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Georgieva afirmó que el FMI trabaja con la Argentina en un acuerdo “creíble y útil”

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La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó hoy que el organismo multilateral de crédito trabaja con el Gobierno argentino en la elaboración de un nuevo programa que sea “creíble y útil” para el país, en el sentido que “permita inducir el crecimiento y el empleo”.

Durante la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en el marco de la Asamblea Anual conjunta del Fondo y del Banco Mundial, Georgieva aseguró que “el trabajo se apoya para encontrar una senda para que Argentina pueda tener políticas firmes para inducir el crecimiento privado, generar empleo genuino y focalizar el gasto público”.

Asimismo, en relación con el encuentro que mantuvo ayer con el ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó: “Me reuní con el ministro Guzmán y el compromiso es trabajar de manera constructiva. Tenemos que encontrar un buen punto de acuerdo, donde el acuerdo sea creíble y útil para Argentina”.

Por otro lado, Georgieva fue consultada sobre la revisión de los sobrecargos en las tasa de interés, un pedido que elevaron países en desarrollo como la Argentina y México en los foros del G20 y en el FMI.

“No hemos tomado una decisión”, afirmó.

La titular del FMI se reunió ayer con el ministro Guzmán para avanzar en la negociación del acuerdo para refinanciar la deuda de cerca US$ 45.000 millones que el Gobierno nacional heredó de la gestión anterior.

Guzmán, acompañado por el director por la Argentina y el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, mantuvo también reuniones técnicas con el equipo del Departamento del Hemisferio Occidental que tiene a cargo la Argentina: la vicejefa del Departamento, Julie Kozack, y con el enviado permanente en el país, el venezolano Luis Cubeddu.

También el ministro argentino se reunió con David Lipton, exnegociador del programa anterior con Mauricio Macri cuando era el segundo en del FMI y que hoy es la actual mano derecha de la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen.

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El Presupuesto Nacional: primeras señales de la política fiscal 2022

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Esta semana, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto nacional para el próximo año. La ‘ley de leyes’ da la pauta de qué espera el oficialismo que suceda con la macroeconomía y qué política fiscal implementará en consonancia con ello, tanto desde un punto de vista tributario como con el gasto y el financiamiento público. ¿Cómo está viendo el Gobierno la recuperación y qué nos indica el Proyecto respecto de la dirección que se pretende en la política fiscal?

Pautas macroeconómicas 

En primer lugar, la presentación del presupuesto incluye una serie de pautas macroeconómicas para este año y los próximos. Aunque estas proyecciones suelen mostrar desvíos respecto a los valores efectivos de las variables, resultan útiles para analizar la visión oficial respecto del sendero macroeconómico que se prevé hacia adelante. Según estas proyecciones, se espera que en 2022 se consolide la recuperación, en un contexto de descenso de la inflación, estabilidad del tipo de cambio real, y aumento en el empleo, el salario real y los volúmenes de comercio exterior.

En el Proyecto, el Gobierno espera que la recuperación de la actividad continúe a buen ritmo. De acuerdo con esta visión, el PBI crecería 8% en 2021 y 4% en 2022. Así, el Producto recuperaría el año próximo toda la caída que causó la pandemia, y se ubicaría 1,2% por arriba del de 2019. Evaluando al ingreso por habitante, todavía habría camino por recorrer, ya que el PBI per cápita seguiría casi 2% por debajo del de aquel año. Esta previsión, que resulta algo optimista en comparación con nuestras proyecciones, vendría acompañada de una mejoría del salario real y el nivel de empleo.

En lo que hace a las variables nominales, el Gobierno espera que el tipo de cambio finalice este año en ARS 102,4 (+24% i.a.). Este número era el postulado en el Presupuesto 2021 y se mantuvo, a pesar de que la inflación fue significativamente mayor a la prevista, dejando como resultado un retraso cambiario más veloz al propuesto (de casi 15%). En cambio, la evolución de los precios sí muestra una corrección al alza, ya que la pauta original del 29% fue cambiada por una expectativa de 45% a diciembre: en otras palabras, la apreciación real que finalmente se prevé para este año no estaba contemplada el año pasado.

