GOBERNABILIDAD

La confianza en el Gobierno volvió a caer en julio, aunque Milei mantiene mejores niveles que Alberto Fernández

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La confianza de la sociedad en el Gobierno nacional volvió a deteriorarse durante julio, en un contexto donde la estabilización macroeconómica aún no logra traducirse en una recuperación sostenida de las expectativas ciudadanas. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella sobre la base de encuestas nacionales realizadas entre el 1 y el 16 de julio, se ubicó en 1,94 puntos sobre un máximo de cinco, lo que representa una caída mensual de 6,5%. Con este resultado, el indicador retoma la trayectoria descendente que caracterizó a casi todo 2026, interrumpida únicamente por el leve repunte observado en junio.

El dato adquiere relevancia porque el ICG es uno de los principales termómetros de legitimidad política en Argentina. Más allá de las variables económicas, el índice mide percepciones vinculadas con la capacidad del Gobierno para resolver problemas, la honestidad de sus funcionarios, la eficiencia en la administración pública, la preocupación por el interés general y la evaluación global de la gestión.

A 31 meses del inicio del mandato de Javier Milei, la comparación histórica muestra un escenario de claroscuros. El nivel de confianza actual es 3,9% inferior al que exhibía Mauricio Macri en el mismo momento de su presidencia, cuando el ICG alcanzaba 2,01 puntos. Sin embargo, supera ampliamente el registro de Alberto Fernández, cuyo índice era de apenas 1,12 puntos, una diferencia positiva del 73,3%. También se mantiene por encima de los niveles que mostraban las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner en igual etapa de gestión, aunque continúa por debajo de los valores registrados por Néstor Kirchner, quien conserva el mayor promedio histórico del indicador.

La baja de julio no fue homogénea. Cuatro de los cinco componentes del índice retrocedieron respecto de junio. El mayor deterioro correspondió a la percepción sobre la eficiencia en la administración del gasto público, que cayó 15,4%, seguida por la evaluación de la capacidad para resolver los problemas del país (-7,3%) y la percepción sobre la preocupación del Gobierno por el interés general (-6,9%). La única dimensión que prácticamente se mantuvo estable fue la vinculada con la honestidad de los funcionarios, que descendió apenas 0,4%.

El informe también permite identificar cambios relevantes en la composición del respaldo social. La mayor caída mensual se produjo entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde la confianza se redujo 23%, mientras que entre los mayores de 50 años continúa registrándose el nivel de apoyo más elevado. En paralelo, la brecha entre hombres y mujeres se redujo debido a un fuerte descenso de la confianza masculina, mientras que entre las mujeres incluso se observó una leve recuperación respecto del mes anterior.

Desde una perspectiva territorial, el interior del país continúa siendo la región donde el Gobierno conserva mayor nivel de confianza, con 2,09 puntos, por encima de la Ciudad de Buenos Aires y, especialmente, del Gran Buenos Aires, donde el índice volvió a registrar el menor nivel nacional con 1,63 puntos.

El estudio también confirma que las expectativas económicas siguen siendo el principal determinante de la confianza política. Entre quienes creen que la economía mejorará durante el próximo año, el ICG alcanza 4,15 puntos, más del doble del promedio nacional. En contraste, quienes esperan un deterioro económico apenas otorgan 0,33 puntos al Gobierno. La diferencia evidencia que la percepción sobre el futuro económico continúa siendo el factor que mejor explica el respaldo social a la administración nacional.

Otro dato significativo es que la confianza resulta considerablemente menor entre quienes fueron víctimas de delitos durante los últimos doce meses. En ese segmento el índice cayó 25,9% en julio, reforzando la incidencia que las preocupaciones vinculadas a la seguridad mantienen sobre la valoración de la gestión pública.

En términos estructurales, el retroceso del ICG no implica necesariamente un cambio abrupto en el escenario político, pero sí marca una advertencia para el Gobierno. La estabilidad macroeconómica comienza a consolidarse en algunos indicadores económicos, aunque todavía enfrenta el desafío de transformarse en una mejora perceptible para amplios sectores de la sociedad. La experiencia histórica del propio índice muestra que la sostenibilidad de la confianza depende menos de las expectativas iniciales que de la capacidad de convertir los avances económicos en resultados concretos sobre el ingreso, el empleo, la seguridad y la calidad de vida. En ese sentido, el ICG continúa reflejando que la legitimidad política sigue siendo un activo relevante para la administración de Javier Milei, aunque con señales de desgaste que obligan a observar con atención la evolución de los próximos meses.

