En el segundo año de gestión del presidente Javier Milei, Argentina retrocedió cinco lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El país se ubicó en el puesto 104 sobre 182 naciones, con un puntaje de 36 sobre 100, un punto menos que en la medición previa.
El índice -uno de los indicadores de gobernanza más utilizados a nivel global por inversores, organismos multilaterales y analistas institucionales- ordena a los países desde los más transparentes hasta los más afectados por prácticas corruptas en el sector público. En 2024, Argentina había ocupado el puesto 99 entre 180 países relevados.
La edición 2025 incorporó a Belice y Brunei, ampliando la base de comparación internacional. Aun así, el desempeño argentino mostró un deterioro relativo tanto en el ranking como en el puntaje absoluto, lo que la dejó por debajo del promedio continental, que se ubicó en 42 puntos.
Señales institucionales y agenda anticorrupción
Desde Poder Ciudadano, capítulo local de Transparencia Internacional, atribuyeron el retroceso a la falta de avances en políticas anticorrupción. Su director ejecutivo, Pablo Secchi, sostuvo que durante los dos primeros años de gobierno “no se impulsaron medidas para prevenir ni sancionar la corrupción”, y mencionó casos como Libra y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como episodios que no tuvieron respuestas institucionales contundentes.
El resultado deja a Argentina en una posición similar a la de países como Belice y Ucrania, y por debajo de naciones con menor peso económico global como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana, lo que refuerza las alertas sobre la calidad institucional y el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
Comparación regional y global
En América, Argentina se ubicó en el puesto 19 sobre 33 países. Canadá (75 puntos) y Uruguay (73) encabezaron la región, mientras que Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) mostraron los peores desempeños.
A nivel global, el ranking fue liderado por Dinamarca (89 puntos) y Finlandia (88), mientras que Sudán del Sur y Somalia cerraron la lista con apenas 9 puntos. Venezuela quedó en el puesto 180, con 10 puntos.
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, advirtió que “el desarrollo económico sostenido requiere políticas de integridad estables en el tiempo” y señaló que la falta de avances en esta agenda constituye “una deuda institucional cada vez más urgente”.
Impacto económico e institucional
Desde Transparencia Internacional remarcaron que la corrupción no es solo un problema ético, sino un factor que incide directamente en la calidad de los servicios públicos, la seguridad jurídica y la competitividad económica. En su informe regional, la organización alertó que la inacción estatal permitió en varios países de América Latina la expansión del crimen organizado y la erosión de la confianza en las instituciones.
El presidente global de la ONG, François Valérian, sostuvo que “la corrupción no es inevitable” y llamó a fortalecer la rendición de cuentas, la supervisión independiente y el rol de la sociedad civil como pilares de una estrategia anticorrupción sostenible.
Cómo se elabora el índice
El Índice de Percepción de la Corrupción mide la percepción de empresarios y expertos sobre la corrupción en el sector público. Se construye a partir de entre tres y trece fuentes internacionales -como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Economist Intelligence Unit- y no releva la opinión del público general.
En el caso argentino, el puntaje surge del promedio de ocho encuestas internacionales, y su metodología permite la comparación interanual. Transparencia Internacional aclara que, dado el carácter oculto de muchas prácticas corruptas, la percepción de actores especializados sigue siendo el mejor proxy disponible para medir la integridad del Estado.
Inter Press Service – Miles de familias palestinas desplazadas por la guerra en la Franja de Gaza iniciaron el regreso a sus hogares, la mayoría derruidos, apenas al mediodía local de este viernes 10 se produjo el cese del fuego convenido entre Israel y la milicia islamista Hamas.
Reportes recibidos en las sedes de las Naciones Unidas daban cuenta de la movilización de más de 200 000 gazatíes -un río de caminantes y vehículos-, desde los improvisados campamentos y refugios en el sur de la Franja hacia el norte, a diferentes urbes, principalmente la ciudad de Gaza, escenario de los últimos bombardeos del ejército israelí, .
