Gobierno Nacional

Otro misionero en el Gabinete de Milei, Javier Lanari fue designado secretario de Comunicación y Prensa

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Milei reorganiza su esquema comunicacional, Javier Lanari fue designado secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno nacional formalizó la designación de Javier Lanari como nuevo secretario de Comunicación y Prensa, un movimiento estratégico en la arquitectura comunicacional del presidente Javier Milei. El nombramiento, publicado en el Boletín Oficial mediante el Decreto 871/2025, implica un refuerzo de la estructura encargada de la estrategia y coordinación informativa del Poder Ejecutivo, en un momento de alta sensibilidad política y de reformas estructurales en curso.

Un cambio clave en el gabinete: nueva conducción para la política comunicacional

El Decreto 871/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializa dos movimientos centrales: la aceptación de la renuncia de Javier Lanari al cargo de subsecretario de Prensa —función que ocupó hasta el 5 de diciembre— y su designación, desde el 6 de diciembre, como secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete.

El artículo 1° del decreto establece:
“Acéptase, a partir del 5 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el licenciado Javier Lanari al cargo de Subsecretario de Prensa…”

Mientras que el artículo 2° dispone:
“Desígnase, a partir del 6 de diciembre de 2025, en el cargo de Secretario de Comunicación y Prensa… al licenciado Javier Lanari.”

La formalización se realizó en los términos del artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, referido a las facultades del Presidente para designar y remover funcionarios.

El propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció públicamente el ascenso durante la cena anual de ADEPA, afirmando: “Lanari es el flamante secretario de Comunicación y Prensa”. Adorni dejó esa misma área al asumir como jefe de Gabinete, aunque se espera que continúe teniendo un rol activo en la comunicación oficial.

Reorganización estratégica: continuidad dentro de la lógica comunicacional libertaria

El nombramiento de Lanari se inscribe en una reorganización más amplia del esquema comunicacional, una de las áreas centrales del proyecto gubernamental desde el inicio de la gestión. La comunicación ha sido definida por Milei como una herramienta clave tanto para sostener el relato económico —en el marco de reformas de shock y políticas de desregulación— como para disputar sentido político frente a actores opositores.

La Secretaría de Comunicación y Prensa concentra funciones estratégicas: coordinación de mensajes oficiales, relación con medios, definición de lineamientos discursivos y gestión de plataformas digitales. Con la designación, el Gobierno apuesta por un perfil experimentado dentro de la estructura, manteniendo coherencia interna mientras redefine roles y responsabilidades.

Funcionarios cercanos a la Jefatura de Gabinete señalan que la nueva estructura permitirá “ordenar flujos de información, unificar criterios y reforzar la estrategia narrativa” en un contexto de elevada exposición pública del presidente.

Impacto institucional y político del movimiento

La designación tiene varias implicancias:

Consolidación del esquema comunicacional libertario: Lanari es considerado parte del núcleo duro del dispositivo comunicacional del oficialismo, con experiencia en gestión de crisis, redes sociales y seguimiento mediático.

Relación con medios y gremios periodísticos: su ascenso será observado atentamente por ADEPA, FOPEA y las redacciones nacionales, en un clima signado por tensiones discursivas y debates sobre libertad de prensa.

Reconfiguración interna: al asumir Adorni la Jefatura de Gabinete, queda abierta la expectativa sobre cuánto retendrá del rol de vocero presidencial y cómo se articulará su función con la nueva secretaría.

Estrategia legislativa y económica: la comunicación se vuelve especialmente crítica mientras el Gobierno impulsa reformas como la laboral, la educativa y la fiscal.

Lanari asume, así, en un momento de alta demanda institucional, donde el Gobierno apuesta por profesionalizar y fortalecer su estrategia de comunicación centralizada.

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CAME, APYME e IPA reaccionan al proyecto de reforma laboral del Gobierno: qué apoyan y qué rechazan las cámaras empresariales

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El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno Nacional al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias abrió un frente de posicionamientos contrastados entre las principales cámaras empresariales del país. Mientras algunas entidades ven medidas que podrían mejorar la seguridad jurídica y reducir costos laborales, otras advierten que la iniciativa profundizará la recesión, deteriorará la masa salarial y agravará el cuadro social.

