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Construcción: el costo subió 1,9% en febrero y acumula 24,5% interanual, con presión salarial y tarifaria

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El costo de la construcción volvió a moverse por encima de la inflación núcleo en febrero y dejó una señal política y económica que el Gobierno no puede ignorar: según el INDEC, el índice subió 1,9% mensual y 24,5% interanual en el Gran Buenos Aires. El dato, difundido el 17 de marzo de 2026, combina dos vectores sensibles —salarios y tarifas— y reabre una pregunta de fondo: ¿la desaceleración inflacionaria puede sostenerse sin tensionar costos estructurales en sectores intensivos como la construcción?

La cifra no es neutra. Llega en un momento donde la obra pública, la inversión privada y la dinámica del empleo en la construcción funcionan como termómetro de gobernabilidad económica. Y donde cada variación de costos impacta directamente en contratos, presupuestos y decisiones de inversión.

Salarios, tarifas y costos: el triángulo que explica la suba

El aumento del índice no responde a un único factor. Según el informe oficial , el alza de febrero se explicó por incrementos de 1,5% en materiales, 1,6% en mano de obra y un salto más marcado de 4,4% en gastos generales.

Detrás de esos números hay decisiones concretas. Por un lado, la suba en mano de obra refleja el impacto del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina firmado el 12 de enero y homologado días después, que comenzó a regir en febrero. No se trata solo de una recomposición salarial: el ajuste también incluye asignaciones extraordinarias que se trasladan de forma directa al costo de cada obra.

Por otro lado, los gastos generales incorporan actualizaciones tarifarias en servicios clave. El informe detalla que se trasladaron los nuevos cuadros eléctricos aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para distribuidoras como Edenor y Edesur, junto con ajustes en agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas.

En paralelo, algunos insumos mostraron aumentos puntuales relevantes: maderas (4,5%), metales como cobre y plomo (4,2%) y vidrios (4,0%). La dispersión en los materiales —con bajas en rubros como ascensores (-1,6%)— muestra que el fenómeno no es homogéneo, pero sí consistente.

Un índice técnico con impacto político

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) mide la evolución de los costos en viviendas en el Gran Buenos Aires, sin incluir el valor del terreno ni impuestos como el IVA. Sin embargo, su influencia excede lo estadístico.

El dato funciona como referencia directa para la actualización de contratos de obra pública —en el marco del Decreto 1.295/02— y como señal para desarrolladores privados. Cada variación mensual redefine presupuestos, licitaciones y márgenes.

En ese contexto, la combinación de salarios en alza y tarifas actualizadas introduce un componente de rigidez en los costos. A diferencia de los precios de algunos materiales, estos factores tienen menor elasticidad a la baja en el corto plazo.

Correlación de fuerzas: sindicatos firmes y costos que condicionan

El dato también deja una lectura política sobre la mesa. El traslado del acuerdo salarial de la UOCRA al índice confirma la capacidad del sector sindical para sostener recomposiciones en un contexto de ajuste más amplio.

Al mismo tiempo, la incidencia de tarifas reguladas muestra que las decisiones del Gobierno en materia de precios relativos —particularmente energía y servicios— tienen impacto inmediato en sectores productivos.

Para el oficialismo, el desafío es doble: contener la inflación sin desarticular la actividad en un rubro que genera empleo y dinamiza economías regionales. Para el sector privado, el escenario obliga a recalcular costos y márgenes en proyectos que ya venían ajustados.

Señales mixtas hacia adelante

El comportamiento del índice en febrero no marca un quiebre, pero sí consolida una tendencia: los costos de la construcción siguen creciendo, aunque con una dinámica más moderada que en períodos anteriores.

La clave estará en observar cómo evolucionan dos variables sensibles en los próximos meses: las paritarias del sector y el sendero de tarifas. También será relevante seguir la dispersión en materiales, que podría amortiguar o amplificar futuras subas.

En un escenario donde la política económica busca anclar expectativas, el ICC se mantiene como un indicador incómodo: no define la inflación, pero sí expone sus tensiones más estructurales.

