Presupuesto 2026: el Gobierno advierte que la media sanción “vulnera el déficit cero” y evalúa frenar o vetar el proyecto
El Gobierno nacional considera que el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados ya no le sirve porque, tras el rechazo del Capítulo XI, pone en riesgo el objetivo de déficit cero. En la Casa Rosada sostienen que la eliminación de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario fuerza al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, escenario que el oficialismo califica de inaceptable. Ante ese cuadro, evalúan demorar el envío al Senado, reabrir la discusión o incluso vetar la ley.
El punto de quiebre fiscal: cayó el capítulo clave del Presupuesto
La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, con 132 votos afirmativos en la votación general. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI, considerado central por el Poder Ejecutivo, que incluía la derogación de normas que el Gobierno juzga incompatibles con el ahorro fiscal.
Ese capítulo fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones, tras una estrategia parlamentaria que buscó votar por capítulos —y no por artículos— para blindar el paquete fiscal. La apuesta no prosperó y dejó al Ejecutivo con un texto que, según fuentes oficiales, “vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”.
Para la administración nacional, el debate excede lo técnico: es político y económico. Déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. En esa lectura, mantener vigentes las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitariogenera obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit. Desde la Casa Rosada lo sintetizan con una cifra: “Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”.
Estrategias en evaluación: demorar, reescribir o vetar
Con el texto que se enviaría al Senado, el Gobierno cree que queda forzado a administrar sin superávit, algo que rechaza de plano. Por eso, en los despachos oficiales se analizan alternativas:
Demorar el envío al Senado y ganar tiempo para intentar un reordenamiento de prioridades legislativas, incluso priorizando la Modernización Laboral.
Reabrir la redacción para reincorporar el Capítulo XI, lo que implicaría que el proyecto vuelva a Diputados, aunque el oficialismo no tiene los números para insistir con su versión.
Vetar el Presupuesto, opción que gana terreno ante los incentivos de los bloques opositores para que la ley salga tal como está.
En paralelo, el Ejecutivo recuerda que, pese a fallos judiciales, no está aplicando fondos de las leyes cuestionadas al amparo de la falta de partidas presupuestarias. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten. En ese marco, en el oficialismo ven con mejores ojos sostener en 2026 un manejo discrecional de las partidas por parte de Hacienda: “Va a tener que seguir armando el Excel”, ironizan.
Gobernadores, votos y el nuevo mapa político
El rechazo del capítulo fiscal profundizó tensiones con gobernadores. En el Gobierno señalan a mandatarios de la oposición dialoguista que habían anticipado el voto en contra, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Pero el mayor impacto político provino de dos cambios de última hora que sorprendieron a los negociadores oficiales: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). En el caso chaqueño, la decisión llamó la atención porque había sido aliado electoral de LLA en octubre; en Neuquén, por una relación previa cordial con los libertarios.
La sesión también marcó un hito institucional: es la primera media sanción presupuestaria que consigue el oficialismo y el debut de la nueva composición de la Cámara, donde LLA cuenta con 95 bancas y es primera minoría. Aun así, el resultado dejó al Gobierno ante una disyuntiva compleja: avanzar con un Presupuesto que no cumple su ancla fiscal o bloquearlo para preservar el mandato de superávit.
Santilli suma respaldo en Corrientes para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva mientras acelera su agenda con gobernadores
El ministro del Interior, Diego Santilli, logró este lunes el apoyo del gobernador correntino Gustavo Valdés para la aprobación del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral e impositiva, pilares de la estrategia legislativa que el Gobierno busca impulsar en sesiones extraordinarias. El aval político del mandatario radical consolida la búsqueda de consensos federales que la administración nacional considera clave para destrabar su paquete de reformas estructurales.
Un respaldo estratégico: Corrientes acompaña el Presupuesto 2026 y las reformas centrales
Durante una reunión realizada al mediodía en la Casa de Gobierno de Corrientes, Santilli y Valdés acordaron avanzar en una agenda de trabajo “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y a lo largo y ancho del país”. El encuentro se enmarca en la serie de visitas que el ministro del Interior mantiene con gobernadores para fortalecer el respaldo parlamentario al programa del presidente Javier Milei.
Ambos coincidieron en la necesidad de que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto 2026, considerada la base ordenadora del plan económico nacional. También resaltaron la importancia de concretar la reforma impositiva y sancionar la ley de modernización laboral, dos iniciativas que el Gobierno busca incluir entre sus prioridades durante las sesiones extraordinarias.
