gerardo pollicita

Declaró la escribana de Manuel Adorni y ante los medios aseguró que no hubo “ninguna irregularidad”

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La escribana Adriana Nechevenko declaró durante casi 3 horas este miércoles (08/04) ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, dialogó brevemente con los medios presentes.

“Eso pregúntenle a él”, respondió cuando se la consultó sobre el origen del dinero con el que Adorni compró el departamento del barrio porteño de Caballito y la casa en el country Indio Cua.

También aseguró que no hubo “ninguna irregularidad” en la adquisición de las propiedades. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo, sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.

La escribana consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90% de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras -dos jubiladas- accedieron a financiarle con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas mañana a declarar, también como testigos, para dar precisiones sobre la venta del departamento de casi 200 metros cuadrados por 230 mil dólares, de los cuales financiaron 200 mil.

“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía.

Luego, cuando le consultaron acerca de sus 7 visitas a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

Su declaración, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de dos horas. Allí habría indicado que fue una compra-venta “con una hipoteca por saldo de precio” y remarcó que “hace muchos años” tiene un vínculo profesional y laboral tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.

Trascendió que Nechevenko presentó toda la documentación requerida por el fiscal, sin embargo, al llegar al lugar, la escribana le adelantó a la prensa y aseguró que “no iba a explicar absolutamente nada“.

Paralelamente, se investiga su pasado profesional, debido a reportes que la vinculan con servicios prestados anteriormente a organizaciones de narcotráfico. Esta declaración se suma a otras medidas en la causa, como la reciente citación a las cuatro jubiladas que figuran como prestamistas del funcionario.

Por otro lado, las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.__IP__

Las dos primeras fueron citadas este jueves 9 y las otras dos mujeres, el lunes 13.

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Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre la evolución de su patrimonio: hipotecó el departamento donde residía previamente en la ciudad de Buenos Aires y obtuvo un préstamo de 100.000 dólares, según registros oficiales.

La operación fue instrumentada el 15 de noviembre de 2024, una fecha que no pasa desapercibida: ese mismo día, su esposa, Bettina Angeletti, figura como compradora de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La simultaneidad de ambas operaciones introduce un dato clave para reconstruir la dinámica financiera del funcionario.

El crédito fue otorgado por dos personas físicas: Graciela Isabel Molina de Cancio —quien habría aportado 85.000 dólares— y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares. Ambas figuran como acreedoras en la estructura de financiamiento del matrimonio.

No se trata de la única carga sobre el inmueble. El departamento ubicado en Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, ya contaba con una hipoteca previa por 75.000 dólares, inscripta en 2014 a favor de la vendedora original. Es decir, el activo presenta doble gravamen, un dato relevante al analizar la consistencia patrimonial.

En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni reconoció deudas con ambas acreedoras, aunque por montos significativamente menores en términos nominales: 43,86 millones de pesos con Molina de Cancio y 7,74 millones con Cancio. La brecha entre los valores declarados y el monto total del crédito hipotecario abre interrogantes sobre la valuación y el registro de las obligaciones.

La figura de Molina de Cancio tampoco es menor: se trata de una comisaria retirada de la Policía Federal, que hasta 2021 se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

La operatoria se conoce en un contexto de creciente escrutinio judicial. El fiscal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, citó como testigo a la escribana interviniente en estas operaciones, Adriana Mónica Nechevenko, quien además participó en la compra de otras propiedades del funcionario.

La fiscalía solicitó la documentación completa de las transacciones, lo que permitirá reconstruir los flujos de pago, las condiciones de los créditos y la estructura de garantías.

El caso se inscribe en una secuencia más amplia. Días atrás trascendió que Adorni adquirió en 2025 un departamento en Caballito de aproximadamente 200 metros cuadrados, financiado en gran parte —cerca del 90%— mediante un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las vendedoras del inmueble.

A esto se suma la incorporación de una vivienda en un country y la compra de una camioneta Jeep Compass en marzo de 2024, pocos meses después de asumir como vocero presidencial.

En conjunto, las operaciones delinean un esquema de financiamiento basado en créditos privados garantizados con hipotecas, que creció en paralelo a su paso por la función pública y que hoy se encuentra bajo análisis judicial.

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La Justicia investiga entre 15 y 19 viajes de Manuel Adorni como funcionario y pedirá más pruebas

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La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con el ingreso a la fiscalía de un listado que registra entre 15 y 19 viajes realizados desde 2023 hasta la actualidad. El fiscal Gerardo Pollicita impulsa nuevas medidas de prueba para determinar con precisión los destinos finales, los costos y la trazabilidad de esos desplazamientos, mientras en paralelo se analizan los movimientos financieros del funcionario y su entorno cercano.

