategias nacionales frente a las amenazas terroristas. La medida se enmarca en las recomendaciones del GAFI y busca fortalecer la cooperación internacional y la capacidad operativa del Estado argentino.

Un nuevo esquema de coordinación en inteligencia y seguridad nacional

El Gobierno nacional oficializó este 7 de octubre la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con el objetivo de centralizar el análisis, la coordinación y la respuesta frente al terrorismo.

El decreto 717/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior Guillermo Francos, define al CNA como un espacio de integración interinstitucional para recibir, analizar y compartir información estratégica, elaborar lineamientos y protocolos operativos y diseñar políticas específicas de prevención, detección y respuesta ante amenazas terroristas.

El organismo actuará como unidad de comando nacional y coordinará acciones con las fuerzas de seguridad federales, organismos de inteligencia, la UIF, la ARCA y Migraciones, además de ministerios clave como Defensa, Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores.

Según el texto oficial, el CNA contará con “recursos humanos y presupuestarios provistos por la SIDE” y su creación responde a la necesidad de fortalecer la capacidad estatal frente al “ciclo terrorista”, un concepto que comprende las fases de propaganda, radicalización, financiamiento, logística, reclutamiento y ejecución de actos terroristas.

Respuesta a recomendaciones internacionales y antecedentes locales

La medida surge en cumplimiento de observaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua sobre la Argentina.
El informe del organismo recomendó “desarrollar medios y procedimientos adicionales para identificar actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo”, más allá de los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo una coordinación más estrecha entre organismos de inteligencia, justicia y seguridad.

El decreto recuerda también los ataques terroristas contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), aún sin resolución judicial definitiva, y señala que el país “ha adoptado múltiples reformas normativas con escaso resultado operativo”, por lo que se busca ahora institucionalizar un esquema de gestión centralizada para la prevención y respuesta.

En los fundamentos, el Ejecutivo advierte que el fenómeno terrorista contemporáneo se ha complejizado, con redes transnacionales que vinculan el extremismo violento con el crimen organizado, el tráfico ilícito de armas y el financiamiento ilegal. En ese marco, la creación del CNA pretende “incrementar la cooperación internacional y garantizar la vigencia del Estado de Derecho” bajo una estructura especializada.

La norma cita antecedentes internacionales como la creación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (tras los atentados del 11-S) y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista de España (CITCO), instaurado luego del atentado de Madrid de 2004, como modelos de referencia en la materia.

Estructura, integración y funciones del nuevo organismo

El Centro Nacional Antiterrorista estará dirigido por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con una unidad operativa dedicada al diseño de directivas, estrategias y lineamientos técnicos, cuyo titular será designado a propuesta del Ministerio de Seguridad Nacional.

El CNA estará integrado por representantes de diez organismos del Estado nacional:

  • Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)
  • Ministerio de Defensa
  • Ministerio de Seguridad Nacional
  • Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
  • Ministerio de Justicia (a través de la Secretaría de Justicia)
  • Unidad de Información Financiera (UIF)
  • Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
  • Dirección Nacional de Inteligencia Criminal
  • Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar
  • Dirección Nacional de Migraciones

Además, el Ministerio Público Fiscal fue invitado a designar un enlace administrativo, y el CNA podrá convocar a organismos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entidades internacionales cuando sea necesario.

El organismo tendrá la potestad de requerir información a entidades públicas y privadas, celebrar convenios nacionales e internacionales, emitir informes y estadísticas oficiales sobre terrorismo, y proponer reformas legislativas y regulatorias para reforzar las capacidades estatales.

También podrá conformar Comités Especializados permanentes o temporarios, orientados a coordinar la respuesta frente a riesgos específicos o crisis vinculadas al terrorismo.

Un paso hacia una política integral de seguridad estratégica

El Decreto 717/2025 marca un punto de inflexión en la política de seguridad e inteligencia del país. La creación del CNA centraliza la información dispersa en distintos organismos y permite al Estado reaccionar con mayor rapidez y precisión frente a potenciales amenazas.

“El terrorismo no se combate con improvisación. Se combate con inteligencia, cooperación nacional e internacional, planificación y acción concreta. Eso es exactamente lo que va a hacer este centro”, agregó la ministra, quien remarcó que la Argentina será el primer país de América Latina en implementar una política pública de estas características.

La funcionaria estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva,  el jefe de la SIDE, Sergio Darío Neiffert, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Ernesto Cichello, durante la conferencia de prensa brindada en el barrio porteño de Recoleta.

La iniciativa, alineada con los estándares internacionales en la lucha contra el terrorismo, busca mejorar la capacidad preventiva y operativa del país, reforzando la cooperación interinstitucional y la articulación con organismos internacionales.

El Gobierno nacional sostiene que esta medida es parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y defensa de los valores republicanos y democráticos, en un contexto global donde el terrorismo se presenta bajo formas no convencionales y vinculaciones financieras transnacionales.

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La Argentina asumió en Valencia la presidencia del GAFI

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Se trata de la primera vez que la Argentina preside el organismo del que forman parte una treintena de países comprometidos en compartir un marco común de normas para la prevención del blanqueo de capitales.