Según fuentes oficiales citadas en el texto, la provincia acompañará ese rumbo legislativo, aportando un apoyo relevante dentro del arco opositor dialoguista.
La visita se inscribe en la agenda que Santilli viene desarrollando desde el año pasado con gobernadores que firmaron el Consejo de Mayo, un espacio que promueve acuerdos federales en torno a reformas estructurales.
Reuniones con Macri y Ziliotto y la presión por cerrar el mapa federal
La búsqueda de consensos continuará esta semana: según adelantó Noticias Argentinas, Santilli tiene previsto reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dirigente peronista. Ambos encuentros se programan para jueves y viernes, respectivamente.
El ministro avanza así en completar la ronda con los 20 gobernadores involucrados, aunque aún restan definirse las reuniones con: Luis Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
Sobre este último, el texto aclara que anticipó que no mantendrá una reunión hasta obtener respuestas a los reclamos que elevó a la Nación, lo que abre un frente de tensión dentro del diálogo federal.
La administración libertaria busca cerrar acuerdos antes del inicio del último tramo legislativo del año. El objetivo es aprobar en diciembre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, mientras que el resto del temario quedaría para febrero, en las siguientes sesiones extraordinarias.
El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, ironizó sobre la falta de respuestas del Poder Ejecutivo en diálogo con las provincias y reveló que no hay entendimiento “en muchas cosas”, aunque destacó la tarea del ministro del Interior, Diego Santilli.
“Venimos conversando. Seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas, pero Santilli le pone mucha voluntad”, destacó en declaraciones radiales.
Sin embargo, aclaró: “El poncho no aparece. No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que hemos firmado en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir”,
Sus quejas llegan luego de haber visitado Casa Rosada el pasado viernes, en un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a Santilli.
“Estamos esperando que el poncho aparezca”
Asimismo, reiteró: “Esas obras que son tan importantes para el crecimiento de la provincia, si no se hacen, no vamos a poder mostrar el potencial que tiene el norte. No son caprichosas, son para el turismo, para el crecimiento minero”.
“Lamentablemente la inaugurará mi tataranieto. Estamos esperando que el poncho aparezca y elegimos creer”, ironizó el salteño.
Por su parte, el mandatario provincial que unificó sus reclamos con sus pares del Norte Grande, manifestó su voluntad de acompañar “las reformas fundamentales” del Gobierno. “Todavía no tenemos en claro cuál va a ser. Hay trascendidos, el proyecto no está. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que aggionarse a los nuevos tiempos”, afirmó.
“Tienen que estar en la mesa de diálogo todos los actores que crean que sus intereses estén afectados. Falta mucho por hablar y por resolver este tema”, concluyó el mandatario provincial.
Por Marcelo Capello y Martín Fiore, Fundación Mediterránea. Si hubiera que resumir en tres aspectos clave las necesidades del programa económico en el actual y próximos años, para su éxito a largo plazo, podrían plantearse los siguientes: Viabilidad fiscal: Equilibrio fiscal en Nación y Provincias; Viabilidad externa: Aumento sostenido de las exportaciones, financiamiento externo para afrontar los vencimientos de capital de la deuda y régimen cambiario de largo plazo; Reformas estructurales: para apalancar la competitividad local y la viabilidad fiscal a largo plazo
Por lo acontecido en los primeros dos años de la actual administración de gobierno, pero especialmente por las novedades pre y post electorales de octubre pasado, creció la probabilidad de que dichos aspectos clave puedan consolidarse o encauzarse en la segunda mitad del mandato. Al equilibrio fiscal en Nación y Provincias que existía desde el inicio de la actual administración, y a la evolución observada en los últimos años y esperada a futuro en las exportaciones de energía y minería, se agregó la asistencia financiera del Tesoro de EE. UU., la reducción del riesgo país y la posibilidad cada vez más cercana de volver a los mercados voluntarios de deuda, que aseguraría el cumplimiento de las obligaciones externas, como mínimo en 2026. Por otra parte, el resultado electoral del 26 de octubre y la conformación del nuevo Congreso, aumentaron la probabilidad que se aprueben las principales reformas estructurales, como son la laboral, la tributaria y la previsional, necesarias no sólo para incentivar inversiones y consolidar la evolución de los sectores con más posibilidades de expandirse a futuro, sino también para morigerar los inconvenientes en las ramas industriales que compiten con las importaciones en una economía más abierta y con tipo de cambio que no será alto, y en las regiones y áreas en que dicha industria se halla mayormente ubicada, como son