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Enriquecimiento ilícito: la Justicia le prohibió a Manuel Adorni que salga de Argentina

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El juez federal Ariel Lijo dispuso que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni no podrá salir del país sin autorización judicial, en el marco de la investigación que lo tiene como principal imputado por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue adoptada este viernes por la noche, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsa la causa y espera nuevos informes contables para profundizar la investigación.

La resolución, dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, obliga a Adorni a solicitar autorización cada vez que desee viajar al exterior. Además, si obtiene el permiso, deberá informar su regreso al país y acreditar los traslados mediante la presentación de los pasajes utilizados.

La decisión judicial se conoce en medio de versiones sobre una eventual radicación del exfuncionario en Uruguay, posibilidad que habría sido evaluada por el entorno de Adorni debido al hostigamiento que, según trascendió, estaría sufriendo su familia.

El fiscal Pollicita aguarda para la próxima semana un informe elaborado por los peritos contables del Ministerio Público Fiscal sobre la evolución patrimonial y los movimientos financieros del exfuncionario durante los últimos meses de su gestión.

Según trascendió, el análisis incluye la adquisición de inmuebles, la compra de un vehículo, viajes al exterior, consumos con tarjetas de crédito y otras operaciones económicas realizadas mientras Adorni ejercía la Jefatura de Gabinete. Con esa información, la Fiscalía evaluará los próximos pasos del expediente y no se descarta que el exfuncionario sea citado a declaración antes del inicio de la feria judicial del 17 de julio.

Las operaciones bajo la lupa

La investigación se inició luego de que trascendiera la compra, junto a su esposa Bettina Angeletti, de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y de una vivienda en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

En su última declaración jurada patrimonial, Adorni también incorporó un departamento en la ciudad de La Plata, que atribuyó a una herencia, bien que no figuraba en presentaciones anteriores.

Uno de los episodios que concentró la atención de la causa está vinculado con las refacciones realizadas en la vivienda del country. El contratista Matías Tabar declaró haber recibido un pago de 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados y entregó su teléfono celular a la Justicia, donde constaban conversaciones mantenidas con el exfuncionario durante la ejecución de la obra. También trascendieron mensajes en los que, según distintas publicaciones periodísticas, Adorni le ofrecía ayuda para que su testimonio no lo comprometiera.

El denominado “Caso Adorni” se extendió durante más de tres meses y se profundizó tras la difusión de una fotografía en la que su esposa integraba la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei en un viaje a Nueva York.

Pese al respaldo político que recibió durante ese período por parte del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete el 27 de junio. Días después también dejó su cargo como director de YPF.

Su reemplazante es Diego Santilli, quien juró esta semana al frente de la Jefatura de Gabinete y asumió además las funciones del Ministerio del Interior tras la reestructuración del gabinete nacional.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando con nuevas medidas de prueba para determinar si el incremento patrimonial registrado durante la gestión de Adorni guarda relación con sus ingresos declarados como funcionario público.

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El country de Adorni: contratista ratificó cobros por US$245 mil

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La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo elemento de peso: el fiscal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245 mil dólares que declaró haber recibido por las obras de remodelación realizadas en la vivienda del funcionario, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La documentación fue entregada el viernes pasado, cuando Tabar se presentó espontáneamente ante la fiscalía de Comodoro Py. Allí aportó recibos y facturas vinculadas a la compra de materiales y al pago de mano de obra utilizada durante la obra. Según trascendió, todos los comprobantes coinciden con el monto señalado en su primera declaración.

De acuerdo con el testimonio del empresario, los trabajos fueron abonados en efectivo y sin factura por parte de Adorni. Además, detalló el cronograma de ejecución y la modalidad de pago utilizada durante los casi diez meses que demandó la remodelación.

Las refacciones se habrían desarrollado entre septiembre de 2024 y julio de 2025 sobre una propiedad asentada en un lote de 400 metros cuadrados. Las tareas incluyeron colocación de pisos, arreglos en baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el funcionario canceló la totalidad de la obra en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y otros 190 mil dólares abonados a lo largo de 2025.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que, mientras se realizaban las refacciones, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country. Según el contratista, ese gasto adicional alcanzó los 13 mil dólares durante el período que duraron los trabajos.

