Gobierno Nacional

El Gobierno cedió y aceptó 28 modificaciones en el proyecto de la reforma laboral

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El Gobierno nacional aceptó cambios clave en el proyecto de reforma laboral antes del debate previsto para este miércoles en el Senado y validó las modificaciones negociadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, con la oposición dialoguista. El punto central fue la eliminación del artículo que proponía una rebaja del 3% en el Impuesto a las Ganancias para las empresas.

La caída de esa cláusula despejó las últimas dudas que pesaban sobre el futuro de la iniciativa en la Cámara alta. Con los gobernadores provinciales conformes -al evitar una pérdida estimada en 3 billones de pesos- el proyecto se encamina a su aprobación con cambios, pero sin sobresaltos.

La decisión fue confirmada por Bullrich en una conferencia de prensa ofrecida en el Senado, acompañada por Eduardo Vischi, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, y Martín Goerling, titular del bloque del PRO. Allí, la senadora explicó que el oficialismo resolvió postergar el debate sobre Ganancias hasta avanzar en una reforma fiscal integral.

“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó Bullrich.

Los cambios al dictamen firmado en diciembre no solo beneficiaron a las provincias. La Casa Rosada también cedió ante los reclamos de la Confederación General del Trabajo y resolvió mantener sin modificaciones el aporte patronal a las obras sociales, que seguirá en el 6%. Además, los denominados “aportes solidarios” continuarán siendo obligatorios por dos años más, con un tope del 2%, y luego pasarán a ser voluntarios. Los empleadores conservarán su rol como agentes de retención de la cuota sindical, preservando así la recaudación gremial.

Las cámaras empresarias también lograron introducir cambios: se eliminó la cláusula que volvía voluntarios los aportes de sus miembros. Al igual que en el caso sindical, esos aportes serán obligatorios durante dos años, con un límite del 0,5%.

En total, Bullrich anunció 28 modificaciones, que fueron enviadas a los senadores tras recibir el aval de la mesa política del Gobierno, reunida al mediodía en la Casa Rosada. La senadora aclaró que no todas las correcciones implican cambios de fondo, ya que algunas son meramente de redacción. Entre ellas, se eliminará la referencia a la denominada “industria del juicio” en el capítulo de justicia laboral.

Según explicó la exministra de Seguridad, todas las modificaciones fueron consensuadas con los bloques de la oposición dialoguista, lo que anticipa un respaldo de entre 42 y 44 votos en la votación en general. En la discusión en particular, que se hará por títulos, podrían variar los apoyos, aunque el oficialismo confía en que cada apartado tendrá mayoría asegurada.

El viraje del Gobierno contrasta con la postura expresada la semana pasada, cuando desde la mesa política se había dejado trascender que no se modificaría “ni una coma” del proyecto original.

El texto mantiene como ejes centrales la reducción de los cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para contratar y despedir personal, la limitación del derecho a huelga y una menor capacidad de representación y recaudación sindical, aunque con concesiones introducidas durante la negociación.

En la antesala de la votación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una reunión de la mesa política en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Caputo, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El encuentro, inicialmente previsto para el miércoles, fue adelantado y se extendió por casi dos horas.

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Carne por las nubes: suben los precios, cae el consumo y la Nación prioriza exportar

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El precio de la carne vacuna volvió a subir en Argentina y profundiza un escenario crítico marcado por la caída del consumo y la ausencia de políticas nacionales orientadas a contener el impacto sobre los hogares. El nuevo aumento golpea con mayor fuerza a los sectores de ingresos medios y bajos, donde el acceso a uno de los alimentos centrales de la dieta argentina se vuelve cada vez más limitado.

En los primeros días de enero, la carne registró una suba cercana al 10%, a la que se sumó previamente un incremento del 25% en el pollo. La combinación de ambos ajustes intensificó la presión sobre el poder adquisitivo y el costo de vida familiar, en un contexto donde las decisiones oficiales continúan priorizando las exportaciones por sobre el abastecimiento interno.

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) advirtieron que, pese a los aumentos de precios, el consumo per cápita de carne vacuna se mantiene en niveles históricamente bajos. Según la entidad, esta dinámica refleja la pérdida sostenida del poder adquisitivo de las familias frente a una inflación persistente que sigue erosionando los ingresos reales.

