Gasoducto Norte

Osvaldo Jaldo: “La macroeconomía mejoró, pero no llegó a la gente ni a la microeconomía”

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dejó una de las definiciones económicas y políticas más fuertes de la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande realizada en Posadas. Reivindicó el diálogo institucional con el Gobierno nacional, reclamó acelerar las obras necesarias para garantizar gas y energía al Norte y advirtió que la mejora de algunos indicadores macroeconómicos todavía no se tradujo en una recuperación de los ingresos, el empleo y la actividad cotidiana.

Hoy la Argentina no está bien. Lo único que se hizo fue mejorar algunas variables macroeconómicas, pero ese mejoramiento no llegó abajo, no llegó a la gente, no llegó a la microeconomía”, afirmó Jaldo al finalizar la cumbre que reunió a los diez gobernadores del NEA y NOA y que tuvo como anfitrión al mandatario misionero Hugo Passalacqua.

La energía ocupó buena parte de su análisis. Jaldo sostuvo que, aunque la política energética es una atribución del Gobierno nacional, los gobernadores tienen la obligación de involucrarse porque la disponibilidad y el precio del gas y la electricidad impactan directamente sobre los hogares, la producción, las exportaciones y el empleo.

Es una facultad exclusiva del Gobierno nacional, pero los gobernadores nos tenemos que involucrar porque no hay duda de que la energía eléctrica la necesitamos para nuestra gente a nivel domiciliario, pero también la necesitamos para nuestra industria”, explicó.

Del primer lugar al último: el nuevo mapa del gas golpea al Norte

Jaldo describió cómo cambió la situación energética del Norte argentino a partir del reemplazo del gas boliviano por la producción proveniente de Vaca Muerta.

Durante años, recordó, el gas importado ingresaba al país desde Bolivia y las primeras provincias abastecidas eran precisamente las del NOA.

Antes éramos las primeras en recibir el gas cuando se lo compraba a Bolivia: entraba por Jujuy, Salta, Tucumán y así desde el norte hacia el sur. Hoy hemos quedado al último porque el gas que se provee viene del sur del país, de Vaca Muerta”, señaló.

Ese cambio de dirección convirtió a la infraestructura de transporte en un asunto estratégico. Por eso, uno de los planteos realizados al jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue acelerar las obras que permitan completar la reversión del sistema y utilizar plenamente el Gasoducto Norte.

Le hemos planteado la necesidad de agilizar algunas obras de infraestructura, que es la planta de reversión. Vamos a aprovechar el Gasoducto Norte para que desde Vaca Muerta llegue en la cantidad suficiente para nuestros vecinos de cada una de las provincias que estamos hoy acá presentes, como así también para nuestra industria”, sostuvo.

El costo de quedarse sin energía: 100.000 empleos en juego

Para dimensionar el problema, Jaldo llevó la discusión energética directamente al terreno productivo.

Tucumán tiene dos complejos económicos particularmente sensibles al abastecimiento: la industria citrícola y la cadena sucroalcoholera. Entre ambas, señaló el gobernador, están vinculadas a cerca de 100.000 fuentes de trabajo.

Hemos tenido graves problemas por la falta de gas porque tenemos industrias como la citrícola que se mueve exclusivamente en base a gas y también tenemos la actividad sucroalcoholera, que es la de la caña de azúcar”, explicó.

En el caso de los ingenios existen fuentes alternativas durante parte del proceso, ya que pueden utilizar el bagazo de la propia caña para alimentar sus calderas. Sin embargo, el gas sigue siendo necesario para poner en marcha la producción.

Jaldo planteó entonces el escenario más extremo para explicar por qué considera que la energía debe formar parte de la agenda política de los gobernadores.

Nuestras dos actividades principales son más de 100.000 puestos de trabajo en Tucumán. Ustedes se imaginan, por no andar un ingenio, por no andar una citrícola por falta de energía, que haya 100.000 desocupados en Tucumán”, advirtió.

