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Argentina LNG: YPF proyecta hasta US$300.000 millones de exportaciones y apunta a iniciar obras en febrero

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El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, habló sobre el proyecto “Argentina LNG” y el financiamiento del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM Bank, por sus siglas en inglés), y afirmó que se generarán exportaciones de entre US$ 200.000 millones y US$ 300.000 millones.

El titular de la petrolera de bandera sostuvo que el proyecto, que se realiza en conjunto con la compañía italiana Eni y XRG -de Emiratos Árabes Unidos-, “será una realidad a fines de noviembre”, donde buscarán llegar a la firma y que se lleve a cabo en Buenos Aires.

“Si se logra eso, en febrero empezamos las obras”, indicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Respecto a cómo se consiguió el financiamiento de US$6.000 millones del EXIM, Marín afirmó que la relación entre el Gobierno argentino y el de Estados Unidos “ayudó muchísimo”.

El banco estadounidense firmó con el Ejecutivo un acuerdo para movilizar financiamiento por hasta US$ 7.000 millones hasta 2027 destinado a sectores estratégicos.

El denominado marco “Build the Future” incluye entre sus prioridades el desarrollo y procesamiento de minerales críticos, la seguridad energética y modernización de la red eléctrica, la conectividad digital y los sistemas seguros, además del sector espacial comercial y las tecnologías avanzadas.

“Es la primera vez que el EXIM Bank da un monto tan grande en Latinoamérica”, dijo el empresario y agregó que se generarán alrededor de 20.000 puestos de trabajo.

A su vez, adelantó que para 2045 se exportarán más de US$ 20.000 millones de Gas Natural Licuado (GNL). “Sin el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) no hubiera habido la inversión que hay hoy”, precisó.

En ese sentido, el titular de YPF aseguró que estos proyectos van a “retrasar, encarecer e impedir” la explotación y extracción de petróleo en las Islas Malvinas, en medio de la disputa que hay entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas.

Qué va a pasar con el precio de los combustibles

Por último, Marín habló sobre los precios de combustibles y la escalada del precio del petróleo internacional. Sostuvo la política de “buffer” (congelamiento de precios) y explicó que el precio se determina en base a la oferta y la demanda.

“No podés bajar y subir todos los días, es una incertidumbre terrible. No hay que tomar decisiones apresuradas”, detalló.

“Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100. La mayoría de las consultoras que analizan estas variables no prevén este escenario”, concluyó.

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El Gobierno avanza con la privatización del GNL: dos ofertas en carrera y definición clave el 21 de abril

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El proceso para privatizar la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) dio un paso concreto: dos empresas presentaron sus ofertas técnicas en la licitación impulsada por Energía Argentina (ENARSA), y el cronograma ya fija fechas críticas. El próximo lunes 13 de abril a las 9 se abrirán las propuestas económicas y la adjudicación está prevista para el 21 de abril. En un contexto de alta demanda energética y reformas estructurales en marcha, la decisión no es solo administrativa: define quién manejará un insumo clave para el invierno y hasta dónde el Gobierno avanza en su política de desregulación.

La señal es nítida. Aun con la expansión de Vaca Muerta, Argentina deberá importar unos 20 buques de GNL para sostener el abastecimiento durante los meses fríos. La pregunta que sobrevuela el proceso es si el traslado de esa operatoria al sector privado mejora eficiencia o abre un nuevo frente de discusión sobre el control de recursos estratégicos.

De la gestión estatal al operador privado

La licitación, gestionada por ENARSA, busca seleccionar un “agente comercializador–agregador” que asuma la importación del GNL y su venta como gas regasificado en el mercado interno. En términos prácticos, implica reemplazar la gestión directa del Estado en la terminal de regasificación de Escobar por un esquema donde el riesgo comercial y la operatoria quedan en manos privadas.

El proceso se desarrolla en dos etapas. Primero, la evaluación técnica —ya cumplida con la presentación de dos oferentes—. Luego, la apertura del Sobre 2 con las propuestas económicas, que definirá la competitividad de cada oferta. El acto será transmitido por streaming, en línea con la intención oficial de dotar de visibilidad al procedimiento.

