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Superávit financiero: el Gobierno cerró octubre con $517.672 millones y acumula 0,5% del PIB

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El Sector Público Nacional cerró octubre con un superávit financiero de $517.672 millones, tras un resultado primario de $823.925 millones y pagos de intereses por $306.253 millones. Con este desempeño, el Gobierno acumula un superávit equivalente al 0,5% del PIB y ratifica la estrategia fiscal que sostiene su programa económico.

Ingresos en alza y efecto de tributos clave en la recaudación

Según los datos oficiales, los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) alcanzaron en octubre $11.987.193 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 28,1%. Los recursos tributarios exhibieron un incremento del 24,4% i.a., impulsado por variaciones significativas en impuestos ligados al comercio exterior y al movimiento económico.

Entre los tributos con mayor crecimiento se destacaron:

  • Derechos de Importación: +65,7% i.a.
  • Impuesto a las Ganancias: +41,8% i.a.
  • Débitos y Créditos Bancarios: +41,2% i.a.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +35,9% i.a.
  • IVA neto de reintegros: +31,5% i.a.

El informe advierte que la comparación interanual se encuentra influida por la vigencia del Impuesto PAIS, la exteriorización de activos y los ingresos generados por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), factores que ampliaron la base recaudatoria en 2025.

Este desempeño consolidó la capacidad del Tesoro para sostener el superávit primario, que acumula aproximadamente 1,4% del PIB al décimo mes del año.

Gasto primario: prestaciones sociales y subsidios económicos marcan el ritmo

En paralelo, los gastos primarios ascendieron en octubre a $11.163.268 millones, con un incremento interanual del 29,6%, ritmo levemente por encima del crecimiento de los ingresos.

El componente más relevante volvió a ser el de prestaciones sociales, que sumaron $6.891.369 millones (+31,5% i.a.), impulsadas por la actualización de haberes y programas de asistencia asociados a la cobertura social.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron $1.416.199 millones (+21,9% i.a.), variación atribuida a los incrementos salariales acordados y a “las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, según detalla el informe.

Las transferencias corrientes totalizaron $4.131.125 millones (+15,1% i.a.):

  • Al sector privado: +16,7% i.a. (+$453.927,6 millones).
  • Al sector público: +13,4% i.a. (por $957.908,3 millones en el mes).

Los subsidios económicos ascendieron a $1.041.225 millones, con un incremento del 27,1% i.a.. Dentro del rubro, se observaron variaciones similares en:

  • Energía: +28,2% i.a.
  • Transporte: +27,3% i.a.

En conjunto, estos componentes determinaron un gasto primario todavía elevado, pero compatible con el objetivo fiscal planteado por el Gobierno para 2025.

Implicancias económicas y políticas: una señal al mercado en un contexto de ajuste

El resultado de octubre refuerza la estrategia del oficialismo de sostener un ancla fiscal firme como pilar del programa económico. La continuidad del superávit financiero acumulado —equivalente al 0,5% del PIB— constituye un mensaje dirigido tanto a los mercados como a los organismos multilaterales, en un contexto de tensiones políticas y discusiones sobre el alcance futuro del gasto público.

El crecimiento de la recaudación por comercio exterior, el mayor aporte de impuestos transaccionales y el efecto de los regímenes especiales dieron margen adicional al Tesoro. Sin embargo, la evolución de subsidios, prestaciones sociales y remuneraciones seguirá siendo determinante para evaluar la sostenibilidad del superávit en los meses finales del año.

Hacia adelante, la política económica deberá conciliar la continuidad del equilibrio fiscal con las demandas de sectores productivos, provincias y actores sociales afectados por la reducción del gasto público y la recomposición de tarifas.