De cara al año próximo la apreciación cambiaria no se repetiría en la misma magnitud, ya que el dólar treparía 28%, alcanzando un precio de ARS 131,1 a fin de año. En simultáneo, se prevé que la inflación alcance 33%, desacelerándose 12 p.p. respecto de la previsión oficial. En este sentido, surge el interrogante de qué sucederá con el dólar si los precios vuelven a descender más lentamente de lo previsto o, peor aún, si hubiera un salto inflacionario inesperado. Esta cuestión toma relevancia si se considera que nuestras proyecciones -al igual que las de la mayoría de analistas- se ubican por encima de dicha pauta.

Por último, el Gobierno espera que, luego del fuerte salto de 2021, las exportaciones e importaciones continúen creciendo moderadamente. De esta forma, el superávit comercial se mantendría elevado y las ventas al exterior serían récord el año próximo. Sobre esta macroeconomía de crecimiento real con reducción de la nominalidad es que el gobierno presenta en el Proyecto de Presupuesto cual es la dirección que pretende imprimirle a la política fiscal.

Trayectoria fiscal 

En primer lugar, cabe destacar que para este año el Gobierno espera que el déficit primario del Sector Público Nacional sea levemente inferior al pautado en la Ley de Presupuesto del año pasado, bajando de 4,2% a 4,0% del PBI. Esta reducción no necesariamente implica que la política fiscal de este año termine siendo más contractiva que estipulado originalmente, ya que la pauta de déficit anterior (4,2% del PBI) no contemplaba el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas y se alcanzaba con volúmenes de comercio exterior 10% inferiores a los que se estiman actualmente. No obstante, también hay que destacar que el cierre previsto actualmente para este año se alcanza con una pauta anual de gastos de capital que luce muy optimista, y el cierre definitivo puede ser algo inferior.

El segundo punto a destacar respecto del cierre de 2021 es que no está contemplando dentro los ingresos (arriba de la línea) la asignación de DEGs recibida del FMI, posiblemente para no distorsionar el resultado de este año y enfatizar que el rumbo es hacia una consolidación fiscal gradual. No obstante, luego de enviado el Presupuesto, el Gobierno emitió un Decreto incorporando los DEG a los recursos presupuestarios de este año, lo que representa ingresos adicionales a los contemplados allí para el cierre de este año por 1 p.p. del PBI.

Esto no implica que el cierre de 2021 será necesariamente inferior al 4% del PBI estipulado, porque a la par de esta incorporación de recursos también resta añadir el impacto de las medidas que se anuncien próximamente. Lo que implica el reciente Decreto es que el Gobierno podrá realizar gastos adicionales o reducciones impositivas sorteando la restricción de emisión actual (vendiendo los DEG al BCRA contra pesos), al tiempo que los mayores recursos presupuestarios incrementarán en límite de adelantos transitorios este año y para 2022. Asimismo, se desprende que el Tesoro le pedirá prestado los DEG que le vendió al BCRA para cancelar las obligaciones con el FMI.

De cualquier manera, de acuerdo a nuestras estimaciones, el rojo primario para este año podría estar algo sobrestimado, principalmente por lo mencionado respecto de los gastos de capital.

Para 2022 el Proyecto de Presupuesto indica que el Gobierno buscará acortar moderadamente el déficit primario: el desbalance antes de intereses alcanzaría 3,3% del PBI el año que viene, reduciéndose en 0,7 p.p. del PBI respecto de este año. A esta trayectoria se arriba mediante una expansión de los ingresos (+39% i.a.) superior a la de los gastos primarios (+35% i.a.).

Sin embargo, dicha reducción es mayor si consideramos que el resultado debe alcanzarse contemplando una expansión de los gastos de capital (+0,2 p.p. del PBI), una importante reducción en los recursos no tributarios (casi -0,5 p.p. del PBI) debido a que no se estipula el aporte de las grandes fortunas y una menor recaudación por retenciones a las exportaciones (-0,3 p.p. del PBI). Estos factores indican que en realidad el esfuerzo a realizar para alcanzar el 3,3% del PBI propuesto no es 0,7 p.p. del PBI sino casi 1,7 p.p. del PBI.

¿Cómo se espera entonces alcanzar el resultado? Esencialmente gracias a una buena dinámica de los recursos (especialmente previsionales) y mediante la contención de las erogaciones corrientes. El Proyecto espera que los aportes y contribuciones a la seguridad social crezcan por encima de la inflación (indicativo de la expectativa de crecimiento del empleo y los salarios formales), exhibiendo una suba de 0,6 p.p. en términos del Producto (en nuestra visión esta dinámica podría estar algo sobreestimada). Por otra parte, también habría mejoras en la recaudación del impuesto PAIS -por el retorno del turismo exterior-, bienes personales, ganancias e IVA.