Detrás de este movimiento hay un marco normativo claro. La iniciativa se inscribe en la Ley Bases, que habilita la privatización de activos y operaciones de ENARSA y promueve la desinversión estatal en actividades consideradas transferibles al sector privado. El objetivo declarado es sustituir la intervención estatal por un esquema de competencia.

Energía, reformas y rediseño del Estado

La licitación del GNL no es un hecho aislado. Forma parte de una secuencia más amplia de decisiones que impactan sobre toda la cadena energética. En paralelo, el Gobierno activó el proceso para vender su participación en CITELEC, controlante de TRANSENER, y avanzó con cambios regulatorios en el mercado de combustibles y gas.

El denominador común es el mismo: reducir la presencia del Estado en la operatoria comercial. En el caso del GNL, la decisión adquiere una dimensión particular porque se trata de un insumo crítico en momentos de alta demanda, cuando el sistema energético enfrenta sus mayores tensiones.

La lógica oficial plantea que el sector privado puede gestionar con mayor eficiencia estas operaciones. Sin embargo, la necesidad estructural de importar gas —aun con producción local en crecimiento— expone límites en la infraestructura de transporte y mantiene la dependencia de decisiones estratégicas en un mercado sensible.

Impacto de la licitación

El avance de esta licitación fortalece el perfil del Gobierno en su agenda de reformas estructurales y consolida su discurso de apertura económica. Al mismo tiempo, desplaza el centro de gravedad de la toma de decisiones hacia actores privados, que pasarán a tener un rol directo en el abastecimiento energético durante el invierno.

En términos de mercado, el cambio puede modificar incentivos y dinámicas de competencia en la comercialización de gas. En términos políticos, introduce un factor adicional en la discusión sobre soberanía energética y capacidad de regulación estatal, especialmente en un contexto de volatilidad internacional en los precios del petróleo y el gas.

La simultaneidad con otros procesos de privatización refuerza la idea de un rediseño integral del esquema energético, donde la intervención estatal se reduce y el sector privado gana terreno en eslabones clave.

Un proceso que se define, pero no se agota

El 21 de abril marcará un punto de cierre formal para la adjudicación del contrato, pero no necesariamente el final del debate. La implementación del nuevo esquema, la respuesta del mercado y el comportamiento del sistema durante el invierno serán variables decisivas para medir el impacto real de la medida.

En las próximas semanas, la atención se concentrará en el resultado económico de las ofertas y en la capacidad del adjudicatario para garantizar abastecimiento sin sobresaltos. Pero también en algo más profundo: si este modelo logra consolidarse o si reabre tensiones sobre el rol del Estado en sectores estratégicos.

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El salto del GNL por la guerra complica la hoja de ruta de Milei

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La escalada en Medio Oriente golpeó en un punto sensible de la estrategia energética de Javier Milei: justo cuando el Gobierno buscaba trasladar al sector privado la importación de Gas Natural Licuado (GNL), el ataque a las instalaciones de Ras Laffan, en Qatar, disparó 30% el precio internacional y puso bajo presión un esquema que todavía no terminó de cerrarse. Con 20 buques proyectados para cubrir la demanda del invierno y sin definición aún sobre quién será el comercializador, la administración libertaria enfrenta una tensión que excede lo técnico: sostener el ajuste de subsidios sin abrir un nuevo frente de conflicto sobre tarifas, abastecimiento y costos industriales. La pregunta ya no es solo cómo importar gas, sino quién absorberá el impacto de una crisis externa que llegó antes de que el modelo terminara de implementarse.

Una decisión oficial que quedó expuesta antes de madurar

La decisión política ya estaba tomada. Según el texto base, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial del 6 de febrero que las adjudicaciones de GNL para este año pasarían al sector privado, rompiendo con un esquema en el que durante los últimos 18 años esa diferencia de precio había sido absorbida por el Estado Nacional a través de subsidios energéticos. El giro no era menor: implicaba descargar sobre los usuarios del sistema un costo que hasta ahora se amortiguaba con recursos del Tesoro.

