El Tribunal de Cuentas de Misiones dio un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al avanzar en la evaluación que podría habilitarlo como auditor externo de los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una certificación que actualmente poseen muy pocas jurisdicciones del país.
En ese marco, la presidenta del organismo, Fabiola Bianco, recibió a Claudia Carrillo, representante del BID, quien encabeza las jornadas de trabajo técnico destinadas a analizar los procedimientos, metodologías y estándares de control aplicados por el Tribunal misionero.
La evaluación forma parte de un proceso riguroso impulsado por el organismo multilateral para garantizar que las instituciones encargadas de auditar sus programas cumplan con exigentes criterios internacionales de transparencia, independencia y capacidad técnica.
La iniciativa adquiere especial relevancia en un contexto en el que Misiones gestiona financiamiento internacional para obras estratégicas de infraestructura, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional. Contar con un organismo local habilitado para realizar las auditorías permitiría simplificar procedimientos y acelerar los tiempos de ejecución de los proyectos.
Actualmente, solo los tribunales de cuentas de las provincias de Buenos Aires y Mendoza lograron obtener esta certificación en la Argentina, lo que ubica a Misiones ante la posibilidad de integrarse a un grupo muy reducido de organismos con reconocimiento internacional para supervisar el uso de fondos provenientes del BID.
Desde el Tribunal destacan que alcanzar esta calificación significará un salto cualitativo en materia de control público. Además de consolidar el prestigio institucional del organismo, permitirá fortalecer la autonomía técnica de la provincia, optimizar los procesos de rendición de cuentas y reducir los costos asociados a auditorías externas contratadas fuera del territorio.
La certificación también constituiría una señal positiva para los organismos de financiamiento y los mercados internacionales, al validar la capacidad técnica y la solidez de los mecanismos de control de Misiones, un aspecto cada vez más valorado en el acceso al crédito para proyectos de desarrollo.
De concretarse la aprobación, Misiones no solo mejorará la eficiencia administrativa de los programas financiados por organismos multilaterales, sino que también reforzará su posicionamiento institucional en materia de transparencia, gobernanza y gestión de recursos públicos.
Con una mirada al desarrollo regional por fuera de las capitales del Mercosur, Luis Augusto “Guto” Silva, secretario de Ciudades del estado brasileño de Paraná dio una charla en Posadas. “Es muy fácil planificar sin gente; lo difícil es planificar con personas, con sus angustias y miedos”, argumentó.
En una entrevista con Economis, el especialista brindó su enfoque sobre planificación territorial y advirtió sobre uno de los principales obstáculos para el desarrollo regional: la falta de continuidad política y la carencia de arraigos entre lo que se planifica y las realidades sociales del lugar y su entorno. En otras palabras, no se puede pensar a Posadas sin su vínculo con Encarnación y las principales ciudades del sur de Brasil.
Silva vino a Misiones como invitado de la Universidad de la Integración Sudamericana (UNISUD), donde presentó una charla centrada en el “planeamiento de territorio en red”, un modelo que busca romper con la falta de coherencia política que afecta a las democracias latinoamericanas y que, según su visión, condena a muchas ciudades al estancamiento. “Pensar en la próxima elección hace que no haya un plan a largo plazo”, afirmó, al describir una dinámica que, según indicó, interrumpe proyectos y diluye estrategias.
Aclaró que con los actuales cambios en la tecnología y ciencia los planes a largo plazo no deben ser rígidos, sino que deben ser revisados y actualizados en el corto plazo, pero con metas a largo plazo.
El fracaso del planeamiento “vertical”
Para Silva, el principal obstáculo del desarrollo regional es el péndulo político: la tendencia a refundar las gestiones cada cuatro o seis años, descartando proyectos valiosos por falta de visión estratégica. “Muchos proyectos buenos se quedan en el camino por falta de una gestión focal”, advirtió el secretario, señalando que el planeamiento tradicional, diseñado por tecnócratas en oficinas centrales como Curitiba o Posadas, suele fracasar por su desconexión con la realidad territorial.
El modelo propuesto por el funcionario brasileño sustituye la jerarquía de “arriba hacia abajo” por un territorio en red. Esta metodología implica que la planificación no puede ser solo potestad del intendente o el concejal, sino que debe integrar a los actores locales. “Es muy fácil planificar sin gente; lo difícil es planificar con personas, con sus angustias y miedos”, analizó Silva. Explicó que los procesos técnicos muchas veces omiten conflictos, demandas y limitaciones concretas de las comunidades.