El resto de esta diferencia sería cubierta por una caída de los gastos corrientes primarios, que al crecer 33% i.a. se reducirían en 1 p.p. del PBI. Parte de esta caída se debería a la disminución del paquete de ayuda por Covid, lo que indica que la previsión oficial es que la pandemia se disiparía a lo largo del 2022. Sin embargo, los principales factores explicativos son aquellas partidas de gasto corriente no relacionado ni con salarios ni con transferencias con finalidad social esto es, bienes de consumo y, especialmente, el déficit operativo de empresas públicas y las transferencias corrientes a empresas: las partidas destinadas a subsidios económicos muestran un crecimiento nominal inferior a la inflación y, sobre todo, al PBI a precios corrientes. Si bien el Proyecto indica que para cumplir esto los usuarios deberían cubrir el 43% del costo mayorista de energía, no se explicita la trayectoria tarifaria prevista.

En lo que respecta al principal componente del gasto (prestaciones sociales atadas a la movilidad), el Proyecto espera que las mismas crezcan al 39% -11 p.p. por encima del resto del gasto corriente primario- lo cual era previsible ya que en función de la nominalidad de este año tendrán un importante arrastre (de alrededor de 25 p.p.) para el año que viene. En términos del PBI, el gasto en prestaciones de la seguridad social se mantiene estable, lo cual puede indicar que dichas partidas podrían resultar insuficientes teniendo en cuenta que la movilidad previsional suele crece en términos reales con las desinflaciones.

 

Por otra parte, el presupuesto estima un gasto en intereses de 1,3% del Producto en 2021 y 1,6% en 2022. Así, se espera un desbalance financiero que alcanzaría el 5,4% del Producto para este año y 4,9% para el próximo.

Programa financiero 

Cuando al análisis de los ingresos y los gastos se le añaden los vencimientos de deuda, puede verse que incluso con la reducción prevista en el desequilibrio fiscal el programa financiero de 2022 muestra importantes desafíos.

En primer lugar, cabe señalar que el programa financiero contemplado en el Proyecto de Presupuesto no incluye los pagos de capital al FMI y al Club de París de 2022 (como así tampoco los DEG este año en los recursos). Dado que estos servicios representan montos muy significativos y está actualmente negociándose su extensión, a primera vista luce razonable que no figuren en el Presupuesto, a los efectos de evitar distorsiones. Omitiendo estos vencimientos, las necesidades financieras brutas ascienden a ARS 10,6 billones (17,6% del PBI). Este volumen de pagos luce desafiante por varios motivos.

En primera instancia, debemos descartar las obligaciones que se renovarían sin mayores problemas (por ejemplo, Letras Intransferibles con el BCRA, Adelantos Transitorios con el mismo organismo y una Letra Intrapública). El resto, omitiendo algunos otros conceptos menores, representa la verdadera brecha de financiamiento relevante y se cubriría con tres fuentes: emisión monetaria, desembolsos de Organismos Internacionales y colocación de nueva deuda.

En este sentido, cabe destacar que la primera de estas fuentes (emisión monetaria) se encuentra legalmente limitada en 2022 y el Presupuesto así lo refleja: el stock de adelantos transitorios está hoy cercano a su límite legal, y para el año que viene no se contempla el giro de utilidades del Banco Central (frente a ARS 800.000 millones este año). De este modo, la asistencia monetaria apenas alcanzaría a 1,8% del Producto, lo que implicaría su mínimo nivel desde 2018 (cuando el déficit y los pasivos totales eran menores y, aun así, el endeudamiento derivó en un default).

En segundo término, la colocación de títulos presupuestada implica un importante grado de rollover de los vencimientos del año que viene. Finalmente, el financiamiento neto de Organismos Internacionales (2,4% del PBI) luce abultado: en caso de no poder obtenerse, se deberá recurrir a otras fuentes de financiamiento.