La definición encaja con el programa económico de Milei y con la línea de ajuste que empuja Luis Caputo, decidido a recortar aún más el peso de los subsidios. Pero el nuevo contexto internacional alteró el tablero. El precio internacional del GNL, que ya supera los US$20 por millón de BTU, quedó muy por encima de los valores pagados por Enarsa en 2025, cuando adjudicó 27 buques a precios de entre US$11,477 y US$13,666 por millón de BTU. Esa brecha no es un dato abstracto: es el corazón del problema político y regulatorio.

La propia María Tettamanti, secretaria de Energía, explicitó el criterio oficial. “Estamos tomando la decisión de que pague el GNL el que lo usa”, sostuvo en el evento Vaca Muerta Insights, al señalar que el costo recaería mayormente sobre la generación, que el año pasado explicó el 60% del consumo, y el resto se repartiría entre industria y residenciales. Sin embargo, también introdujo una condición: avanzarían en esa línea si en la licitación encontraban “valores razonables”. Esa aclaración muestra que el Gobierno defiende el cambio de esquema, pero no desconoce que el precio internacional puede volverlo políticamente más costoso.

El autoabastecimiento avanza, pero no llega a tiempo para este invierno

El trasfondo de esta discusión es conocido: Vaca Muerta mejoró la producción local y las obras de infraestructura avanzan, pero el autoabastecimiento total todavía no alcanza para cubrir el pico invernal. Por eso, los analistas prevén que Argentina deberá importar 20 buques de GNL este invierno. El problema es que el nuevo sistema se estrena en medio de una crisis global, con precios más altos y un cronograma apretado.

A esa fragilidad se suma una limitación estructural que el propio texto expone con claridad. La distribuidora Ecogas, en una carta enviada a un cliente industrial, advirtió que para el invierno 2026 las distribuidoras no dispondrán de transporte firme suficiente para abastecer totalmente la demanda no prioritaria. Traducido al lenguaje político: la prioridad seguirá siendo garantizar el servicio residencial y esencial, mientras la industria vuelve a quedar expuesta a cortes o a la necesidad de comprar gas importado para sostener actividad.

El antecedente inmediato también pesa. Tanto en 2024 como en 2025 hubo cortes a industrias con contratos interrumpibles y escasez de GNC durante el invierno. En el sector, incluso, anticipan un escenario similar para este año. Eso convierte a la discusión sobre el GNL en algo más que un debate tarifario: también es una discusión sobre administración de escasez, competitividad industrial y capacidad del Gobierno para evitar que un conflicto externo erosione su discurso de normalización energética.

La correlación de fuerzas: ajuste fiscal, sector privado y usuarios bajo presión

Lo que está en juego es una redistribución del costo energético. El Estado quiere retirarse de una cobertura que sostuvo durante casi dos décadas. El sector privado debe asumir la importación, pero todavía no se definió quién será el comercializador. Y los usuarios que efectivamente consuman ese gas —usinas térmicas, industrias y eventualmente residenciales— quedan en la línea de impacto de un precio internacional que se disparó.

Ese reparto condiciona a todos los actores. Para el Gobierno, el desafío es sostener consistencia fiscal sin provocar un salto desordenado en costos energéticos que termine filtrándose a precios o afectando la actividad. Para las industrias, la amenaza no es solo pagar más caro, sino enfrentar restricciones de abastecimiento si la logística no llega a tiempo o si el sistema prioriza otros consumos. Para el sector privado, la licitación de comienzos de abril y la adjudicación prevista hacia fines de ese mes abren una ventana de decisión muy estrecha en un mercado internacional alterado por la guerra.

