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Milei frena el traspaso de CINE.AR y mantiene las plataformas bajo el INCAA

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El Gobierno da marcha atrás y mantiene CINE.AR bajo control del INCAA, Milei derogó el Decreto 194/2025 y frena el traspaso a CAI S.A.U.

El Poder Ejecutivo derogó el Decreto 194/2025 y decidió que las plataformas CINE.AR, CINE.AR Play y CINE.AR Estrenos permanezcan dentro del INCAA. La medida, formalizada mediante el Decreto 821/2025, responde a un informe interno que desaconsejó ejecutar la transferencia a Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. (CAI), cuya intervención continúa abierta y sin cumplir los objetivos previstos. El cambio evidencia una revisión estratégica dentro del ecosistema estatal de contenidos y suspende un proceso que había sido impulsado a comienzos de año.

Un giro en la política audiovisual: el Gobierno revierte la transferencia de CINE.AR

El Decreto 821/2025, publicado el 19 de noviembre, deroga expresamente el Decreto 194/2025, que había ordenado trasladar las plataformas públicas de contenidos audiovisuales —CINE.AR, CINE.AR Play y CINE.AR Estrenos— desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) hacia la empresa estatal transformada en sociedad anónima, Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. (CAI).

La decisión marca un cambio relevante en la arquitectura institucional del sector cultural, que venía siendo objeto de reorganizaciones profundas desde la aprobación del DNU 70/23, norma que dispuso la transformación de todas las empresas estatales en sociedades anónimas bajo el régimen de la Ley 19.550.

En este marco, CAI S.A.U. había sido creada en febrero de 2024 mediante la intervención y transformación de Contenidos Públicos S.E., con la expectativa de concentrar la producción, gestión y distribución de contenidos audiovisuales.

Sin embargo, según el informe elevado por el actual interventor de CAI, Carlos María Curci González, el traspaso de las plataformas no debía concretarse. El documento, fechado el 16 de octubre de 2025, sostiene que la intervención sigue vigente y que la empresa no culminó las tareas para las cuales fue reestructurada, por lo que sumar nuevas responsabilidades resultaría contraproducente.

Razones institucionales y administrativas: intervención inconclusa y objetivos incumplidos

El decreto detalla varias razones por las cuales el Poder Ejecutivo resolvió frenar la transferencia. La operación nunca se completó. Pese a que la ex Secretaría de Comunicación y Medios y la Secretaría de Cultura iniciaron los procesos administrativos, el traspaso no llegó a ejecutarse. La intervención de CAI S.A.U. continúa activa, prorrogada por la Decisión Administrativa 5/2025 para atender “acciones a futuro” que la empresa aún no cumplió. El interventor saliente, Eduardo González, renunció el 1° de agosto de 2025 según Decreto 525/2025, lo que interrumpió el proceso. El nuevo interventor concluyó que sumar la administración de CINE.AR no contribuye a resolver los pendientes internos que motivaron la intervención.

El Gobierno reconoce que CAI S.A.U. mantiene “cuestiones pendientes” que deben resolverse antes de avanzar con nuevas responsabilidades operativas, lo que deja entrever un diagnóstico de gestión deficitaria o inestabilidad institucional dentro de la sociedad estatal.

Al derogar el Decreto 194/2025, Milei ordena que todas las plataformas audiovisuales continúen en manos del INCAA, incluida la titularidad de derechos, bienes, presupuesto y personal, consolidando la estructura previa.

Impacto político y sectorial: señales al ecosistema audiovisual y a la gestión cultural

La reversión del traspaso tiene varias implicancias:

Reafirmación del rol del INCAA

Aunque el organismo ha atravesado recortes, auditorías y debates públicos, esta decisión reafirma su papel en la administración de plataformas estratégicas del cine nacional. Para el sector audiovisual, esto preserva un canal de exhibición y distribución que opera desde hace más de una década.

Una revisión interna de la reestructuración estatal

El Gobierno evita profundizar responsabilidades en una empresa intervenida y con desempeño bajo evaluación. El movimiento implica una pausa táctica dentro del plan de reorganización del sistema público de medios y contenidos.