Energía cara también significa perder mercados

El problema no termina con la disponibilidad. Jaldo introdujo otra variable determinante: el precio del gas.

Según explicó, durante los episodios de restricciones energéticas la oferta terminó apareciendo, pero a costos que golpearon directamente la competitividad industrial.

El gas en algún momento empezó a llegar, pero a valores muy elevados, con lo cual el costo de producción de nuestra industria se elevó tanto que por ahí nos sacó de competencia”, señaló.

El riesgo, agregó, es particularmente elevado para una economía regional fuertemente exportadora.

Tucumán tiene casi 150 productos en 160 países y cuando uno sale de competitividad, mercado que se pierde luego cuesta recuperarlo en esta economía globalizada”, advirtió.

La frase expone uno de los argumentos centrales del Norte Grande: la energía no puede analizarse únicamente como una cuestión tarifaria o domiciliaria, porque constituye uno de los principales componentes de competitividad de las economías regionales.

El respaldo a Misiones y Corrientes por el gas natural

Consultado específicamente por la situación de Misiones, una de las provincias argentinas que todavía no cuenta con gas natural por redes troncales, Jaldo aseguró que el reclamo tiene el respaldo de los gobernadores del bloque.

Todos apoyamos a Misiones como apoyamos también a Corrientes, a aquellas provincias que no solo les falta el gas, sino que no lo tienen”, afirmó.

Y vinculó ese respaldo con la propia razón de ser del bloque regional.

Para eso existe esta Asamblea del Norte Grande, para eso existen estas reuniones con los diez gobernadores: tratamos los temas regionales, pero nos solidarizamos con los problemas específicos de cada una de las provincias”, explicó.

“Hay que terminar con las grietas”

El gobernador tucumano también dejó una definición política frente a las críticas que reciben los mandatarios que mantienen una relación institucional con el presidente Javier Milei.

Jaldo no esquivó su identificación como gobernador “dialoguista” y defendió abiertamente esa posición.

Muchas veces hay gobernadores, como quien habla —hablo por mí—, que somos criticados porque somos gobernadores dialoguistas. Todos sabemos que el Presidente no es de mi espacio político ni yo tampoco soy del de él”, expresó.

Pero inmediatamente marcó la diferencia entre la competencia partidaria y la responsabilidad de gobierno.

Eso no quiere decir que no tengamos que conversar con el Presidente, no quiere decir que su jefe de Gabinete pueda venir a esta asamblea con diez gobernadores porque es de un partido político diferente”, sostuvo.

Y agregó una de sus definiciones más contundentes: “Acá hay que terminar con las grietas, acá hay que terminar con las diferencias que tanto mal le hicieron a nuestra querida patria argentina”.

Para Jaldo, la legitimidad democrática obliga tanto al Presidente como a los gobernadores a encontrar mecanismos de convivencia institucional.

Los gobernadores representamos al 100% de los que viven en nuestra provincia. El Presidente representa a todos los argentinos y ha sido elegido en democracia por la voluntad popular. Quienes tenemos responsabilidad institucional debemos estar a la altura de las circunstancias”, afirmó.

“El que tiene empleo no llega a fin de mes”

La defensa del diálogo, sin embargo, no implicó un respaldo sin matices al rumbo económico nacional. Allí Jaldo trazó una línea clara.

Reconoció avances macroeconómicos, pero sostuvo que esos resultados todavía no modificaron la realidad cotidiana de buena parte de los argentinos.

Hoy la Argentina no está bien. Hoy lo único que se hizo fue mejorar algunas variables macroeconómicas, pero ese mejoramiento no llegó abajo, no llegó a la gente, no llegó a la microeconomía”, insistió.

Y avanzó sobre uno de los puntos más sensibles de la coyuntura: los ingresos familiares.

Hoy los sueldos, aquel que tiene la posibilidad de tener un empleo, no llega a fin de mes. Y también el que tiene un empleo tiene un nivel de endeudamiento importante”, sostuvo.