En ese sentido, describió la experiencia del estado de Paraná, donde se trabajó con los 399 municipios para construir una planificación más descentralizada. El objetivo fue evitar esquemas “de arriba hacia abajo” que, según advirtió, “están bonitos en el papel, pero no caminan”.
Uno de los enfoques centrales en su mirada sobre la planificación se centra en no solo hacer grandes planes, sino pensar objetivos en el corto plazo. Estos logros permiten validar la confianza de los actores del plan y permiten avanzar escalonadamente hacia un desarrollo integral.
Maringá: el espejo donde mirar el largo plazo
Como evidencia de éxito, Silva citó el caso de Maringá, ciudad brasileña de escala similar a Posadas (aproximadamente 450.000 habitantes), que ha sido elegida como la mejor ciudad para vivir en Brasil durante cuatro años consecutivos. La clave, según el funcionario, radica en un Consejo de Desarrollo que funciona de forma independiente al signo político del alcalde de turno.
“No importa quién es el intendente. Todos los años se firma el plan y se camina junto a él. Hay una agenda permanente hace 25 años donde los problemas se ponen sobre la mesa y se resuelven entre lo público y lo privado“, explicó.
La propuesta de Silva interpela directamente la coyuntura argentina, donde el debate actual oscila hacia una preeminencia del sector privado en la obra pública y la planificación. Ante esto, el secretario fue tajante: “El privado no puede planificar solo“.
En contraste, propone la “institucionalidad”, esto es la creación de “pequeños pactos” y relaciones de confianza es lo que permite que una red territorial gane fuerza y sobreviva a las crisis. Para él los consejos de desarrollo deben conformarse con representantes del sector público, el sector privado, la academia y la comunidad. Allí cada sector debe presentar sus problemáticas y en un debate abierto deben encontrarse las soluciones posibles y desarrollar los proyectos para lograrlos.
Silva argumenta que el sector privado, por su naturaleza, no prioriza los intereses colectivos ni el desarrollo humano por sobre la rentabilidad. El sector público debe actuar como el “director técnico” de un equipo (haciendo una analogía con el fútbol infantil) para evitar que todos los actores corran tras la pelota de forma desordenada.
En su visión, la planificación debe surgir de un equilibrio entre actores, donde cada sector asuma su rol dentro de un esquema coordinado. La construcción de consensos aparece como condición para sostener políticas en el tiempo.
“Hay que salir de la política solo como político. Si se queda concentrado en el concejal o el intendente, no va a ningún lugar”, planteó.
Bajo este enfoque, la planificación no se limita a la ciudad como unidad aislada, sino que incorpora su vínculo con el entorno rural, la producción, la industria y el sistema educativo. La clave, según explicó, es identificar problemas concretos y construir agendas compartidas: “Problema bueno es problema en la mesa”, sintetizó.
Este enfoque también apunta a reducir la volatilidad política. El ejemplo que citó fue el de ciudades brasileñas con planes de largo plazo que trascienden gestiones, donde los distintos gobiernos continúan una misma hoja de ruta.
Talento, inversión y desarrollo local
Uno de los ejes más sensibles que planteó Silva fue la pérdida de capital humano. Según indicó, la migración de jóvenes formados hacia grandes centros urbanos o el exterior debilita el desarrollo regional. Silva advirtió que si el territorio no“vibra” -es decir, si no ofrece condiciones culturales, educativas y de vida atractivas-, la inversión pública en educación termina siendo un subsidio para países centrales. “Cada vez que un joven formado en Posadas se va a trabajar a Estados Unidos, es una derrota nacional”, sentenció.
“No queremos perder más talento. Cuando eso ocurre es una derrota”, advirtió. En ese marco, vinculó la planificación territorial con la capacidad de generar condiciones para retener y atraer recursos humanos calificados. Recordó que la formación de recursos humanos significa una gran inversión desde el Estado.
Además, subrayó que el desarrollo económico no puede depender exclusivamente de una “vocación natural” del territorio, como la agroindustria, sino que debe abrirse a nuevas actividades mediante innovación y articulación entre sectores.