Conclusión 

Por último, cabe resaltar que las presiones para el cumplimiento de esta trayectoria fiscal en gran medida están determinadas por lo que finalmente suceda con la meta inflacionaria. Si ésta se verificara, todas las presiones adicionales de gasto no contemplado -especialmente en lo relativo a subsidios, que se prevé aumentarlos muy por debajo del 33%- deberán tener correlato en una fuente de financiamiento (a priori) distinta a la emisión monetaria o en una subejecución de otras partidas (principalmente, de gastos de capital).

Por otro lado, una sorpresa inflacionaria -respecto del 33% pautado- proveería recursos nominales no contemplados, reduciría el peso de las deudas no indexadas, alejaría el límite legal de los adelantos transitorios y licuaría gastos de diversas partidas (siempre en caso de que no se readecúen). No obstante, tiene en paralelo efectos que pueden ser aún más nocivos: puede continuar erosionándo el salario real (obturando la recuperación de la actividad) y puede derivar en mayores presiones cambiarias.

En conclusión, el Proyecto de Presupuesto para 2022 se cimenta sobre una trayectoria macroeconómica de crecimiento real con desinflación, e indica que la trayectoria fiscal deseada apunta hacia la reducción gradual del déficit. El Proyecto de Presupuesto deja algunas certezas y algunas dudas. Dentro de las certezas, podemos encontrar que se busca dar prioridad a la obra pública, contener el gasto corriente no relacionado con la finalidad social y reducir el peso de la emisión monetaria en el mix del financiamiento. En cuanto a las principales dudas, aún se debe explicitar el impacto de la negociación con el FMI y el Club de París, y detalles acerca de la política tarifaria.

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La deuda pública misionera está en su punto más bajo del último quinquenio

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Ya a finales del 2019, cuando el gobierno nacional del ex presidente Macri comenzaba a despedirse del poder, comenzó a tomar más fuerza el problema de la deuda. De hecho, el punto central de la problemática fue el reperfilamiento de deuda que estableció el ex mandatario durante los últimos meses de su gestión. 

 

Ante ello, el 2020 se inició con la deuda pública como uno de los pilares centrales a resolver, particularmente en la negociación de tenedores de bonos y títulos argentinos en el exterior. Antes de poder llegar a una solución, vino la pandemia: cachetazo para las arcas públicas en sus primeros meses, pero la negociación siguió en pie y, tras largos meses de negociaciones, el ministro Martín Guzmán logró cerrar el acuerdo. 

 

En medio de todo ello, comenzó un segundo problema relativo a la deuda pública: el pasivo de las provincias, donde una buena parte de la explicación del problema que atravesaban correspondía a lo sucedido algunos pocos años antes. 

 

Todos recordaremos que la primera medida fuerte del gobierno de Macri tras asumir, fue el arreglo con los holdouts (famosos en la Argentina por ser llamados fondos buitres), efectivizando el pago de deuda reclamada, lo que posibilitó una fuerte apertura del crédito extranjero para el país. En ese contexto, las provincias se sumaron a este envión, colocando títulos de deuda en el exterior, regidas bajo leyes de Nueva York y, por supuesto, en dólares, durante 2016 y 2017. 

 

Algunas provincias tuvieron condiciones algo más favorables en función de su propio historial crediticio y de factores endógenos (si la deuda está garantizada por regalías, por ejemplo), y otras tuvieron posibilidad de acceder a crédito algo más caro, pero que, en la proyección estimada de crecimiento para esos años, más el supuesto de equilibrio y estabilidad cambiaria, generaba la expectativa de solvencia.

 

¿Qué vino luego de esto? Corrida cambiaria del 2018, que disparó el valor del dólar, inicio de recesión, freno de la actividad, caída en recaudación, y casi dos años después, pandemia, que fue la trompada final a cajas provinciales que, en su gran mayoría, traían un fuerte stress. 

 

Todo esto generó que sean las provincias las que inicien sus propios procesos de negociación con tenedores de sus títulos para reestructurar los mismos: un proceso similar al realizado por la Nación, pero con las provincias ahora como protagonistas. 