Mensaje hacia la industria

La continuidad de CINE.AR bajo el INCAA puede interpretarse como un intento de sostener cierta estabilidad institucional en un ámbito especialmente sensible para productores, directores, distribuidores y actores del sector.

Impacto presupuestario

Al mantener las plataformas en el INCAA, el organismo conserva control sobre recursos, personal y derechos de propiedad intelectual, lo que influye directamente en la planificación del Presupuesto 2026.

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El Gobierno elimina retenciones a aceites y lubricantes industriales

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El Gobierno eliminó las retenciones para aceites y lubricantes industriales para acelerar la competitividad exportadora.

Por medio del Decreto 811/2025, el Poder Ejecutivo fijó en 0% el Derecho de Exportación para cinco posiciones arancelarias de aceites y lubricantes de la Nomenclatura Común del Mercosur. La medida apunta a reforzar la competitividad externa, reducir costos fiscales y dinamizar sectores industriales con valor agregado, sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.

Una baja impositiva con enfoque exportador y productivo

El Gobierno nacional oficializó la reducción a CERO POR CIENTO (0%) del Derecho de Exportación (D.E.) aplicable a cinco posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) correspondientes a aceites y lubricantes industriales. La decisión surge del Decreto 811/2025, publicado este 17 de noviembre, y aplica a las posiciones: 2710.19.31; 2710.19.32; 2710.19.92; 2710.19.93; 2710.19.99.

La norma también deja sin efecto las alícuotas previamente establecidas en el artículo 7° del Decreto 488/2020, adecuando el esquema exportador a un marco de mayor apertura y competitividad global.

El Gobierno justifica la medida en tres ejes centrales: Reducción del costo fiscal y financiero asociado a la exportación. Promoción del valor agregado industrial, orientado a sostener el empleo. Mejora de la competitividad externa en un contexto internacional más exigente.

El texto del decreto señala que el objetivo es “asegurar el máximo posible de valor agregado en el país, promover las actividades productivas y alinear la política comercial con la libertad económica”.

Fundamentos normativos y motivación económica

El Decreto 811/2025 se dicta con base en el artículo 755 del Código Aduanero (Ley 22.415), que faculta al Poder Ejecutivo a gravar o desgravar exportaciones según objetivos de política económica y comercial.

El Gobierno reconoce que la situación internacional —marcada por costos logísticos elevados, cambios en la demanda global y mayor competencia— obliga a adoptar medidas que “permitan sostener y expandir la actividad exportadora sin comprometer la recaudación”.

La decisión está en línea con otras normas recientes, como el Decreto 305/2025, que ya había llevado a 0% las retenciones para diversos productos industriales con valor agregado.

El decreto resalta que esta reducción puntual no afecta significativamente la recaudación, debido al bajo peso relativo de estos productos en el total de exportaciones con derecho de exportación vigente.

Además, la medida fortalece la previsibilidad fiscal, al reducir la distorsión en la formación de precios y mejorar la posición de las empresas locales frente a competidores internacionales que no enfrentan cargas similares.

Impacto en la industria, las exportaciones y el mercado interno

Un gesto hacia la industria manufacturera

Los aceites y lubricantes alcanzados forman parte de una cadena industrial que alimenta a sectores como: automotriz, metalmecánico, maquinaria agrícola, transporte y logística, petróleo y gas.

La rebaja a 0% elimina costos que impactan en el precio final de exportación y en la estructura interna de costos, especialmente relevante para empresas con alto contenido de insumos importados.

Reacciones esperadas del sector privado

Empresas industriales exportadoras ven la medida como una señal positiva tras años de fluctuación impositiva. La previsibilidad tributaria se vuelve un factor clave para acceder a mercados internacionales donde márgenes de precio y tiempos logísticos son determinantes.

Además, analistas consultados destacan que la eliminación de retenciones en rubros industriales genera un efecto indirecto sobre: inversiones en equipamiento y tecnología, nuevos contratos internacionales, y mayor estabilidad en cadenas de suministro.

El rol del Congreso

Como decreto dictado en uso de facultades delegadas, la norma deberá ser tratada por la Comisión Bicameral Permanente según lo establece la Ley 26.122. La validación legislativa será clave para consolidar la medida y sostener un marco regulatorio estable.