Por eso no sorprende que el Gobierno no descarte compras a través de Enarsa en estos días. Sería, en los hechos, una válvula de contingencia frente a un esquema privatizador que todavía no logró consolidarse. Allí aparece una tensión estratégica: el oficialismo busca retirarse, pero la emergencia internacional lo obliga a mantener herramientas de intervención que creía en retirada.

Un movimiento táctico bajo fuego externo

El plan energético oficial no quedó anulado, pero sí entró en una zona más incómoda. El argumento estructural del Gobierno sigue en pie: hay mayor producción local, mejor disponibilidad de transporte y una expectativa de sistema “mucho más robusto”, con un superávit comercial energético que, según el texto, en 2026 se estima por encima de los US$7.000 millones. Esa mejora de fondo le da a la administración Milei un respaldo político para sostener que el país ya no está en la misma fragilidad que en años anteriores.

Sin embargo, el invierno no se gestiona con proyecciones de largo plazo, sino con decisiones inmediatas. Y ahí el conflicto en Medio Oriente volvió más áspera la transición entre un sistema subsidiado y otro con mayor exposición privada y traslado de costos. La ampliación del gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS), promete mejorar aún más la disponibilidad de transporte en 2027. Pero esa respuesta llega después del cuello de botella actual.

En las próximas semanas habrá que mirar tres variables. Primero, si la licitación logra atraer interesados en condiciones compatibles con la estrategia oficial. Segundo, si el Gobierno termina usando a Enarsa como respaldo operativo ante la urgencia. Y tercero, cómo se distribuye finalmente el costo de un GNL más caro en un sistema que ya admite tensiones entre abastecimiento, subsidios y competitividad. Milei quiso convertir la importación de gas en una señal de mercado. La guerra, por ahora, la devolvió al terreno más clásico de la política: quién decide, quién cede y quién paga.

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Ataques en Qatar e Irán sacuden el mercado del gas y colocan a Vaca Muerta en un nuevo mapa estratégico

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Los ataques a infraestructura energética en Qatar e Irán empezaron a producir algo más serio que un rebote de precios: reordenaron, al menos de manera incipiente, la conversación global sobre quién puede garantizar oferta de gas en un mundo atravesado por guerras, cuellos de botella logísticos y una transición energética todavía incompleta. En ese nuevo tablero, el dato político no es solo que el Brent haya superado los US$119 intradiarios o que el gas europeo haya tocado máximos de varios años. Lo central es que el conflicto alcanzó activos sensibles del sistema exportador de gas natural licuado y abrió una pregunta de fondo sobre abastecimiento, no únicamente sobre cotización. En ese escenario, Vaca Muerta empieza a ser leída como algo más que una promesa productiva argentina: aparece como una plataforma potencial en una geografía alejada de los focos de guerra, con capacidad de ganar valor estratégico si la crisis se prolonga.

Ras Laffan, Qatar e Irán: cuando el riesgo deja de ser financiero y pasa a ser físico

La alarma creció a partir del ataque a Ras Laffan Industrial City, en Qatar, señalado como el principal nodo exportador de GNL del mundo y sede de instalaciones clave como la planta Pearl GTL. La referencia no es menor. Si el conflicto alcanza ese tipo de infraestructura, ya no se discute solo la volatilidad habitual de los mercados energéticos frente a una escalada bélica. Lo que entra en juego es la integridad de una red que sostiene buena parte del abastecimiento internacional de gas.

Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, planteó esa diferencia con claridad. Según explicó, “la reacción de los mercados no puede interpretarse como un simple sobresalto geopolítico” porque lo que empieza a descontarse es una posible restricción física de oferta, en particular en gas. La observación importa porque marca un cambio de fase: cuando la amenaza deja de estar asociada únicamente al nerviosismo inversor y empieza a vincularse con la capacidad material de producir y exportar, el problema deja de ser transitorio.

En ese punto, el gas aparece más expuesto que el petróleo. Carnicer sostuvo que el petróleo conserva un mercado más flexible y mayor margen para redireccionar cargamentos, mientras que el gas depende de una cadena de infraestructura mucho más rígida. Esa diferencia técnica tiene traducción política y económica inmediata: si se afecta una gran planta exportadora de GNL, la tensión puede pasar rápidamente de los precios al abastecimiento.