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El Gobierno activa el RIMI y redefine el tablero laboral y fiscal del agro

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El 2 de marzo de 2026, en el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema que apunta a movilizar capital productivo en el agro con beneficios fiscales y cambios en las reglas laborales. El nuevo instrumento complementa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y fija un rango de acceso que va desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 9.000.000 para medianas tramo 2.

El movimiento no es técnico. Es político. El Gobierno busca ampliar la base de inversión más allá de los grandes proyectos y enviar una señal directa a las PyMEs agroindustriales. La pregunta es si el paquete fiscal y laboral alcanza para traducirse en desembolsos concretos o si quedará condicionado por el contexto macro.

Incentivos fiscales: amortización acelerada y alivio en IVA

El RIMI concentra su foco en inversiones productivas: adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias y obras afectadas a la producción. La novedad es doble.

Por un lado, no fija mínimos para inversiones estratégicas en sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. Por otro, establece una amortización acelerada: una cuota para inversiones estratégicas sin mínimo y dos cuotas para bienes muebles.

Además, habilita el cómputo de créditos fiscales de IVA a los tres períodos fiscales mensuales, reduciendo el plazo financiero habitual. En paralelo, baja la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego destinados al sector agroindustrial.

El esquema incorpora también una modificación en la valuación de hacienda para establecimientos de invernada y engorde a corral, con impacto directo en el cálculo del impuesto a las ganancias. La medida reduce el resultado por tenencia en cada ejercicio, lo que mejora el flujo impositivo de esas explotaciones.

En términos prácticos, el Ejecutivo combina alivio fiscal, mejora en liquidez y señales sectoriales específicas. La estrategia apunta a incentivar inversión real, no solo planificación tributaria.

Reforma laboral: cambios en subcontratación y contratos temporarios

El RIMI se inscribe en una reforma más amplia del régimen de trabajo agrario. La legislación modificó la subcontratación y cesión, estableciendo relación directa con quien registre el vínculo laboral y limitando la responsabilidad solidaria.

También amplió el período de prueba a ocho meses y aseguró la temporalidad de contratos sucesivos en tareas estacionales. Las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario quedaron eliminadas como referencia autónoma y pasaron al esquema de convenciones colectivas, incluyendo remuneración por rendimiento.

Además, el nuevo marco establece compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizando la continuidad en la percepción de asignaciones familiares.

El mensaje institucional es claro: modernizar la contratación en el campo, reducir litigiosidad potencial y flexibilizar mecanismos para adaptarlos a ciclos productivos.

Correlación de fuerzas y agenda productiva

El RIMI refuerza la posición del Gobierno frente a sectores productivos que reclamaban reglas más previsibles para invertir. Las PyMEs agroindustriales aparecen como el actor central del esquema.

Al mismo tiempo, la modificación del régimen laboral puede reordenar equilibrios en la negociación colectiva y reconfigurar el vínculo entre empleadores y trabajadores rurales.

En el plano económico, la reducción de cargas y la amortización acelerada implican resignación de recursos fiscales en el corto plazo. El Ejecutivo apuesta a que la mayor inversión compense esa merma vía expansión de producción y formalización.

El complemento con el RIGI sugiere una estrategia integral: captar grandes proyectos y, en paralelo, dinamizar el entramado de medianas y pequeñas empresas. El desafío será que ambos regímenes no generen distorsiones competitivas internas.

Inversión real o ventana fiscal

La efectividad del RIMI dependerá de variables que exceden el texto legal: estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y expectativas de rentabilidad.

En las próximas semanas será clave observar el volumen de proyectos presentados y la velocidad de adhesión de PyMEs. También cómo impactan los cambios laborales en la dinámica de contratación en plena campaña productiva.

El Gobierno movió una ficha relevante en el tablero agroindustrial. El marco normativo ya está definido. Falta comprobar si el sector responde con inversión efectiva o si el incentivo funciona como herramienta defensiva en un contexto todavía en transición.