Integración entre Misiones, sur de Brasil y Paraguay
Silva puso énfasis en el potencial de integración regional entre el norte argentino, el sur de Brasil y Paraguay. Señaló que, pese a la distancia con los centros políticos nacionales, existe una cercanía cultural y económica que podría ser aprovechada.
“Hay mucha vida afuera de ese sistema centralizado”, afirmó, en referencia a las grandes capitales del Mercosur. En esa línea, cuestionó la lógica de “corredores” logísticos que solo conectan puntos, sin generar desarrollo local: “No queremos ser un corredor, queremos ser parte del desarrollo”, afirmó, instando a fortalecer los puntos de convergencia en las áreas agroindustrial y forestal que son comunes al Estado de Paraná y a Misiones.
El desafío, según lo expuesto, no pasa solo por diseñar planes, sino por construir acuerdos sostenibles que integren intereses diversos y generen resultados concretos. La evolución de estos modelos dependerá de la capacidad de los territorios para articular actores y sostener agendas más allá de los cambios de gobierno.
La implementación de estos consejos de desarrollo en el NEA dependerá de la capacidad de los actores locales (universidades, cámaras empresariales y gobiernos) para ceder cuotas de protagonismoen pos de una agenda común. La variable clave a observar será la voluntad política de institucionalizar estos espacios para que no queden reducidos a foros de debate sin ejecución real.
La pregunta que queda flotando es si el modelo de Maringá es exportable a una Argentina que hoy debate el repliegue del Estado en la planificación territorial.
En el segundo año de gestión del presidente Javier Milei, Argentina retrocedió cinco lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El país se ubicó en el puesto 104 sobre 182 naciones, con un puntaje de 36 sobre 100, un punto menos que en la medición previa.
El índice -uno de los indicadores de gobernanza más utilizados a nivel global por inversores, organismos multilaterales y analistas institucionales- ordena a los países desde los más transparentes hasta los más afectados por prácticas corruptas en el sector público. En 2024, Argentina había ocupado el puesto 99 entre 180 países relevados.
La edición 2025 incorporó a Belice y Brunei, ampliando la base de comparación internacional. Aun así, el desempeño argentino mostró un deterioro relativo tanto en el ranking como en el puntaje absoluto, lo que la dejó por debajo del promedio continental, que se ubicó en 42 puntos.
Señales institucionales y agenda anticorrupción
Desde Poder Ciudadano, capítulo local de Transparencia Internacional, atribuyeron el retroceso a la falta de avances en políticas anticorrupción. Su director ejecutivo, Pablo Secchi, sostuvo que durante los dos primeros años de gobierno “no se impulsaron medidas para prevenir ni sancionar la corrupción”, y mencionó casos como Libra y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como episodios que no tuvieron respuestas institucionales contundentes.
El resultado deja a Argentina en una posición similar a la de países como Belice y Ucrania, y por debajo de naciones con menor peso económico global como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana, lo que refuerza las alertas sobre la calidad institucional y el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
Comparación regional y global
En América, Argentina se ubicó en el puesto 19 sobre 33 países. Canadá (75 puntos) y Uruguay (73) encabezaron la región, mientras que Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) mostraron los peores desempeños.
A nivel global, el ranking fue liderado por Dinamarca (89 puntos) y Finlandia (88), mientras que Sudán del Sur y Somalia cerraron la lista con apenas 9 puntos. Venezuela quedó en el puesto 180, con 10 puntos.
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, advirtió que “el desarrollo económico sostenido requiere políticas de integridad estables en el tiempo” y señaló que la falta de avances en esta agenda constituye “una deuda institucional cada vez más urgente”.
Impacto económico e institucional
Desde Transparencia Internacional remarcaron que la corrupción no es solo un problema ético, sino un factor que incide directamente en la calidad de los servicios públicos, la seguridad jurídica y la competitividad económica. En su informe regional, la organización alertó que la inacción estatal permitió en varios países de América Latina la expansión del crimen organizado y la erosión de la confianza en las instituciones.
El presidente global de la ONG, François Valérian, sostuvo que “la corrupción no es inevitable” y llamó a fortalecer la rendición de cuentas, la supervisión independiente y el rol de la sociedad civil como pilares de una estrategia anticorrupción sostenible.