Para el gobernador tucumano, el deterioro se explica por una combinación de salarios insuficientes, falta de recomposición de los ingresos y problemas laborales.

Por los salarios bajos, por la falta de incrementos salariales y ni qué hablar de los niveles de desocupación que tiene hoy la Argentina, hay problemas muy importantes por solucionar”, afirmó.

Del diálogo a las soluciones

Consultado sobre la afirmación de Santilli de que el 90% de los pedidos realizados por los gobernadores ya se encuentran resueltos, Jaldo evitó entrar en una discusión porcentual.

Reconoció que existen cuestiones encaminadas, aunque recordó que durante este mismo año las provincias sufrieron problemas concretos de abastecimiento energético.

Hay muchos problemas que van en vías de solución, pero tampoco podemos negar que este año hemos tenido problemas con la provisión de energía, fundamentalmente del gas en nuestras provincias”, señaló.

Para Jaldo, ese equilibrio entre diálogo y reclamo define el papel que pretende asumir el Norte Grande frente a la administración nacional.

La Asamblea realizada en Posadas fue la número 24 desde la conformación del espacio y, según el mandatario tucumano, esa continuidad ya permitió obtener resultados.

Desde esta asamblea, que es la número 24 que llevamos los gobernadores del Norte, humildemente vamos haciendo nuestros planteos, vamos planteando nuestras necesidades y muchos problemas hemos solucionado en el ámbito de este tipo de asambleas”, concluyó.

La síntesis que dejó Jaldo en Posadas combinó así dos mensajes dirigidos a la Casa Rosada: los gobernadores del Norte están dispuestos a sostener el diálogo institucional, pero esperan que la estabilización macroeconómica se transforme en energía disponible, producción, salarios, empleo y recuperación de la economía real.

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Esuco entra en concurso preventivo: la constructora quedó atrapada entre el freno de la obra pública y la crisis financiera

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Después de casi ocho décadas de actividad y de haber participado en algunas de las obras de infraestructura más importantes del país, la constructora Esuco ingresó en concurso preventivo de acreedores. La decisión judicial marca un punto de inflexión para una empresa que durante años fue uno de los principales actores de la ingeniería argentina y refleja el profundo cambio de escenario que atraviesa el sector de la construcción tras la paralización de la obra pública nacional.

La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, luego de que la compañía reconociera dificultades para afrontar sus compromisos financieros. En su presentación, sostuvo que el objetivo de la reestructuración judicial es preservar la continuidad operativa y alcanzar un acuerdo con más de 800 acreedores, mientras intenta sostener una actividad que se redujo drásticamente durante el último año.

Fundada en 1948, Esuco desarrolló más de 500 proyectos de infraestructura en todo el país. Su trayectoria incluye la participación en obras emblemáticas como la represa hidroeléctrica Yacyretá, el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate, el ex Centro Cultural Kirchner, el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), la planta depuradora de efluentes cloacales de Berazategui, el Acueducto Miraflores en Chaco y la estación terrena satelital Las Lajas, además de numerosos emprendimientos viales, ferroviarios, energéticos e hidráulicos ejecutados para organismos nacionales, provinciales y municipales.

La paralización de la obra pública aceleró el deterioro

En el expediente judicial, la empresa atribuye su crisis a una combinación de factores que modificaron por completo el escenario del negocio. La fuerte reducción de la inversión pública, la virtual desaparición de nuevas licitaciones nacionales, el incremento de los costos de construcción, el elevado costo del financiamiento y los conflictos contractuales con Energía Argentina (Enarsa) terminaron deteriorando su capacidad financiera.

Según expuso la compañía, el cambio comenzó a profundizarse desde fines de 2023 y se consolidó durante 2024, cuando numerosos contratos financiados por el Estado fueron paralizados, suspendidos o ralentizados.

La empresa sostiene que la inversión pública en infraestructura cayó cerca de un 80% en términos reales respecto de 2023, mientras que la actividad de la construcción retrocedió más de un 27% durante 2024, provocando una fuerte reducción en las oportunidades de negocio y dificultando el reemplazo de los proyectos que finalizaban.