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Encuesta revela respaldo social a la reforma laboral y presiona al Gobierno para ir más rápido

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Un estudio nacional detectó que el 62% consideraba “urgente” la reforma laboral y que seis de cada diez avalan cambios estructurales.

La reforma laboral impulsada por Javier Milei cayó de manera mayoritariamente positiva entre los argentinos y es percibida como una transformación de carácter urgente. Así lo confirma un relevamiento de DC Consultora dirigida por Aníbal Urios, que detectó un cambio cultural profundo: seis de cada diez encuestados consideran imprescindible avanzar con modificaciones estructurales, incluso cuando implican revisar condiciones históricas del mercado de trabajo.

La calle valida la reforma y exige más profundidad

En plena negociación legislativa y con la reforma laboral ya convertida en ley, un estudio privado expuso un dato político que reordena el tablero: el 62% de los encuestados respondió “sí, claro” cuando se le preguntó si la reforma es urgente, y seis de cada diez reclaman avanzar en transformaciones estructurales, incluso si implican revisar condiciones históricas del mercado de trabajo.

El relevamiento fue realizado por DC Consultora, dirigida por Aníbal Urios, y se apartó de las tradicionales mediciones de imagen o intención de voto para indagar sobre el rumbo que la sociedad pretende para el país. El resultado no solo muestra respaldo al cambio impulsado por el Gobierno de Javier Milei, sino que agrega un elemento incómodo para la política: una parte significativa del electorado considera que las modificaciones podrían haber sido más profundas.

Ante la consulta sobre el contenido concreto de la reforma, un 30% la consideró adecuada en su forma actual, mientras que otro 30% la calificó como “muy light” y pidió mayor intensidad en los cambios. El dato introduce una tensión implícita: mientras el oficialismo negocia en el Congreso para garantizar gobernabilidad, una franja de su base social parece demandar menos concesiones y más velocidad.

Reforma laboral y giro cultural

Según el estudio, el punto de inflexión se produjo en 2023, cuando el electorado optó por un cambio que, de acuerdo con el consultor, difiere de experiencias previas. La lectura es que existe una demanda por una “Argentina totalmente distinta” a la de las últimas décadas, aunque no bajo una lógica de ruptura desordenada, sino en una proporción que el sondeo describe como “60-40”.

En ese marco, la reforma laboral se inscribe en un proceso más amplio de revisión de reglas económicas. Entre los puntos debatidos figuran el fraccionamiento de vacaciones, la modificación del cálculo indemnizatorio —que excluye algunos ítems— y la revisión de licencias. Sobre este último punto, el 62% se manifestó a favor de analizar el régimen por enfermedad, bajo la percepción de que existen abusos.

La ciudadanía, según el estudio, distingue entre lo que debe modificarse y lo que funciona. No aparece una demanda de desregulación total, sino un mandato selectivo: mantener lo que opera y reformar lo que genera distorsiones.

Apertura económica, impuestos y mapa de responsabilidades

El trabajo también midió percepciones sobre apertura comercial y presión impositiva. En un contexto donde sectores productivos advierten dificultades para competir con importaciones —con casos de empresas que anunciaron cierres o alertas por competencia externa—, el respaldo social a la apertura convive con un reclamo de equidad fiscal.

Casi el 49% señaló a los impuestos provinciales como los que más afectan su vida cotidiana, frente a un 36% que apuntó a los nacionales. El dato reconfigura el discurso federal: mientras algunos gobernadores denuncian desfinanciamiento por la caída de transferencias y coparticipación, parte de la sociedad identifica en tributos locales como ingresos brutos, patentes o inmobiliario el principal “dolor tributario”.

El mensaje es doble. Por un lado, el ajuste nacional es internalizado como necesario por una franja amplia. Por otro, crece la presión hacia provincias y municipios para revisar su estructura impositiva si quieren sostener legitimidad política.