Índice de Confianza en el Gobierno_DiTella_Julio2026 by CristianMilciades

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El Partido Socialista de Misiones ratificó su respaldo a la gestión de Passalacqua

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El Partido Socialista de Misiones expresó públicamente su respaldo a la gestión del gobernador Hugo Passalacqua y ratificó su acompañamiento al proyecto de provincia y de gobernabilidad que impulsa el mandatario misionero.

La posición fue fijada por la conducción partidaria en un momento de reconfiguración del escenario político provincial, luego de conocerse la disolución del Partido de la Concordia Social, fuerza con la que el socialismo había integrado el frente electoral en los últimos procesos electorales.

Desde el espacio señalaron que, tras haber sido convocados a integrar el Frente Renovador en 2023, dejaron de participar de las instancias de consulta política y electoral. Sin embargo, destacaron que el vínculo institucional se mantuvo a través de la gestión provincial.

“Después de convocarnos a integrar el Frente Renovador en el año 2023, comenzó un período donde no fuimos consultados sobre las decisiones políticas ni electorales. El diálogo y la vinculación siempre estuvieron del lado de la gestión, por lo cual nos sentimos en la libertad de ratificar nuestro acompañamiento al gobernador Hugo Passalacqua”, expresaron desde el partido.

Los dirigentes socialistas sostuvieron que, frente al complejo contexto económico y social que atraviesa el país, la prioridad debe ser preservar la previsibilidad, la estabilidad y la continuidad institucional de Misiones, por encima de las diferencias partidarias o sectoriales.

Asimismo, remarcaron la necesidad de ampliar los espacios de participación ciudadana, incorporar nuevas ideas y fortalecer una agenda orientada al desarrollo económico, la inclusión y la defensa de los intereses de los misioneros.

“La salida a esta crisis económica sin precedentes es colectiva, con honestidad y convicción. Esta es la visión que lidera el gobernador Passalacqua”, manifestaron desde la conducción partidaria.

Con este posicionamiento, el Partido Socialista de Misiones reafirma su voluntad de contribuir desde su identidad histórica a la construcción de consensos políticos y al sostenimiento de la gobernabilidad provincial.

La declaración adquiere además un valor simbólico especial para la fuerza, que se prepara para conmemorar el próximo 28 de junio sus 130 años de trayectoria, consolidándose como uno de los partidos políticos con mayor historia en la Argentina.

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El FMI calcula que un golpe de Estado puede restar hasta cinco puntos al PIB en cinco años

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La estabilidad política no solo es una condición institucional deseable: también constituye un factor determinante para el crecimiento económico. Un nuevo estudio elaborado por los economistas Luc Tucker e Idrissa Aladji Aya para el Fondo Monetario Internacional (FMI) aporta evidencia contundente sobre los costos económicos de las rupturas institucionales y concluye que los golpes de Estado generan efectos significativamente más profundos y duraderos de lo que se estimaba hasta ahora.

La investigación señala que un golpe de Estado puede reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en aproximadamente 2,3 puntos porcentuales durante el mismo año en que ocurre el evento. Sin embargo, el impacto no se limita al corto plazo. Según el análisis, las consecuencias económicas persisten durante varios años, provocando una pérdida acumulada cercana a cinco puntos porcentuales del PIB en los cinco años posteriores.

Los resultados surgen de la aplicación de un modelo de equilibrio de entropía, una metodología estadística diseñada para aislar con mayor precisión los efectos causales de eventos políticos disruptivos sobre variables económicas. El estudio sostiene que el deterioro observado tras un golpe de Estado supera las estimaciones realizadas en trabajos previos y ofrece nuevas explicaciones sobre los mecanismos que amplifican el daño económico.

Uno de los hallazgos más relevantes es el papel que desempeñan las sanciones económicas internacionales. Los investigadores concluyen que gran parte de la desaceleración posterior a los golpes se encuentra asociada a medidas restrictivas impuestas por organismos multilaterales o países socios, que limitan el acceso al financiamiento, reducen los flujos comerciales y deterioran las condiciones para la inversión.

No obstante, el trabajo también identifica factores internos de gran peso. La incertidumbre política que generan estos episodios afecta directamente las decisiones de hogares y empresas, provocando una contracción del consumo privado y una fuerte caída de la inversión. Ambos componentes son señalados por el FMI como los principales canales de transmisión del impacto económico negativo.

La evidencia resulta particularmente relevante en un contexto global donde distintos países enfrentan crecientes tensiones institucionales, conflictos internos y crisis de gobernabilidad. Para economías emergentes y en desarrollo, donde la confianza de los inversores suele ser más sensible a los riesgos políticos, los efectos pueden amplificarse aún más.

