Javier Milei centraliza el sistema de inteligencia
El Gobierno aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional y redefine el sistema de seguridad estratégica del Estado
El Gobierno nacional oficializó este 4 de diciembre la aprobación de la Política de Inteligencia Nacional, un documento rector que fija por primera vez en más de veinte años los lineamientos estratégicos para la producción de inteligencia en la Argentina. La medida —establecida mediante el Decreto 864/2025, firmado por el Presidente Milei— redefine la arquitectura institucional del sistema, otorga poder orgánico a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y marca un giro hacia un modelo de gestión centralizado, tecnificado y con proyección internacional.
El texto justifica la decisión en la “degradación paulatina del Sistema de Inteligencia Nacional”, resultado —según la fundamentación oficial— de la falta de lineamientos estratégicos durante “más de dos décadas”, pese a estar previstos en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Reconfiguración institucional: disolución de la AFI y creación de nuevos organismos
La aprobación de la Política de Inteligencia Nacional está directamente vinculada con la reestructuración ejecutada meses atrás mediante el Decreto 614/2024, que rediseñó por completo el Sistema de Inteligencia Nacional.
Ese decreto dispuso la disolución de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y su reemplazo por un esquema verticalizado bajo la órbita de la SIDE, que pasó a ser el organismo superior del sistema.
Dentro de esa estructura se crearon cuatro organismos desconcentrados:
- Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
- Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
- Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
- División de Asuntos Internos (DAI)
Según el Decreto 864/2025, esta reconfiguración busca “lograr eficiencia y efectividad”, garantizar “autonomía técnica y funcional” y “jerarquizar las funciones del sistema” frente a un contexto internacional que el Ejecutivo describe como “difuso, fragmentado y complejo”.
La nueva Política de Inteligencia establece lineamientos para la producción de inteligencia y contrainteligencia orientados a: identificar anticipadamente riesgos y amenazas, sistematizar y analizar información estratégica, coordinar acciones entre organismos estatales, y profundizar la cooperación internacional en materia de inteligencia.
Qué implica la nueva Política de Inteligencia y qué pasos vienen
Con la aprobación del documento estratégico, la SIDE queda instruida a elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional, que definirá los “cursos de acción” para adecuar el funcionamiento del sistema al escenario geopolítico vigente.
De acuerdo con el texto del decreto: “La Estrategia de Inteligencia Nacional determinará los cursos de acción para adecuar las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional al contexto estratégico al cual se enfrente la República Argentina”.
Esa estrategia deberá contemplar: los objetivos y metas del Estado nacional, el desarrollo del capital humano especializado, la incorporación de tecnología de punta, la definición de prioridades de riesgo, la coordinación con organismos de inteligencia extranjeros “en función de intereses comunes”.
El Ejecutivo sostiene que esta actualización normativa es condición necesaria para “convertir a la República Argentina en una potencia moderna, soberana y fundada en los valores de la libertad”.
La medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según establece el artículo 3 del decreto.
Fortalecimiento del poder presidencial y nuevo mapa de inteligencia
La aprobación de la Política de Inteligencia implica un reordenamiento significativo del sector público nacional. Analistas del sistema coinciden en que la SIDE —dependiente directamente del Presidente— emerge como un actor reforzado, con más atribuciones de supervisión y coordinación sobre todas las agencias.
Esta centralización puede generar reacciones en tres planos:
Poder Ejecutivo y conducción política del sistema
El Presidente concentra la fijación de objetivos estratégicos y la conducción del sistema conforme al artículo 12 de la Ley 25.520, reforzando su rol como autoridad superior en materia de inteligencia.
Organismos descentralizados y fuerzas de seguridad
La nueva arquitectura exige adaptar procedimientos, sistemas de información y estructuras jerárquicas para compatibilizar funciones, especialmente en áreas sensibles como ciberseguridad y contrainteligencia.
Sistema político y Congreso
Aunque el decreto no modifica los mecanismos de control parlamentario establecidos en la Ley 25.520, sí redefine el mapa institucional sobre el cual dicho control deberá actuar. Se espera debate político sobre: la centralización en la SIDE, la eliminación de la AFI, el rol de la AFC en un contexto global de amenazas cibernéticas, y la articulación con organismos de defensa y seguridad.
Cooperación internacional y seguridad estratégica
El Gobierno enfatiza que la inteligencia es un pilar para anticipar amenazas en un contexto geopolítico volátil. La Política de Inteligencia busca potenciar: el intercambio de información con agencias extranjeras, la capacidad de análisis estratégico, la detección de ciberamenazas, la protección de los “intereses estratégicos de la Nación”.
La creación de la AFC como organismo especializado refleja la prioridad otorgada a la ciberseguridad, una de las áreas más dinámicas y críticas del escenario internacional actual.
