Gobierno Nacional

El Gobierno formalizó la salida de Cúneo Libarona y designa a Juan Bautista Mahiques

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El Gobierno nacional reconfiguró la conducción del Ministerio de Justicia. Con la publicación del Decreto 133/2026 en el Boletín Oficial del 5 de marzo, el presidente aceptó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y designó en su reemplazo a Juan Bautista Mahiques, quien asumirá formalmente el cargo a partir de esa misma fecha.

La decisión implica un cambio en una de las áreas más sensibles de la administración nacional: la relación con el Poder Judicial, el diseño de la política penal y la arquitectura institucional del sistema de justicia. La salida de Cúneo Libarona se hizo efectiva el 4 de marzo, mientras que el nuevo ministro toma funciones desde el 5 de marzo, sin período de transición formal.

El movimiento ocurre en un momento en el que la agenda judicial continúa siendo un eje central del Gobierno, tanto en materia de reformas institucionales como en la articulación con tribunales y organismos del sistema.

Cambio inmediato en la conducción del Ministerio

El decreto presidencial tiene un alcance breve pero institucionalmente significativo. En términos operativos, la norma dispone tres acciones concretas: Acepta la renuncia de Mariano Cúneo Libarona al cargo de ministro de Justicia a partir del 4 de marzo de 2026. Agradece formalmente los servicios prestados durante su gestión. Designa a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro, con inicio de funciones el 5 de marzo de 2026.

El acto administrativo se dicta en ejercicio de las facultades del presidente establecidas en el artículo 99 inciso 7 de la Constitución Nacional, que habilita al Poder Ejecutivo a nombrar y remover a los ministros del gabinete.

La medida no introduce cambios estructurales en el funcionamiento del ministerio ni modifica competencias institucionales. Sin embargo, redefine la conducción política del área.

Una cartera clave para la agenda judicial

El Ministerio de Justicia ocupa un lugar central en la arquitectura institucional del Estado. Desde esa cartera se coordinan políticas vinculadas al sistema penitenciario federal, el registro de sociedades y asociaciones, el funcionamiento de organismos registrales y la relación administrativa con diversos organismos del sistema judicial.

También es el ámbito desde el cual el Ejecutivo canaliza iniciativas legislativas relacionadas con reformas judiciales, modernización institucional y políticas penales.

La salida de Cúneo Libarona implica el cierre de una etapa dentro de la gestión del gobierno libertario en esa cartera. El decreto, sin embargo, no detalla los motivos de la renuncia ni establece lineamientos específicos para la nueva conducción.

Seguridad jurídica y clima de inversión

Aunque el cambio se produce en el plano político-administrativo, el Ministerio de Justicia tiene un vínculo directo con variables que impactan en el clima económico.

La estabilidad institucional del sistema judicial, la previsibilidad regulatoria y la seguridad jurídica son factores que inciden en: Decisiones de inversión. Resolución de conflictos empresariales. Funcionamiento del mercado de capitales. Cumplimiento de contratos

En ese sentido, la conducción del área suele ser observada de cerca por el sector privado, especialmente en contextos donde el Gobierno impulsa reformas regulatorias o cambios institucionales.

Por ahora, el decreto no adelanta cambios de política ni redefine programas en curso, por lo que el impacto inmediato se limita al reemplazo de la autoridad política del ministerio.

Señales políticas dentro del gabinete

El nombramiento de un nuevo ministro también tiene lectura política dentro del esquema del gabinete nacional.

Los cambios en áreas estratégicas suelen funcionar como herramientas de reorganización interna del Ejecutivo o como ajustes en la implementación de políticas públicas. En este caso, el decreto refleja una decisión directa del Presidente de redefinir la conducción del Ministerio de Justicia sin alterar la estructura formal de la cartera.

El documento tampoco establece un esquema transitorio ni menciona reformas institucionales asociadas al cambio de liderazgo, lo que sugiere que la modificación responde principalmente a una reorganización en la conducción política del área.

Lo que habrá que observar

El reemplazo abre una nueva etapa en el Ministerio de Justicia. Más allá del cambio de nombres, el impacto real dependerá de la agenda que adopte la nueva gestión.

En los próximos meses, tres variables permitirán medir el alcance del cambio: la orientación de las políticas judiciales impulsadas por la cartera, la relación institucional con el Poder Judicial y organismos del sistema, y el rol del ministerio en las reformas regulatorias que afectan al clima de negocios.

En un contexto donde la institucionalidad jurídica continúa siendo un factor clave para la economía, la evolución de esa agenda marcará la verdadera dimensión del recambio.

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Milei designa a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

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El presidente Javier Milei decidió reemplazar a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y nombrar en su lugar a Juan Bautista Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El anuncio se concretó con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente y terminó de materializar una salida que, según trascendió, estaba acordada desde octubre pasado y tenía como horizonte marzo de este año.