El informe también aporta una lectura estratégica para los responsables de política económica. Más allá de las reformas fiscales, monetarias o productivas, la estabilidad institucional aparece como un activo económico de primer orden. La previsibilidad política, la vigencia del Estado de derecho y el respeto por las reglas democráticas no solo fortalecen la calidad institucional, sino que también constituyen condiciones esenciales para sostener la inversión, el empleo y el crecimiento de largo plazo.

La conclusión del FMI es clara: los golpes de Estado no solo alteran el orden político, sino que generan costos económicos persistentes que pueden comprometer durante años las posibilidades de desarrollo de un país. En un escenario global cada vez más competitivo, la estabilidad institucional emerge como uno de los recursos más valiosos para preservar el crecimiento y atraer inversiones.

Impacto económico de los golpes de Estado by CristianMilciades

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Las curiosidades del informe de gestión de Adorni en el Congreso

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes su informe de gestión ante la Cámara de Diputados con el respaldo directo del presidente Javier Milei y la cúpula del Gobierno nacional. La sesión, que comenzó pasadas las 10.40, combinó una exposición sin interrupciones formales con episodios de tensión política, expresados en gritos, gestos irónicos y una oposición que optó mayormente por el silencio mientras el oficialismo defendía variables económicas como la baja de la inflación y la estabilidad del dólar.

Informe de gestión bajo respaldo político pleno

La presentación del jefe de Gabinete se realizó en el marco de las obligaciones institucionales de rendición ante el Congreso. Sin embargo, el contexto político estuvo marcado por una fuerte escenificación de apoyo del Poder Ejecutivo.

En los palcos del recinto se ubicó la plana mayor del Gobierno, encabezada por Milei y la secretaria general Karina Milei, junto a ministros clave como Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería). También participaron otros funcionarios y dirigentes del oficialismo, consolidando una señal de respaldo político explícito al funcionario expositor.

La presencia del Presidente dentro del recinto, incluso durante la entonación del himno nacional, fue acompañada por manifestaciones de apoyo de legisladores oficialistas y militantes en los balcones.

Durante su intervención inicial, Adorni centró su discurso en indicadores macroeconómicos, destacando la baja de la inflación, la estabilidad cambiaria y las inversiones en sectores como minería y energía. Según lo expuesto, estos datos formaron parte del eje argumental del Gobierno para sostener su programa económico.

El funcionario evitó referirse a cuestionamientos sobre su patrimonio o viajes al exterior, temas que habían generado expectativas en la previa de la sesión.

Mientras tanto, la oposición adoptó una estrategia de bajo perfil durante la exposición. Legisladores de Unión por la Patria y otros bloques optaron por no interrumpir, limitándose en su mayoría a conversaciones internas o a seguir la sesión desde sus bancas sin intervenir.

Gestos simbólicos y disputa de narrativa

La sesión dejó una serie de episodios que reflejan el clima político dentro del recinto. El diputado Esteban Paulón llevó pochoclos como gesto irónico ante la expectativa de una sesión “picante”. Desde la izquierda, Nicolás del Caño y Myriam Bregman protagonizaron gritos dirigidos al oficialismo, mientras que Romina del Pla cuestionó al Presidente durante un tramo del debate.

También se registró un cruce cuando el diputado Aldo Leiva intentó entregar un mensaje crítico a Adorni, lo que derivó en una intervención de la diputada Lilia Lemoine.

El oficialismo respondió con aplausos en momentos clave del discurso, especialmente cuando el jefe de Gabinete hizo referencia a la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En contraste, el peronismo mantuvo una postura contenida, en línea con una estrategia previa de no confrontar directamente durante la exposición.

La escena general mostró un oficialismo cohesionado en torno a la figura del jefe de Gabinete, con respaldo visible del Presidente y su equipo. Esta puesta en escena refuerza la centralidad del Ejecutivo en la agenda política y busca consolidar su narrativa económica dentro del Congreso.

Por otro lado, la decisión de la oposición de evitar interrupciones durante la exposición sugiere una estrategia de espera, orientada a trasladar el debate a instancias posteriores o a cuestionamientos más estructurados.

Los cruces aislados y gestos simbólicos funcionaron como expresión de disenso, pero sin alterar el desarrollo formal del informe.

El Gobierno sostiene su narrativa macro

El eje económico del discurso se apoyó en variables como la desaceleración inflacionaria y la estabilidad del dólar. También se mencionaron inversiones en sectores estratégicos, lo que el oficialismo utiliza como respaldo a su programa económico.

Sin anuncios concretos durante la sesión, el impacto inmediato se ubica en el plano discursivo, como parte de la construcción de expectativas en torno a la evolución de la economía.