Argentina asumió hoy por primera vez en la ciudad española de Valencia la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cargo que recayó en el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, quien afirmó que la titularidad del organismo intergubernamental “es un incentivo para redoblar nuestros esfuerzos” y unió esta designación con la titularidad del G20, que el país ejercerá en 2018.

Se trata de la primera vez que la Argentina preside el organismo intergubernamental del que forman parte una treintena de países comprometidos en compartir un marco común de normas para la prevención del blanqueo de capitales, que también integran la Comisión Europea y organizaciones internacionales como el FMI, la ONU y el Banco Mundial.

La asunción de la Argentina al frente del GAFI coincide con un momento en el que el país se encuentra en medio de denuncias de presuntos actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.

Quien estará al frente del organismo, el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, dijo a Télam que la designación de la Argentina en la presidencia del GAFI “es un incentivo para redoblar nuestros esfuerzos”.

“En términos políticos lo tomamos como un reconocimiento teniendo en cuenta la importancia del organismo, y sus objetivos, que son trabajar en la lucha contra el lavado de dinero, la proliferación del terrorismo y armas de destrucción masiva”, dijo Otamendi en Valencia, donde se celebró la sesión plenaria que oficializó el traspaso de mando.

“Para Argentina, que hace unos años que estaba en la ‘lista gris’ del GAFI como país que incumplía los estándares de lucha contra el lavado, estar en la presidencia es un paso muy importante”, subrayó el número dos del ministro de Justicia, Germán Garavano.

Otamendi destacó que el hecho de que su cargo en el GAFI se encadene con la conducción del G20 por parte del presidente Mauricio Macri el próximo año, supondrá que “Argentina estará liderando los mayores espacios internacionales donde se discuten, debaten y fijan acciones para los principales problemas globales”.

La corrupción y el terrorismo internacional son dos de las mayores amenazas a las democracias en el mundo entero, aunque para algunos países emergen en distinto orden de prioridad.

En el caso de Argentina, la confesión de directivos de la empresa brasileña “Odebrecht” del pago de sobornos durante para tomar a su cargo proyectos de infraestructura, pone en primer plano la necesidad de que el gobierno avance y se comprometa aún más con el desarrollo de marcos legales para prevenir e investigar la corrupción.

“La Argentina conduce el GAFI como organismo internacional más allá de que se producen en el país hechos de la agenda diaria como los casos mencionados, pero esto debería redoblar nuestro esfuerzos”, destacó Otamendi.

En ese sentido, el secretario de Justicia reconoció que el marco normativo argentino no ayuda a avanzar en profundidad en las investigaciones del caso Odebrecht.

“El Presidente (Mauricio Macri) fue muy claro, con el marco legal no se logró obtener la información, pero se está diseñando un viaje de jueces y fiscales a Estados Unidos para encontrarse con los fiscales que hicieron la investigación (y tienen los nombres de los argentinos que recibieron los sobornos)”, explicó Otamendi.

“Existen déficit formales, pero el viaje es para intentar obtener información para avanzar”, insistió.
“La dificultad de un delito complejo es precisamente la información, es difícil encontrar los rastros del delito y tener las herramientas de investigación”, añadió el flamante responsable del organismo encargado de la lucha contra el lavado de dinero.

Según Otamendi, uno de los objetivos de su gestión apuntará a que “jueces y fiscales puedan conocer de qué se trata del GAFI, cuáles son los estándares, si pueden compartir visiones, y de qué manera pueden compartir acciones efectivas”.
Por otro lado, bajo la presidencia argentina, el GAFI seguirá trabajando con su agenda permanente, que a nivel mundial tiene el foco en cómo cortar los flujos del financiamiento del terrorismo.

“Hace un tiempo se hablaba de cómo evitar acciones a gran escala pero ahora el desafió es revisar la estrategia para adaptarla a los cambios de los métodos que utilizan organizaciones como el Daesh (acrónimo del Estado Islámico) que actúan cada vez a menor escala”, dijo Otamendi.

Respecto a es tema en el GAFI existe un debate muy importante en torno a cómo avanzar en estrategias contra el financiamiento del reclutamiento de combatientes yihadistas y de sus viajes a zonas de conflicto.

“Otro de los objetivos es trabajar con las empresas de las bitcoins -que corren el riesgo de ser usadas para financiar el terrorismo- para que trabajen con las regulaciones del GAFI y la necesidad del organismo de tener alguna regulación sobre esas empresas”, sostuvo el secretario de Justicia.

“Se trata de un diálogo entre GAFI y FinTech y REgTEch que empezó este último año y vamos a continuar”, remarcó.
Otamendi insistió en que “el desafío es global, prevenir y evitar fenómenos como los ataques terroristas. Pero también “lograr efectividad, que no es solo el diseño de normas sino que las normas se pueda cumplir, y se involucren otras agencias, incluidos jueces y fiscales”.

Para ello es fundamental “encontrar un equilibrio”, evitar una ‘inflación regulatoria’, porque para que el dinero no salga del sistema”, subrayó.

“El GAFI alimenta la agenda del G20, por lo tanto, a partir de la presidencia argentina, la sinergia entre los dos organismos va a ser mayor”, concluyó Otamendi.

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