Como parte del expediente, Tabar también entregó su teléfono celular a la Justicia y brindó detalles sobre las personas que participaron en la obra: albañiles, plomeros y electricistas. Esa información podría resultar clave para reconstruir la trazabilidad de los pagos y verificar si los desembolsos declarados guardan consistencia con la evolución patrimonial del funcionario.

La causa apunta a determinar el origen de los fondos utilizados por Adorni tanto para la compra como para la remodelación de sus propiedades. En concreto, la Justicia intenta establecer si esos gastos resultan compatibles con los ingresos declarados por el actual jefe de Gabinete durante los últimos años.

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Nuevos contratos, pagos en efectivo y más dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni

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La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que el funcionario alquiló en el country Indio Cuá. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el testigo aportó nuevos contratos, conversaciones de WhatsApp y detalles de pagos realizados en efectivo y en dólares, que amplían el foco sobre el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete.

La Justicia ya había detectado que Adorni había pagado 13.000 dólares por el alquiler de una casa en ese barrio privado mientras remodelaba otra propiedad adquirida en el mismo lugar por 120.000 dólares. Ese contrato abarcó desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 y coincidió con una refacción integral de la vivienda propia, obra que estuvo a cargo del contratista Matías Tabar y que demandó una inversión estimada en 245.000 dólares entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Ahora, Rodríguez reveló que ese contrato se extendió de manera verbal por tres meses más debido a demoras en la finalización de la obra. Por ese trimestre adicional, Adorni pagó otros 2.400 dólares.

Pero no fue el único alquiler. El testigo también confirmó que ya le había alquilado la misma propiedad anteriormente, en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia. En ese caso, Adorni pasó enero y febrero de 2024 en Indio Cuá, ya como vocero presidencial designado, por un monto de 5.600 dólares.

Con ambos contratos y la extensión posterior, el actual jefe de Gabinete y su familia habrían alquilado la vivienda durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, todos abonados en efectivo y en moneda extranjera, según declaró el propietario. A esa cifra se suman las expensas de los dos lotes —el alquilado y el propio— que rondarían los 600.000 pesos mensuales cada uno.

La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo junto con el fiscal Pollicita, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Adorni guarda relación con sus ingresos declarados. El funcionario mantuvo congelado su salario en torno a los 3,5 millones de pesos mensuales hasta comienzos de este año, cuando se le duplicó la remuneración.

La Justicia también analiza los movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años. A pedido de la fiscalía, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal realizará un cruce integral entre ingresos y egresos para detectar eventuales inconsistencias patrimoniales.

Según la reconstrucción del expediente, al funcionario se le atribuyen erogaciones por al menos 380.000 dólares solo en el segmento inmobiliario, mientras que las deudas declaradas junto a su esposa superarían los 335.000 dólares, con vencimientos mayoritarios previstos para noviembre de este año.

Hasta el momento, Manuel Adorni no presentó explicaciones formales ante la Justicia. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas, y el propio funcionario adelantó que será entonces cuando brindará el detalle completo de su patrimonio.

El caso se volvió uno de los frentes más sensibles para el oficialismo, no solo por el peso político del vocero presidencial devenido jefe de Gabinete, sino porque la investigación pone bajo observación la coherencia entre los ingresos públicos y un nivel de gastos que, al menos en los papeles judiciales, comienza a mostrar más preguntas que respuestas.

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Cómo quedó la casa del country de Adorni tras las refacciones por USD 245.000

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La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la difusión de las primeras imágenes de cómo quedó su casa de fin de semana en el country Indio Cuá, tras una reforma integral que demandó una inversión de 245.000 dólares.

Las fotografías y la documentación incorporadas al expediente judicial muestran una transformación total de la propiedad: desde la estructura principal hasta la galería, la cocina, los pisos, la pileta, la parrilla y el mobiliario exterior. Según consta en la causa, la remodelación comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni todavía se desempeñaba como vocero presidencial.

El contratista Matías Tabar, quien declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, detalló bajo juramento los trabajos realizados y los montos involucrados.

