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El BCRA acelera la compra de dólares y consolida la “pax cambiaria”

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El Banco Central de la República Argentina alcanzó este martes un hito operativo con impacto político: encadenó 50 jornadas consecutivas de compras de divisas y elevó el acumulado anual por encima de los USD 3.400 millones. La cifra —que ya representa más del 34% de la meta prevista para todo 2026— no solo refleja una dinámica cambiaria ordenada, sino que se integra a una estrategia más amplia del Gobierno para consolidar estabilidad en el frente externo. La pregunta que se abre es si esta “pax cambiaria” es sostenible o si encubre tensiones que podrían emerger con el correr de los meses.

El dato concreto fue la adquisición de USD 73 millones en la última rueda, en un mercado que se mantiene calmo y con un tipo de cambio estabilizado en torno a los $1.400. Sin sobresaltos visibles, el esquema empieza a mostrar resultados en términos de acumulación. Pero el trasfondo es más complejo: el equilibrio actual depende de múltiples engranajes que el oficialismo intenta coordinar sin generar nuevos desequilibrios.

Emisión, deuda y reservas: el delicado equilibrio del esquema económico

El proceso de compras del BCRA no es neutro. Para intervenir en el mercado, la autoridad monetaria emite pesos sin esterilización directa, mientras el Tesoro absorbe parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en pesos. Esta coordinación entre política monetaria y fiscal es central para evitar que la expansión derive en presión inflacionaria o cambiaria.

En ese marco, el Ministerio de Economía optó en las últimas licitaciones por no expandir la base monetaria, una señal orientada a sostener expectativas y evitar desbordes en precios. El esquema, sin embargo, requiere precisión: si la absorción no alcanza o la demanda de dinero se debilita, el equilibrio podría tensarse.

El objetivo oficial para 2026 es ambicioso: acumular entre USD 10.000 y USD 17.000 millones en reservas. Por ahora, el ritmo de compras —con un promedio diario cercano a USD 67 millones— permite avanzar, pero está condicionado por factores externos e internos, como el ingreso de divisas y la confianza en la moneda local.

Aun así, el dato de reservas muestra matices. El stock se ubicó en USD 44.788 millones, con una caída diaria de USD 67 millones. La dinámica revela que, pese a las compras, los pagos de deuda y la valuación de activos siguen erosionando el resultado final. Es decir: el BCRA compra, pero no siempre logra retener.

Dólar estable y margen político: quién gana con la calma cambiaria

La estabilidad del tipo de cambio en torno a los $1.400 no es solo un dato económico: tiene implicancias políticas directas. En un contexto donde la inflación y las expectativas siguen siendo variables sensibles, la ausencia de volatilidad cambiaria le otorga al Gobierno un activo clave.

El esquema de flotación con bandas amplias —con un techo en $1.633,99— genera un margen de intervención cómodo. La brecha del 17% respecto del tipo de cambio oficial permite al BCRA seguir comprando divisas sin presionar sobre las cotizaciones, consolidando una dinámica de acumulación sin sobresaltos.

En paralelo, el ingreso de dólares provenientes del sector agroexportador y de emisiones de deuda corporativa y provincial refuerza la oferta. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, estas colocaciones sumaron USD 11.000 millones, un flujo que también contribuye a sostener el equilibrio.

En este escenario, el oficialismo logra alinear variables clave: dólar estable, reservas en recuperación y tasas que no presionan sobre la actividad. Sin embargo, el equilibrio es frágil. La estabilidad depende, en gran medida, de factores estacionales —como la cosecha gruesa— y de la continuidad en la oferta de divisas.

El trasfondo: confianza, tasas y el desafío de remonetizar la economía

Detrás de la calma cambiaria aparece un debate más estructural: la capacidad del sistema para sostener la demanda de pesos. Con tasas reales levemente negativas y expectativas de inflación moderadas, el esquema actual apunta a una remonetización gradual de la economía.

La clave está en la confianza. El Gobierno apuesta a que la estabilidad cambiaria funcione como ancla para recomponer la demanda de dinero. Pero ese proceso no es automático. La historia reciente de volatilidad sigue condicionando las decisiones de ahorro e inversión.

En ese contexto, también entra en juego el Régimen de Inocencia Fiscal, que podría canalizar dólares no bancarizados hacia el sistema. No se trata de un blanqueo tradicional, sino de una herramienta que busca captar ahorros en efectivo. Su impacto, sin embargo, dependerá de la credibilidad del esquema económico.