Seguridad y prioridades: un desacople en agenda

Otro hallazgo relevante es el contraste en materia de seguridad. Aunque el Gobierno impulsa con fuerza el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, apenas el 7,8% lo identifica como el principal problema en esa área. En cambio, el 51,56% señala al accionar del Poder Judicial como la raíz de la inseguridad.

Este desacople no necesariamente debilita la estrategia oficial, pero sí reorienta el foco. Si la opinión pública percibe que el problema radica en la respuesta judicial, el Ejecutivo podría encontrar allí un nuevo eje de confrontación política, en línea con su narrativa de disputa contra estructuras que frenan el cambio.

Gobernar con datos en un clima de alta expectativa

El estudio describe 2026 como “el año de las expectativas”, en el que la sociedad esperará que las reformas se traduzcan en mejoras tangibles en la economía diaria. La aprobación legislativa ya no será suficiente: el respaldo está condicionado a resultados.

En un escenario de tolerancia transaccional, donde el apoyo social se sostiene mientras haya señales de progreso, el margen de error se reduce. El Gobierno avanza en su agenda estructural y consigue mayorías en el Congreso, pero enfrenta una presión distinta: la de una ciudadanía que no pide moderación, sino eficacia.

La reforma laboral ya superó la instancia parlamentaria. Ahora comienza una etapa más exigente, donde la política deberá demostrar que el cambio normativo puede convertirse en transformación concreta. La distancia entre discurso y realidad será el verdadero termómetro en los próximos meses.

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Dal Poggetto advierte por destrucción de empleo formal y presión sobre empresas en la transición económica del Gobierno

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La economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto alertó que el ajuste fiscal y el uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria generan tensiones en el empleo, la recaudación y la estructura productiva.

Una transición con costos visibles

En pleno proceso de reconfiguración del régimen macroeconómico, la economista Marina Dal Poggetto lanzó una advertencia que interpela el corazón de la estrategia oficial. Desde Splendid AM 990, la directora ejecutiva de EcoGo sostuvo que la transición impulsada por el Gobierno ya muestra efectos concretos: destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance empresarias y caída del consumo interno.

El diagnóstico llega en un momento sensible. Con inflación mensual en torno al 2,9% y un esquema cambiario que busca consolidar estabilidad, la pregunta que subyace es si la normalización macro puede sostenerse sin erosionar la base productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó Dal Poggetto al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones. Ese giro, explicó, modifica incentivos y altera la lógica de funcionamiento de empresas y consumidores.

Del arbitraje financiero a la competencia por demanda

En el esquema previo, la economía operaba bajo una lógica de arbitraje. “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”, sintetizó. Ese modelo permitía recomponer márgenes vía precios y protección comercial.

El actual escenario, en cambio, se apoya en la “normalización” de variables macro: brecha cambiaria que tendió a desaparecer, tasas de interés ya no negativas y mayor apertura de importaciones. Allí aparece un punto neurálgico. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar la expansión de compras externas en bienes de consumo y autos.

El tipo de cambio funciona como ancla antiinflacionaria. Sin embargo, Dal Poggetto advirtió que esa herramienta implica riesgos si la inflación mensual se mantiene en torno al 2,9%. Con el dólar estable, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, señaló.

Esa apreciación reabre la discusión sobre competitividad. Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. El interrogante es cuánto margen tiene el Gobierno para sostener el ancla cambiaria sin profundizar tensiones en sectores transables.

Empleo formal en retroceso y reforma laboral en debate

El impacto más sensible aparece en el mercado de trabajo. Si bien la tasa de desempleo subió de 5,7% a 6,6%, la economista subrayó que el fenómeno central no es solo la desocupación sino la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, advirtió.

En ese contexto se inscribe la reforma laboral en debate. Según su lectura, apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero se implementa en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, sostuvo.

La dimensión fiscal complejiza el cuadro. Con una recaudación que “está cayendo y probablemente siga cayendo”, el ajuste se sostiene vía contención del gasto. El Gobierno apuesta a consolidar equilibrio fiscal, pero lo hace sobre una base tributaria debilitada por la recesión y la menor actividad formal. Allí se juega una parte de la gobernabilidad económica.