Cómo se elabora el índice
El Índice de Percepción de la Corrupción mide la percepción de empresarios y expertos sobre la corrupción en el sector público. Se construye a partir de entre tres y trece fuentes internacionales -como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Economist Intelligence Unit- y no releva la opinión del público general.
En el caso argentino, el puntaje surge del promedio de ocho encuestas internacionales, y su metodología permite la comparación interanual. Transparencia Internacional aclara que, dado el carácter oculto de muchas prácticas corruptas, la percepción de actores especializados sigue siendo el mejor proxy disponible para medir la integridad del Estado.
Inter Press Service – Miles de familias palestinas desplazadas por la guerra en la Franja de Gaza iniciaron el regreso a sus hogares, la mayoría derruidos, apenas al mediodía local de este viernes 10 se produjo el cese del fuego convenido entre Israel y la milicia islamista Hamas.
Reportes recibidos en las sedes de las Naciones Unidas daban cuenta de la movilización de más de 200 000 gazatíes -un río de caminantes y vehículos-, desde los improvisados campamentos y refugios en el sur de la Franja hacia el norte, a diferentes urbes, principalmente la ciudad de Gaza, escenario de los últimos bombardeos del ejército israelí, .
Cada gazatí provee un testimonio: “Todos en Gaza están felices por el fin de las masacres y el genocidio contra la población civil. Por fin podemos sentirnos seguros y protegidos tras dos años de destrucción y derramamiento de sangre de niños y adultos.”, expresa un desplazado, Taysir Jneid.
O el de Mariam al-Ghoula, anciana que vive en un campamento en el centro de Gaza: “Estoy feliz y triste a la vez; feliz porque hay un alto el fuego y es posible que podamos regresar a nuestros hogares, pero triste por los que perdimos, nuestros hijos que permanecen enterrados bajo los escombros”.
El fin de la guerra
La guerra que se ha detenido se inició el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas al sur israelí que en el que murieron más de 1100 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. La respuesta militar de Israel ha matado a unos 68 000 palestinos y herido a otros 170 000.
También la mayoría de los 2,2 millones de habitantes de la Franja debieron desplazarse, muchos de ellos varias veces, y la mayor parte de las viviendas y la infraestructura de servicios se redujo a escombros por los bombardeos.
Dos años después, los contendores acordaron los primeros pasos para cesar la guerra, con base en un proyecto que presentó el presidente estadounidense Donald Trump, respaldado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y aceptado por Hamas con la mediación de Egipto, Estados Unidos, Qatar y Turquía.
Con el cese del fuego y el repliegue que inician las fuerzas israelíes, se espera la liberación de los últimos rehenes en poder de Hamas -unos 20 con vida y los restos de otros 28 que perecieron en cautiverio- entre el domingo 12 y el lunes 13, y el rápido ingreso masivo de ayuda humanitaria por parte de las agencias de la ONU.
Stepháne Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la organización obtuvo autorización de Israel para ingresar a la bloqueada Franja 170 000 toneladas métricas de alimentos, suministros sanitarios y nutricionales, así como artículos para refugios y otros productos esenciales.
Los suministros se encuentran actualmente en la región, principalmente en Israel, pero también en Chipre, Cisjordania, Egipto y Jordania, y centenares de camiones están listos para llevarlos a Gaza.
Al bloquear durante meses el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja, Israel colocó a la población en una situación crítica por la falta de alimentos, agua potable, medicinas y otros bienes, lo que implicó la aparición de la hambruna en sectores de Gaza y la muerte de cientos de personas como consecuencia de la desnutrición.
Ricardo Pires, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió que se abran urgentemente los pasos fronterizos para que ingrese la ayuda, ya que hay unos 50 000 niños en riesgo de desnutrición aguda que necesitan asistencia con alimentos y abrigos a medida que se acerca el invierno.
Acuerdo de Paz
El acuerdo aún no establece cuál será el papel de las distintas agencias de la ONU -incluida Unrwa, la dedicada a la población palestina refugiada- en la fase que sigue inmediatamente a la adopción del acuerdo.
El plan de la ONU para los primeros 60 días supone reforzar la producción local de alimentos, detección y tratamiento de la malnutrición, restablecimiento de los servicios sanitarios esenciales, reparación de la red de abastecimiento de agua, y un aumento masivo de la provisión de refugios de emergencia.