Un debate abierto: apoyos condicionados y cuestionamientos estructurales

El proyecto ingresó hoy al Senado de la Nación, lo que activó una rápida reacción de actores clave del entramado pyme. Consultados por Noticias Argentinas, referentes de CAME, IPA y APYME coincidieron en que la reforma implica un giro profundo en las reglas del mercado laboral argentino, aunque discreparon sobre sus efectos económicos, sociales y productivos.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vocero Vicente Lourenzo adelantó que la entidad todavía “analiza” el texto junto con su equipo legal y que aún no fijó una posición institucional. No obstante, señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo contiene “artículos positivos y otros muy negativos”, lo que anticipa un debate interno en el principal nucleamiento nacional de pequeñas y medianas empresas.

La reacción más crítica provino de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). Su presidente, Julián Moreno, calificó el proyecto como “un tiro en el pie” para los trabajadores y alertó sobre el impacto directo en la demanda interna. “En esta relación desigual, sumada a la postura con la que viene amenazando el Gobierno Nacional, van a salir perdiendo los trabajadores y, por lo tanto, la masa salarial”.

Moreno enfatizó que el consumo interno, principal motor del sector pyme, depende del salario real, que —según advirtió— sufrirá una contracción si se aprueba la iniciativa. “Será algo que va a afectar a toda la sociedad más temprano que tarde”.

Además, alertó que la reforma formaliza vínculos laborales que no lo son, lo que consideró una forma de “disimular la pauperización del empleo”. Para APYME, el contexto recesivo agrava los riesgos. “Ninguna reforma aplicada en ningún lugar del mundo, en un momento recesivo como el actual, generó empleo, actividad o mercado interno. Nunca”.

El enfoque productivo: seguridad jurídica, fondos de cese y demandas de equilibrio normativo

En contraste con las advertencias de APYME, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó los aspectos del proyecto vinculados a la previsibilidad y protección jurídica, especialmente los referidos a sistemas alternativos de indemnización.

Rosato subrayó la relevancia del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos instrumentos que —según explicó— aportan certidumbre tanto para empleadores como para trabajadores. “El empleador tiene que hacer un aporte del 3% de la masa salarial a una caja, que puede ser la del ANSES, donde se va acumulando y que va a servir para pagar las indemnizaciones”.

Para IPA, estos mecanismos eliminan la necesidad de judicializar conflictos y garantizan que el empleado tenga “la indemnización siempre a su disposición”.

Sin embargo, Rosato aclaró que la reforma todavía requiere consenso con los gremios y normas que eviten desequilibrios. “Creemos que tiene que haber una ley equitativa, que genere armonía y que otorgue mayor seguridad jurídica”.

Desde esta mirada, una reforma equilibrada permitiría a las empresas “tomar gente cuando necesiten, sin problemas”, lo que en el mediano plazo apuntaría a dinamizar la inversión y reducir el temor a litigios laborales.

Un tablero político y económico en tensión: impactos posibles y escenarios en disputa

El debate se da en un contexto de recesión profunda, caída del consumo, alta capacidad instalada ociosa y un mercado laboral donde crece la informalidad. El Gobierno busca avanzar con una reforma que flexibilice condiciones y reduzca costos; sin embargo, las reacciones empresariales muestran que las pymes no son un bloque homogéneo.

Para las entidades más ligadas al mercado interno, la prioridad es proteger salarios y consumo para sostener la actividad.

Para los sectores industriales, la clave pasa por reducir litigiosidad y obtener reglas claras para contratar sin riesgo de juicios.

El desenlace legislativo —y particularmente el nivel de consenso que logre el Ejecutivo con sindicatos y bloques parlamentarios— será decisivo para determinar si la reforma se convierte en un factor de dinamización o en un nuevo frente de conflictividad laboral y política.

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Reforma laboral: el Gobierno confirma que no cambiará las cajas sindicales

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El Gobierno confirmó que la reforma laboral no modificará las cajas sindicales y endureció su posición frente a Axel Kicillof

En el segundo aniversario de la gestión, el jefe de Gabinete Manuel Adorni aclaró que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo no incluirá cambios en las cajas sindicales ni en los aportes obligatorios, que “quedarán para una segunda ley”. Además, cerró la posibilidad de una reunión con Axel Kicillof en medio del conflicto por el endeudamiento bonaerense y la exigencia nacional de equilibrio fiscal.