Un equilibrio en construcción: entre la oportunidad y el riesgo

El BCRA logró consolidar una racha inédita de compras en un contexto de estabilidad cambiaria. Es un dato relevante en la arquitectura del programa económico y le otorga al Gobierno margen político en un año clave.

Pero el esquema todavía está en construcción. La acumulación de reservas convive con salidas por deuda, la emisión con la necesidad de absorción, y la estabilidad cambiaria con expectativas que aún no terminan de anclarse.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en el impacto de la cosecha gruesa, la evolución de la demanda de pesos y la capacidad del Tesoro para sostener la absorción de liquidez. También en cómo reacciona el mercado ante un escenario de tasas reales bajas.

La “pax cambiaria” hoy ordena. La incógnita es si puede sostenerse sin abrir nuevas tensiones en el frente monetario.

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Repuntaron las acciones argentinas y el riesgo país perforó los 600 puntos

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Los principales mercados mundiales operaron con ganancias este martes y dicha tendencia ayudó a una recuperación de precios para los golpeados activos argentinos. Los índices de Wall Street fueron de mayor a menor y tras una suba próxima a 1% por la mañana cerraron con ganancias moderadas en un rango de 0,1% a 0,5%, con el panel tecnológico Nasdaq al frente.

Mientras que en la región el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo subió 0,3%, destacó el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que ganó 2,2%, en los 2.663.049 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- subieron un 0,4% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que restó 13 unidades para la Argentina, en los 587 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

Entre los papeles líderes los que más subieron fueron Pampa Energía (+4,7%), Transportadora Gas del Sur (+4,2%) y Central Puerto (+4,2%). Transener (-5,2%) fue la acción que más bajó.

Damián VlassichTeam Leader de Estrategias de Inversión en IOL, consideró que “a pesar del rebote, la cautela persiste. Esta semana la Reserva Federal se reúne y el mercado descuenta que las tasas se mantendrán sin cambios”. “La gran duda es si el shock energético previo ya se filtró en las proyecciones de inflación, lo que podría alejar definitivamente cualquier expectativa de baja de tasas para el primer semestre”, agregó Vlassich.

“De cara a las próximas semanas, y considerando el actual contexto de tensión global junto con la ausencia de catalizadores claros en el frente local, luce poco probable observar una compresión significativa del riesgo país en el corto plazo. En este escenario, el indicador probablemente continúe lateralizando dentro del rango actual hasta que disminuya la incertidumbre externa”, evaluó IEB.

Los precios del petróleo avanzaron mientras continuó la tensión geopolítica y militar en torno a Irán. El crudo ligero de Texas ganó 3,2% a USD 95,44 el barril, mientras que la variedad Brent del Mar del Norte ascendió 3,5%, en los 103,67 dólares.

“Las cotizaciones del crudo escalaron en los últimos 30 días tras el estallido bélico en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos e Israel decidieron intervenir Irán. El conflicto derivó en el fallecimiento del líder supremo iraní, Ayatolá Alí Jamenei, y el cierre del Estrecho de Ormuz”, indicó Puente.

Ignacio MoralesChief Investments Officer de Wise Capital, señaló que “la escalada bélica en Medio Oriente y la creciente inestabilidad en el estratégico estrecho de Ormuz han obligado a una reconfiguración drástica de las proyecciones económicas mundiales, según advirtió un reciente informe de Goldman Sachs que anticipa un impacto directo del 0,3% a la baja en el Producto Bruto Interno (PBI) global para el próximo año”.

“El análisis de la entidad financiera subraya que el encarecimiento sostenido del petróleo y del gas, derivado de la guerra en Irán, no solo enfriará la actividad económica (llevando la previsión de crecimiento del 2,9% al 2,6%) sino que también actuará como un potente motor inflacionario, sumando entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales a la suba de precios internacionales”, refirió Morales.

Dólar estable y compras del BCRA

Con un monto sostenido de USD 423,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista persistió sin variantes a 1.396 pesos, todavía cerca del piso de 2026 en $1.370,50 del 23 de febrero. El dólar mayorista baja un peso en marzo y unos 59 pesos o 4,1% desde el inicio de 2026.

La banda superior del esquema de libre flotación aplicado por el Banco Central en el presente año marcó los $1.633,99, que amplió a 237,99 pesos o 17% la brecha con el tipo de cambio oficial, un máximo desde el 3 de julio del año pasado (17,2%) y un rango cómodo para que la autoridad monetaria continúe absorbiendo divisas del mercado sin presión sobre las cotizaciones.