Según el acuerdo, las tropas israelíes se replegarán reduciendo su control, de 80 a 53 %, del territorio, que alcanza a 365 kilómetros cuadrados. Hamás dispone de 72 horas para comenzar la liberación y entrega los rehenes a la Cruz Roja.
Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes conformarán los 1950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.
En las 24 horas previas al cese del fuego al mediodía del viernes murieron en ataques 17 palestinos y un soldado israelí, abatido por un francotirador.
Trump prevé viajar al Medio Oriente este fin de semana para participar de la firma de los acuerdos que ponen fin a la guerra. Aspiraba obtener, por esta y otras gestiones en sus poco más de ocho meses de gobierno, el Nobel de la Paz 2025, pero el Comité que otorga el premio en Oslo lo concedió a la opositora venezolana María Corina Machado, por liderar los esfuerzos por la democracia en su país.
El FMI advierte que 71 países aún no alcanzan el umbral del 15% del PBI en recaudación tributaria y pide reformas integrales para fortalecer el desarrollo.
El informe “Building Tax Capacity for Growth and Development”, elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, analiza el desafío global de la movilización de ingresos internos y destaca el compromiso de Sevilla como meta estructural para los países en desarrollo.
Un umbral clave para el desarrollo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que 71 países en desarrollo mantienen una presión tributaria inferior al 15% del PBI, un nivel considerado crítico para garantizar la sostenibilidad fiscal, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico.
El informe “Building Tax Capacity for Growth and Development: Evidence-Based Analysis for Mobilizing Domestic Revenue” (2025), elaborado por un equipo encabezado por Katherine Baer, Ruud De Mooij y Vítor Gaspar, sostiene que alcanzar y sostener una relación impuestos/PBI de al menos 15%, reconocida por la ONU en el Compromiso de Sevilla, es condición indispensable para construir Estados modernos, financiar servicios públicos e impulsar el desarrollo sostenible.
“La capacidad tributaria es el núcleo de la capacidad estatal. Sin una base impositiva sólida, los países quedan atrapados en un ciclo de bajo crecimiento y escasa gobernanza”, advierte el FMI.
América Latina y África, en el centro del desafío
Según el informe, 23 de los 71 países con presión fiscal inferior al 15% del PBI son Estados frágiles o afectados por conflictos, mientras que 38 son economías ricas en recursos naturales y 40 pertenecen al grupo de bajos ingresos.
En promedio, los países de bajos ingresos podrían movilizar hasta un 5% adicional del PBI mediante una reforma tributaria integral, aunque el principal obstáculo sigue siendo la limitada capacidad institucional.
El FMI remarca que el fortalecimiento de la recaudación no debe basarse en subir impuestos, sino en ampliar la base tributaria, mejorar la eficiencia del IVA, racionalizar exenciones e incentivos y reforzar la administración impositiva mediante digitalización y gestión de riesgos.
“Enfoque de sistema tributario”: política, ley y administración integradas
El documento destaca la necesidad de aplicar el “tax system approach”, una estrategia integral que combina política fiscal, legislación y administración tributaria. Entre las principales recomendaciones:
Ampliar bases imponibles, revisando gastos tributarios y limitando exenciones.
Optimizar impuestos indirectos como el IVA y los selectivos al consumo (combustibles, tabaco, bebidas).
Revisar incentivos a la inversión, privilegiando créditos fiscales o depreciación acelerada antes que exenciones totales.
Reforzar el cumplimiento fiscal mediante educación, transparencia y herramientas digitales simples.
Fomentar la moral tributaria, promoviendo la confianza y la buena gobernanza.
“La construcción de capacidad tributaria es, ante todo, un proceso político nacional —sostiene el FMI—, pero el desarrollo de capacidades internacionales puede acelerar la consolidación institucional”.
Un llamado a la acción coordinada
El informe resalta la creación de la Asociación Mundial para las Finanzas Públicas, una iniciativa del FMI que busca coordinar la asistencia técnica y el aprendizaje entre países, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Asimismo, recuerda que el Compromiso de Sevilla, adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (junio de 2025), insta a los Estados y organismos multilaterales a duplicar el apoyo a la movilización de ingresos internos antes de 2030.
“Lograr un ratio impositivo sostenible no es un fin en sí mismo, sino la base para un desarrollo inclusivo y la estabilidad macroeconómica a largo plazo”, concluye el documento.