Cada gazatí provee un testimonio: “Todos en Gaza están felices por el fin de las masacres y el genocidio contra la población civil. Por fin podemos sentirnos seguros y protegidos tras dos años de destrucción y derramamiento de sangre de niños y adultos.”, expresa un desplazado, Taysir Jneid.
O el de Mariam al-Ghoula, anciana que vive en un campamento en el centro de Gaza: “Estoy feliz y triste a la vez; feliz porque hay un alto el fuego y es posible que podamos regresar a nuestros hogares, pero triste por los que perdimos, nuestros hijos que permanecen enterrados bajo los escombros”.
El fin de la guerra
La guerra que se ha detenido se inició el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas al sur israelí que en el que murieron más de 1100 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. La respuesta militar de Israel ha matado a unos 68 000 palestinos y herido a otros 170 000.
También la mayoría de los 2,2 millones de habitantes de la Franja debieron desplazarse, muchos de ellos varias veces, y la mayor parte de las viviendas y la infraestructura de servicios se redujo a escombros por los bombardeos.
Dos años después, los contendores acordaron los primeros pasos para cesar la guerra, con base en un proyecto que presentó el presidente estadounidense Donald Trump, respaldado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y aceptado por Hamas con la mediación de Egipto, Estados Unidos, Qatar y Turquía.
Con el cese del fuego y el repliegue que inician las fuerzas israelíes, se espera la liberación de los últimos rehenes en poder de Hamas -unos 20 con vida y los restos de otros 28 que perecieron en cautiverio- entre el domingo 12 y el lunes 13, y el rápido ingreso masivo de ayuda humanitaria por parte de las agencias de la ONU.
Stepháne Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la organización obtuvo autorización de Israel para ingresar a la bloqueada Franja 170 000 toneladas métricas de alimentos, suministros sanitarios y nutricionales, así como artículos para refugios y otros productos esenciales.
Los suministros se encuentran actualmente en la región, principalmente en Israel, pero también en Chipre, Cisjordania, Egipto y Jordania, y centenares de camiones están listos para llevarlos a Gaza.
Al bloquear durante meses el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja, Israel colocó a la población en una situación crítica por la falta de alimentos, agua potable, medicinas y otros bienes, lo que implicó la aparición de la hambruna en sectores de Gaza y la muerte de cientos de personas como consecuencia de la desnutrición.
Ricardo Pires, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió que se abran urgentemente los pasos fronterizos para que ingrese la ayuda, ya que hay unos 50 000 niños en riesgo de desnutrición aguda que necesitan asistencia con alimentos y abrigos a medida que se acerca el invierno.
Acuerdo de Paz
El acuerdo aún no establece cuál será el papel de las distintas agencias de la ONU -incluida Unrwa, la dedicada a la población palestina refugiada- en la fase que sigue inmediatamente a la adopción del acuerdo.
El plan de la ONU para los primeros 60 días supone reforzar la producción local de alimentos, detección y tratamiento de la malnutrición, restablecimiento de los servicios sanitarios esenciales, reparación de la red de abastecimiento de agua, y un aumento masivo de la provisión de refugios de emergencia.
Según el acuerdo, las tropas israelíes se replegarán reduciendo su control, de 80 a 53 %, del territorio, que alcanza a 365 kilómetros cuadrados. Hamás dispone de 72 horas para comenzar la liberación y entrega los rehenes a la Cruz Roja.
Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes conformarán los 1950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.
En las 24 horas previas al cese del fuego al mediodía del viernes murieron en ataques 17 palestinos y un soldado israelí, abatido por un francotirador.
Trump prevé viajar al Medio Oriente este fin de semana para participar de la firma de los acuerdos que ponen fin a la guerra. Aspiraba obtener, por esta y otras gestiones en sus poco más de ocho meses de gobierno, el Nobel de la Paz 2025, pero el Comité que otorga el premio en Oslo lo concedió a la opositora venezolana María Corina Machado, por liderar los esfuerzos por la democracia en su país.
El FMI advierte que 71 países aún no alcanzan el umbral del 15% del PBI en recaudación tributaria y pide reformas integrales para fortalecer el desarrollo.