“Durante la primera mitad de la jornada se mostró algo más demandado que en días previos, intentando avanzar hacia la zona de $1.400. Sin embargo, en esos niveles reapareció la oferta del sector exportador, lo que actuó como techo e impidió una ruptura al alza”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Ya pasado el mediodía, la dinámica cambió y la oferta comenzó a predominar, llevando al tipo de cambio a retroceder de forma gradual hasta la zona de $1.390, nivel donde viene encontrando soporte en las últimas ruedas”, apuntó Merino.

En el Banco Nación el dólar al público terminó también sin variantes a $1.415 para la venta, en mínimos desde el 25 de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.422,26 para la venta y $1.372,11 para la compra.

Los contratos de dólar futuro tuvieron caídas marginales en un rango de 0,1% a 0,4%, con negocios por el equivalente a 1.221,7 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. La postura más operada, para el cierre de marzo, bajó un peso (-0,1%), a 1.408,50 pesos.

El dólar blue avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.435, esta vez un máximo desde el 25 de febrero. En marzo el billete informal gana diez pesos (+0,7%), mientras que en el recorrido de 2026 mantiene un descenso de 95 pesos o 6,2 por ciento.

El Banco Central compró USD 73 millones en el mercado de cambios, el 17% de la oferta del día en el mercado de contado. En marzo las compras oficiales acumulan 702 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas restaron USD 66 millones, a USD 44.721 millones, el stock más bajo desde el 30 de enero.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

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Precios mayoristas: suben 1% en febrero y el Gobierno enfrenta una señal clave en la cadena de costos

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El proceso de desaceleración inflacionaria sumó un nuevo capítulo con matices: el índice de precios mayoristas registró una suba de 1% en febrero de 2026 y acumuló 25,6% interanual, según informó el INDEC el 17 de marzo. El dato, en apariencia contenido, adquiere relevancia política porque mide el pulso de la cadena de formación de precios antes de su traslado al consumidor. En ese punto se abre una pregunta inevitable: ¿la baja en la nominalidad mayorista consolida la estrategia del Gobierno o anticipa tensiones futuras en márgenes y abastecimiento?

Lejos de ser un indicador técnico más, el índice funciona como termómetro adelantado de la inflación minorista y como referencia para sectores productivos que ajustan contratos, listas de precios y expectativas.

Una desaceleración con composición heterogénea

El informe oficial muestra que la variación mensual se explicó por el aumento de 1% en los productos nacionales, mientras que los productos importados registraron una leve baja de -0,3%. Esa diferencia introduce un dato clave: la presión inflacionaria se sostiene más en factores internos que en el componente externo.

Al interior de los productos nacionales, el comportamiento no fue uniforme. Los productos primarios subieron 1,2%, los manufacturados 1% y la energía eléctrica avanzó 0,5%. Esta estructura sugiere que la dinámica de costos sigue atravesada por variables productivas locales, incluso en un contexto de menor volatilidad cambiaria.

La baja en importados, en tanto, aparece como un factor de contención, aunque con impacto acotado en la estructura general del índice. No alcanza por sí sola para compensar la inercia de los precios domésticos.

Un indicador clave para la política económica

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) no solo mide variaciones. También anticipa decisiones. Su evolución incide en la política de precios, en la negociación entre proveedores y empresas, y en la construcción de expectativas inflacionarias.

Para el Gobierno, el dato de febrero puede leerse como una señal de estabilización relativa en la cadena de costos. Sin embargo, también expone una limitación: la inflación no desaparece, se redistribuye. Y en ese movimiento, los precios mayoristas siguen mostrando una inercia que condiciona la velocidad de desaceleración general.

En términos institucionales, el índice no tiene impacto directo en normas o contratos como otros indicadores, pero sí influye en la toma de decisiones del sector privado y en la calibración de políticas públicas.

Correlación de fuerzas: márgenes en disputa

El comportamiento de los precios mayoristas también refleja una tensión silenciosa entre sectores productivos. Cuando los costos suben, aunque sea de forma moderada, se activa una disputa por los márgenes a lo largo de la cadena.

El dato de febrero sugiere que esa tensión no desapareció. Se reconfiguró. La estabilidad relativa puede aliviar presiones en el corto plazo, pero no elimina la puja entre productores, distribuidores y comercializadores.

