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Ajuste fiscal: el gasto primario cayó 4,2% real y marcó un mínimo histórico en enero

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El gasto público primario devengado del Gobierno nacional volvió a mostrar una contracción significativa en enero de 2026 y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas décadas en términos reales. De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario Mensual elaborado por Analytica, el gasto cayó 4,2% interanual en valores constantes, profundizando la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo.

El informe, con información disponible al 3 de febrero de 2026, detalla que el gasto devengado —que refleja la obligación de pago del Estado— se ubicó en niveles históricamente bajos, incluso por debajo de los registros observados en años de fuerte restricción presupuestaria Monitor de gasto enero 2026.

Obra pública y transferencias, los recortes más profundos

El mayor ajuste se concentró en la obra pública, que se desplomó un 97,1% interanual en términos reales. Dentro de ese rubro, las construcciones cayeron 95,8% y las transferencias de capital fueron prácticamente nulas, marcando un virtual congelamiento de la inversión estatal en infraestructura Monitor de gasto enero 2026.

También se registraron fuertes reducciones en las transferencias a provincias, que retrocedieron 64,5% real interanual, profundizando las tensiones fiscales entre la Nación y los gobiernos subnacionales. En paralelo, los programas sociales exhibieron una caída del 35,7%, con recortes significativos en Potenciar Trabajo (-25,6%), políticas alimentarias (-24,9%) y otros programas (-59,6%) Monitor de gasto enero 2026.

Jubilaciones, asignaciones y subsidios: comportamientos dispares

En contraste con el ajuste general, algunas partidas mostraron incrementos reales. Los subsidios económicos crecieron 139,2% interanual, explicados en gran medida por una baja base de comparación. Las asignaciones familiares aumentaron 1,1%, impulsadas por la suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que avanzó 5,4%, aunque las asignaciones familiares tradicionales cayeron 6,1%. Por su parte, las jubilaciones y pensiones registraron una suba real moderada del 0,8% Monitor de gasto enero 2026.

Asistencia excepcional a provincias

El informe también señala que, durante enero, solo dos provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Chubut percibió 4.000 millones de pesos como asistencia financiera ante los incendios, mientras que Corrientes recibió 3.000 millones de pesos para atender las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía Monitor de gasto enero 2026.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La dinámica del gasto primario confirma que el ajuste fiscal se apoya principalmente en la licuación de la inversión pública, la reducción de transferencias a provincias y el recorte de programas sociales, mientras se preservan —aunque con incrementos acotados— las prestaciones previsionales y algunas transferencias directas a los hogares.

El Monitor de Analytica advierte que el nivel de gasto observado en enero de 2026 se encuentra entre los más bajos de la serie histórica, consolidando un cambio estructural en el tamaño y la composición del gasto público nacional.

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Presupuesto 2026: el Gobierno reasigna $190.000 millones para cumplir la cautelar de la Corte a favor de la Ciudad

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El Jefe de Gabinete de Ministros aprobó una modificación clave del Presupuesto 2026 que reordena créditos por más de $190.000 millones para dar cumplimiento a la medida cautelar de la Corte Suprema en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de reforzar partidas del Senado y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La decisión, formalizada mediante la Decisión Administrativa 2/2026, impacta en el Ministerio de Economía, el Poder Legislativo y las obligaciones del Tesoro, y reconfigura el esquema de gastos corrientes y transferencias en un contexto de fuerte tensión fiscal e institucional.

Reasignación de fondos y cumplimiento judicial

La Decisión Administrativa 2/2026, publicada el 4 de febrero de 2026, introduce modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, aprobado por la Ley N° 27.798, con el objetivo de “adecuar el presupuesto vigente de algunas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”.

El eje central de la medida es la compensación de créditos destinada a atender las transferencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente CSJN N° 1864/2022). Para ello, se incrementan en $190.000 millones los créditos de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, específicamente en el Programa 67 “Cumplimiento de Medida Cautelar CSJN 1864/2022”, destinados a transferencias corrientes a la administración pública provincial.

Este refuerzo se financia mediante una reducción equivalente de créditos en el Ministerio de Economía, particularmente en el Programa 45 “Administración Financiera”, subprograma de coordinación fiscal con las provincias, donde se recortan $190.000 millones en transferencias corrientes. La maniobra presupuestaria permite cumplir con la orden judicial sin alterar el resultado fiscal global, aunque redefine prioridades en la distribución territorial de recursos.