La decisión marca el fin de uno de los últimos integrantes del primer Gabinete de Milei y abre una nueva etapa en una cartera estratégica para la relación entre el Gobierno y el sistema judicial. ¿Se trata de un simple recambio por desgaste o de un movimiento más profundo para consolidar influencia institucional en un área sensible?

De fiscal porteño a ministro nacional

Mahiques llega al Ministerio tras ejercer desde finales de 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, es decir, como jefe de los fiscales porteños. También preside desde 2022 la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su perfil combina gestión técnica y pertenencia a lo que en el ámbito judicial se denomina “familia judicial”. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El Presidente envió recientemente su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para renovar su cargo antes de que cumpla 75 años en noviembre, un gesto interpretado como señal de cercanía política.

El entorno familiar también incluye a Ignacio Mahiques, fiscal porteño y adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y a Esteban Mahiques, actual director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integrante previo del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El desplazamiento de Cúneo Libarona responde a un acuerdo previo con los hermanos Milei para permanecer en funciones hasta marzo. El propio ministro saliente admitía en privado el desgaste de la gestión y su intención de dejar el cargo.

Impacto político y equilibrio institucional

El Ministerio de Justicia no solo gestiona políticas públicas; actúa como bisagra entre el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el Congreso en materia de reformas judiciales. El ingreso de un fiscal con trayectoria en el ámbito porteño y vínculos consolidados dentro del sistema judicial puede redefinir esa interlocución.

En términos de poder, el movimiento fortalece el ala técnica con anclaje en tribunales y fiscalías. También envía una señal hacia el Senado, donde se tramitan pliegos y designaciones clave. La renovación del cargo de Carlos Mahiques en Casación y la llegada de su hijo al Ministerio configuran un esquema que consolida una red de relaciones institucionales.

Para el Gobierno, el recambio puede servir para ordenar una agenda judicial que incluye reformas pendientes y debates sensibles. Para la oposición, abre interrogantes sobre concentración de influencia y alineamientos dentro del Poder Judicial.

Un nuevo ciclo en Justicia

El cambio ocurre en un momento en que el Ejecutivo necesita estabilidad política y coordinación con el Congreso para avanzar en iniciativas estructurales. La figura del ministro de Justicia es central en ese engranaje.

Habrá que observar cómo Mahiques gestiona la transición, qué señales envía hacia magistrados y fiscales federales y cómo articula con el Parlamento en eventuales proyectos de reforma. También será relevante el tono que adopte la relación con el Consejo de la Magistratura.

La salida de uno de los últimos integrantes del Gabinete original de Milei cierra una etapa. El desembarco de Mahiques abre otra, con un perfil más anclado en la estructura judicial. El alcance real de ese movimiento dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y de cómo se reconfigure el equilibrio entre el Gobierno y el sistema de justicia.

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Caputo desafía a los mercados y relativiza el riesgo país: “No se arregla con reservas ni con un bono de USD 1.000 millones”

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El ministro defendió la estrategia del Gobierno y marcó límites a la presión financiera.

En Córdoba, ante empresarios reunidos en la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso una tensión que atraviesa hoy al Gobierno: pese a la compra acelerada de reservas, el riesgo país se mantiene cerca de los 600 puntos básicos. Y lejos de anunciar un giro, eligió confrontar con el diagnóstico de los analistas. “Es más difícil de lo que se cree”, dijo, en un mensaje que buscó ordenar expectativas dentro y fuera del mercado.

El dato no es menor. El Ejecutivo incrementó las compras de divisas por encima del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional —pasó de un 5% del volumen diario acordado a algo más del 30%—, pero esa señal no se tradujo en una baja sustancial del indicador que mide el costo del financiamiento externo. La pregunta que dejó flotando Caputo es si el mercado exige algo más estructural que acumulación de dólares o si, directamente, el acceso al crédito sigue condicionado por factores políticos y externos.

Reservas, acceso al mercado y el debate sobre la colocación internacional

Caputo apuntó contra quienes, semanas atrás, reclamaban mayor intervención del Banco Central para fortalecer reservas como condición para reducir el riesgo país. Ahora, sostuvo, esos mismos sectores proponen una colocación internacional, aunque sea por USD 1.000 millones, como gesto para validar acceso al mercado.

El ministro rechazó esa alternativa. “Esas son cosas coyunturales que no cambian nada”, afirmó. Según su lectura, el mercado no necesita demostraciones simbólicas de acceso, porque “lo único que sabe es si un país tiene acceso o no”. La diferencia, agregó, puede estar en la tasa, no en la posibilidad técnica de emitir deuda.