El mercado ya reaccionó, pero el problema puede ser más profundo

La primera reacción fue visible. El Brent superó los US$119 intradiarios, el gas europeo escaló a máximos de varios años y el mercado estadounidense también registró subas. Sin embargo, el texto base sugiere que esa respuesta puede ser apenas la superficie de un problema más complejo.

Carnicer advirtió sobre un posible escenario de escasez si las interrupciones se prolongan. La definición es relevante porque no plantea solo una crisis de costos, sino un cuello de botella más severo. “Cuando el cuello de botella es material, la sustitución es más lenta, más cara y más incompleta”, señaló. Eso implica que, aun con mercados dispuestos a pagar más, la reposición de oferta no necesariamente será rápida ni suficiente.

Esa tensión modifica el marco en el que se moverán gobiernos, empresas y grandes consumidores. Ya no se trata solo de absorber una suba coyuntural en los valores de la energía. Lo que aparece es la posibilidad de una competencia más intensa por cargamentos en el mercado spot, presión sobre la generación eléctrica y márgenes más estrechos para los países que dependen del GNL importado para sostener su matriz.

La comparación con Europa muestra que esta vez el problema puede ser más severo

El paralelo con la crisis energética europea tras la guerra entre Rusia y Ucrania ayuda a dimensionar el problema, pero también marca una diferencia importante. Carnicer recordó que, en aquel caso, el gas existía, aunque se había roto la relación política y comercial entre las partes. En la crisis actual, en cambio, el riesgo potencialmente más grave reside en la afectación de la capacidad física de producir y exportar.

Ese matiz cambia la naturaleza del desafío. Cuando lo que se deteriora es la infraestructura crítica, las alternativas tardan más en aparecer y el costo de reemplazo crece. De allí surge una lectura más amplia sobre seguridad energética global: la concentración de oferta en pocos nodos y regiones expone al sistema a shocks de magnitud cuando alguno de esos centros entra en zona de guerra o amenaza permanente.

En otras palabras, el conflicto en Medio Oriente no solo impacta por su escala actual, sino porque desnuda una debilidad estructural del mercado mundial del gas. La arquitectura energética global sigue dependiendo de polos muy concentrados, y esa dependencia se vuelve más costosa cada vez que la geopolítica atraviesa el corazón mismo de la infraestructura.

Vaca Muerta gana centralidad en un tablero que exige diversificación

Es allí donde aparece Vaca Muerta. No como reemplazo inmediato de Qatar, algo que el propio Carnicer descartó, sino como una pieza que podría ganar peso dentro de una arquitectura energética más equilibrada. El especialista sostuvo que el yacimiento argentino adquiere valor estratégico por su escala, su productividad y, sobre todo, por estar ubicado lejos de los principales focos de conflicto.

La clave de esa afirmación no está solo en el potencial geológico. Está en la geografía y en el contexto. Si el mercado internacional empieza a internalizar que la infraestructura del Golfo puede convertirse en blanco recurrente, entonces toda nueva plataforma exportadora ubicada fuera de esa región mejora su posicionamiento estratégico. Dicho de otro modo, el valor de Vaca Muerta no depende únicamente de lo que produce, sino también de dónde está y de qué riesgo evita.

Ese cambio de percepción puede tener consecuencias concretas. Los proyectos de exportación de GNL en desarrollo en Argentina pasan a ser observados bajo otra lógica. Ya no solo como iniciativas de largo plazo para monetizar recursos, sino como parte de una discusión más amplia sobre confiabilidad del suministro y diversificación global de proveedores.

Qué implica para Argentina: oportunidad, pero también exigencia

La oportunidad existe, aunque el texto base también pone un límite a cualquier sobreactuación. Carnicer remarcó que Vaca Muerta no puede reemplazar en el corto plazo el volumen de Qatar. Esa precisión importa porque evita convertir una ventana estratégica en una ilusión desmedida. El reposicionamiento argentino, si ocurre, será gradual y dependerá de que los proyectos de exportación avancen con escala y consistencia.