Reforma laboral: sin cambios en aportes sindicales y con un proyecto ya terminado

Durante una conferencia de prensa convocada para repasar los dos años de gestión, Manuel Adorni detalló el alcance del proyecto de reforma laboral y despejó una de las principales preocupaciones de los gremios: no habrá modificaciones inmediatas en las cajas sindicales ni en los aportes obligatorios.

Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones”, afirmó. Consultado específicamente por los aportes obligatorios, ratificó que “no, en principio no va a haber modificaciones”.

El funcionario aseguró además que el texto legislativo ya está concluido: “El proyecto de ley está terminado. Por supuesto que va a ir a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”.

Respecto de la relación con la Confederación General del Trabajo (CGT), Adorni indicó que la ausencia de dirigentes gremiales en la última sesión del Consejo de Mayo respondió a “cuestiones logísticas”, descartando un quiebre en la interlocución.

En cuanto a los plazos legislativos, admitió que el tratamiento podría extenderse:
Vamos a ver si se puede estirar algunos días o si se retoma la actividad a mediados de enero. No hay una definición sobre eso y tampoco depende de nosotros, sino estrictamente de tiempos de la técnica legislativa”.

Tensión Nación–Provincia de Buenos Aires: sin reunión con Kicillof y un mensaje fiscal contundente

El otro eje central de la conferencia fue la relación con los gobernadores, en especial la Provincia de Buenos Aires. Adorni descartó de manera tajante un encuentro con Axel Kicillof, al considerar que no existe una agenda común:
En el futuro tal vez exista, no lo sé, pero hoy no tiene mucho sentido cuando lo único que le importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No hay mucho para dialogar porque no hay muestras de buena voluntad”.

La tensión se profundizó luego del reclamo de Kicillof, quien necesita autorización del Gobierno nacional para tomar nueva deuda y advirtió sobre un eventual default provincial si no obtiene aval. Adorni respondió con un mensaje de disciplina fiscal:
Está claro que sin déficit no hay nueva deuda. La deuda pública consolidada disminuyó 50 mil millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas. No hay nueva deuda”.

De acuerdo con la posición oficial, Buenos Aires aumentó su gasto corriente 2,1% real en el primer semestre, una señal que contradice los requisitos de la ley de responsabilidad fiscal para habilitar endeudamiento. Desde La Plata, replicaron calificando los argumentos nacionales como “humo para la tribuna”.

Pese al conflicto, Adorni aseguró que la Casa Rosada mantiene reuniones con otros mandatarios provinciales —incluso los vinculados al kirchnerismo—, aunque remarcó que la situación bonaerense es distinta:
Nosotros vemos cuál es la agenda de cada gobernador. Con Kicillof no compartimos agenda. No tiene mucho sentido esa reunión. No está hoy en agenda”.

Perspectivas políticas y económicas: qué se juega el Gobierno con esta estrategia

El mensaje del jefe de Gabinete deja dos líneas de acción claras:

Consolidar la reforma laboral sin confrontar con el sistema sindical

La decisión de postergar cambios en las cajas sindicales evita sumar frentes de conflicto en un momento en que el Gobierno busca asegurar votos para una reforma estructural. También limita la resistencia gremial en un contexto de elevada informalidad y debate sobre el costo laboral.

Mantener la presión fiscal sobre Buenos Aires

Al condicionar el endeudamiento al cumplimiento estricto del equilibrio fiscal, la Casa Rosada refuerza su narrativa de orden y disciplina presupuestaria. La confrontación directa con Kicillof posiciona al Gobierno en un terreno que combina política electoral, administración pública y gobernabilidad.

Reacciones esperadas en el corto plazo

Gremios: alivio parcial al confirmarse que las cajas sindicales no serán modificadas en esta etapa.

Provincias: atención sobre cómo se resolverá el caso bonaerense, que podría marcar precedente en autorizaciones futuras.

Mercado: señales de continuidad en la política de desendeudamiento, con efecto en expectativas y riesgo provincial.

Congreso: se anticipa un debate complejo por plazos, negociaciones y posibles cambios durante el tratamiento.

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Javier Milei centraliza el sistema de inteligencia

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El Gobierno aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional y redefine el sistema de seguridad estratégica del Estado

El Gobierno nacional oficializó este 4 de diciembre la aprobación de la Política de Inteligencia Nacional, un documento rector que fija por primera vez en más de veinte años los lineamientos estratégicos para la producción de inteligencia en la Argentina. La medida —establecida mediante el Decreto 864/2025, firmado por el Presidente Milei— redefine la arquitectura institucional del sistema, otorga poder orgánico a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y marca un giro hacia un modelo de gestión centralizado, tecnificado y con proyección internacional.