La definición tiene peso político. Implica que el Gobierno no se moverá por presión de corto plazo y que priorizará el equilibrio fiscal y la acumulación de reservas por sobre señales financieras que puedan interpretarse como concesiones.

El funcionario insistió en que la estrategia de compra de divisas continuará y que se ejecuta “sin afectar el precio”, considerando la profundidad del mercado. El mensaje apunta a despejar temores de distorsiones cambiarias, pero también a sostener la idea de que la política económica tiene coherencia interna más allá de la volatilidad externa, hoy atravesada por el conflicto en Medio Oriente.

Equilibrio fiscal como eje de poder

Caputo encuadró el debate financiero dentro de una narrativa más amplia: orden macroeconómico, reducción del gasto y eliminación del déficit. Aseguró que el Gobierno bajó el gasto 30% en términos reales y corrigió cinco puntos de déficit fiscal en un mes, sin recurrir a default ni a mecanismos extraordinarios.

En términos políticos, el mensaje es claro. El oficialismo busca consolidar el equilibrio fiscal como activo de poder, no solo como herramienta técnica. “El compromiso fiscal es indeclinable”, afirmó el ministro, y lo presentó como “el escudo más importante ante cualquier shock externo”.

Esa postura redefine la correlación de fuerzas con el mercado. Si el Gobierno mantiene superávit y disciplina fiscal, el riesgo país deja de ser —según esta lógica— un indicador exclusivamente interno y pasa a estar más vinculado a percepciones estructurales y al contexto global.

También defendió la continuidad de reformas y la baja de impuestos, condicionadas al crecimiento de la recaudación y la formalización del empleo. En ese marco, mencionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la reducción de aportes patronales de 18 a 2 puntos, con el objetivo de transparentar costos y reducir litigiosidad.

Crecimiento, crédito y el desafío estructural

El ministro vinculó el problema del riesgo país con una debilidad más profunda: la falta de crédito y de mercado de capitales. Recordó que cuando el Gobierno asumió, el crédito al sector privado representaba apenas el 3% del PBI, frente a niveles superiores al 30% en economías comparables.

Para Caputo, el ahorro existe pero permanece fuera del sistema financiero. Sin crédito interno y con dependencia histórica del financiamiento externo, la baja del riesgo país no depende solo de decisiones puntuales, sino de reconstruir confianza de largo plazo.

Esa definición introduce un matiz estratégico. Si el problema es estructural, la solución no será inmediata. Y si el mercado exige pruebas adicionales, el Gobierno parece dispuesto a sostener el rumbo antes que modificar la hoja de ruta.

Un indicador bajo presión y un Gobierno que no cede

La exposición en la Fundación Mediterránea funcionó como mensaje político. Caputo no anunció cambios. Tampoco negó la dificultad. Admitió que el proceso es “más difícil de lo que se cree”, pero reafirmó la continuidad del esquema fiscal, la acumulación de reservas y la agenda de reformas.

El riesgo país cerca de los 600 puntos básicos refleja que la discusión sigue abierta. La clave estará en si el equilibrio fiscal y la acumulación sostenida de divisas logran alterar la percepción de acceso al crédito o si el mercado demanda un hito adicional.

Por ahora, el Gobierno elige resistir la presión coyuntural. El termómetro financiero no acompaña, pero la estrategia no se mueve. En las próximas semanas, la evolución del contexto internacional y la reacción de los inversores marcarán si la apuesta consolida autoridad o reabre el debate interno sobre cómo acelerar la baja del costo argentino.

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El Gobierno cedió y aceptó 28 modificaciones en el proyecto de la reforma laboral

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El Gobierno nacional aceptó cambios clave en el proyecto de reforma laboral antes del debate previsto para este miércoles en el Senado y validó las modificaciones negociadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, con la oposición dialoguista. El punto central fue la eliminación del artículo que proponía una rebaja del 3% en el Impuesto a las Ganancias para las empresas.

La caída de esa cláusula despejó las últimas dudas que pesaban sobre el futuro de la iniciativa en la Cámara alta. Con los gobernadores provinciales conformes -al evitar una pérdida estimada en 3 billones de pesos- el proyecto se encamina a su aprobación con cambios, pero sin sobresaltos.

La decisión fue confirmada por Bullrich en una conferencia de prensa ofrecida en el Senado, acompañada por Eduardo Vischi, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, y Martín Goerling, titular del bloque del PRO. Allí, la senadora explicó que el oficialismo resolvió postergar el debate sobre Ganancias hasta avanzar en una reforma fiscal integral.

“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó Bullrich.