El informe “Building Tax Capacity for Growth and Development”, elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, analiza el desafío global de la movilización de ingresos internos y destaca el compromiso de Sevilla como meta estructural para los países en desarrollo.
Un umbral clave para el desarrollo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que 71 países en desarrollo mantienen una presión tributaria inferior al 15% del PBI, un nivel considerado crítico para garantizar la sostenibilidad fiscal, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico.
El informe “Building Tax Capacity for Growth and Development: Evidence-Based Analysis for Mobilizing Domestic Revenue” (2025), elaborado por un equipo encabezado por Katherine Baer, Ruud De Mooij y Vítor Gaspar, sostiene que alcanzar y sostener una relación impuestos/PBI de al menos 15%, reconocida por la ONU en el Compromiso de Sevilla, es condición indispensable para construir Estados modernos, financiar servicios públicos e impulsar el desarrollo sostenible.
“La capacidad tributaria es el núcleo de la capacidad estatal. Sin una base impositiva sólida, los países quedan atrapados en un ciclo de bajo crecimiento y escasa gobernanza”, advierte el FMI.
América Latina y África, en el centro del desafío
Según el informe, 23 de los 71 países con presión fiscal inferior al 15% del PBI son Estados frágiles o afectados por conflictos, mientras que 38 son economías ricas en recursos naturales y 40 pertenecen al grupo de bajos ingresos.
En promedio, los países de bajos ingresos podrían movilizar hasta un 5% adicional del PBI mediante una reforma tributaria integral, aunque el principal obstáculo sigue siendo la limitada capacidad institucional.
El FMI remarca que el fortalecimiento de la recaudación no debe basarse en subir impuestos, sino en ampliar la base tributaria, mejorar la eficiencia del IVA, racionalizar exenciones e incentivos y reforzar la administración impositiva mediante digitalización y gestión de riesgos.
“Enfoque de sistema tributario”: política, ley y administración integradas
El documento destaca la necesidad de aplicar el “tax system approach”, una estrategia integral que combina política fiscal, legislación y administración tributaria. Entre las principales recomendaciones:
Ampliar bases imponibles, revisando gastos tributarios y limitando exenciones.
Optimizar impuestos indirectos como el IVA y los selectivos al consumo (combustibles, tabaco, bebidas).
Revisar incentivos a la inversión, privilegiando créditos fiscales o depreciación acelerada antes que exenciones totales.
Reforzar el cumplimiento fiscal mediante educación, transparencia y herramientas digitales simples.
Fomentar la moral tributaria, promoviendo la confianza y la buena gobernanza.
“La construcción de capacidad tributaria es, ante todo, un proceso político nacional —sostiene el FMI—, pero el desarrollo de capacidades internacionales puede acelerar la consolidación institucional”.
Un llamado a la acción coordinada
El informe resalta la creación de la Asociación Mundial para las Finanzas Públicas, una iniciativa del FMI que busca coordinar la asistencia técnica y el aprendizaje entre países, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Asimismo, recuerda que el Compromiso de Sevilla, adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (junio de 2025), insta a los Estados y organismos multilaterales a duplicar el apoyo a la movilización de ingresos internos antes de 2030.
“Lograr un ratio impositivo sostenible no es un fin en sí mismo, sino la base para un desarrollo inclusivo y la estabilidad macroeconómica a largo plazo”, concluye el documento.
No hay recurso más vital para el ser humano que el agua. Sin embargo, hoy el acceso a este preciado bien es muy poco equitativo.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), hoy un cuarto de la humanidad no tiene acceso a una fuente segura de agua.
Se trata de la población más pobre del mundo. Y es que, en reglas generales, el acceso al agua está determinado por la capacidad económica.
Cuanto más rico es un país, más amplia es su red de cobertura. Y, en los países en desarrollo o subdesarrollados, las poblaciones más acaudaladas tienen más disponibilidad de agua que las más pobres, y las urbanas más que las rurales.
Pero no en todos lados ocurre esto. Hay un país en particular que es considerado un ejemplo de que no hace falta ser rico para poder brindarle agua a toda la población por igual.
