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Cambios en la Aduana de Ezeiza, ARCA renovó toda la cúpula

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El Gobierno avanzó con una renovación integral de la conducción de la Aduana de Ezeiza y designó a Gustavo Mariezcurrena como nuevo jefe del Departamento Operacional Aduanero. La decisión, formalizada el 6 de enero por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se inscribe en la reconfiguración del organismo tras la llegada de Andrés Vázquez a su conducción y tiene impacto directo sobre el control aduanero en la principal terminal aeroportuaria del país.

Reordenamiento en Ezeiza tras el recambio en la conducción de ARCA

Luego de los cambios en la cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el organismo dispuso una renovación total de las autoridades de la Aduana de Ezeiza. La medida responde a la nueva etapa iniciada el 15 de diciembre, cuando Andrés Vázquez asumió al frente de ARCA en reemplazo de Juan Pazo, tras su paso por la Dirección General Impositiva (DGI).

Mediante una disposición firmada el 6 de enero, ARCA designó a Gustavo Mariezcurrena como jefe del Departamento Operacional Aduanero de Ezeiza. El nuevo responsable del área responde políticamente a Vázquez y tendrá bajo su órbita la gestión aduanera de la principal estación aeroportuaria de la Argentina, un punto neurálgico para el control de comercio exterior, pasajeros y equipajes.

La resolución también formalizó otros nombramientos clave en la estructura operativa y de fiscalización. Martín Currao fue designado jefe de Control y Fiscalización Operativa, mientras que Nicolás Vélis, quien ocupaba ese cargo hasta ahora, fue promovido para secundar a Mariezcurrena dentro del Departamento Operacional Aduanero.

Nuevas designaciones y reasignaciones internas en áreas sensibles

El reordenamiento incluyó además cambios en áreas estratégicas del control aduanero. Alejandra Rodríguez quedó a cargo del área de Control de Pista, en reemplazo de Gabriel Massimino, mientras que Martín Arias fue designado como nuevo responsable de Control de Equipaje, sustituyendo a Oscar Atilio Conti.

En paralelo, la disposición de ARCA relegó a otras funciones a funcionarios que hasta ahora ocupaban cargos jerárquicos. Salvador Rosselli, exjefe de Fiscalización y Operativa Aduanera, y Rita Carolina Beker pasaron a desempeñar tareas de menor jerarquía. En el caso de Beker, el texto de la resolución señala que “ha prestado su expresa conformidad para cumplir funciones de menor jerarquía”.

La normativa fue firmada por la directora del área de Recursos Humanos de ARCA, Guadalupe González Sanguinetti. En sus fundamentos, se remarca que la normativa vigente otorga a la conducción del organismo facultades para “organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal”, y que la evaluación de la “oportunidad, mérito o conveniencia” de estas decisiones corresponde a la propia conducción de la agencia tributaria.

Continuidad de la política tributaria y perfil de la nueva conducción

La nueva conformación del área de control aduanero en Ezeiza se alinea con la gestión de Andrés Vázquez, designado por el Gobierno nacional tras la renuncia de Juan Pazo para regresar al sector privado. Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, se destacó que la llegada de Vázquez a ARCA debe interpretarse “como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo”.

Vázquez cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito fiscal. Es Licenciado en Administración y Contador Público por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con formación complementaria en control financiero y prevención del lavado de dinero, además de experiencia y capacitación en el plano internacional. Su perfil técnico y su paso previo por la DGI explican, en parte, el armado de un equipo de confianza en áreas clave como la Aduana de Ezeiza.

En paralelo, ARCA definió el reemplazo de Vázquez en la Dirección General Impositiva. Mariano Mengochea fue nombrado como nuevo titular del organismo recaudador interno, luego de haberse desempeñado desde octubre pasado como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas. En ese rol, Mengochea secundaba al Director General en la ejecución y coordinación de acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores, con un lugar relevante dentro de la estructura de ARCA.

Impacto institucional y señales hacia el control aduanero

La renovación completa de la cúpula de la Aduana de Ezeiza constituye una señal institucional fuerte en materia de control, fiscalización y alineamiento interno. Ezeiza concentra una parte sustancial del movimiento de pasajeros, mercaderías y divisas, por lo que cualquier cambio en su conducción tiene implicancias directas en la política aduanera, la recaudación y la lucha contra maniobras irregulares.

Con este reordenamiento, el Gobierno refuerza la conducción política y técnica de uno de los puntos más sensibles del sistema aduanero, en línea con la estrategia general de ARCA y con el objetivo declarado de sostener la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras definidas por el Poder Ejecutivo.

