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Diputado Goring pide informes sobre la ejecución del Fondo Vial Provincial creado por Ley

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Por medio de un proyecto presentado a la Cámara de Representantes, el diputado del Partido Agrario y Social, Carlos “”Cali” Goring, solicita que el Poder Ejecutivo, a través la Dirección Provincial de Vialidad, informe sobre la ejecución y la situación actual del Fondo Vial Provincial, convertido en Ley en el año 2015; ya que hay poca información al respecto y habría sospechas de irregularidades en su implementación.
“El objetivo de la Ley es la restauración y conservación de la red vial terciaria no urbana de la provincia, y la Dirección Provincial de Vialidad es el organismo que debe certificar cada obra y remitir un informe bimestral detallado, a la Comisión de Obras, Transporte y Servicios Públicos de la Legislatura Provincial. Necesitamos saber si desde la puesta en vigencia de esta política vial, se recepcionó alguna comunicación oficial al respecto”, detalló Goring en su argumentación.
Algunos aspectos claves
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de todos los diputados del Bloque del PAyS, y requiere informes en por lo menos cuatro aspectos puntuales como planes de obras anuales que se hayan elaborado y desarrollado desde la conformación del Consejo de Coordinación; cómo fue la conformación sucesiva del Consejo, y quiénes lo integran en el presente período 2019; el detalle de las certificaciones de obras realizadas por la Dirección Provincial de Vialidad desde el año 2015, o en su defecto, motivos por los cuales no se hicieron las mismas y los informes correspondientes; y finalmente, detalles de los municipios y los respectivos montos que fueron transferidos de manera cuatrimestral por año, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la referida norma.
Los Municipios son los primeros interesados
Durante octubre del año 2014, con la presencia en el recinto de gran cantidad de intendentes oficialistas, se sancionó la Ley
X- N°26 de creación del Fondo Vial Provincial, para la restauración y conservación de la red vial terciaria no urbana de la provincia.
En una primera instancia, la Dirección de Vialidad en acuerdo con los municipios, debía realizar un inventario de la totalidad de la red vial terciaria, no urbana, existente en cada una de las jurisdicciones determinando la cantidad de kilómetros.
Hay que recordar que el Fondo Vial Provincial está integrado por recursos que le asigne la Ley de Presupuesto de cada año, y la distribución se efectúa de acuerdo al resultante del total de la suma asignada por el Ejecutivo Provincial, dividida la cantidad de kilómetros de la red vial terciaria inventariada, por el total de kilómetros de la red vial terciaria de cada Municipio.
Las obras realizadas con el Fondo Vial deben ser certificadas por la Dirección Provincial de Vialidad, la que a su vez debe remitir un informe bimestral detallado a la Comisión de Obras, Transporte y Servicios Públicos de la Cámara de Representantes.
El Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos tendría que transferir los fondos viales a los Municipios por medio del Ministerio de Hacienda en una cuenta especial para tal fin.
La Comisión Administradora integrada por la presidencia a cargo de Vialidad Provincial, y cinco vocalías representadas por los intendentes referentes de las cinco zonas de la provincia, con mandatos que durarían un año.
La primera asignación sin informe oficial
El legislador sostiene en su proyecto, que llama la atención que desde la publicación del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 172/2015 (Boletín Oficial N°13961, del 28/05/2015), por el cual se asignaron para ese año 30.150.000 pesos, el Ejecutivo estableció que la administración del Fondo recayera en la DPV, cuando la Ley establece en su Artículo 6 que es el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, el responsable de la transferencia del Fondo Vial Provincial a los Municipios, quienes deben abrir una cuenta bancaria a tal efecto.
“Durante los años que transcurrieron desde la reglamentación de la Ley, por no contar con los informes, todavía no sabemos cuáles fueron los Municipios que ejecutaron esos fondos y cómo se asignaron progresivamente las partidas”, reclamó el diputado del PAyS.
Un Consejo de vital importancia
Además, Goring manifestó su preocupación por otros aspectos del sistema. “Nos interesa conocer la conformación del Consejo de Coordinación creado por Decreto Reglamentario N°176/2015, que integrado por una presidencia (desempeñada por el titular de Vialidad Provincial) y cinco vocalías (cada una representativa de las cinco regiones delimitadas según una distribución zonal), tiene la función de elaborar y aprobar anualmente un Plan de Obras a través del cual se determinaría la distribución progresiva (por período cuatrimestral) de los fondos.
La integración del Consejo debía renovarse cada año y al ser un ámbito tan importante para la discusión y definición de los proyectos de obras prioritarias, nos interesa saber cuáles fueron los Municipios que ejercieron la representación y quiénes la ejercen en el presente año”, indicó.
Expectativas comunales
Finalmente, el legislador, poniéndose en los zapatos de los municipios y la importancia de esta asignación, pidió al Poder Ejecutivo que haya claridad sobre el tema. “Sabemos la importancia que revisten las obras viales para muchos Municipios, y lo que significa para las carreras políticas de los intendentes cerrar un balance de gestión con obras viales concretadas, y no desconocemos las expectativas que genera tal política para los pobladores del interior, cansados de reclamar por el arreglo de los caminos.
Es por esto, que la implementación de una política tan sensible como la administración de un Fondo Vial es una cuestión que como legisladores, debemos estar muy pendientes. Sin embargo, sin los informes correspondientes que deberían haberse remitido a este Poder, se puede establecer la presunción de posibles irregularidades e incumplimientos en el trámite administrativo de control que la ley exige”, finalizó Goring.