Proyección: hacia un esquema de retenciones más competitivo

El Decreto 811/2025 profundiza una tendencia del Ejecutivo orientada a desarmar gradualmente el esquema de retenciones industriales. Este sendero de reducción impositiva pretende: estimular inversión privada, generar empleo de calidad, aumentar la composición industrial de las exportaciones, mejorar el flujo de divisas sin comprometer el superávit fiscal.

La industria espera que la medida se complemente con mejoras en financiamiento, infraestructura logística y acceso a mercados, para consolidar un crecimiento industrial exportador sustentable.

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El Gobierno autorizó obras por $85 mil millones y concesionará rutas bajo gestión privada

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Milei reactivó la obra pública, autorizó inversiones por $85 mil millones y licitó 1.800 km de rutas bajo gestión privada. El Gobierno cambia de estrategia: reaparece la inversión pública y se consolida el modelo de concesiones

El Gobierno de Javier Milei autorizó la contratación de diez obras públicas nacionales por un monto total de $85.000 millones en los próximos tres años y lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en lo que representa un giro significativo en la política de infraestructura tras meses de parálisis casi total.

La medida marca un punto de inflexión en la administración libertaria, que había reducido al mínimo la ejecución de proyectos de inversión durante el primer semestre de gestión. Según datos oficiales del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 solo se habían concluido 330 obras públicas nacionales, con 78 proyectos en ejecución normal y más de 1.400 sin avances.

El cambio de rumbo llega tras el resultado electoral favorable al oficialismo y la convocatoria al diálogo con provincias no peronistas, factores que influyeron en la decisión de corregir el Presupuesto nacional para reincorporar una porción acotada de inversión pública.

“Buscamos transparencia, eficiencia y estándares de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el nuevo esquema vial en su cuenta de X.

10 obras reactivadas: foco en infraestructura vial, ambiental y de agua potable

De las 2.692 obras nacionales que habían quedado inconclusas del gobierno anterior —sobre un total de 6.700 iniciadas entre 2019 y 2023—, el Ejecutivo decidió descongelar diez proyectos distribuidos en distintas provincias, con prioridad en infraestructura básica y de servicios esenciales.

Las obras seleccionadas implican una inversión total superior a los $85.000 millones, con ejecución escalonada entre 2024 y 2026.

Entre los proyectos destacados figuran:

  • Sistema de provisión de agua potable en Tucumán, con una inversión de $25.938 millones, el más costoso del conjunto.
  • Mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 11 (Rosario–Santa Fe), por $17.516 millones.
  • Conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33 (Rosario–Sancti Spíritu), por $23.631 millones.
  • Construcción del Muelle Cabecera Norte en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), por $4.716 millones.
  • Obras ambientales y de conservación forestal en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero, bajo el Proyecto Paisajes, con montos entre $1.400 y $2.200 millones.
  • Reubicación y remodelación del BCG PPD MC en el barrio de Barracas (CABA), con $1.637 millones de inversión total.

La mayor parte de las obras se ejecutarán entre 2025 y 2026, lo que confirma una estrategia de reprogramación presupuestaria gradual, compatible con el objetivo de déficit fiscal cero.

La concentración geográfica también es significativa: Santa Fe reúne tres proyectos estratégicos, seguida por Tucumán, Córdoba y Chubut, mientras que las provincias patagónicas y del norte suman obras de menor escala pero de alto impacto local.

Red Federal de Concesiones: el Estado pasa de operador a regulador

Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva licitación pública para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la Red Federal de Concesiones, una de las reformas estructurales más ambiciosas de la gestión Milei.

El esquema se sustenta en la premisa de que el Estado debe “liberarse de funciones improductivas” y actuar como regulador y garante de competencia, en lugar de operador directo de servicios.

El plan se articula en dos tramos principales:

  • Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
  • Tramo Pampa, de 547 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar los contratos y garantizar los estándares de seguridad y mantenimiento.

Esta segunda etapa se suma a la primera, presentada en enero de 2025, que ya había incorporado las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos a la gestión privada.

Desde la Casa Rosada destacan que el nuevo modelo “sigue estándares internacionales” y permitirá atraer capital genuino sin aumentar el gasto público.