“Una cuestión de gobernanza”
Parte del problema con el acceso al agua tiene que ver con que es un bien escaso.
Si bien nuestro planeta contiene más agua que tierra, más del 97% es agua salada, no apta para el consumo humano o el riego.
Y de ese 3% de agua dulce, dos terceras partes está congelada, ya sea en glaciares o hielos.
Esto significa que los casi 8 mil millones de habitantes del planeta dependemos, ya sea de las poquísimas fuentes de agua superficial no salada (lagos, pantanos y ríos, que representan menos del 1% del total de agua dulce) o del agua subterránea, que es nuestra principal fuente.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el agua subterránea proporciona la mitad de toda el agua utilizada por los hogares de todo el mundo, una cuarta parte de toda el agua utilizada para la agricultura de riego y un tercio del suministro de agua requerido para la industria”.
Pero para aprovechar ese recurso debajo de la tierra -en los lugares donde existe- se requiere equipo e inversión, y para llevarla hasta los hogares hay que construir una red de distribución.
Es por esto que el factor humano es clave para explicar las inequidades que existen en el acceso al agua.
“La crisis mundial del agua hoy es principalmente una cuestión de gobernanza más que de disponibilidad del recurso“, aseguró recientemente el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López-Calva.
“El agua es un servicio básico y un derecho humano que los Estados deben garantizar por igual a todos los ciudadanos, sin importar en qué parte del territorio vivan o cuánto puedan pagar por el servicio”, señaló.
López-Calva denunció que “en América Latina y el Caribe, como en gran parte del mundo, el acceso al agua sigue siendo muy desigual“.
Pero resaltó que “estas desigualdades no son inevitables”, y como ejemplo citó a Paraguay.
La 15va economía de América Latina tiene una “cobertura casi universal de acceso al agua potable”, destacó.
Pero los méritos de Paraguay no terminan ahí, dijo. En comparación con otras naciones latinoamericanas que también garantizan un servicio básico a casi toda su población, como Chile, México y Uruguay, este país sudamericano se distingue por ser el que reparte agua de forma más ecuánime.
“En Paraguay hay menos de 2 puntos porcentuales de diferencia en el acceso al agua entre áreas rurales/urbanas o entre los grupos más ricos/pobres”, destacó el funcionario del PNUD.
Esto lo convierte en el país de la región con acceso más equitativo al agua.
Y no solo de la región. Paraguay también ha sido reconocido por la ONG Water Aid por ser uno de los países del mundo que más aumentó la distribución de agua a regiones rurales.
A comienzos de este siglo, cerca de la mitad de los habitantes de estas zonas tenían acceso a este preciado recurso, cifra que hoy se duplicó.
Una vocera de Water Aid dijo a BBC Mundo que, según las cifras más recientes compiladas en 2020 por el Programa de Monitoreo Conjunto de la OMS/UNICEF para el suministro de agua, el saneamiento e higiene (JMP, por sus siglas en inglés) el 99,6% de los paraguayos tienen al menos “un acceso básico” al agua.
Cómo lo lograron
La ingeniera Sara López, máxima responsable de garantizar el acceso al agua potable en el país, explicó que la clave del éxito fue una ley promulgada hace 50 años por el entonces gobierno de facto de Alfredo Stroessner.
La ley 369, de 1972, creó el organismo que hoy dirige López: el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental de Paraguay (Senasa).
Pero no se trata de la típica agencia gubernamental que se encarga de distribuir el agua.
Porque la misma ley implementó un nuevo modelo comunitario que descentralizó el manejo del agua, creando una nueva figura: las Juntas de Saneamiento, que reciben asistencia técnica y capacitación de parte del Senasa.
“Son organizaciones comunitarias constituidas por vecinos de cada localidad, y son quienes operan y mantienen los sistemas de agua”, dijo López a BBC Mundo.
La funcionaria estimó que en la actualidad en Paraguay operan unas 4.000 Juntas de Saneamiento, que van desde las más pequeñas, en los pueblos más chicos, hasta las más grandes, que se encargan de llevarle agua a hasta 50.000 habitantes.