los grandes aglomerados urbanos, especialmente el Gran Buenos Aires. Por supuesto, las reformas deben ser aprobadas en el Congreso de la Nación, y eso implica negociaciones con fuerzas de la oposición más permeables al diálogo, incluyendo legisladores que responden a gobernadores que no hace mucho tiempo atrás solían acompañar algunas iniciativas del gobierno. Claro que estas negociaciones suelen implicar compensaciones económicas para las jurisdicciones de los legisladores que aportan sus votos para las reformas, de modo que surge la necesidad de transitar un estrecho sendero en que se alcanzan los acuerdos necesarios sin perder el necesario equilibrio fiscal. Por un lado, se tiene la necesidad de una reforma tributaria que elimine o sustituya los impuestos más distorsivos que minan las posibilidades de crecimiento económico, como son los Derechos de Exportaciones (1% del PIB) y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (1,6%), a nivel nacional; Ingresos Brutos (4%) y Sellos (0,4%), a nivel provincial; y la Tasa de Seguridad e Higiene (0,6%), a nivel municipal. En conjunto, representan 7,6% del PIB, un 2,6% del PIB los tributos nacionales, 4,4% los provinciales y 0,6% los municipales. Tras una reducción del gasto público consolidado de poco más 5 puntos del PIB en lo que va de la actual administración, no existe chance de que se pueda reducir en shock el gasto de los tres niveles de gobierno en otros 8 puntos del PIB, para dar lugar a la eliminación de los mencionados tributos. Más bien hay que pensar en un mix de reducción gradual del gasto junto a la sustitución de impuestos malos por menos malos, para que la reforma tributaria resulte viable.
Por otra parte, están los reclamos de los gobernadores por mayores fondos, que seguramente pondrán en estos días sobre la mesa de negociaciones con los funcionarios nacionales. Aquí pueden mencionarse, entre otros: – Los reclamos plasmados en proyectos de ley que se tratan o han tratado recientemente en el Congreso de la Nación (distribución de ATN, con un costo fiscal para la nación de 0,06% del PIB, y distribución del impuesto a los Combustibles, con un costo para Nación de 0,12% del PIB); – La vieja disputa por los fondos que ANSES debiera transferir a las Cajas de Jubilaciones de 13 jurisdicciones con sistemas propios, que podría implicar un costo anual de 0,2% del PIB (sin considerar deudas por períodos anteriores); – Los fondos de coparticipación que reclama CABA, con un costo fiscal anual de alrededor de 0,18% del PIB – Las transferencias nacionales para la ejecución de obras públicas en provincias, que sufrieron un recorte de cerca de 0,3% del PIB si se compara la situación actual contra el promedio observado en 2015-23. Se trata de reclamos provinciales por al menos 0,8% del PIB, que sumados a la pérdida de recursos fiscales para el gobierno nacional que podría significar una reforma tributaria, no resultarían compatibles con el objetivo de viabilidad fiscal, antes planteado como uno de los requerimientos centrales del programa. Probablemente la solución a este rompecabezas surja de priorizar los siguientes criterios: – Reconocer aquellos reclamos provinciales que más probablemente la Justicia termine convalidando, o ya lo ha hecho en el pasado (Cajas de Jubilaciones, coparticipación de CABA); – Transferir recursos a provincias por convenios para que se hagan cargo de la ejecución y/o mantenimiento de infraestructura nacional que de todos modos se deberá afrontar en el corto o largo plazo, dado su progresivo deterioro, y que no se concesione a privados; Dado que se parte de una situación inicial de equilibrio fiscal en Nación y Provincias, y que existe necesidad de otras reformas, como la tributaria, con su consecuente costo fiscal, los mayores recursos que reciban las provincias por sus cajas de jubilaciones o la coparticipación de CABA, debieran derivar en reducciones tributarias en esas provincias por montos equivalentes a los recursos extras recibidos. Claro que lo anterior requiere de un nuevo pacto entre Nación y Provincias, con objetivos fiscales y de competitividad de la economía. Dicho pacto anual debiera contener un elemento central que permita financiar en forma gradual las reformas pendientes, como es aprobar un tope al aumento anual del gasto público en ambos niveles de gobierno, por una cierta cantidad de años, para que no supere a la tasa de inflación. Con crecimiento económico, dicho tope a la suba del gasto liberaría recursos para la reforma tributaria y otros fines. Tal regla resulta vital desde 2026 para que, si el PIB crece, no aumente demasiado el gasto público, especialmente en provincias. Debe tenerse en cuenta que, en el primer semestre de 2025, el gasto provincial consolidado aumentó un 6% anual, en valores constantes, cuando se ha mantenido prácticamente igual a nivel nacional. Así, si se considera la situación acumulada en los dos últimos años (entre 2023 y 2025), el gasto nacional cayó un 30% real, contra 19% en el conjunto de provincias.