En ese escenario, la política económica queda en una posición delicada: necesita sostener la desaceleración sin generar un estrangulamiento en sectores que dependen de la recomposición de precios para sostener actividad.

Un equilibrio todavía inestable

El registro de 1% mensual marca una desaceleración respecto de períodos anteriores, pero no define una tendencia irreversible. La clave estará en observar si este nivel se consolida o si responde a factores transitorios.

Las próximas mediciones permitirán evaluar si la baja en productos importados se sostiene y si los componentes internos logran moderarse sin intervención adicional. También será relevante analizar cómo impacta esta dinámica en la inflación minorista.

Por ahora, el dato deja una señal ambivalente. La nominalidad cede, pero no se apaga. Y en ese margen, la política económica sigue jugando una partida donde cada punto porcentual redefine el equilibrio.

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Construcción: el costo subió 1,9% en febrero y acumula 24,5% interanual, con presión salarial y tarifaria

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El costo de la construcción volvió a moverse por encima de la inflación núcleo en febrero y dejó una señal política y económica que el Gobierno no puede ignorar: según el INDEC, el índice subió 1,9% mensual y 24,5% interanual en el Gran Buenos Aires. El dato, difundido el 17 de marzo de 2026, combina dos vectores sensibles —salarios y tarifas— y reabre una pregunta de fondo: ¿la desaceleración inflacionaria puede sostenerse sin tensionar costos estructurales en sectores intensivos como la construcción?

La cifra no es neutra. Llega en un momento donde la obra pública, la inversión privada y la dinámica del empleo en la construcción funcionan como termómetro de gobernabilidad económica. Y donde cada variación de costos impacta directamente en contratos, presupuestos y decisiones de inversión.

Salarios, tarifas y costos: el triángulo que explica la suba

El aumento del índice no responde a un único factor. Según el informe oficial , el alza de febrero se explicó por incrementos de 1,5% en materiales, 1,6% en mano de obra y un salto más marcado de 4,4% en gastos generales.

Detrás de esos números hay decisiones concretas. Por un lado, la suba en mano de obra refleja el impacto del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina firmado el 12 de enero y homologado días después, que comenzó a regir en febrero. No se trata solo de una recomposición salarial: el ajuste también incluye asignaciones extraordinarias que se trasladan de forma directa al costo de cada obra.

Por otro lado, los gastos generales incorporan actualizaciones tarifarias en servicios clave. El informe detalla que se trasladaron los nuevos cuadros eléctricos aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para distribuidoras como Edenor y Edesur, junto con ajustes en agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas.

En paralelo, algunos insumos mostraron aumentos puntuales relevantes: maderas (4,5%), metales como cobre y plomo (4,2%) y vidrios (4,0%). La dispersión en los materiales —con bajas en rubros como ascensores (-1,6%)— muestra que el fenómeno no es homogéneo, pero sí consistente.

Un índice técnico con impacto político

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) mide la evolución de los costos en viviendas en el Gran Buenos Aires, sin incluir el valor del terreno ni impuestos como el IVA. Sin embargo, su influencia excede lo estadístico.

El dato funciona como referencia directa para la actualización de contratos de obra pública —en el marco del Decreto 1.295/02— y como señal para desarrolladores privados. Cada variación mensual redefine presupuestos, licitaciones y márgenes.

En ese contexto, la combinación de salarios en alza y tarifas actualizadas introduce un componente de rigidez en los costos. A diferencia de los precios de algunos materiales, estos factores tienen menor elasticidad a la baja en el corto plazo.

Correlación de fuerzas: sindicatos firmes y costos que condicionan

El dato también deja una lectura política sobre la mesa. El traslado del acuerdo salarial de la UOCRA al índice confirma la capacidad del sector sindical para sostener recomposiciones en un contexto de ajuste más amplio.

Al mismo tiempo, la incidencia de tarifas reguladas muestra que las decisiones del Gobierno en materia de precios relativos —particularmente energía y servicios— tienen impacto inmediato en sectores productivos.

Para el oficialismo, el desafío es doble: contener la inflación sin desarticular la actividad en un rubro que genera empleo y dinamiza economías regionales. Para el sector privado, el escenario obliga a recalcular costos y márgenes en proyectos que ya venían ajustados.

Señales mixtas hacia adelante

El comportamiento del índice en febrero no marca un quiebre, pero sí consolida una tendencia: los costos de la construcción siguen creciendo, aunque con una dinámica más moderada que en períodos anteriores.