Los cambios al dictamen firmado en diciembre no solo beneficiaron a las provincias. La Casa Rosada también cedió ante los reclamos de la Confederación General del Trabajo y resolvió mantener sin modificaciones el aporte patronal a las obras sociales, que seguirá en el 6%. Además, los denominados “aportes solidarios” continuarán siendo obligatorios por dos años más, con un tope del 2%, y luego pasarán a ser voluntarios. Los empleadores conservarán su rol como agentes de retención de la cuota sindical, preservando así la recaudación gremial.

Las cámaras empresarias también lograron introducir cambios: se eliminó la cláusula que volvía voluntarios los aportes de sus miembros. Al igual que en el caso sindical, esos aportes serán obligatorios durante dos años, con un límite del 0,5%.

En total, Bullrich anunció 28 modificaciones, que fueron enviadas a los senadores tras recibir el aval de la mesa política del Gobierno, reunida al mediodía en la Casa Rosada. La senadora aclaró que no todas las correcciones implican cambios de fondo, ya que algunas son meramente de redacción. Entre ellas, se eliminará la referencia a la denominada “industria del juicio” en el capítulo de justicia laboral.

Según explicó la exministra de Seguridad, todas las modificaciones fueron consensuadas con los bloques de la oposición dialoguista, lo que anticipa un respaldo de entre 42 y 44 votos en la votación en general. En la discusión en particular, que se hará por títulos, podrían variar los apoyos, aunque el oficialismo confía en que cada apartado tendrá mayoría asegurada.

El viraje del Gobierno contrasta con la postura expresada la semana pasada, cuando desde la mesa política se había dejado trascender que no se modificaría “ni una coma” del proyecto original.

El texto mantiene como ejes centrales la reducción de los cálculos indemnizatorios, mayores facilidades para contratar y despedir personal, la limitación del derecho a huelga y una menor capacidad de representación y recaudación sindical, aunque con concesiones introducidas durante la negociación.

En la antesala de la votación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una reunión de la mesa política en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Luis Caputo, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El encuentro, inicialmente previsto para el miércoles, fue adelantado y se extendió por casi dos horas.

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Carne por las nubes: suben los precios, cae el consumo y la Nación prioriza exportar

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El precio de la carne vacuna volvió a subir en Argentina y profundiza un escenario crítico marcado por la caída del consumo y la ausencia de políticas nacionales orientadas a contener el impacto sobre los hogares. El nuevo aumento golpea con mayor fuerza a los sectores de ingresos medios y bajos, donde el acceso a uno de los alimentos centrales de la dieta argentina se vuelve cada vez más limitado.

En los primeros días de enero, la carne registró una suba cercana al 10%, a la que se sumó previamente un incremento del 25% en el pollo. La combinación de ambos ajustes intensificó la presión sobre el poder adquisitivo y el costo de vida familiar, en un contexto donde las decisiones oficiales continúan priorizando las exportaciones por sobre el abastecimiento interno.

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) advirtieron que, pese a los aumentos de precios, el consumo per cápita de carne vacuna se mantiene en niveles históricamente bajos. Según la entidad, esta dinámica refleja la pérdida sostenida del poder adquisitivo de las familias frente a una inflación persistente que sigue erosionando los ingresos reales.

El impacto se siente de forma inmediata en los mostradores. Comerciantes del sector señalan que el precio promedio del kilo de carne vacuna ronda los 14.000 pesos, con cortes que superan ampliamente ese valor. La escalada consolida una tendencia que restringe cada vez más el acceso al consumo cotidiano.

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó la ampliación del cupo de exportación de carne vacuna a Estados Unidos tras la firma de un acuerdo comercial bilateral. A partir de una decisión adoptada por el presidente estadounidense Donald Trump, la cuota anual pasará de 20.000 a 100.000 toneladas, lo que habilita la salida de 80.000 toneladas adicionales al mercado externo.

Desde el Ejecutivo destacaron que la medida permitiría generar ingresos cercanos a los 800 millones de dólares para el sector agroexportador, según informó el canciller Pablo Quirno. Sin embargo, distintos especialistas y referentes de la cadena cárnica advirtieron que el impulso a las exportaciones se produce en un contexto de precios internos en alza y consumo deprimido.

A estas críticas se suman las advertencias de actores productivos que califican como “peligroso” el ingreso de carne estadounidense sin aranceles, contemplado en el acuerdo. Señalan que la falta de resguardos oficiales podría generar mayor presión sobre la producción local y agravar la situación del mercado interno.

El aumento de la carne se inscribe, además, en un escenario de aceleración general de la canasta básica. Un informe de la consultora LCG indicó que los precios de alimentos y bebidas volvieron a mostrar subas en la primera semana de febrero. Según la economista Florencia Iragui, la inflación mensual se ubicaría entre el 2,2% y el 2,3%, impulsada en gran parte por los precios regulados, entre ellos el gas, que registraría aumentos superiores al 15% tras la quita de subsidios.

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