 

Doce fueron las provincias que iniciaron este camino, y cuatro lo hicieron en una situación de default. De ese total, diez ya lograron cerrar sus acuerdos (Mendoza, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Chubut, Neuquén, Río Negro, Chaco y Buenos Aires – que tuvo la negociación más tensa y larga, cerrada apenas días atrás); una está a días de culminar el proceso formal de cierre de acuerdo (La Rioja); y otra aún continúa negociando, pero lo hace pagando normalmente sus servicios de deuda, evitando así todo tipo de conflicto en el medio de los diálogos (Tierra del Fuego)

 

Naturalmente, iniciar un proceso de reestructuración de títulos de deuda en moneda extranjera pone de manifiesto un problema de caja y de flujo de pago, y detrás de ello se esconden dos cosas: la posibilidad de insolvencia, pero también, y quizás lo más relevante en este contexto, la priorización de recursos de la gestión provincial, que debe destinar una importante masa (dependiendo el caso) de recursos para cumplir sus compromisos.

 

El repaso de esta historia tiene un sentido: en el listado de provincias que reestructuraron (o en están aún en proceso) no se observa a Misiones. Primer punto a favor para la provincia: no solo no debió reestructurar deuda, sino que ni siquiera tiene títulos extranjeros en dólares. Por ende, no sufrió ni la corrida cambiaria ni los altos volúmenes de pago por servicios de deuda que tenían otros distritos

 

Pero la situación es aún más auspiciante para Misiones cuando analizamos el stock de deuda de la provincia: si observamos los datos del período 2017 – 2021, actualmente Misiones está en su nivel más bajo de deuda pública al medirlo en moneda constante. 

 

Veamos de qué se trata esto. En primer lugar, cabe destacar la aclaración del motivo por el cual tomamos este período de análisis, y tiene que ver con un aspecto metodológico fundamental: el IPC. 

Recordemos que la gestión Macri impulsó una nueva serie de medición del alza de precios que tiene como base a diciembre de 2016, e incluye no solo la medición nacional sino también regional. Por ese motivo, y para utilizar una sola serie del índice de precios, particularmente la referida a la de la región del NEA, tomamos en consideración el periodo 1º trimestre 2017 como inicio del análisis, hasta el 2º trimestre 2021, que son los últimos datos disponibles. 

 

Los datos de este último período mencionado nos dicen que el stock de deuda pública de la provincia de Misiones es por un total de $12.075,2 millones: tiene un incremento del 25,4% a pesos corrientes, respecto a igual período del 2020; y en ese marco, el 64,1% del total del stock de deuda es con el Gobierno Nacional y un 34,3% en Títulos Públicos, entre otros.

 

Sin embargo, si medimos el stock de deuda pública misionera en moneda constante, como se indicó anteriormente, observamos que en este 2º trimestre 2021 Misiones tiene el stock más bajo de toda la serie analizada. Dicho de otro modo, la provincia sostuvo un proceso de desendeudamiento progresivo que permitió que hoy esté en su nivel más bajo.

 

 

 

Como frecuentemente lo indicamos, tener un bajo stock de deuda pública es una ventaja comparativa en relación a otras jurisdicciones, no solo porque no sobrecarga al gasto, sino porque, además, incluso, permite tener latente la posibilidad de salir al mercado en búsqueda de financiamiento más barato para la ejecución, por ejemplo, de alguna obra de gran magnitud. 

 

Ahora bien, la fortaleza misionera en este caso no se trata solamente de un bajo stock de deuda pública, sino de su vinculo con los ingresos y con el gasto.

 

Como primer punto, veamos el stock en relación a los ingresos de la provincia. Como el último dato disponible corresponde al segundo trimestre 2021, podemos comparar entonces cuanto pesa el stock de deuda provincial sobre el total de los ingresos de ese mismo período, respecto a años anteriores. 

 

Aquí volvemos a ver un piso: tomando los segundos trimestres del período 2017-2021, en la actualidad el stock de deuda es el de menor peso sobre los ingresos: equivale a solo el 12,1%, cuando en el 2017 era del 29,4% de los ingresos totales del período. Aquí juegan en conjunto dos factores: la baja del stock real y el fuerte incremento real de los recursos que tuvo la provincia en este período. 

 

 

En la actualidad (2º trimestre 2021) sobre un total de doce provincias que tienen datos actualizados de sus stocks de deuda, Misiones tiene la segunda proporción stock/ingresos de todo el país, solo por encima de Formosa. Esto pone una vez más de manifiesto la situación beneficiosa en este punto particular que tiene Misiones respecto a otras jurisdicciones, que parte de la propia administración y gestión de los pasivos. 