Refuerzos al Poder Legislativo y ajustes en Economía

La modificación presupuestaria también incorpora créditos adicionales para el Poder Legislativo Nacional. En el caso del H. Senado de la Nación, se asignan $14.300 millones para atender gastos de funcionamiento del Programa 16 “Formación y Sanción de Leyes Nacionales”, con destino tanto a gastos corrientes como de capital, incluyendo bienes de consumo, servicios no personales y la adquisición de maquinaria y equipos.

En paralelo, se incrementan en $42,57 millones los recursos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo que funciona en el ámbito del Congreso. Este refuerzo se financia con ingresos provenientes del Convenio de Subvención (OPCAT-144-GLO/09/HC/07-B453) celebrado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y se destina principalmente a gastos en personal contratado y servicios técnicos, informáticos y logísticos.

En contrapartida, el Ministerio de Economía absorbe ajustes internos. Se dispone una compensación de créditos para atender erogaciones del Gabinete de Autoridades Superiores, con una reducción neta de $889.285.533 en determinadas partidas, y reacomodamientos entre las subjurisdicciones de Economía y Producción. Estas modificaciones responden a la necesidad de redistribuir recursos sin ampliar el gasto total autorizado.

Impacto y proyección fiscal

Desde el punto de vista institucional, la decisión reafirma la centralidad de la medida cautelar de la Corte Suprema en la arquitectura fiscal de 2026. El traslado de $190.000 millones al programa específico de cumplimiento judicial consolida un mecanismo presupuestario explícito para atender la controversia por la coparticipación de fondos a la Ciudad, un tema que mantiene alta sensibilidad política y federal.

En términos económicos, la reasignación no implica un aumento del gasto total, pero sí tensiona la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, que ve reducida su capacidad de transferencias a otras jurisdicciones. Al mismo tiempo, el refuerzo al Senado y a organismos de control legislativo busca garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La medida se dicta al amparo del artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y del artículo 9° de la Ley de Presupuesto 2026, y lleva las firmas del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo. Hacia adelante, el esquema aprobado anticipa un escenario de ejecución presupuestaria fuertemente condicionado por fallos judiciales y por la necesidad de compatibilizar disciplina fiscal con obligaciones institucionales de alto impacto político.

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El empleo público nacional cayó 7,2% interanual y cerró 2025 con 280.120 trabajadores

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El empleo en el sector público nacional volvió a retroceder y cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que representa una caída interanual del 7,2% y una baja mensual del 0,6%, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La contracción se concentró principalmente en la Administración Pública Nacional, con un ajuste más marcado en la administración centralizada, que registró el mayor descenso porcentual del año.

El dato confirma una tendencia sostenida de reducción en la dotación estatal a lo largo de 2025 y tiene impacto directo sobre la estructura del gasto público, la organización administrativa del Estado nacional y el funcionamiento de áreas clave de gestión.

Fuerte ajuste en la Administración Pública Nacional

Del total de 280.120 empleados del sector público nacional, 190.936 correspondieron a la Administración Pública Nacional, que mostró una disminución interanual del 7,1%. En paralelo, las empresas y sociedades del Estado contabilizaron 89.184 trabajadores, lo que implica una caída del 7,4% respecto de diciembre de 2024.

Al desagregar la Administración Pública, el informe del INDEC revela que la administración centralizada fue la más afectada por el ajuste, con una contracción del 10,5% interanual, cerrando diciembre con 38.940 agentes. Este segmento concentra funciones estratégicas del Estado nacional, por lo que la magnitud de la caída adquiere relevancia institucional.

La administración descentralizada, en tanto, registró 116.222 empleados, con una reducción del 6,4% interanual. Por su parte, la administración desconcentrada alcanzó los 21.733 trabajadores, con una baja del 6,0%, mientras que los otros entes sumaron 14.041 agentes, lo que representa un descenso del 4,4% frente al mismo mes del año anterior.

Metodología, datos imputados y alcance del informe

El reporte oficial del INDEC precisó además que nueve entidades no informaron su dotación de personal en diciembre de 2025, motivo por el cual se imputaron 1.407 puestos de trabajo, equivalentes al 0,5% del total del empleo público nacional. Esta aclaración metodológica resulta clave para interpretar el alcance de las cifras publicadas y su comparabilidad interanual.

En términos técnicos, el informe consolida la evolución del empleo público nacional incluyendo tanto la Administración Pública como las empresas y sociedades del Estado, lo que permite observar el impacto agregado del ajuste sobre la estructura laboral del sector público.