También hay otras 1.000 Comisiones de Saneamiento, como se conoce a los grupos comunitarios que aún no han obtenido la personería jurídica que otorga el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del que depende el Senasa.
Y es que otra particularidad de la ley de agua es que puso al organismo que se encarga de supervisar la distribución de este preciado recurso bajo la órbita de esa cartera, ya que, según López, el acceso a una fuente de agua segura es un tema de “salud preventiva”.
Las Juntas de Saneamiento
López explicó que las Juntas se conforman de apenas cinco personas: un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal, que se eligen a través de una Asamblea Constitutiva.
“Trabajan ad honorem, no perciben un salario o dieta y son reemplazados cada cinco años”, señaló.
Sin embargo, operan “como una empresa comercial, contratando a operarios, administradores, técnicos y plomeros” entre otros.
Estos profesionales sí reciben un sueldo, que se obtiene de las tarifas que se cobran por el agua.
“Hay una tarifa básica por un consumo básico mensual, que es de 12.000 a 15.000 litros al mes, y quien usa más paga más”, señaló la funcionaria.
En cuanto a los precios, “la primera tarifa se define con ayuda del Senasa, pero después cada Asamblea determina los precios”.
Cómo se obtiene el agua
“Las Juntas de Saneamiento pueden operar los sistemas porque son sencillos”, explicó la funcionaria.
“Se perfora un pozo más o menos de 150 metros y el agua se impulsa por bombeo a un tanque elevado, desde donde se distribuye por gravedad. No necesita otro tipo de bombeo”, dice.
La perforación está a cargo del Senasa, que también suele aportar los tanques de agua.
“El sistema es sencillo de operar y mantener para gente que no está muy calificada”, destaca la funcionaria.
“Como el agua que sale del pozo es de buena calidad, lo único que pedimos es que se desinfecte el sistema”, afirma.
Por su parte, Walter Godoy, asistente de proyectos del Senasa, explicó a BBC Mundo que el Estado financia el 82% de las obras, mientras que las comunidades aportan el resto.
“El 15% de los costos de la comunidad es la mano de obra para instalar la cañería y los predios donde se colocan, y solo se paga un 3% en efectivo, que equivale a entre US$70 yUS$100”, afirmó.
“En las comunidades indígenas, el Estado financia el 100% de las obras”, agregó.
Este virtuoso sistema comunitario, que aprovecha la disponibilidad de agua subterránea, ha permitido a Paraguay duplicar el acceso al agua segura en pocas décadas.
“En el 90 teníamos una cobertura del 50% del país, pero con este modelo pudimos incrementar rápida y fuertemente la cobertura en toda la república”, dice López.
“Si comparamos este aumento con el experimentado por otros países, Paraguay se destaca como uno de los países que más ha mejorado en el mundo“, destacó por su parte López-Calva, del PNUD.
“Este cambio no es resultado de un repentino aumento en la cantidad de agua disponible en el país, sino el resultado de inversiones intencionales para mejorar la gobernanza del agua”, resaltó.
Lo que falta
Aunque el sistema de Juntas de Saneamiento ha permitido a Paraguay llevarle agua a casi toda su población, hay una pequeña franja que sigue excluida, reconoce la directora general del Senasa.
“En la regional oriental del país, donde vive el 97% de la población, hay abundante agua subterránea y ahí se cubre a las poblaciones más vulnerables y más dispersas, pero en el Chaco paraguayo, en el este, hay muchas comunidades indígenas, unas 200.000 personas, y ahí la fuente es más difícil porque el agua subterránea es salada”, explicó.
Por este motivo, allí la principal fuente de agua es la captación de agua de lluvia, proceso dificultado por la extrema sequía que ha vivido la región en los últimos dos años.
“Creo que en el Chaco no estamos llegando a las poblaciones más pobres, al menos no de una manera sostenible, porque llegamos, pero después de un tiempo hay que volver”, lamentó la funcionaria.
“Esa es la materia pendiente, donde debemos efectuar mayor esfuerzo”.