El texto justifica la decisión en la “degradación paulatina del Sistema de Inteligencia Nacional”, resultado —según la fundamentación oficial— de la falta de lineamientos estratégicos durante “más de dos décadas”, pese a estar previstos en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Reconfiguración institucional: disolución de la AFI y creación de nuevos organismos

La aprobación de la Política de Inteligencia Nacional está directamente vinculada con la reestructuración ejecutada meses atrás mediante el Decreto 614/2024, que rediseñó por completo el Sistema de Inteligencia Nacional.

Ese decreto dispuso la disolución de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y su reemplazo por un esquema verticalizado bajo la órbita de la SIDE, que pasó a ser el organismo superior del sistema.

Dentro de esa estructura se crearon cuatro organismos desconcentrados:

  • Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
  • Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
  • Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
  • División de Asuntos Internos (DAI)

Según el Decreto 864/2025, esta reconfiguración busca “lograr eficiencia y efectividad”, garantizar “autonomía técnica y funcional” y “jerarquizar las funciones del sistema” frente a un contexto internacional que el Ejecutivo describe como “difuso, fragmentado y complejo”.

La nueva Política de Inteligencia establece lineamientos para la producción de inteligencia y contrainteligencia orientados a: identificar anticipadamente riesgos y amenazas, sistematizar y analizar información estratégica, coordinar acciones entre organismos estatales, y profundizar la cooperación internacional en materia de inteligencia.

Qué implica la nueva Política de Inteligencia y qué pasos vienen

Con la aprobación del documento estratégico, la SIDE queda instruida a elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional, que definirá los “cursos de acción” para adecuar el funcionamiento del sistema al escenario geopolítico vigente.

De acuerdo con el texto del decreto: “La Estrategia de Inteligencia Nacional determinará los cursos de acción para adecuar las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional al contexto estratégico al cual se enfrente la República Argentina”.

Esa estrategia deberá contemplar: los objetivos y metas del Estado nacional, el desarrollo del capital humano especializado, la incorporación de tecnología de punta, la definición de prioridades de riesgo, la coordinación con organismos de inteligencia extranjeros “en función de intereses comunes”.

El Ejecutivo sostiene que esta actualización normativa es condición necesaria para “convertir a la República Argentina en una potencia moderna, soberana y fundada en los valores de la libertad”.

La medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según establece el artículo 3 del decreto.

Fortalecimiento del poder presidencial y nuevo mapa de inteligencia

La aprobación de la Política de Inteligencia implica un reordenamiento significativo del sector público nacional. Analistas del sistema coinciden en que la SIDE —dependiente directamente del Presidente— emerge como un actor reforzado, con más atribuciones de supervisión y coordinación sobre todas las agencias.

Esta centralización puede generar reacciones en tres planos:

Poder Ejecutivo y conducción política del sistema

El Presidente concentra la fijación de objetivos estratégicos y la conducción del sistema conforme al artículo 12 de la Ley 25.520, reforzando su rol como autoridad superior en materia de inteligencia.

Organismos descentralizados y fuerzas de seguridad

La nueva arquitectura exige adaptar procedimientos, sistemas de información y estructuras jerárquicas para compatibilizar funciones, especialmente en áreas sensibles como ciberseguridad y contrainteligencia.

Sistema político y Congreso

Aunque el decreto no modifica los mecanismos de control parlamentario establecidos en la Ley 25.520, sí redefine el mapa institucional sobre el cual dicho control deberá actuar. Se espera debate político sobre: la centralización en la SIDE, la eliminación de la AFI, el rol de la AFC en un contexto global de amenazas cibernéticas, y la articulación con organismos de defensa y seguridad.

Cooperación internacional y seguridad estratégica

El Gobierno enfatiza que la inteligencia es un pilar para anticipar amenazas en un contexto geopolítico volátil. La Política de Inteligencia busca potenciar: el intercambio de información con agencias extranjeras, la capacidad de análisis estratégico, la detección de ciberamenazas, la protección de los “intereses estratégicos de la Nación”.