Aun así, el nuevo contexto le agrega densidad política a la agenda energética local. Si el mercado global empieza a premiar diversificación geográfica y proveedores confiables, entonces la discusión sobre infraestructura, capacidad exportadora y desarrollo de GNL deja de ser solo un tema sectorial. Se convierte en una cuestión de inserción internacional y de oportunidad económica en un momento en que la seguridad energética vuelve al centro del debate global.

También cambia el tipo de competencia. La carrera ya no será únicamente por costos o productividad. Será por confiabilidad, estabilidad de oferta y capacidad de construir plataformas exportadoras en territorios menos expuestos a la disrupción bélica. En esa liga, Vaca Muerta puede ganar protagonismo si logra transformar su ventaja de recurso en capacidad concreta de abastecimiento.

Un sistema energético más vulnerable de lo que parecía

El trasfondo de todo esto es menos coyuntural de lo que sugieren los movimientos diarios del Brent o del gas europeo. Lo que dejan al descubierto los ataques en Qatar e Irán es una fragilidad de diseño. Hay demasiada oferta crítica concentrada en pocos nodos, y eso convierte a cada episodio militar en una amenaza sistémica.

Carnicer lo resumió al advertir que la seguridad energética del siglo XXI requerirá no solo más energías limpias, sino también mayor diversidad de proveedores confiables. La frase no discute la transición energética; la complejiza. Porque incluso en una matriz en transformación, el gas sigue siendo un insumo clave para generación eléctrica, industria y respaldo del sistema.

Por eso, el golpe sobre la infraestructura del Golfo no se lee solo como un evento regional. Funciona como una señal para gobiernos, mercados y empresas sobre el tipo de vulnerabilidades que seguirán marcando la agenda energética internacional.

Lo que habrá que mirar en las próximas semanas

En el corto plazo, habrá que seguir dos variables. La primera es la duración y profundidad de las interrupciones sobre la infraestructura energética atacada en Qatar e Irán. La segunda, cómo se reacomodan los compradores de GNL en un mercado spot que podría volverse más competitivo y más caro.

En paralelo, empezará a tomar forma otra discusión: si la crisis acelera decisiones de inversión en nuevos polos exportadores fuera del Golfo. Allí Vaca Muerta puede empezar a ser mencionada con mayor frecuencia, no como solución inmediata, sino como parte de una estrategia internacional de diversificación.

La oportunidad está abierta, pero todavía no cerró en forma de ventaja consolidada. Dependerá menos del impacto retórico del conflicto y más de la capacidad de transformar una ventana geopolítica en estructura exportadora real.

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El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027 y fijó un precio tope al GNL para los próximos inviernos

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El Poder Ejecutivo extendió la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2027 y estableció un régimen transitorio de precio máximo para la comercialización interna del Gas Natural Licuado (GNL) durante los próximos dos inviernos. La decisión fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2026, y responde a la persistencia de restricciones estructurales en la infraestructura de transporte de gas, que obligan a sostener importaciones para garantizar el abastecimiento invernal.

El decreto reconoce que las obras de ampliación de capacidad de transporte recién entrarían en operación en el invierno de 2027, lo que mantiene vigente un escenario de vulnerabilidad energética. En ese marco, el Ejecutivo avanzó con una redefinición del esquema de importación y comercialización de GNL, con el objetivo de asegurar suministro, reducir costos y limitar riesgos derivados de una situación de hecho monopólica en la regasificación.

Emergencia energética: fundamentos técnicos y prórroga hasta 2027

La medida prorroga la emergencia declarada originalmente por el Decreto 55/2023, luego extendida por los Decretos 1023/2024 y 370/2025, y se apoya en el marco normativo de las Leyes 17.319 (Hidrocarburos), 24.076 (Gas Natural, T.O. 2025) y 27.742 (Ley de Bases). El DNU detalla que persisten las causas estructurales que motivaron la emergencia: insuficiente capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina hacia los grandes centros de consumo del Área Metropolitana de Buenos Aires y el Litoral, especialmente en los picos de demanda invernal.