En una primera etapa, explicó que el encargo incluyó la remodelación de la entrada y el garage, la demolición de la antigua galería y la construcción de una nueva, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior, renovación de puertas, mejoras en la escalera, una nueva parrilla, la modernización completa de la cocina —con nuevas mesadas, isla y desayunador—, además de ajustes de iluminación y otras intervenciones generales.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la intervención en la pileta: fue climatizada, rellenada para reducir su profundidad y revestida con piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Además, se le agregó una cascada lateral cuyo costo fue de 3.500 dólares.

La parrilla también aparece como uno de los ítems destacados de la obra. Según la declaración del contratista, Adorni pagó 13.800 dólares entre materiales y mano de obra, a lo que se sumaron otros 2.000 dólares por un horno instalado en la galería.

A esto se agregaron cinco pedidos de carpintería por montos significativos: 8.000 dólares en diciembre, 6.400 dólares días después, 19.000 dólares en abril, 7.500 dólares en junio y 3.300 dólares en julio.

Tabar también relató que, con el avance de la obra, Adorni y su esposa Bettina Angeletti solicitaron nuevas “refacciones extra” que se fueron incorporando al presupuesto original. Según su testimonio, el funcionario le delegó la coordinación general de la obra: el contratista pedía presupuestos, los presentaba, recibía el dinero en efectivo y luego realizaba los pagos a proveedores.

El dato más sensible para la causa judicial es la modalidad de pago. Siempre según la declaración testimonial, los desembolsos se realizaron “en negro” y en efectivo: primero 55.000 dólares a fines de 2024 y luego el resto durante 2025 en distintas cuotas de 30.000, 100.000, 30.000 y 50.000 dólares, quedando un saldo pendiente de 20.929 dólares que luego habría sido cancelado.

De acuerdo con la reconstrucción patrimonial realizada en la investigación, el jefe de Gabinete habría gastado al menos 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años, mientras mantiene deudas inmobiliarias por otros 335.000 dólares, de los cuales 270.000 deberían cancelarse antes de noviembre de este año.

La investigación del fiscal Pollicita apunta precisamente a determinar si ese nivel de gasto resulta compatible con los ingresos y ahorros declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.

Fuentes cercanas al funcionario señalaron que en los próximos días presentaría su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, documento clave para el avance de la causa.

Mientras tanto, las imágenes de la casa terminada y el detalle de los pagos reavivan el debate político sobre el patrimonio de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei.

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Las prestamistas declararon que Adorni les debe 70 mil dólares

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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones testimoniales de las mujeres que financiaron la compra de su departamento en Caballito. Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, las acreedoras ratificaron la existencia de un crédito privado y precisaron las condiciones del acuerdo, mientras la Justicia avanza sobre la trazabilidad de los fondos.

Según los testimonios de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, el financiamiento fue otorgado en noviembre de 2024 por un total de 100.000 dólares, bajo la modalidad de préstamo hipotecario no bancario. De ese monto, Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.

Las testigos indicaron que el acuerdo contempla cuotas mensuales en curso y un vencimiento final previsto para noviembre de este año. Además, detallaron que el crédito fue pactado con una tasa de interés del 11% anual. De acuerdo con lo declarado, al funcionario aún le resta cancelar un saldo de 70.000 dólares más intereses.

En paralelo, la investigación judicial busca determinar si las acreedoras -ambas integrantes de la Policía Federal- contaban con la capacidad económica suficiente para otorgar el financiamiento, así como reconstruir el origen de los fondos utilizados en la operación inmobiliaria.

Un punto de tensión en el expediente surge a partir del testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la certificación de firmas tanto de este inmueble como de otra propiedad en Exaltación de la Cruz. La profesional negó la existencia de préstamos en efectivo y sostuvo que la operación se encuadró dentro de un esquema “normal”, describiéndola como una compraventa con pago en cuotas, es decir, un financiamiento directo entre partes y no un crédito externo.

La causa continuará esta semana con nuevas declaraciones. Para el miércoles 15 están citadas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, también vinculadas a la compra del inmueble. En tanto, la semana pasada prestó testimonio vía Zoom el exfutbolista Hugo Morales, quien había sido el propietario original del departamento antes de venderlo a las actuales acreedoras.

Con estos elementos, la Justicia busca determinar si existió un circuito financiero transparente o si hay inconsistencias que puedan configurar un incremento patrimonial no justificado.

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