El impacto se siente de forma inmediata en los mostradores. Comerciantes del sector señalan que el precio promedio del kilo de carne vacuna ronda los 14.000 pesos, con cortes que superan ampliamente ese valor. La escalada consolida una tendencia que restringe cada vez más el acceso al consumo cotidiano.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó la ampliación del cupo de exportación de carne vacuna a Estados Unidos tras la firma de un acuerdo comercial bilateral. A partir de una decisión adoptada por el presidente estadounidense Donald Trump, la cuota anual pasará de 20.000 a 100.000 toneladas, lo que habilita la salida de 80.000 toneladas adicionales al mercado externo.

Desde el Ejecutivo destacaron que la medida permitiría generar ingresos cercanos a los 800 millones de dólares para el sector agroexportador, según informó el canciller Pablo Quirno. Sin embargo, distintos especialistas y referentes de la cadena cárnica advirtieron que el impulso a las exportaciones se produce en un contexto de precios internos en alza y consumo deprimido.

A estas críticas se suman las advertencias de actores productivos que califican como “peligroso” el ingreso de carne estadounidense sin aranceles, contemplado en el acuerdo. Señalan que la falta de resguardos oficiales podría generar mayor presión sobre la producción local y agravar la situación del mercado interno.

El aumento de la carne se inscribe, además, en un escenario de aceleración general de la canasta básica. Un informe de la consultora LCG indicó que los precios de alimentos y bebidas volvieron a mostrar subas en la primera semana de febrero. Según la economista Florencia Iragui, la inflación mensual se ubicaría entre el 2,2% y el 2,3%, impulsada en gran parte por los precios regulados, entre ellos el gas, que registraría aumentos superiores al 15% tras la quita de subsidios.

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CONINAGRO abrió su agenda 2026 con Santilli, pero no hablaron de la crisis de la yerba

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La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda. (CONINAGRO) llevó adelante su primera reunión de Consejo del año 2026, que contó con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en un encuentro donde se expusieron las distintas realidades que atraviesan las economías regionales a lo largo del país.

Durante la reunión, productores y consejeros de la entidad presentaron ante el funcionario nacional un diagnóstico de las principales problemáticas del sector productivo, con eje en el acceso al financiamiento, el crédito, la infraestructura y las condiciones macroeconómicas que impactan sobre cooperativas y productores de las distintas regiones.

Pese a la amplitud de la agenda, no fue abordada la crisis que atraviesa actualmente la cadena de la yerba mate, uno de los complejos productivos más sensibles para provincias del NEA y que viene registrando fuertes tensiones en precios, rentabilidad y volumen de cosecha.

Agenda de propuestas de CONINAGRO

Previo al encuentro con el Consejo, Santilli fue recibido por el Comité Ejecutivo de CONINAGRO, que le entregó una serie de propuestas orientadas al sector agropecuario, con especial énfasis en la necesidad de avanzar en procesos de simplificación y armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno.

Entre los ejes presentados, la entidad puso sobre la mesa el Semáforo de Economías Regionales, una herramienta de seguimiento que refleja la situación dispar de las actividades productivas en las provincias y expone los desequilibrios estructurales que afectan al entramado cooperativo y rural.

Asimismo, se planteó una propuesta de Programa de Financiamiento Estratégico para el Campo, enfocado en inversiones en riego, malla antigranizo y hacienda, como complemento de las medidas incluidas en el Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Poder Ejecutivo y que se encuentra actualmente en debate en el Congreso.

Crédito productivo, reforma laboral e infraestructura

Otro de los puntos abordados fue el análisis del crédito al sector productivo, con especial atención en aquellos rubros que enfrentan mayores dificultades de acceso y condiciones de financiamiento más costosas, una problemática recurrente para cooperativas y productores de menor escala.

También se presentaron propuestas de políticas innovadoras para el agro, que incluyen no solo la simplificación tributaria, sino también la creación de un Fondo Anticíclico y de Riesgo Agropecuario, concebido como una herramienta para mitigar el impacto de crisis climáticas, económicas y de mercado sobre las economías regionales.

Al finalizar la visita, Santilli señaló: “Siempre es bueno escuchar a los productores de todas las provincias. Esperemos que a todos los sectores llegue el buen rumbo que está tomando el presidente Javier Milei”*.

En relación al debate por la reforma laboral que se discute en el Congreso, el ministro expresó su expectativa de que el proyecto avance en el Senado: “Yo soy muy positivo en que tengamos media sanción la semana que viene. Tiene que ser el puntapié inicial para los otros cambios que tienen que venir en nuestro país”.