Aunque la exposición no incluyó referencias específicas a Misiones o al NEA, la mención de inversiones en minería y energía podría tener implicancias indirectas para las economías regionales, en función de cómo se distribuyan esos proyectos y flujos de capital.

La estabilidad macroeconómica señalada por el Gobierno también aparece como un factor transversal que impacta en las provincias, especialmente en variables como precios, consumo y financiamiento.

Del discurso a la confrontación política

El desarrollo de la sesión deja abierto el interrogante sobre cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y la oposición en el Congreso. La estrategia de bajo perfil opositor durante el informe podría modificarse en futuras instancias legislativas.

También quedará bajo observación la consistencia entre las variables económicas destacadas por el Ejecutivo y su evolución en el corto plazo, así como la capacidad del Gobierno para sostener respaldo político en el ámbito parlamentario.

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Impulsan una agenda legislativa unificada y reúnen a concejales con diputados en un encuentro inédito en Misiones

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Este martes 28 de abril, en el Palacio Legislativo de Misiones, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, encabezó el primer Encuentro Misionero Legislativo, una convocatoria que reunió a 150 concejales de 70 municipios junto a diputados provinciales. La jornada dejó como resultado la construcción de una agenda común con ejes técnicos definidos y una señal política: avanzar en una coordinación más directa entre territorio y legislación en un contexto que los propios participantes definieron como “bisagra”.

El encuentro se inscribe en una lógica de fortalecimiento institucional que busca reducir la distancia entre la agenda legislativa provincial y las demandas locales. Según lo expresado durante la jornada, el objetivo es integrar la diversidad territorial en un esquema de toma de decisiones más alineado.

Desde la conducción de la Cámara, Macias planteó el evento como un “hito” orientado a consolidar una política con mayor presencia territorial. La iniciativa apunta a ordenar la representación política bajo un esquema de coordinación que permita traducir demandas municipales en iniciativas legislativas concretas.

En términos operativos, la convocatoria incluyó a referentes de distintos espacios territoriales: el Foro de Concejales de la Zona Sur, el Alto Paraná, el Alto Uruguay y la Red de Concejalas Misioneras, lo que amplía la base de interlocución dentro del sistema político provincial.

Agenda común y ejes técnicos definidos

El encuentro no se limitó a una instancia de intercambio político. Funcionó como plataforma para delinear una hoja de ruta con tres ejes centrales:

Soberanía económica: Se abordó la necesidad de fortalecer la estabilidad provincial, en una exposición a cargo del diputado José Pastori.

Innovación tecnológica: La incorporación de inteligencia artificial en la agenda pública fue planteada por la secretaria legislativa Flavia Bojanovich como un vector de modernización.

Seguridad comunitaria: El subjefe de la Policía, Marcos López Asencio, expuso sobre estrategias para reforzar la protección ciudadana.

Además, se planteó la necesidad de intensificar la presencia territorial y transformar demandas sociales en políticas públicas con mayor velocidad de ejecución.

Fortalecimiento de la conducción legislativa

La convocatoria posiciona a la presidencia de la Cámara como articuladora de una red política que integra niveles municipales y provinciales. La capacidad de reunir a representantes de 70 municipios bajo una agenda común refuerza la centralidad del poder legislativo en la coordinación política interna.

Al mismo tiempo, el esquema planteado ordena la representación territorial, canalizando las demandas locales a través de una estructura más alineada con la agenda legislativa provincial. Esto puede traducirse en mayor cohesión política y previsibilidad en la construcción de iniciativas.

No se registraron disidencias explícitas en el marco del encuentro, lo que refuerza la señal de unidad institucional en torno a los ejes definidos.

Si bien el encuentro no incluyó medidas económicas concretas, el eje de soberanía económica sugiere una orientación hacia políticas que busquen sostener estabilidad en el plano provincial.

La incorporación de la inteligencia artificial como tema legislativo también abre un frente vinculado a la modernización del Estado y potenciales impactos en productividad y gestión pública.

Integración territorial como eje de gestión

El diseño de una agenda común con participación de 70 municipios plantea un esquema de mayor integración regional dentro de Misiones. La conexión directa entre concejales y diputados podría facilitar la canalización de demandas específicas de cada localidad.

Aunque no se detallaron medidas concretas por región, el formato del encuentro sugiere un intento de homogeneizar criterios de gestión sin perder la diversidad territorial.

El resultado político del encuentro abre interrogantes sobre su traducción en políticas concretas. La efectividad del esquema dependerá de la continuidad de estos espacios de articulación y de la capacidad de transformar los ejes definidos en iniciativas legislativas.

Entre las variables a observar aparecen la frecuencia de estos encuentros, el nivel de institucionalización de la agenda común y su impacto real en la dinámica legislativa provincial.

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