Glaciares

Mendoza y una comparación necesaria

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Las bases científicas que hoy justifican el desastre ambiental llevado a cabo en Mendoza son perfectamente comparables con los argumentos pseudocientíficos que argumentaron el holocausto de la Alemania nacional socialista.

La “eugenesia” es un término que refiere a las prácticas y creencias que promueven la idea de “mejorar” la genética humana propiciando la reproducción de aquellos que posean las características “deseables” en tanto a aspecto o inteligencia y, por otro lado, evitan la multiplicación de aquellos que posean características “indeseables”. El término fue acuñado en 1883 por Francis Galton, primo hermano de Charles Darwin, quien lo definió como “la ciencia de la mejora de la raza“. En sus inicios, la eugenesia ganó popularidad entre intelectuales y políticos, especialmente a principios del siglo XX, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y los países nórdicos. A lo largo de la historia, la eugenesia, ha sido argumento de diversas violaciones de los derechos humanos, a continuación, unos ejemplos: La colonización de América se sustentó en una eugenesia basada en la supremacía racial y religiosa, que consideraba a indígenas y africanos como razas inferiores. Promovió su eliminación, desplazamiento, mestizaje forzado y el “blanqueamiento” de la población para “mejorar” la composición humana del continente según el modelo europeo, sentando así las bases ideológicas de la eugenesia moderna. “La conquista del desierto” en Argentina, también representó la purga de indígenas de la Patagonia por orden de Sarmiento, cuyo busto se venera en las escuelas primarias de Argentina. La esclavitud tanto en estados unidos como en el resto de América, en el transcurso de los siglos XIX y XX, fue respaldada por la nueva teoría “científica” que dio en llamarse eugenesia, lo que derivó en el holocausto, el genocidio sionista sobre palestina, y otras guerras y segregación hacia todo aquello que no cumpla con el estándar de raza deseable.

Pero, qué tiene que ver esto con Mendoza?

Al igual que con la eugenesia, los argumentos que intentan respaldar la megaminería de cobre bajo los términos que establece el gobierno nacional son una farsa demasiado evidente, claro, al mismo tiempo que representa un peligro inminente para millones de personas.

El proyecto San Jorge ha causado revueltas en la población civil por el asunto del agua, pero ¿Por qué? Claro, por un lado, el proyecto megaminero de producción de cobre fino requerirá 141 Litros de agua dulce por segundo, 12,1 Millones de Litros al día, suficiente para satisfacer a 4,7 Millones de personas, el 10% del País. Por otro lado, las perforaciones de las que se obtiene agua potable en Mendoza promedian los 120m de profundidad, y como el “tajo” del PSJ (Proyecto San Jorge) trasciende los 300m, el agua potable se acidificará con residuos tóxicos. Mendoza dedica actualmente el 82% de su agua a la irrigación de cultivos, los cuales, por su alta calidad, hacen que podamos hoy enorgullecernos del prestigio de nuestros vinos y frutas provenientes de la “capital del vino”.

Pero, ¿Que importa? Lo importante es que estamos trayendo inversiones del exterior ¿No? Lo importante es que estamos creando trabajo ¿No?

El PSJ es el primer gran proyecto de Mendoza en adherirse al nuevo Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de LLA. La Inversión necesaria para crear el PSJ es de 3.5 billones de pesos, con lo que se esperan lograr entre 16 y 27 años de producción de cobre en un mundo con demanda extrema de cobre debido al desarrollo tecnológico. En contraposición a Chile, de dónde se extrae gran parte del cobre de todo el mundo, nosotros tendremos una renta del 16% de las ganancias para el Estado, mientras que en Chile no baja del 45%. Y a esto se le suma que los recursos que actualmente administra el Estado no se dirigen a la educación ni a proyectos que beneficien a los trabajadores.

¿Puestos de trabajo?

A Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y simpatizante político de las estrategias económicas de Javier Milei, le enorgullece anunciar la masiva cantidad de empleos que generará el PSJ: 3.900 puestos de trabajo durante la construcción del proyecto (2 a 3 años) y 2.400 puestos una vez en marcha (16 a 27 años). No hace falta aclarar que fui sarcástico cuando el número de beneficiados cabe en cuatro cifras mientras que el de afectados es de siete. Es difícil defender esta iniciativa cuando todos los números hablan de genocidio silencioso (hay cada vez más macanas y menos derechos), destrucción del medio ambiente y de regalar nuestros recursos naturales a empresas suizas.

Comparar el proyecto megaminero de San Jorge con la eugenesia de la Alemania nazi no es exagerado, ya que las consecuencias de que más proyectos como este sigan llegando al país implican que no sea solo el agua la que se nos quite en pos de un propósito que es ajeno a la población civil.