Impacto económico e institucional del retroceso del empleo estatal

La caída del 7,2% interanual en el empleo público nacional refleja un proceso de reducción de la dotación estatal que tiene implicancias económicas e institucionales. En el plano fiscal, la disminución del número de trabajadores incide directamente sobre el gasto en personal, uno de los componentes más relevantes del presupuesto nacional.

Desde una perspectiva institucional, el ajuste se concentra con mayor fuerza en la administración centralizada, lo que puede impactar en la capacidad operativa de áreas clave del Estado. Al mismo tiempo, la reducción también alcanza a organismos descentralizados, entes desconcentrados y empresas públicas, configurando un recorte transversal en la estructura del sector público nacional.

Con estos datos, el cierre de 2025 deja un panorama de menor empleo estatal, con una contracción que se sostuvo tanto en la comparación interanual como en el último mes del año, y que marca un punto de referencia para el análisis del tamaño y funcionamiento del Estado nacional.

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Milei avanza con reformas sin financiamiento definido

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Cuando resta menos de un mes para la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei avanzó con dos proyectos de ley —la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil— que no detallan su impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento. Ambas iniciativas, incluidas en el temario de sesiones extraordinarias, no están contempladas en la “ley de leyes” y reavivan la tensión entre el discurso oficial del “no hay plata”, el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y la sostenibilidad del superávit fiscal del 1,5% del PBI que el Ejecutivo exhibe como principal ancla del programa económico.

El contraste se vuelve más marcado si se lo compara con la decisión del Poder Ejecutivo de no cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada e insistida por el Congreso, bajo el argumento de que no especifica su financiamiento. Una justificación que, según surge de la redacción de las propias iniciativas oficiales, no se aplica con el mismo rigor cuando se trata de proyectos impulsados por la Casa Rosada.

Emergencia en Discapacidad: la ley vigente que el Ejecutivo se niega a ejecutar

Pese a pronunciamientos judiciales y a la insistencia del Congreso, el presidente Javier Milei continúa sin ejecutar la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Días atrás, cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni reasignó los créditos presupuestarios del ejercicio en curso, no incluyó partidas para esta norma ni para la ley de Financiamiento Universitario, también reclamada por el Parlamento.

El argumento oficial se apoya en la Ley de Administración Financiera, que establece que los proyectos deben indicar el origen de los fondos. Según la interpretación del Presidente, la Emergencia en Discapacidad incumple ese requisito. Sin embargo, el artículo 19 de la norma es explícito:
Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad (…) Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.

En los hechos, el Congreso dejó en manos del Ejecutivo —entonces bajo la jefatura de Guillermo Francos, hoy de Adorni— la definición de las partidas, siempre que no se afecten los créditos sociales. Un esquema similar al que el propio Gobierno utilizó durante sus primeros años, cuando administró con presupuestos heredados de la gestión de Alberto Fernández, ya desactualizados.

Además, al momento del debate parlamentario, el impacto fiscal de la emergencia sí fue estimado: el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), solicitó un cálculo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por lo que los legisladores contaban con una referencia sobre costos y financiamiento. Aun así, el oficialismo se negó a reasignar partidas, acusó a la oposición de intentar romper el equilibrio fiscal y, hasta hoy, mantiene la ley sin ejecución.

Régimen Penal Juvenil: una redacción idéntica, pero con trato diferente

La doble vara aparece con claridad en el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, reflotado por el oficialismo y sumado al temario de extraordinarias con Patricia Bullrich como principal impulsora política. El proyecto ya había sido promovido en 2024 y vuelve a escena tras el asesinato del joven Jeremías Monzón en Santa Fe.

El artículo 52 del dictamen firmado en mayo del año pasado establece: “Las erogaciones que requiriere al Estado nacional el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes (…) el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes”.

La redacción es prácticamente idéntica a la de la Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en este caso, el Gobierno no cuestiona la validez del texto ni su compatibilidad con la Ley de Administración Financiera.

Más aún, durante el debate en comisión, Espert se negó a solicitar a la OPC un análisis del costo fiscal del régimen penal, pese a ser el único con facultad para hacerlo. En su lugar, presentó un cálculo elaborado por los ministerios de Justicia y Seguridad, que estimó el impacto en 0,34% del Presupuesto 2024, o 0,0042% del PBI. Ese número generó fuertes dudas entre los bloques opositores. “Hacen como si todo lo que implica el proyecto no saliera plata”, resumió un diputado que participó del debate. El pedido público de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, para girar el proyecto a la OPC nunca fue atendido.