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El Gobierno disuelve la ANDIS y traslada Discapacidad al Ministerio de Salud

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El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, una decisión que busca reordenar la gestión, reducir estructuras y reforzar controles luego de la detección de graves irregularidades administrativas. El anuncio fue realizado este martes 30 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aclaró que no se recortarán ni eliminarán prestaciones, pensiones ni servicios vinculados a la discapacidad.

La medida se concreta tras el impacto político generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y luego de una revisión interna que, según el Ejecutivo, confirmó descontrol administrativo, prácticas incompatibles con la transparencia y fallas en los mecanismos de control dentro del organismo creado en 2017.

De organismo descentralizado a área bajo Salud: los fundamentos de la decisión

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni desde la sala de conferencias. En su explicación, recordó que la ANDIS fue creada como un organismo descentralizado para coordinar políticas públicas en discapacidad, pero que con el tiempo acumuló capas burocráticas y autonomía administrativa sin controles efectivos.

Según detalló el funcionario, esa estructura derivó en irregularidades como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios. Entre los casos mencionados, citó a la Fundación METAS, que declaraba brindar clases de apoyo escolar, aunque en sus instalaciones se hallaron “solo suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.

Adorni sostuvo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se administrarán “de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”. Además, anticipó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en todas las decisiones.

Reducción de estructura y garantías sobre las prestaciones

Uno de los ejes centrales del anuncio fue el achicamiento de la estructura política. El jefe de Gabinete confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo disuelto. Para el Gobierno, este recorte apunta a optimizar recursos públicos y fortalecer la gestión directa desde Salud.

En paralelo, Adorni enfatizó en reiteradas oportunidades que la medida no implica recortes en derechos ni prestaciones. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, subrayó, y agregó: “Repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”. El mensaje buscó despejar temores en beneficiarios, prestadores y organizaciones del sector, en un contexto de alta sensibilidad social.

Reacciones políticas y polémica por el cierre de la ANDIS

La decisión generó fuerte repercusión política y social, con críticas desde distintos espacios opositores. Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez cuestionó la medida en redes sociales y sostuvo que “quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, al tiempo que afirmó que “no es una reestructuración administrativa, es un plan de impunidad”.

En la misma línea, la diputada Gabriela Estévez calificó el cierre como “otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias”, y vinculó la decisión con “recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción”. Por su parte, Esteban Paulón puso el foco en el cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió sobre eventuales responsabilidades institucionales.

Desde el Partido Obrero, el legislador Gabriel Solano aseguró que el cierre deja “a las personas con discapacidad y a quienes las atienden a la deriva”, tras denunciar el uso del presupuesto del área.

Impacto institucional y escenario a futuro

El traspaso de funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, redefine el esquema institucional de las políticas de discapacidad y concentra la gestión en una cartera con capacidad operativa y sanitaria. Para el Ejecutivo, el cambio permitirá ordenar procesos, mejorar controles y garantizar transparencia; para la oposición, abre interrogantes sobre la continuidad efectiva de programas y la rendición de cuentas.

En un contexto de revisión del gasto público y reorganización del Estado, la disolución de la ANDIS se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de estructuras descentralizadas. El debate, sin embargo, seguirá abierto en el plano político, judicial y social, con especial atención en la continuidad de las prestaciones, la auditoría de los expedientes heredados y el impacto real en las personas con discapacidad y los prestadores del sistema.

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El Ejecutivo demora la reforma laboral ante la falta de apoyos y la presión sindical

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El Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral y trasladarlo para febrero de 2026, en una jugada política orientada a asegurar respaldos legislativos y evitar que la iniciativa se convierta en una nueva herramienta de presión de los gobernadores en plena negociación presupuestaria, según la consultora Ecolatina. La decisión se tomó luego de las complicaciones surgidas durante la discusión del Presupuesto, que dejaron en evidencia dudas sobre el acompañamiento de aliados clave, especialmente en el Senado, y un escenario de alta fragilidad política para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

La postergación busca descomprimir el frente legislativo y ganar tiempo en un contexto donde no existe una voluntad firme de acompañamiento por parte de los aliados circunstanciales, lo que llevó a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a recalibrar su estrategia y evitar una derrota o un costo político innecesario.

Presupuesto, gobernadores y reforma laboral: un delicado equilibrio político

La discusión del Presupuesto actuó como detonante de la decisión oficial. Según el análisis interno del Ejecutivo, avanzar en paralelo con la reforma laboral hubiera expuesto al Gobierno a una doble negociación con los gobernadores, que podrían haber utilizado su apoyo —o su rechazo— a la iniciativa laboral como moneda de cambio adicional en la puja por recursos y partidas presupuestarias.