Impacto económico y político: señales de gobernabilidad y apertura federal

La decisión de reactivar parcialmente la obra pública y relanzar el sistema de concesiones envía una señal política de moderación fiscal con apertura federal, tras meses de tensión con gobernadores y sectores afectados por la parálisis.

Según un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), la interrupción de obras públicas había generado problemas de infraestructura crítica, como la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, deficiencias de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratamiento en Corrientes y tramos intransitables de la Ruta 40 en Chubut.

Con la nueva orientación, el Ejecutivo busca recomponer relaciones con provincias y recuperar capacidad de negociación institucional, al tiempo que traslada al sector privado la ejecución y mantenimiento de obras estratégicas.

El desafío inmediato será asegurar transparencia y competencia real en las licitaciones, en un contexto donde los mecanismos de control estatal seguirán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.

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Karina Milei encabezó en Casa Rosada la primera reunión con diputados libertarios electos

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Karina Milei reunió a los diputados electos de La Libertad Avanza, Diego Hartfield participó del primer encuentro de cara al inicio del nuevo Congreso

Reunión en Casa Rosada: alineamiento político y primeras definiciones internas

El diputado nacional electo por Misiones, Diego Hartfield, participó este martes de la reunión convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) elegidos en los comicios del 26 de octubre.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y tuvo como objetivo introducir a los nuevos parlamentarios en el funcionamiento institucional del bloque oficialista, en la antesala del inicio de sesiones del próximo período legislativo.

Según trascendió, la reunión —descrita por los presentes como “informal”— buscó generar cohesión política dentro de la bancada libertaria, que contará con un número significativo de legisladores debutantes sin experiencia previa en el ámbito legislativo.

La cita fue encabezada por Karina Milei, hermana del Presidente y figura central en la organización política interna del oficialismo, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa y diputado electo por Mendoza, Luis Petri, y la ministra de Seguridad y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich.

Fue una reunión bastante informal, habló Karina, habló Martín; estuvo el papá de Martín, Eduardo Menem, que fue senador y tiene experiencia parlamentaria”, explicó Hartfield en diálogo con La Voz de Misiones.

El representante misionero definió el encuentro como una “charla informativa que sirvió para seguir conociéndonos”, y confirmó que habrá una segunda convocatoria prevista para mañana, en la que —según anticipó— “creo que va a estar el Presidente”.

La consolidación del bloque oficialista y el rol de los nuevos legisladores

El encuentro en la Casa Rosada marca el primer paso en la articulación institucional del bloque libertario en el Congreso, en un contexto donde La Libertad Avanza busca consolidar su estructura parlamentaria y definir estrategias de gobernabilidad frente a una oposición fragmentada pero con peso legislativo.

La presencia de Eduardo Menem, exsenador y figura con amplia experiencia parlamentaria, fue interpretada como una señal de orientación institucional, en momentos en que muchos de los legisladores libertarios electos debutarán en la política nacional.

La organización del bloque en Diputados estará bajo la órbita directa de Martín Menem, quien tendrá la tarea de ordenar la dinámica interna y coordinar el trabajo legislativo con el Poder Ejecutivo. En paralelo, Karina Milei consolida su rol como articuladora entre las distintas áreas del oficialismo y los nuevos cuadros legislativos.

Al finalizar la reunión, los diputados electos recibieron una bolsa violeta con el logo de La Libertad Avanza, que contenía la Constitución Nacional, una bandera argentina y el reglamento de la Cámara de Diputados, elementos simbólicos que refuerzan el discurso institucional del espacio.

Plan de alineamiento interno del bloque

La convocatoria se produce en un momento clave de transición política, a pocas semanas del recambio legislativo. Y en medio de definiciones sobre la estrategia parlamentaria del oficialismo.

Para Misiones, la participación de Diego Hartfield en la bancada libertaria implica una representación directa dentro del bloque de gobierno, lo que podría incidir en futuras negociaciones vinculadas a políticas federales y de desarrollo regional.

El fortalecimiento de la bancada libertaria busca garantizar una base de apoyo legislativo coherente con el programa económico y político del Ejecutivo. Que prioriza la disciplina fiscal, la desregulación económica y la reforma del Estado. En ese marco, el alineamiento interno del bloque resulta clave para asegurar la gobernabilidad en un Congreso donde las mayorías absolutas siguen siendo un desafío.