Finalmente, Santilli se refirió a las modificaciones previstas en materia de infraestructura vial y sostuvo que el Ministerio de Economía proyecta concesionar 9.200 kilómetros de corredores viales antes de mitad de año, en un proceso que, según indicó, ya cuenta con antecedentes en rutas como la 14, que atraviesa Entre Ríos y Corrientes.

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Patrimonio en disputa: el decreto por el sable de San Martín desata renuncias y acciones judiciales

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La decisión del Gobierno nacional de trasladar el sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo desató una crisis política, institucional y cultural que ya tuvo consecuencias concretas: la renuncia indeclinable de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, y la presentación de acciones judiciales para frenar la medida. El conflicto quedó formalizado con la publicación del Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, general Carlos Presti, y volvió a poner en el centro del debate el alcance de las decisiones del Poder Ejecutivo sobre el patrimonio histórico nacional.

El Decreto 81/2026 y la salida de la directora del Museo Histórico Nacional

La renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar se produjo este martes, pocas horas después de que el Poder Ejecutivo confirmara oficialmente el traslado del sable corvo. La funcionaria había asumido en agosto de 2025 al frente del Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama, tras desempeñarse como directora nacional de Museos, y había reemplazado a Gabriel Di Megio, quien dejó el cargo en medio de reclamos por la falta de presupuesto.

En declaraciones al diario Clarín, Rodríguez Aguilar calificó la decisión oficial como producto de “una interpretación muy original” del proceso de donación de la pieza histórica y sostuvo que el conflicto tiene antecedentes en la historia argentina. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

El Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece que el sable corvo —uno de los símbolos más representativos de la independencia y la soberanía nacional— dejará de exhibirse en el museo para quedar bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La norma subraya que la pieza “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina”, recuerda que fue donada al Estado en 1897 y detalla que sufrió dos robos, ocurridos en 1963 y 1965, mientras se encontraba en el museo.

La entrega formal del sable está prevista para este sábado, en una ceremonia en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, un dato que refuerza la carga simbólica y política del traslado.

Reacciones políticas, protestas y tensión institucional

La decisión oficial no solo derivó en la renuncia de la máxima autoridad del museo, sino que también generó reacciones en redes sociales y episodios de tensión dentro de la institución. Según denunciaron trabajadores del Museo Histórico Nacional, en los últimos días se registró la irrupción de jóvenes que se identificaron como libertarios, quienes reclamaron de manera airada el regreso del sable al regimiento y expresaron consignas vinculadas a gestiones anteriores.

Este clima de confrontación expuso un conflicto más amplio sobre el rol del Estado en la administración del patrimonio cultural, el equilibrio entre esfera civil y militar y el uso político de los símbolos históricos. En términos institucionales, la salida de Rodríguez Aguilar reabre además el debate sobre la gestión de los museos nacionales, en un contexto ya marcado por restricciones presupuestarias y reestructuraciones administrativas.

Acciones judiciales: amparos y medidas cautelares contra el traslado

La controversia escaló al plano judicial con la presentación de acciones de amparo contra el Decreto 81/2026. El dirigente de Convergencia Justicialista y candidato a la presidencia del PJ Misiones por la lista Amplitud, Gonzalo Costa de Arguibel, anunció que interpuso un amparo judicial con medida cautelar para impedir el traslado del sable.

Arguibel difundió la iniciativa a través de un video publicado en sus cuentas de Instagram y Facebook, donde destacó su condición de “descendiente de Juan Manuel de Rosas”, a quien San Martín legó el sable con el que combatió en la guerra por la independencia. En ese mensaje, afirmó: “Este sable, donado por la familia Rosas al Estado argentino, debe permanecer en la esfera civil, como símbolo patrio y patrimonio cultural del pueblo”.

Bajo el lema “Defender la historia es defender la Patria”, el dirigente sostuvo que “defenderlo es respetar la voluntad histórica de Juan Manuel de Rosas y su familia, y proteger nuestra identidad nacional frente a decisiones arbitrarias”, y cerró su intervención con consignas políticas: “¡Viva San Martín! ¡Viva Rosas! ¡Viva Perón!”.

En paralelo, no es el único descendiente de Rosas que accionó contra el decreto presidencial. Este martes, la prensa porteña informó sobre la presentación de una medida cautelar de no innovar impulsada por otros herederos del Restaurador, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez.

Un debate abierto sobre patrimonio, poder y símbolos

El conflicto por el sable corvo de San Martín trasciende el traslado físico de una reliquia histórica. La renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, la publicación del Decreto 81/2026 y la judicialización del caso exponen una disputa de fondo sobre quién define el destino del patrimonio histórico, bajo qué criterios institucionales y con qué límites normativos.