En ese marco, el Gobierno evaluó que el debate laboral podía quedar rehén de las tensiones fiscales y políticas, debilitando su capacidad de ordenar mayorías estables. La ausencia de señales claras de acompañamiento por parte de los gobernadores aliados terminó de inclinar la balanza hacia la postergación.

Con este movimiento, el oficialismo busca recomponer condiciones políticas, reducir el margen de presión externa y encarar la discusión laboral en un momento de mayor previsibilidad parlamentaria.

CGT en la calle y disputa por el contenido de la reforma

La decisión del Ejecutivo coincidió temporalmente con una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, organizada como una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma laboral. La central sindical activó una estrategia múltiple para intentar frenar o moderar los cambios: protesta en la calle, diálogo con bloques aliados en el Congreso y la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de que la reforma sea sancionada.

Desde la CGT descuentan que no es viable frenar la totalidad de la ley, pero apuntan a bloquear o atenuar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores. La postergación del debate amplía el margen de maniobra sindical y fortalece el trabajo de lobby sobre los sectores dialoguistas.

El Congreso como campo de disputa: aliados, rechazos y bloques clave

Con el nuevo calendario, el escenario legislativo aparece más definido. El oficialismo y sus aliados más afines a la reforma, en particular el PRO, mantienen su respaldo al proyecto. En el extremo opuesto, el peronismo opositor ratifica su rechazo.

La verdadera disputa, tanto para el Gobierno como para la CGT, se concentra ahora en los bloques dialoguistas y en los gobernadores, que se consolidan como los árbitros del debate. Allí se jugará la posibilidad de sancionar la reforma, modificarla sustancialmente o bloquear sus puntos más sensibles.

La postergación, lejos de clausurar el conflicto, lo traslada en el tiempo y lo intensifica en términos de negociación política, en un año donde la agenda legislativa seguirá atravesada por tensiones fiscales, reformas estructurales y disputas de poder entre Nación, provincias y actores sociales.

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Energía y transporte, en el centro del plan de privatizaciones que impulsa el Gobierno para 2026

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El Gobierno nacional definió una estrategia para avanzar en 2026 con la privatización de más de una decena de empresas públicas, principalmente en los sectores de energía, transporte y servicios, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos para fortalecer las reservas. El plan se apoya en la transformación previa de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, un paso clave desde el punto de vista jurídico e institucional para habilitar futuras ventas.

La iniciativa se enmarca en el esquema de reformas impulsado por el presidente Javier Milei, que busca reducir la participación del Estado en actividades empresariales, igualar las condiciones de competencia con el sector privado y avanzar en un proceso de desinversión ordenado.

El marco normativo y la transformación de las empresas públicas

El sustento legal del proceso se encuentra en el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023, mediante el cual el presidente Milei dispuso que todas las sociedades o empresas con participación estatal, cualquiera fuera su tipo o forma societaria, deban transformarse en Sociedades Anónimas.

De este modo, las empresas quedaron sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativas públicas. Esta modificación resulta central porque elimina regímenes especiales y facilita los procesos de privatización, concesión o venta de activos.

En ese marco, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). El último paso se concretó este viernes, cuando se inscribió en el Registro Público la conversión de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE) en Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), cerrando así una etapa clave del plan oficial.

Las empresas que el Gobierno buscará privatizar

Con la estructura societaria ya modificada, el Ejecutivo avanza con una lista amplia y diversa de empresas que podrían ser privatizadas durante 2026. Entre ellas se destacan compañías vinculadas al transporte ferroviario, aéreo y fluvial, así como a servicios públicos y energía.

En el primer grupo figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Operadora Ferroviaria, la Administración General de Puertos, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Intercargo y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, un activo estratégico para el comercio exterior argentino.

También aparecen empresas de servicios y contenidos públicos, como Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Casa de Moneda, junto con Fabricaciones Militares.

Además, el Gobierno incluyó en su hoja de ruta a grandes compañías de infraestructura y energía, como Transener, las represas hidroeléctricas, Enarsa y AYSA, la empresa que provee agua potable y cloacas al Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el caso de Corredores Viales, la privatización abarca una red de 9.000 kilómetros de rutas, lo que anticipa un fuerte impacto en el esquema de concesiones y mantenimiento vial

Impacto económico y sectores sensibles

Desde el punto de vista económico, el Gobierno espera que el proceso de privatizaciones genere ingresos extraordinarios que permitan robustecer las reservas, al tiempo que impulse una mayor participación del sector privado en áreas consideradas estratégicas.