El texto subraya que, sin el aporte de GNL importado, la demanda residencial y el funcionamiento de las centrales térmicas quedarían insatisfechos en los días más fríos. En consecuencia, la importación de GNL continúa siendo “crítica” para: asegurar el abastecimiento ininterrumpible, sustituir combustibles líquidos en generación eléctrica, atender restricciones operativas, fortalecer un mercado de gas de invierno y cumplir los objetivos del artículo 2° de la Ley 24.076.

El decreto también reconoce que la falta de inversión acumulada durante años —atribuida a señales tarifarias insuficientes— demoró las expansiones necesarias del sistema de transporte de gas y electricidad, cuyos proyectos aún requieren tiempo para completarse.

GNL: nuevo esquema, precio máximo y rol del sector privado

Uno de los ejes centrales del DNU 49/2026 es la redefinición del esquema de importación y comercialización del GNL. Hasta ahora, Energía Argentina Sociedad Anónima actuó como único importador para abastecer el mercado interno en invierno. Según el decreto, esa intervención estatal no logró los resultados esperados, implicó “erogaciones de mucha envergadura” y no se tradujo en mejoras del sistema de transporte.

En línea con las modificaciones introducidas por la Ley 27.742, el Ejecutivo busca reducir la intervención directa del Estado y promover un esquema de comercialización privada, aunque bajo control y supervisión de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), hasta tanto entre en funciones el ente unificado de gas y electricidad.

El decreto dispone que la Secretaría de Energía adopte las medidas necesarias para permitir el acceso de importadores privados a la infraestructura de regasificación existente. Actualmente, solo se encuentra operativa la terminal de Escobar, mientras que la de Bahía Blanca, inaugurada en 2008, no está en funcionamiento. La norma enfatiza que, por razones técnicas y de seguridad, el acceso a la terminal debe ser unificado y coordinado, para evitar conflictos logísticos, riesgos operativos y demoras ante emergencias.

En este contexto, el Artículo 2° del decreto establece un precio máximo para la venta en el mercado interno del gas natural resultante de la regasificación del GNL importado para los dos próximos períodos invernales. Ese precio no podrá superar un marcador internacional que determine la Secretaría de Energía, más un valor adicional —en dólares por millón de BTU— destinado a cubrir costos de flete marítimo, regasificación, almacenaje, comercialización y transporte por ducto hasta el punto de entrega en Los Cardales, provincia de Buenos Aires.

El valor adicional será definido a partir de un procedimiento competitivo de selección de un único comercializador privado. Si ese proceso fracasa, Energía Argentina S.A. volverá a asumir la importación, regasificación y venta del GNL en el mercado interno.

Impacto económico, regulatorio y próximos escenarios

La prórroga de la emergencia hasta fines de 2027 consolida un marco excepcional que habilita decisiones rápidas en un sector clave para la macroeconomía y el abastecimiento energético. En términos económicos, el establecimiento de un precio máximo al GNL busca evitar trasladar al mercado interno los efectos de la volatilidad internacional y de una estructura de oferta concentrada, con impacto directo sobre tarifas, costos de generación eléctrica y actividad industrial.

Desde el punto de vista institucional, el uso del DNU se justifica en la “urgencia temporal” ante la inminencia del invierno de 2026 y la imposibilidad de seguir los trámites legislativos ordinarios, conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. El decreto deberá ahora ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente, según lo establece la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

En el corto plazo, el foco estará puesto en la reglamentación que dicte la Secretaría de Energía, en el proceso de selección del comercializador privado y en la definición del marcador internacional de referencia. En el mediano plazo, el horizonte sigue atado a la concreción de las obras de transporte que permitan reducir la dependencia del GNL importado y cerrar definitivamente el capítulo de la emergencia energética.

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