Mientras el Gobierno avanza con la ceremonia de entrega en San Lorenzo, el escenario queda marcado por la incertidumbre judicial, la tensión política y un debate que vuelve a poner en discusión la relación entre historia, identidad nacional y decisiones del Poder Ejecutivo.

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Caputo frena el nuevo IPC y tensa la relación con el FMI

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno no aplicará por ahora la actualización de la canasta con la que se mide la inflación y que el Índice de Precios al Consumidor continuará calculándose con la metodología vigente, basada en una estructura de consumos de 2004.

La nueva medición ya había sido comprometida ante el Fondo Monetario Internacional y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina, que incluso incorporó su propio indicador complementario. La primera difusión oficial estaba prevista para el 10 de febrero, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicara el dato de inflación de enero. El desacuerdo interno en torno a este cambio derivó en la salida de Marco Lavagna, tras seis años al frente del organismo estadístico.

El compromiso con el FMI

El acuerdo firmado con el FMI en abril del año pasado establecía que el Gobierno debía avanzar en la implementación de la nueva metodología. El documento señala que “la asistencia técnica del Fondo seguirá apoyando a las autoridades en la implementación de las ponderaciones actualizadas del Índice de Precios al Consumidor” y agrega que “se espera que estas estén finalizadas e implementadas para la segunda revisión del programa”.

Originalmente, esa segunda revisión estaba pautada para noviembre de 2025, con supervisión de las metas a septiembre de ese año. Sin embargo, en la primera revisión del acuerdo se modificó el cronograma y la segunda quedó fijada para enero de 2026, evaluando el cumplimiento de los objetivos a diciembre. En ese marco, se espera que la misión técnica del FMI llegue al país en los próximos días.

En la primera revisión, realizada en agosto del año pasado, el Fondo había planteado que el INDEC debía publicar hacia fines de 2025 el nuevo IPC, actualizado en base a la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018 (ENGHO), con el objetivo de “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de consumo y mejorar la calidad de los datos”.

No obstante, también quedó establecido que “el momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la próxima revisión”, es decir, la que se desarrolla este mes. Esa aclaración se alinea con la postura expresada por Caputo, quien sostiene que el cambio metodológico debe implementarse una vez consolidado el proceso de desinflación. En el oficialismo apuntan a que la inflación mensual comience con cero a mediados de este año.

La posición del Banco Central

En su Informe de Política Monetaria, el Banco Central explicó que la actualización del índice “busca reflejar las modificaciones en los patrones de consumo de los hogares”, tanto por cambios de precios relativos como por nuevos hábitos.

La nueva medición contemplaba no sólo un ajuste en las ponderaciones, sino también el relevamiento de una mayor cantidad de bienes y servicios. Según el análisis del BCRA, perderían peso relativo los alimentos, las prendas de vestir y las comidas fuera del hogar, mientras que ganarían participación distintos rubros de servicios.

Entre ellos, se destaca el caso de Alquileres y gastos conexos, cuyo peso en el índice podría duplicarse, pasando de alrededor del 3% al 6%. En ese sentido, el Banco Central sostuvo que lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una fuerte recomposición tarifaria, permitiría reducir el riesgo de sobreponderar gastos como electricidad y gas, un problema que se habría generado de aplicarse la actualización en años anteriores.

De acuerdo con la entidad monetaria, los cambios metodológicos “no deberían afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”.

El indicador propio del BCRA

Más allá de la medición oficial, el Banco Central desarrolló su propio indicador de inflación subyacente (IPC-S), que excluye componentes volátiles como carnes y alquileres, a diferencia de la inflación núcleo que publica el INDEC.

Como referencia, en diciembre la inflación general fue del 2,8%, la núcleo del 3% y la subyacente del BCRA del 2,1%. En términos interanuales, las cifras fueron 31,5% para la general, 33,1% para la núcleo y 28,1% para el IPC-S.

La entidad remarcó que esta práctica es habitual entre bancos centrales, especialmente la exclusión de la carne por la elevada volatilidad de sus precios. “En el margen, el IPC-S del BCRA sugiere una tendencia inflacionaria más benigna que las medidas convencionales informadas por el INDEC”, señalaron, aunque advirtieron que a comienzos de 2026, cuando se revierta el efecto estacional de los precios de la carne, podría observarse el efecto contrario.

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