Sin embargo, el alcance del plan también anticipa repercusiones significativas en sectores sensibles como el transporte, la energía y los servicios públicos, donde las empresas involucradas cumplen funciones clave en la logística, la conectividad y el abastecimiento básico.

La decisión de concentrar la mira principalmente en energía y transporte refleja la relevancia fiscal y económica de estos sectores, pero también abre un debate sobre tarifas, inversiones futuras y el rol del Estado en la regulación de servicios esenciales.

Con la conversión societaria ya concluida, 2026 aparece como el año clave para la ejecución del plan. El avance efectivo de las privatizaciones dependerá del contexto macroeconómico, del interés de los inversores y de la capacidad del Gobierno para llevar adelante un proceso que combina decisiones políticas, reformas institucionales y alto impacto económico.

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Rodrigo Correa debutó al frente del INYM y se aprobó un aumento de la estampilla

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tuvo este jueves 18 de diciembre su primera reunión de Directorio bajo la coordinación de su nuevo presidente, Rodrigo Martín Correa, recientemente designado como representante del Poder Ejecutivo Nacional. El encuentro marcó el inicio formal de una nueva etapa institucional en un organismo clave para la regulación y el equilibrio económico de la cadena yerbatera, en un contexto de alta sensibilidad para productores, cooperativas, industria y gobiernos provinciales. Uno de los primeras decisiones fue aprobar el incremento del valor de la estampilla que paga la Industria, para llevarlo de los 25 pesos actuales a 32,12. De todos modos, la Nación debe autorizar el aumento definitivo. En paralelo, se están analizando resoluciones para poner en línea al INYM con el decreto 812. También se aprobó el presupuesto 2026.

Asimismo, el organismo yerbatero recibió la visita del subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de Argentina, dependiente de la SAGPYA, Martín Gustavo Giaccio.

Una designación reciente y el inicio de la gestión

El contador público Rodrigo Martín Correa fue designado presidente del INYM el 11 de diciembre de 2025 mediante el Decreto 873/2025, firmado por el Presidente de la Nación y el Ministro de Economía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el viernes 12 de diciembre, formalizando su incorporación como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el organismo.

Apenas una semana después de su designación, Correa encabezó su primera reunión de Directorio, un hecho institucional relevante por tratarse del espacio donde se definen lineamientos estratégicos, consensos sectoriales y decisiones regulatorias que impactan de manera directa en la producción, industrialización y comercialización de la yerba mate.

La celeridad en la convocatoria y conducción del Directorio fue leída como una señal de continuidad operativa del INYM, en momentos en los que el sector enfrenta tensiones económicas, debates regulatorios y expectativas sobre el rol del Estado nacional en la actividad yerbatera.

Un Directorio con representación plena de la cadena yerbatera

La reunión contó con la participación de todos los directores que representan a los distintos eslabones de la actividad yerbatera, incluyendo productores, trabajadores rurales, secaderos, cooperativas e industria. También estuvieron presentes los representantes de los gobiernos de Misiones y Corrientes, las dos principales provincias productoras de yerba mate del país.

La conformación plena del Directorio resulta un dato institucional relevante, ya que garantiza la presencia de todas las voces sectoriales en un ámbito de toma de decisiones que tiene impacto económico directo sobre miles de productores y trabajadores, así como sobre la dinámica industrial y comercial del complejo yerbatero.

En este marco, la coordinación de Correa en su primera reunión funcionó como una instancia de articulación entre los intereses productivos, laborales, industriales y gubernamentales, en línea con el esquema de gobernanza previsto para el INYM.

Impacto institucional y expectativas del sector

La asunción efectiva de Correa y su debut al frente del Directorio se producen en un momento clave para el INYM, cuyo funcionamiento incide en aspectos centrales como la regulación del mercado, la representación sectorial y la relación entre Nación y provincias productoras.

Desde una perspectiva institucional, el inicio de la gestión del nuevo presidente refuerza el rol del Poder Ejecutivo Nacional dentro del organismo, al tiempo que mantiene el esquema de participación multisectorial que caracteriza al INYM. Para los distintos actores de la cadena yerbatera, la expectativa está puesta en la capacidad de coordinación y consenso del Directorio frente a un escenario económico desafiante.

La reunión del 18 de diciembre no solo significó un hito administrativo, sino también el punto de partida de una gestión que será observada de cerca por productores, cooperativas, industria y gobiernos provinciales, atentos a las definiciones que puedan surgir en materia de política yerbatera.

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