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Diputado Goring solicita información sobre beneficiarios y situación del Programa Pro Alimentos

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El diputado Carlos “Cali” Goring, del Bloque del Partido Agrario y Social, solicitó a través de un Proyecto de Comunicación que el jueves tuvo tratamiento preferencial en la Cámara de Representantes, que el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio del Agro y la Producción, informe sobre la instrumentación del Programa Provincial de Producción de Alimentos (Pro Alimentos) creado por Decreto número 677/08.
Goring quiere saber la cantidad total de productores que recibieron el crédito desde la implementación del Programa; el listado de los beneficiarios del crédito por Cooperativas; detalles de los montos originales otorgado y en qué año.
Además, el inicio y final del período de gracia; los pagos efectuados en efectivo; los aportes en especie, año de cancelación y si hubiere alguna deuda pendiente; también requiere datos sobre qué montos fueron destinados anualmente al Pro Alimentos tanto del Gobierno nacional, como de la provincia desde el 2008 al corriente año.
Y en el caso de los aportes en especies del Plan Ganadería, detallar el total de animales a entregar en kilogramos; cantidad efectivamente entregados; porcentaje de los mismos y valuación equivalente en pesos.
Además, el Bloque del PAyS pide conocer el listado de técnicos habilitados relacionados con los planes de ganadería, apicultura, horticultura y fruticultura; detalle de controles, inspecciones técnicas y relevamiento documental en chacras, etc. realizados por el Ministerio del Agro y la Producción desde la implementación del Programa a la fecha, y copia de los convenios vigentes con otras instituciones vinculadas a la ejecución del mismo.
Preocupación por los productores
El legislador recordó en el recinto que pasaron diez años de la creación del Programa Pro Alimentos que “con mucha alegría, los productores accedieron a este programa porque les permitía contar con un crédito blando que terminaban de pagar en tres años pudiendo devolver, incluso con productos”.
Pero -acotó Goring- recorriendo las localidades del interior, “hace unos meses participamos de una reunión con productores de Campo Grande que están vinculados a la Cooperativa CoopAfinco, mediante la que accedieron en el 2008 a un crédito del Programa Pro Alimentos con dos años de gracia; comenzaron a pagar en el 2010 hasta el 2013, entregando novillos kilo vivo a dicha Cooperativa. Sin embargo, ellos nos refirieron preocupados que actualmente están siendo intimados por el Instituto de Fomento Agrario e Industrial (IFAI) en convenio jurídico”.
A raíz de esto, se preguntó Goring, “¿dónde está la falla? porque pareciera que hay una falta de comunicación entre el Ministerio del Agro y la Cooperativa, porque aparentemente el IFAI no tiene la información precisa de que estos productores ya saldaron la deuda. Nos inquieta y queremos saber como está la situación con el resto porque sabemos que la situación económica está muy difícil en las chacras para nuestros agricultores”, dijo.
El legislador reiteró su preocupación en el sentido de que quizás haya pequeños productores que obtuvieron el crédito del Pro Alimentos, “y no pudieron saldar el crédito, y se estarían endeudando, intuyendo incluso si hay atraso les estarían sumando los intereses. Y eso sería muy doloroso porque los colonos apenas pueden sobrevivir, y es importante conocer esa realidad para ver qué solución podemos aportar para ayudarlos”, manifestó.
Políticas para lograr la soberanía alimentaria
Entre los fundamentos de su proyecto, el diputado del PAyS destaca que la producción de alimentos, tanto para el Estado nacional como provincial, es una herramienta esencial y estratégica de políticas dirigidas a lograr la soberanía alimentaria. Entendiendo a esto como el derecho de los pueblos a producir y consumir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de manera sostenible y ecológica; así como el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Defendiendo los intereses e incluyendo a, las futuras generaciones.
La soberanía alimentaria esencialmente reside en el poder de decidir sobre qué cultivar, garantizando a los agricultores el acceso a la tierra, al agua potable, al ganado, las semillas, y que los consumidores tengan toda la información sobre lo que se consume.
En el caso de Misiones se creó el Programa Pro Alimentos hace diez años para productores minifundistas. “Nos interesa, contar con información oportuna y fidedigna como la mejor manera de conocer las condiciones generales de vigencia del mismo. Tomamos conocimiento, de que son numerosos los productores vinculados al Programa que reclaman mayor transparencia, un proceso administrativo de control más eficiente y una adecuada gestión por parte de la autoridad de aplicación. Además, nos interesa conocer cómo fue el desarrollo y evolución del Programa, a los fines de realizar las adecuaciones necesarias en el actual contexto de ajuste en el que se encuentra el país”, expresó el diputado Carlos Goring.

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