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El Gobierno enfrenta una merma de la recaudación por $600.000 millones tras eliminar el impuesto al cheque

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Caída en la recaudación de octubre: el Gobierno enfrenta el impacto de la eliminación de retenciones y el freno económico.

Los ingresos fiscales mostrarían una fuerte contracción interanual por la baja de liquidaciones agroexportadoras y la retracción de la actividad interna. El Ejecutivo busca sostener el equilibrio fiscal con recortes de gasto.

Fuerte retracción en los ingresos del Estado

El Gobierno nacional difundirá en las próximas horas el informe oficial sobre la recaudación impositiva de octubre, un dato clave que reflejará la doble presión fiscal derivada de la eliminación de los derechos de exportación y del estancamiento de la actividad económica interna.

Según las primeras proyecciones, los ingresos tributarios del mes habrían registrado una caída interanual significativa, afectando principalmente a los recursos provenientes de las retenciones al agro y de impuestos vinculados al consumo como el IVA y el impuesto al cheque.

La menor recaudación llega en un contexto de ajuste fiscal profundo y de revisión de las metas de equilibrio primario, pilares del programa económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dato más relevante proviene del sector exportador: las agroexportadoras informaron que la liquidación de octubre alcanzó los USD 1.117 millones, lo que implica una caída del 56% interanual y del 84% respecto de septiembre. Este desplome impactará directamente en los ingresos por derechos de exportación, que históricamente representan una fuente importante de recursos para el Tesoro.

Menor actividad interna y efecto de la eliminación del impuesto al cheque

La recaudación de tributos asociados a la actividad doméstica también se vería resentida. Los impuestos al valor agregado (IVA) y a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) registraron en octubre un retroceso vinculado a la desaceleración del consumo y a la caída en la circulación de dinero dentro del sistema financiero.

A esto se suma el efecto pleno de la eliminación del impuesto al cheque, una medida que si bien fue celebrada por el sector privado como un alivio a la presión tributaria, implicó para las cuentas públicas una pérdida estimada en más de $600.000 millones en términos interanuales.

El impacto sobre la recaudación total, según analistas fiscales, podría superar los dos puntos del PBI en los próximos meses si no se compensan los ingresos con mayor actividad o una recuperación de la exportación.

Ajuste fiscal y redistribución del gasto

Fuentes oficiales señalaron que la caída de ingresos no afectará la coparticipación federal, dado que los derechos de exportación no son impuestos coparticipables. Esto implica que el ajuste recae principalmente sobre las cuentas del Tesoro Nacional, lo que obligará al Gobierno a intensificar la política de contención del gasto público para sostener el equilibrio fiscal.

La administración nacional viene aplicando desde agosto un esquema de racionalización presupuestaria que incluye la revisión de programas, reducción de subsidios y control estricto del gasto corriente. Sin embargo, la pérdida de recaudación tensiona el objetivo de mantener el déficit cero, especialmente en un contexto de menor crecimiento de la recaudación real y presiones inflacionarias persistentes.

El informe oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se espera para la tarde, permitirá confirmar el alcance de la caída y su impacto en la recaudación total del año, que hasta septiembre mostraba un crecimiento moderado impulsado por los tributos al comercio exterior y al consumo.

Perspectivas: equilibrio fiscal y recesión

El desafío del Gobierno es sostener el ajuste fiscal sin profundizar la recesión. La contracción de la recaudación coincide con indicadores de actividad económica estancada, según las mediciones del INDEC y del sector privado, que marcan un freno en la industria, la construcción y el comercio minorista.

El Presupuesto 2026, actualmente en discusión, será el instrumento clave para definir cómo se compensará esta pérdida de ingresos. Fuentes del Palacio de Hacienda no descartan la posibilidad de nuevas medidas de control del gasto y una reorientación de partidas hacia áreas críticas, en línea con el compromiso de déficit cero asumido por el Ejecutivo.

“Es un momento de transición fiscal. La eliminación de impuestos distorsivos implica una pérdida inicial de recursos, pero busca sentar las bases de un sistema tributario más eficiente y favorable a la inversión”, explicaron fuentes oficiales.

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