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Caída real del 6,1% en gasto agropecuario y ajuste del 16,4% en 2026, según Analytica

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El último informe de la consultora Analytica revela una reconfiguración del gasto público en Argentina, con impactos significativos en el sector agropecuario. En los primeros nueve meses de 2025, el gasto primario cayó 2% interanual a precios constantes, mientras las partidas agrícolas sufrieron una contracción del 6,1%. Estas tendencias se profundizan en el presupuesto proyectado para 2026, que implicaría una reducción real de hasta 16,4% en inversión agropecuaria, afectando áreas clave como investigación, sanidad y productividad. El análisis cobra relevancia en un contexto de exención transitoria de retenciones a la soja, medida con un costo fiscal estimado en $1,6 billones (0,19% del PIB) y efectos directos sobre la capacidad de inversión estatal en el sector.

En septiembre, el gasto primario devengado disminuyó un 2% interanual medido a precios constantes. En el acumulado en los primeros nueve meses se incrementó un 0,9% comparado con igual período del año pasado.

Los mayores aumentos en pesos constantes respecto al acumulado enero-septiembre 2024 fueron las transferencias corrientes a provincias (+42,2%), las asignaciones familiares y por hijo (+15,8%), particularmente la AUH (+23,2%), y los bienes y servicios (+15,0%).

Por otro lado, las partidas con mayores ajustes reales interanuales en el acumulado en los primeros nueve meses fueron los programas sociales (-21,1%), el gasto en subsidios económicos (-45,2%), particularmente los asociados a la energía (-57,0%), y la obra pública (-48,3%) donde la caída se concentra en las transferencias de capital (-61,9%) mientras que las construcciones tuvieron una leve mejora (+4,5%).

Dentro de las transferencias a provincias se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En los primeros nueve meses se incrementaron un 206,6% interanual real.

GASTO EN AGRICULTURA

La decisión de eliminar transitoriamente las retenciones al sector agro exportador tiene un costo fiscal de $1,6 billones, 0,19% del PIB. Como se observa a continuación la mayor parte de la menor recaudación proviene de la exención aplicada a la soja y sus derivados —que concentran la mayor parte del valor exportado—, lo que refleja el peso estratégico del complejo sojero en la generación de divisas y en la recaudación tributaria.

Por su parte, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto público asociado a la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” registró una contracción interanual del 6,1% en términos reales. Esta caída se suma al fuerte ajuste observado en igual período de 2024, cuando el gasto se redujo un 61,7% real interanual. Aun así, cabe señalar que la reducción del año pasado está influenciada por la alta base de comparación, ya que en 2023 se registró un gasto históricamente alto en esta función, que pudo estar en parte influenciado por la sequía.

En el acumulado entre enero y septiembre de 2025, los fondos destinados al sector agropecuario se concentraron en: “Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible” (17,9%), “Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria” (14,7%), “Acciones para la Protección Vegetal” (9,9%), “Acciones para la Sanidad Animal” (9,5%), “Investigación y Desarrollo Pesquero” (6,1%) y “Promoción del Comercio y Producción de Semillas” (2,9%). A su vez, un 38,6% del gasto se concentró en actividades centrales y comunes de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, mientras que el 0,30% restante se distribuyó entre los programas “Administración y Control Comercial Agropecuario” y “Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario”. En particular, este último redujo en gran medida su ponderación, pasando de representar el 8,9% en 2022 y el 6,9% en 2023, a ser el 0,26% en 2025. Aun así, y como se mencionó antes, esto puede explicarse por la sequía iniciada en 2022 y prolongada hasta inicios de 2023, lo cual también puede explicar el motivo de un mayor gasto en esos años.

El proyecto de presupuesto 2026 contempla un crédito de $375.461,2 millones para la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” y toma como base de comparación un presupuesto de $351.355,6 millones para 2025, lo que implicaría un aumento nominal del 6,9%. Sin embargo, si se toma como base de comparación al crédito vigente al 2 de octubre, el monto es de $363.704 millones por lo que el aumento nominal sería del 3,2%. Más aún, si se descuenta la inflación promedio proyectada en el presupuesto (14%), se obtendría una caída real del 8,4%, mientras que utilizando nuestra proyección del 23,5%, la caída sería del 16,4%.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)

Es uno de los organismos más importantes de la política pública en el sector agropecuario, actualmente es un descentralizado del Ministerio de Economía luego de que el Congreso revierta el DNU 462/2025 que lo reagrupaba a la Administración Centralizada.