La clave estará en observar cómo evolucionan dos variables sensibles en los próximos meses: las paritarias del sector y el sendero de tarifas. También será relevante seguir la dispersión en materiales, que podría amortiguar o amplificar futuras subas.

En un escenario donde la política económica busca anclar expectativas, el ICC se mantiene como un indicador incómodo: no define la inflación, pero sí expone sus tensiones más estructurales.

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El Gobierno activa el RIMI y redefine el tablero laboral y fiscal del agro

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El 2 de marzo de 2026, en el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema que apunta a movilizar capital productivo en el agro con beneficios fiscales y cambios en las reglas laborales. El nuevo instrumento complementa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y fija un rango de acceso que va desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 9.000.000 para medianas tramo 2.

El movimiento no es técnico. Es político. El Gobierno busca ampliar la base de inversión más allá de los grandes proyectos y enviar una señal directa a las PyMEs agroindustriales. La pregunta es si el paquete fiscal y laboral alcanza para traducirse en desembolsos concretos o si quedará condicionado por el contexto macro.

Incentivos fiscales: amortización acelerada y alivio en IVA

El RIMI concentra su foco en inversiones productivas: adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias y obras afectadas a la producción. La novedad es doble.

Por un lado, no fija mínimos para inversiones estratégicas en sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. Por otro, establece una amortización acelerada: una cuota para inversiones estratégicas sin mínimo y dos cuotas para bienes muebles.

Además, habilita el cómputo de créditos fiscales de IVA a los tres períodos fiscales mensuales, reduciendo el plazo financiero habitual. En paralelo, baja la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego destinados al sector agroindustrial.

El esquema incorpora también una modificación en la valuación de hacienda para establecimientos de invernada y engorde a corral, con impacto directo en el cálculo del impuesto a las ganancias. La medida reduce el resultado por tenencia en cada ejercicio, lo que mejora el flujo impositivo de esas explotaciones.

En términos prácticos, el Ejecutivo combina alivio fiscal, mejora en liquidez y señales sectoriales específicas. La estrategia apunta a incentivar inversión real, no solo planificación tributaria.

Reforma laboral: cambios en subcontratación y contratos temporarios

El RIMI se inscribe en una reforma más amplia del régimen de trabajo agrario. La legislación modificó la subcontratación y cesión, estableciendo relación directa con quien registre el vínculo laboral y limitando la responsabilidad solidaria.

También amplió el período de prueba a ocho meses y aseguró la temporalidad de contratos sucesivos en tareas estacionales. Las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario quedaron eliminadas como referencia autónoma y pasaron al esquema de convenciones colectivas, incluyendo remuneración por rendimiento.

Además, el nuevo marco establece compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizando la continuidad en la percepción de asignaciones familiares.

El mensaje institucional es claro: modernizar la contratación en el campo, reducir litigiosidad potencial y flexibilizar mecanismos para adaptarlos a ciclos productivos.

Correlación de fuerzas y agenda productiva

El RIMI refuerza la posición del Gobierno frente a sectores productivos que reclamaban reglas más previsibles para invertir. Las PyMEs agroindustriales aparecen como el actor central del esquema.

Al mismo tiempo, la modificación del régimen laboral puede reordenar equilibrios en la negociación colectiva y reconfigurar el vínculo entre empleadores y trabajadores rurales.

En el plano económico, la reducción de cargas y la amortización acelerada implican resignación de recursos fiscales en el corto plazo. El Ejecutivo apuesta a que la mayor inversión compense esa merma vía expansión de producción y formalización.

El complemento con el RIGI sugiere una estrategia integral: captar grandes proyectos y, en paralelo, dinamizar el entramado de medianas y pequeñas empresas. El desafío será que ambos regímenes no generen distorsiones competitivas internas.

Inversión real o ventana fiscal

La efectividad del RIMI dependerá de variables que exceden el texto legal: estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y expectativas de rentabilidad.

En las próximas semanas será clave observar el volumen de proyectos presentados y la velocidad de adhesión de PyMEs. También cómo impactan los cambios laborales en la dinámica de contratación en plena campaña productiva.

El Gobierno movió una ficha relevante en el tablero agroindustrial. El marco normativo ya está definido. Falta comprobar si el sector responde con inversión efectiva o si el incentivo funciona como herramienta defensiva en un contexto todavía en transición.

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