Reforma laboral y Presupuesto 2026: el interrogante sobre el superávit

Un esquema similar se repite con la reforma laboral, cuyo dictamen fue firmado en el Senado a fines de diciembre. El texto tampoco especifica su financiamiento, a pesar de incluir bajas y derogaciones impositivas que impactan incluso en impuestos coparticipables, afectando las finanzas provinciales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (LLA), tampoco envió el proyecto a la OPC. El resultado es el mismo: se desconoce el costo fiscal y la fuente de recursos.

El punto crítico es el calendario. Tanto la reforma laboral como el Régimen Penal Juvenil se impulsan a menos de un mes de la sanción del Presupuesto 2026, por lo que sus eventuales costos no están contemplados en la “ley de leyes”. De aprobarse, el financiamiento quedará nuevamente en manos del jefe de Gabinete mediante reasignaciones presupuestarias.

El propio Milei celebró que el Presupuesto 2026 refleje un superávit fiscal del 1,5% del PBI. La pregunta que empieza a ganar espacio en el Congreso y en los mercados es cuánto de ese margen quedará en pie si ambas iniciativas avanzan sin una estimación clara de costos y sin partidas específicas. En ese interrogante se juega no solo la coherencia del discurso fiscal del Gobierno, sino también la credibilidad institucional del programa económico.

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Consumo con tarjeta y recesión productiva, las alertas que deja el último informe del IAG

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La estabilización macroeconómica no logra traducirse en una reactivación de la economía real. Un nuevo informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que el nivel de actividad permanece prácticamente estancado, con un ajuste fiscal histórico como principal ancla del superávit y un consumo que se mantiene únicamente a través del endeudamiento de los hogares. Según el relevamiento, el gasto público real cayó 27% respecto de 2023, el mayor recorte desde la salida de la Convertibilidad.

El documento, fechado el 23 de enero de 2026, señala que el resultado fiscal positivo se explica casi en su totalidad por esta contracción del gasto, que impacta de lleno en la inversión pública, las transferencias a provincias y el dinamismo del mercado interno, mientras la industria y la construcción continúan en terreno recesivo.

Ajuste fiscal récord y desplome de la inversión pública

El informe del IAG detalla que el superávit primario se sostiene sobre un ajuste sin precedentes en el gasto estatal. Las transferencias a las provincias registraron una caída superior al 70%, afectando de manera directa la capacidad de financiamiento de los gobiernos subnacionales.

Aún más profundo fue el recorte en la inversión pública, que se desplomó un 75% durante el último semestre, lo que derivó en la paralización de la obra pública a nivel nacional. Este freno no solo impacta sobre la actividad de la construcción, sino que también arrastra a sectores vinculados a insumos, empleo y economías regionales.

Desde el punto de vista institucional, el informe subraya que el actual esquema fiscal privilegia el equilibrio de las cuentas públicas mediante una contracción del gasto real, sin que hasta el momento se observen señales de compensación a través de mayor inversión privada o recuperación sostenida del consumo.

Consumo a crédito, ventas en caída y recesión industrial

En el frente del consumo, el panorama es igualmente restrictivo. El relevamiento indica que las ventas en supermercados y comercios acumulan caídas de dos dígitos, reflejando el deterioro del poder adquisitivo. En ese contexto, el consumo se sostiene exclusivamente mediante tarjetas y crédito, una señal de fragilidad para la demanda interna.

En términos de actividad, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra un crecimiento “casi nulo”, con industria y construcción aún en niveles recesivos, lo que confirma que la estabilidad macro no logró reactivar los principales motores productivos.

El informe advierte que esta dinámica configura un escenario de estancamiento, donde el ajuste fiscal reduce el impulso de la economía real y el consumo financiado actúa como único sostén transitorio del mercado interno.

Estabilidad cambiaria frágil y rol del Banco Central

En el plano financiero, el IAG señala que la estabilidad cambiaria continúa siendo frágil. Tras el pago a bonistas del 9 de enero, que se cubrió parcialmente mediante un repo con bancos por USD 4.900 millones, el Banco Central retomó la compra de divisas.

En las primeras semanas de enero, la autoridad monetaria acumuló USD 900 millones, una señal de recomposición de reservas que, sin embargo, se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal y contracción de la demanda interna.

El informe sugiere que, si bien la política cambiaria logró evitar tensiones inmediatas, la sostenibilidad del esquema dependerá de una eventual recuperación de la actividad y de un equilibrio más estable entre disciplina fiscal y crecimiento económico.

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