En los primeros nueve meses del año, el gasto en el INTA se redujo un 23% real interanual, y se mantiene en niveles históricamente bajos.

El programa principal que ejecuta el INTA es “Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural”, el cual concentra el 71,1% del gasto total del organismo. En lo que va del año, este programa registró una reducción del 15,2% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. Por fuera de las actividades centrales, el segundo programa en relevancia es “Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas”, que tuvo un recorte interanual del 26,5% a pesos constantes.

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Argentina cumple la meta con el FMI, pero con fuerte ajuste y rojo oculto

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró agosto con un superávit primario de $1,56 billones, aunque el resultado financiero fue deficitario en $0,39 billones, tras destinar $1,17 billones al pago de intereses de deuda. No obstante, al incluir los intereses capitalizados en las LECAP, el déficit real se amplía a $2,86 billones en agosto y acumula $14,59 billones en los primeros ocho meses de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Los ingresos totales del SPN alcanzaron $11,36 billones, con una suba real del 2,7% interanual, pese a la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024. Entre los tributos, se destacaron las caídas en Bienes Personales (-79,5% i.a.) y en el rubro “Resto de tributos” (-52,1% i.a.), que incluía al Impuesto PAIS. Los derechos de exportación retrocedieron 29,8% interanual, mientras que los derechos de importación crecieron 35,8% i.a., impulsados por el aumento del comercio exterior.

En paralelo, las Rentas de la Propiedad casi se duplicaron (+199,3% i.a.), gracias a transferencias extraordinarias del Banco Nación por utilidades de inversiones financieras.

El gasto público: subsidios y obra pública en retroceso

El gasto total fue de $9,8 billones, lo que implica una contracción de 6,4% interanual y de 28,6% frente a 2023. El ajuste alcanzó a casi todas las partidas:

Jubilaciones y pensiones: +9,1% i.a., pero aún 3,1% por debajo de 2023. Desde junio se aplica un aumento de 7,2% en haberes y un bono de $110.000, ajustado por inflación.

Universidades: crecieron 9,3% i.a., aunque permanecen 24,7% debajo de 2023.

Subsidios económicos: cayeron 47,2% i.a.; los de energía se redujeron 51,1% y los de transporte 26,2%, tras la eliminación de compensaciones en el AMBA.

Obra pública: gasto de capital con baja de 37,2% i.a. y desplome de 82,2% frente a 2023.

Programas sociales: recorte de 31,3% i.a. y 63,7% respecto de 2023, afectando Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

FMI, metas fiscales y perspectivas

Pese al ajuste, el SPN acumula hasta agosto un superávit primario de $11 billones, superando la meta anual de $10,52 billones acordada con el FMI. Para sostenerla, será necesario mantener un promedio mensual de $0,22 billones de superávit hasta diciembre.

Sin embargo, el déficit financiero real refleja la presión que ejercen los instrumentos de deuda en pesos indexados. Para CEPA, el desafío será sostener la disciplina fiscal sin profundizar la contracción social y sin afectar la capacidad de crecimiento.

El sendero elegido abre interrogantes sobre la gobernabilidad política, en un año donde el ajuste impacta en subsidios, obra pública, salarios estatales y programas sociales.

2025 09 19 Informe Fiscal Agosto 2025 by CristianMilciades

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El Gobierno logró un superávit financiero de $390.301 millones en agosto

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El Ministerio de Economía informó que en agosto de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $390.301 millones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.166.564 millones. El resultado se sustentó en un superávit primario de $1.556.864 millones, consolidando el ancla fiscal que el Gobierno considera pilar de su programa económico.

Según los datos oficiales difundidos el 18 de septiembre, el resultado financiero acumulado hasta agosto equivale a 0,4% del PIB, mientras que el superávit primario se ubica en torno al 1,3% del PIB. Estas cifras permiten sostener la estrategia de consolidación fiscal, clave para la política económica actual y en línea con los compromisos de equilibrio de las cuentas públicas.