La experiencia histórica muestra que el gasto provincial generalmente se expande cuando lo hace la producción, y que los únicos años en que se ajusta el gasto en términos reales, son los recesivos, en que habitualmente una fuerte devaluación de la moneda local acelera la inflación y licua salarios y jubilaciones provinciales. En 6 de los 8 de los años en que se observó una caída del gasto provincial real entre 2006 y 2024, coincidió con una baja del PIB nacional. De otro modo, de los 10 años en que creció el PIB entre 2006 y 2024, sólo en una oportunidad (2010), el gasto provincial exhibió una caída real, aunque sólo del 0,17%.
Lo ocurrido con la política fiscal en Argentina va a contramano de lo que la teoría y el sentido común aconsejan: los ajustes del gasto ocurren en años recesivos, mientras en los expansivos el gasto aumenta. En lugar de apelar a reformas del estado bien planificadas, a ejecutar en años en que la producción crece, siempre los ajustes han ocurrido por licuación salarial y de jubilaciones en años recesivos e inflacionarios. Es decir, una política procíclica. Dada la secuencia histórica, si en los próximos años existe crecimiento económico en Argentina, como es muy probable que ocurra dadas las condiciones que se están gestando, resultaría sumamente necesario establecer un tope al aumento del gasto público en Nación y Provincias, para que no supere la tasa de inflación anual, y así liberar recursos para realizar las vitales reformas económicas. Tal tope permitiría llevar a cabo una reforma del estado planificada, con algunas erogaciones que bajan y otras que suben, pero sin que el aumento del gasto total supere a la inflación anual. Se trata de una regla fácil de explicar, que serviría a los ministros de economía para justificar restricciones al gasto en años donde los recursos aumentan, y que permitiría mantener en valores reales los salarios y jubilaciones. Por ejemplo, si el PIB creciera un 3% anual entre 2026 y 2031, con inflación decreciente, el gasto nacional podría pasar de 16,6% del PIB en 2025 a 13,9% en 2031, con una reducción adicional de 2,7 puntos del PIB. En el caso de las provincias, podrían pasar de un gasto de 16,5% del PIB en 2025 a 13,7% en 2031, con una reducción punta a punta de 2,8 puntos del PIB. Un recorte extra del gasto del orden de los 5,5 puntos del PIB en 6 años, cerca de 1 punto por año.
En suma, la posibilidad de avanzar en reformas estructurales y de encarar una modernización tributaria y productiva depende de un nuevo entendimiento entre Nación y Provincias que combine responsabilidad fiscal, reglas claras y visión de largo plazo. Establecer un tope al crecimiento real del gasto —para que no supere la inflación— aparece como la herramienta central para generar el espacio necesario sin comprometer la estabilidad lograda. Si el país retoma un sendero de crecimiento, esta regla permitirá financiar gradualmente los cambios pendientes, fortalecer la competitividad y aprovechar una coyuntura externa y política más favorable que en el pasado.
El Gobierno confirmó este miércoles que las sesiones extraordinarias del Congreso tendrán lugar desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, período en que se tratarán el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo había conseguido este martes el dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y buscará demorar la aprobación de esa iniciativa hasta diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y La Libertad Avanza (LLA) pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría del cuerpo parlamentario.
El dictamen de la Libertad Avanza (LLA) reunió 20 firmas, mientras que el dictamen de Unión por la Patria (UcxP) consiguió la misma cantidad, pero al haber habido un empate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, hizo uso de su voto doble para desempatar a favor del oficialismo.
La decisión de dilatar los tiempos le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en la propuesta oficial y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.
Desde diciembre, LLA tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.
El dictamen de mayoría mantiene sin cambios el proyecto de Presupuesto oficial que proyecta un aumento de la economía del 5%; una inflación del 10%; un dólar de 1,423 pesos a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. que se toman fuera de los organismos de gestión que establece la Constitución”.