Lamentablemente lo más probable sea que las miles de personas que se manifestaron en contra del PSJ no logren cambiar nada, ya que 3.5 billones de pesos es mucho dinero y el gobierno nacional parece tener claras sus intenciones cuando invierte en “seguridad” y compra aviones F-16 en lugar de comprar aviones hidrantes para los incendios de este verano.

Hay quienes afirman que, de lograrse masividad en las protestas contra el proyecto, podría evitarse su construcción. Yo, aunque la realidad me aplaste cada vez más, “elijo creer”.

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Glaciares en debate: críticas técnicas y constitucionales a la reforma que el Senado tratará en febrero

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El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial obtuvo dictamen en el Senado tras un trámite acelerado, pero enfrenta un rechazo contundente de especialistas, organizaciones ambientales y referentes científicos, que advierten sobre un debilitamiento estructural del régimen de protección ambiental, riesgos para la seguridad hídrica y mayor incertidumbre jurídica. La iniciativa será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero.

El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. En apenas dos días, el oficialismo logró dictaminar el proyecto pese a las objeciones técnicas, constitucionales y ambientales planteadas durante las exposiciones. El tratamiento parlamentario, inicialmente previsto para el 26 de diciembre, fue finalmente postergado para febrero.

Cambios estructurales y cuestionamientos constitucionales

Durante el encuentro, los expositores coincidieron en que la reforma propuesta introduce modificaciones de fondo a la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, al alterar el esquema de presupuestos mínimos de protección ambiental previsto en la Constitución Nacional. Según advirtieron, la iniciativa reduce el alcance del régimen nacional y fragmenta los criterios de protección de bienes comunes estratégicos como el agua.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que el proyecto “reduce el área de protección glaciar —que actualmente alcanza apenas el 0,21% del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos”. Además, remarcó que la iniciativa transfiere a las provincias la facultad de definir qué glaciares deben ser protegidos, lo que “desmantela el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país”.

En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que la reforma “tira por la borda la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos” y alertó sobre el precedente que podría sentar para otras normas ambientales vigentes. “¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques, por los ríos, por la Ley General del Ambiente?”, planteó.

Ciencia, crisis climática y falta de participación

Desde el ámbito científico, las críticas se centraron en la ausencia de consultas previas y en la celeridad del tratamiento legislativo. Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, calificó como “inadmisible” que el proyecto no haya sido consultado con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo de referencia establecido por la propia ley vigente para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

Pablo E. Villagra, director del IANIGLA, recordó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió reconocimiento de la comunidad glaciológica internacional y no presenta errores significativos, además de encontrarse actualmente en proceso de actualización.

Agostina Rossi, de Greenpeace Argentina, advirtió que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y sostuvo que la distinción entre glaciares “útiles” y “no útiles” carece de sustento científico. “Los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”, afirmó.

Las organizaciones también cuestionaron la escasa participación pública y el carácter exprés del proceso legislativo, señalando que la iniciativa no replica el nivel de debate y consenso que acompañó la sanción original de la ley.

Minería, inversiones y licencia social

Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) plantearon que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre normativa y que la reforma busca adecuar el marco regulatorio del sector. Alfredo Vitaller, por CAEM, sostuvo que acompañan la protección de los glaciares “en tanto cumplan su función como reserva de agua”.

Sin embargo, desde las organizaciones ambientales y científicas se advirtió que la reforma no generará mayor seguridad jurídica ni atraerá inversiones de largo plazo. Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, afirmó que “las empresas serias buscan certidumbres y estándares ambientales altos” y que “los flujos de inversión más importantes van a los países con mayor protección ambiental”. En ese sentido, remarcó que flexibilizar la ley “profundizará la incertidumbre normativa y debilitará la licencia social para operar”.

Durante la jornada también expusieron los gobernadores de San Juan y Catamarca, quienes defendieron la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo minero. El gobernador de Catamarca destacó que la actividad genera cerca de 3.000 empleos directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 puestos adicionales, subrayando su impacto en la economía local y en la diversificación productiva.

Un debate abierto con impacto institucional

Con dictamen favorable, el proyecto será tratado en el recinto del Senado el próximo 10 de febrero, tras un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Las organizaciones ambientales, científicas y sociales reiteraron su pedido para que no se avance con una reforma que, según sostienen, reduce los niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica en un contexto de crisis climática.

“La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, enfatizaron los expositores, al tiempo que reclamaron un debate más amplio, con base científica y participación efectiva, antes de modificar uno de los pilares del régimen ambiental argentino.

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