El reporte del Palacio de Hacienda destaca que los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11,366 billones (+29,9% interanual), impulsados principalmente por tributos vinculados a la actividad económica y al comercio exterior.

Entre los impuestos con mayor crecimiento se encuentran:

  • Derechos de Importación: +81,3% interanual.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +41,4% i.a.
  • Impuesto a las Ganancias: +40,3% i.a.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: +35,7% i.a.
  • IVA neto de reintegros: +34,5% i.a.

Ingresos, gastos y asignaciones prioritarias

Del lado del gasto, los gastos primarios alcanzaron en agosto los $9,809 billones (+25% interanual), creciendo nuevamente por debajo de los ingresos, lo que permitió sostener el resultado positivo.

  • Prestaciones sociales: sumaron $6,281 billones (+37,5% i.a.), con una suba real del 2,9%. Dentro de este rubro, jubilaciones y pensiones junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) crecieron 9% en términos reales, en línea con la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 y el DNU 274/24.
  • Remuneraciones: $1,292 billones (+24,3% i.a.), en el marco de aumentos salariales pactados y reducción de la planta estatal.
  • Transferencias a universidades: $341.231 millones, con una expansión del 45,9% i.a., lo que implica una mejora real del 9,2%.
  • Transferencias corrientes: $3,122 billones (+17,3% i.a.), con un incremento de 20,8% al sector privado y 2% al sector público.
  • Subsidios económicos: registraron una caída de 18,8% i.a., con reducciones de $166.107 millones en subsidios energéticos (-19,1%) y $52.231 millones en transporte (-19,4%).

El Ministerio de Economía remarcó que el resultado fiscal positivo refleja una política de ordenamiento de las cuentas públicas con dos pilares centrales:

  1. Contención del gasto corriente mediante reducción de subsidios y racionalización de la planta estatal.
  2. Fortalecimiento de los ingresos vía recuperación de la actividad formal y mayor recaudación tributaria.

“El cumplimiento de las metas fiscales es la base de la estabilización macroeconómica”, señalaron desde la cartera que conduce el ministro de Economía, subrayando que el resultado de agosto “ratifica el rumbo del programa económico”.

Impacto político y económico

El superávit financiero llega en un momento en el que el Gobierno busca consolidar credibilidad en los mercados y sostener la estabilidad cambiaria. Para los analistas, la reducción de subsidios en transporte y energía, aunque fiscalmente positiva, puede abrir frentes de tensión social y política por el traslado de costos a usuarios y empresas.

Asimismo, el incremento real en prestaciones sociales y en las transferencias a universidades busca equilibrar la consolidación fiscal con señales de protección social y sostenimiento educativo.

De cara a los últimos meses del año, el desafío será sostener el superávit en un contexto de desaceleración económica y presiones sociales. El Gobierno confía en que la combinación de recaudación creciente y ajuste de subsidios permita mantener la tendencia positiva.

La continuidad de la disciplina fiscal será clave tanto en la renovación de compromisos financieros internacionales como en la discusión política interna, donde el equilibrio entre orden fiscal y contención social seguirá siendo el eje de debate.

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Economía reglamenta cierre contable y financiero de organismos estatales en proceso de fusión o disolución

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El Ministerio de Economía oficializó un marco normativo unificado para ordenar el cierre de operaciones presupuestarias, contables y financieras en organismos de la Administración Nacional que sean objeto de transformaciones institucionales. La medida busca optimizar recursos, reducir estructuras duplicadas y garantizar transparencia en la transferencia de patrimonio.

La Resolución 92/2025 de la Secretaría de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial el 15 de septiembre de 2025, establece el nuevo “Procedimiento para el cierre de operaciones presupuestarias, contables y financieras de los Servicios Administrativo Financieros (SAF)” de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional que se transformen, fusionen, escindan o disuelvananexo_7463069_1.