El expediente, que se originó a partir de denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, busca establecer si existe coherencia entre el nivel de gastos -especialmente en viajes- y los ingresos declarados por Adorni ante los organismos de control. El puntapié inicial fue un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, cuyo costo superó los 4.800 dólares y abrió interrogantes sobre quién financió ese traslado.

Según documentación de la Dirección Nacional de Migraciones, el registro incluye viajes oficiales y otros de carácter privado. Sin embargo, uno de los principales focos de la investigación es la falta de precisión sobre los destinos finales. En varios casos, los registros consignan escalas en países como Estados Unidos, Perú o Ecuador, pero no permiten reconstruir el itinerario completo, lo que obliga a profundizar las medidas de prueba para determinar si hubo trayectos adicionales hacia destinos no declarados.

En simultáneo, la fiscalía también analiza movimientos financieros vinculados al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, cuyos viajes -en algunos casos a Europa- también quedaron bajo observación. La pesquisa incluye además la revisión de declaraciones juradas, posibles omisiones de activos y transferencias en el exterior.

Otro eje central del expediente es el análisis patrimonial. La Justicia ordenó avanzar con la tasación de dos propiedades vinculadas a Adorni: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club y un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación de este último inmueble generó dudas adicionales por la estructura de financiamiento: el 87% del valor habría sido aportado por dos personas que, según trascendió, negaron conocer al funcionario.

En este contexto, la fiscalía buscará determinar si los valores declarados en las escrituras se corresponden con los precios de mercado. Fuentes del sector inmobiliario señalan que el departamento podría valer cerca del doble de los 230.000 dólares informados en la operación.

Adorni, por su parte, rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que brindará las explicaciones correspondientes ante la Justicia, dentro de los plazos legales. Sin embargo, el avance de las medidas de prueba anticipa una semana clave para una causa que combina viajes, patrimonio y trazabilidad financiera bajo una misma hipótesis: la posible existencia de inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de gasto.

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Adorni bajo la lupa: compró un departamento por USD 230 mil con un crédito del 90% de dos jubiladas

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió en noviembre de 2025 un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble. La operación, formalizada el 18 de ese mes, quedó asentada en la escritura de compraventa y forma parte de un expediente judicial que busca determinar la evolución patrimonial del funcionario.

La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía previamente a dos mujeres que la habían comprado meses antes. Las vendedoras, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo, no solo transfirieron el inmueble sino que además financiaron la mayor parte de la operación: otorgaron un crédito hipotecario por USD 200.000, equivalente a cerca del 90% del valor total.

Según el informe registral, cada una aportó el 50% del préstamo y quedó como acreedora en partes iguales. Este esquema permitió completar la adquisición del inmueble con un financiamiento poco habitual en el mercado inmobiliario, donde los créditos privados de este tipo son excepcionales.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, apunta a reconstruir la situación patrimonial, financiera y registral de Adorni y su entorno familiar.

Entre las medidas solicitadas se incluyen pedidos de información a registros de la propiedad, organismos de control y entidades financieras, con el objetivo de detectar activos no declarados o inconsistencias en las declaraciones juradas.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un período fiscal. Según la presentación, existirían diferencias entre las declaraciones juradas del funcionario, con omisiones de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16 millones y la incorporación de USD 24.500 en efectivo.

Además de la propiedad en Caballito, la Justicia analiza la compra de un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Registros internos del barrio privado indican que las expensas del lote comenzaron a emitirse a nombre de la cónyuge, lo que podría evidenciar una titularidad o posesión no declarada.

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni informó la titularidad del 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro en La Plata, pero no incluyó propiedades en countries ni nuevas adquisiciones recientes.

El informe de dominio del departamento de Caballito también detalla que la operación fue posible gracias al crédito otorgado por las propias vendedoras, un mecanismo que ahora es analizado por los investigadores para determinar el origen de los fondos y posibles vínculos entre las partes.

En paralelo, trascendieron cuestionamientos sobre el valor declarado del inmueble, que podría estar por debajo de los precios de mercado para propiedades similares en la zona, lo que abre otra línea de análisis dentro de la causa judicial .

La fiscalía remarcó la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” del funcionario y su entorno. Por el momento, no hay resoluciones judiciales, pero se espera que en las próximas semanas se incorporen nuevos elementos que permitan esclarecer la consistencia de su patrimonio.

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