Consumo, precios relativos y tensión social

El deterioro del poder adquisitivo agrega otra capa de presión. Dal Poggetto explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión.

“Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, remarcó. El resultado es una contracción del consumo que impacta directamente en empresas orientadas al mercado interno.

A esto se suma la presión sobre balances. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, describió. Algunos sectores lograron recapitalizarse en el ciclo anterior; otros operan con márgenes estrechos en un contexto recesivo y mayor competencia externa.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, afirmó, aunque proyectó que abril podría acercarse al 2% mensual si el esquema cambiario se mantiene.

Un equilibrio inestable

El diagnóstico no implica un rechazo al proceso de estabilización, pero sí una advertencia sobre sus costos y tiempos. La apertura comercial, la disciplina fiscal y el ancla cambiaria redefinen incentivos y ordenan precios relativos. La cuestión es si el tejido productivo puede absorber el shock sin mayor deterioro del empleo formal y de la recaudación.

En términos políticos, el Gobierno sostiene su estrategia como eje central de gestión. Sin embargo, la evolución del empleo registrado, la dinámica del consumo y la respuesta del sector empresario marcarán el pulso de las próximas semanas. La transición ya está en marcha. Lo que aún no está definido es cuán profundo será el costo social y productivo de ese nuevo régimen macroeconómico.

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El Gobierno de Misiones invirtió 1.150 millones en la vuelta a clases

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El Gobierno de Misiones destinó $1.150 millones a trabajos de mantenimiento, mejoras edilicias y equipamiento en establecimientos educativos de distintos municipios. Los fondos se aplican antes del inicio del ciclo lectivo 2026 y alcanzarán a escuelas de toda la jurisdicción. El plan forma parte de una estrategia que contempla infraestructura, política salarial y programas de acceso al sistema educativo.

Toda esta asignación se financia con recursos propios ante la baja recaudación y la merma en el envío de fondos nacionales, en un esquema que incluye obras edilicias, sostenimiento del Boleto Educativo Misionero y la actualización salarial docente prevista para el primer tramo del año.

En materia de infraestructura, más de 300 escuelas reciben remodelaciones y mejoras en distintos puntos del territorio. Justamente, desde la cartera de Educación se confirmó que al inicio del ciclo lectivo se inaugurará una nueva escuela en Puerto Iguazú con fondos provinciales a través del Iprodha. También se registran avances en obras en Posadas y otras localidades, junto con tareas de mantenimiento coordinadas con los municipios antes del comienzo de clases.

ACTUALIZACIÓN SALARIAL DOCENTE EN FEBRERO Y ABRIL

En mayor detalle, el acuerdo salarial para el sector docente contempla una actualización en febrero y otra en abril. A modo de ejemplo, en febrero, el salario de maestro de grado sin antigüedad se fijó en $711.000 por un turno. En el caso del maestro que cumple un turno y además participa en el programa “Hora Más”, el salario asciende a $961.000. La segunda etapa del incremento se aplicará en abril.

Para docentes con mayor trayectoria y más de un cargo, el aumento por cada cargo de nivel primario será de al menos $29.600 en febrero y acumulará $69.400 por cargo en abril. Las liquidaciones estarán disponibles en la página del Consejo General de Educación.

FORTALECIMIENTO AL ACCESO EDUCATIVO

Además, desde el Ministerio de Educación se resaltó  que 250 mil estudiantes tienen acceso al Boleto Educativo Misionero cada día hábil. De ese total, 150 mil realizan un pasaje de ida y vuelta diario, lo que equivale a 500 mil pasajes por jornada escolar. La inversión provincial se calcula entre 500 y 600 millones de pesos diarios según la tarifa vigente del transporte urbano en Posadas.

Otro aspecto a destacar es que de acuerdo con Marandu Comunicaciones, este año el 97% de los estudiantes misioneros cuenta con acceso a internet en las escuelas, y la institución continúa avanzando en la instalación de antenas de conectividad satelital para seguir ampliando la cobertura.

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