La creación de la AFC como organismo especializado refleja la prioridad otorgada a la ciberseguridad, una de las áreas más dinámicas y críticas del escenario internacional actual.

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El Gobierno adelanta el documento del Consejo de Mayo y avanza sin acuerdo con la CGT

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El Gobierno acelera la reforma laboral sin consensos y anticipa la presentación del Consejo de Mayo para el 9 de diciembre

En una Casa Rosada atravesada por tensiones internas y desacuerdos entre sectores clave, el Gobierno decidió adelantar al 9 de diciembre la presentación del documento final del Consejo de Mayo, luego de constatar la falta de consensos necesarios para tratar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias que iniciarán el 10 de diciembre. La CGT manifestó su rechazo y advirtió que “no hubo ni ha habido consenso”, mientras el oficialismo apunta a avanzar con su propio texto.

Reunión sin acuerdos: reclamos sindicales, posiciones divergentes y presión por los tiempos legislativos

La jornada tuvo lugar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y duró cerca de una hora y media. Participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el titular de la UOCRA y representante sindical, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

El calendario parlamentario obligó al Consejo a adelantar la presentación del documento final del 15 al 9 de diciembre, una señal clara de que el Gobierno pretende llegar a las sesiones extraordinarias con una propuesta cerrada, aun sin consenso.

Los cuestionamientos más fuertes provinieron de la CGT. Martínez expresó: “Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, y ante la consulta sobre si ese planteo estaba contemplado en el borrador del Ejecutivo respondió: “Veremos”.

Horas después amplió su crítica: “No hubo ni ha habido consenso. Los integrantes del Consejo de Mayo no sabemos cuál es el contenido”.

Fuentes oficiales remarcaron que, pese a las reuniones, la central obrera rechaza una reforma que aún no fue presentada formalmente: “Antes de leer el proyecto salieron a decir que estaban en contra”, señalaron.

El Ejecutivo avanza con su texto: capítulos clave y temas que quedaron afuera

Aunque la intención inicial del Consejo era elaborar un documento de consenso, el Gobierno ya dejó en claro que, de no lograr acuerdos, enviará al Congreso su propio texto, actualmente en etapa final de redacción.

Según informaron participantes del encuentro, el borrador incluye los siguientes capítulos:

  • Ultraactividad
  • Relación entre convenios colectivos
  • Cargas fiscales
  • Peajes y financiamiento de sindicatos y cámaras empresarias
  • Derechos colectivos
  • Trabajo individual
  • Trabajadores autónomos
  • Democracia sindical
  • Derivaciones varias

En paralelo, dos temas centrales quedaron excluidos:

  • la redistribución de fondos coparticipables, y
  • la reforma previsional,
    pese a que figuran en los puntos 5 y 9 del acuerdo firmado en Tucumán. El Gobierno planea tratarlos más adelante, luego de mejorar el diálogo con los gobernadores, una tarea asignada al ministro del Interior, Diego Santilli.

Durante la reunión, Sturzenegger presentó además un ranking internacional que ubica a la Argentina entre los países “más restrictivos del mundo” para importar y exportar, como argumento para promover reformas estructurales.

Un escenario incierto en la antesala del debate legislativo

El proceso evidencia una fractura entre sindicatos, Gobierno y sectores empresariales, que aguardan definiciones para evaluar impactos. Mientras la UIA planteó sus objeciones “en los detalles”, el dirigente del PRO Cristian Ritondo anticipó que el documento final reflejará “la impronta del Ejecutivo”.

La falta de consenso abre interrogantes sobre la recepción política de la reforma en el Congreso, en un clima en el que los gremios buscan preservar derechos adquiridos y el Gobierno pretende avanzar con una transformación profunda en materia laboral, sindical y fiscal.

Asimismo, la anticipación del documento al 9 de diciembre busca evitar demoras en un contexto donde la velocidad legislativa será decisiva para el oficialismo. De no prosperar acuerdos, el Ejecutivo confía en impulsar su texto propio, incluso a costa de tensiones con la CGT.

La central obrera anticipó nuevas instancias de diálogo, aunque hasta el momento no recibió convocatoria formal. “Hubo voluntades, pero no fechas”, señalaron desde el sector sindical.

El desenlace dependerá de los próximos días: si se logra una instancia extra de negociación o si la administración Milei avanza hacia un proyecto unilateral que podría ampliar el conflicto político y gremial.

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