La norma actualiza y unifica disposiciones que databan de 1999 y 2003, derogadas a partir de esta resolución. Según los considerandos, el cambio se enmarca en las políticas de reorganización administrativa impulsadas por el Gobierno, con foco en reducir costos operativos, evitar duplicación de estructuras y fortalecer los mecanismos de control interno.

El procedimiento se aplicará también en los casos de transferencia de programas y proyectos presupuestarios, incluso si no implican la desaparición formal de un organismo.

Pasos y obligaciones para los SAF

El anexo técnico (IF-2025-99903549-APN-CGN#MEC) establece un esquema detallado en 15 puntos que deberán cumplir los SAF involucrados en procesos de reorganizaciónanexo_7463069_1. Entre los principales aspectos se destacan:

  • Aspectos presupuestarios: los SAF deberán solicitar modificaciones en el clasificador institucional y programático, presentar las solicitudes de modificación presupuestaria (SMP) en el sistema e-SIDIF y ajustar saldos de créditos y recursos.
  • Deuda exigible: se ordena cancelar o desafectar las deudas registradas en el e-SIDIF, siguiendo el programa de caja del Tesoro Nacional.
  • Fondos rotatorios y remanentes: los organismos deberán cerrar fondos rotatorios y transferir remanentes al Tesoro Nacional mediante “Órdenes de Pago sin Imputación Presupuestaria” (OP NPR).
  • Fondos de terceros y saldos financieros: deberán identificarse y transferirse a los organismos continuadores o al Tesoro Nacional, garantizando trazabilidad.
  • Cuentas bancarias: la Tesorería General de la Nación verificará y coordinará el cierre de cuentas oficiales, recaudadoras y de haberes, exigiendo que los saldos se encuentren en cero antes de su baja.
  • Bienes y contabilidad: los organismos deberán transferir registros contables completos de bienes muebles e inmuebles, inversiones y deudas por crédito público, siguiendo los lineamientos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Contaduría General de la Nación.
  • Seguros, avales y firmantes: se incluye la obligación de detallar seguros de caución, avales otorgados y actualizar el registro de firmantes en la Contaduría General de la Nación.

El procedimiento establece que las autoridades de los SAF serán responsables de la correcta ejecución, bajo apercibimiento de sanciones previstas en la Resolución 226/1995 en caso de incumplimiento.

La resolución fue firmada por el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y contó con la intervención de los órganos rectores: la Contaduría General de la Nación (CGN), la Tesorería General de la Nación (TGN) y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), todos dependientes de la Subsecretaría de Presupuesto.

En los fundamentos, el Ministerio de Economía argumenta que la medida responde a la necesidad de alinear los procedimientos al desarrollo del Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e-SIDIF), obligatorio para todos los organismos comprendidos en el artículo 8° de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

La disposición tiene un impacto directo sobre organismos descentralizados, empresas públicas y jurisdicciones ministeriales que atraviesen procesos de reorganización administrativa. Su correcta aplicación es clave para:

  • Evitar desvíos en el uso de fondos públicos, garantizando que saldos y remanentes ingresen al Tesoro Nacional.
  • Asegurar continuidad operativa de programas y proyectos al momento de las transferencias.
  • Fortalecer la transparencia y control del gasto, en línea con compromisos de orden fiscal.

En el plano político, la medida se interpreta como parte del programa de racionalización del Estado que impulsa el Gobierno Nacional, orientado a reducir estructuras burocráticas y aumentar la eficiencia administrativa.

Con esta resolución, Hacienda fija un marco normativo estable para reorganizaciones futuras, lo que da previsibilidad a los procesos de fusión o cierre de organismos.

Se espera que en los próximos meses la CGN, la TGN y la ONP emitan normas complementarias para resolver situaciones específicas, especialmente en lo relativo a inversiones financieras, avales y deudas de organismos en liquidación.

El cumplimiento de esta normativa será un test crucial para medir la capacidad del Estado de ejecutar reformas administrativas profundas sin poner en riesgo la transparencia en el manejo de recursos públicos.

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