Los números reflejan esa transformación. Aunque durante 2024 Esuco facturó $84.664 millones, ese nivel representó una caída real del 23,7% frente al ejercicio anterior. El deterioro operativo también impactó sobre la rentabilidad: tras obtener una ganancia de $2.849 millones en 2023, cerró el último ejercicio con pérdidas por $6.206 millones.

El resultado bruto descendió desde $25.138 millones hasta $17.373 millones, mientras que los ingresos provenientes de obras ejecutadas disminuyeron desde $110.993 millones a $84.664 millones.

Más del 80% del personal fue desvinculado. La contracción de la actividad también golpeó con fuerza la estructura laboral de la empresa.

La documentación presentada ante la Justicia muestra que Esuco redujo su plantel de 397 trabajadores en junio de 2025 a apenas 70 empleados en abril de 2026, una disminución superior al 80% en menos de un año.

Los empleados permanentes pasaron de 160 a solo 25, mientras que el personal jornalizado afectado directamente a las obras cayó de 237 a 45 trabajadores, reflejando la magnitud del ajuste que debió afrontar la compañía.

El conflicto con Enarsa agravó la situación financiera

Otro de los ejes centrales de la presentación judicial es el conflicto que la empresa mantiene con Energía Argentina (Enarsa), vinculado a la ejecución de dos proyectos estratégicos para el sistema energético nacional: la Planta Compresora Mercedes y las obras de adecuación de las plantas compresoras necesarias para la reversión del Gasoducto Norte.

Esta última constituye una de las principales obras energéticas de los últimos años, ya que permitirá incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país para sustituir progresivamente las importaciones provenientes de Bolivia.

Esuco sostiene que ambos contratos estuvieron afectados por demoras en la aprobación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, autorizaciones técnicas e ingresos de materiales, situación que la obligó a financiar una parte creciente de los trabajos mediante recursos propios y endeudamiento bancario.

Según la empresa, solo el contrato correspondiente a la reversión del Gasoducto Norte le generó perjuicios económicos por aproximadamente $3.700 millones, mientras que los créditos pendientes de cobro relacionados con distintos proyectos energéticos superarían los $53.900 millones.

La constructora también argumenta que el atraso en los pagos, sumado a tasas de interés que durante parte de 2025 superaron el 100% nominal anual, terminó deteriorando aún más su situación financiera e imposibilitó sostener el ritmo previsto de ejecución de las obras.

Carlos Wagner y una empresa emblemática del sector

La historia reciente de Esuco también está estrechamente ligada a la figura del ingeniero Carlos Wagner, uno de los empresarios más influyentes de la construcción argentina durante las últimas décadas.

Wagner presidió la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, período caracterizado por un fuerte crecimiento de la inversión pública en infraestructura. Posteriormente adquirió notoriedad nacional al declarar como imputado colaborador en la causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas”, donde describió el funcionamiento del presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a contrataciones de obra pública.

No obstante, en la presentación del concurso preventivo, la empresa atribuye su crisis exclusivamente al cambio de escenario económico y operativo derivado del derrumbe de la inversión pública y las dificultades para sostener proyectos de gran escala.

El ingreso de Esuco al concurso preventivo trasciende la situación de una empresa en particular y se convierte en uno de los casos más representativos del impacto que tuvo el cambio de política de infraestructura sobre el sector de la construcción.

Mientras el Gobierno nacional mantiene el recorte de la obra pública como uno de los pilares del ajuste fiscal, numerosas empresas contratistas enfrentan una combinación de menor actividad, dificultades de financiamiento y conflictos derivados de contratos en ejecución.

Para Esuco, la continuidad dependerá ahora de la posibilidad de reestructurar su pasivo, recuperar los créditos pendientes —especialmente los vinculados a obras energéticas— y adaptarse a un mercado significativamente más reducido que el que impulsó su crecimiento durante décadas.

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