 

 

El segundo punto fundamental de la relación del stock con otras variables, es al observar los servicios de deuda (es decir, los pagos) en relación al gasto de la provincia. Considerando nuevamente los segundos trimestres para el período 2017-2021, en la actualidad el peso del pago de servicios de deuda se encuentra en su piso, cuando se lo relaciona con el gasto total: representan apenas el 0,4% del gasto total misionero. 

 

En este punto, cabe destacar que en todo el período analizado el peso de los servicios de deuda ha sido históricamente bajos, sin llegar en ningún caso al punto porcentual. Esto se trata de un dato fundamental importancia: a menor carga de pago de deuda, se direcciona el gasto hacia otras prioridades de la gestión de gobierno que hacen al desarrollo provincial. Menos peso de la deuda, más recursos para infraestructura, innovación, demandas sociales, fomento al consumo, salarios, etc. 

 

 

En definitiva, una de las grandes fortalezas misioneras desde el punto de vista fiscal es el hecho de contar prácticamente con la totalidad de su presupuesto para volcarlo a inversión y al funcionamiento del Estado, sin tener que preocuparse demasiado por el cumplimiento de pago de deuda, algo que no ocurre en todas las provincias.

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El Presupuesto Guzmán deja sabor a poco para Misiones

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El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el 2022, que estipula un total de gasto por más de trece billones de pesos y diferentes pautas presupuestarias y macroeconómicas para el  año entrante. 

Según un estudio de la consultora Politikon Chaco, este proyecto de Presupuesto asigna un gasto a ejecutarse en Misiones de $179.192 millones, con un incremento de 47,3% respecto al Presupuesto 2021, ubicándose así en el sexto lugar de mayores alzas entre las jurisdicciones del país, pero quedando tercero en el NEA, solo por encima de Corrientes. Sin embargo, deja fuera demandas cruciales de Misiones, como la Zona Aduanera Especial y obras de infraestructura, que se asignan a cuentagotas, escasas en comparación con lo que reclama la provincia.  

Del total asignado en el proyecto, el 94% corresponde a Gastos Corrientes, que crecerán en un 59,1% (superando ampliamente a la inflación proyectada de 33%). Esta suba, además, impacta en su crecimiento sobre el total del gasto proyectado (en el presupuesto 2021, concentraba el 92,7% del total).  

Dentro de los componentes de los gastos corrientes, crecerían de manera muy fuerte  los gastos de consumo (entre los que se incluyen, entre otros, el gasto de personal de agentes públicos nacionales con asiento en la provincia), con un +102,5%; por su parte, las transferencias corrientes también mostrarían una suba muy considerable (+74,7%), que lleva a pensar en la posibilidad de mayores recursos para la administración provincial a través de estos mecanismos. Las prestaciones de seguridad social, por su parte, crecerían en un 45,4%; y el gasto en impuesto directos apenas un 20,6%.  

A su vez, el Gasto de Capital explica el 6% del total del gasto en la provincia, con una caída en términos de participación, ya que el presupuesto de este 2021 implicaba una participación del 7,3% en Misiones. 

 

Ese resultado queda en evidencia al observar la variación del gasto de capital en la provincia para el 2022 en relación al crédito presupuestaria original del corriente año: en Misiones, crecería sólo 28,9%, y por ende terminaría, a priori, con una caída real en la inversión pública.  

Visto por componentes que conforman el Gasto de Capital, la inversión real directa del Estado nacional en Misiones tendría un incremento interanual de apenas 15,2% (fuerte caída real al quedar a mitad de camino del alza de precios); mientras que las transferencias de capital crecerían un 35,8%, algunos puntos por encima del alza del IPC proyectado.  

Comparación de la asignación misionera respecto al resto de los distritos 

En primer lugar, se destaca que en el consolidado general del gasto total proyectado por ubicación geográfica, Misiones se ubica como la provincia con el sexto mayor incremento del país en relación al crédito presupuestario inicial del 2021. El ranking nacional está liderado por Formosa, que tendría una asignación 55,9% mayor que el corriente año, seguida por Chaco (+53,2%), Santiago del Estero (+51,2%), Salta  (+50,5%), Catamarca (+47,6%), e inmediatamente después se ubica Misiones. Por ende, quedó al mismo tiempo ubicado en el tercer lugar a nivel NEA.  

En el otro extremo del ranking, la CABA tendría un incremento de apenas el 21,7%, y  junto a Tierra del Fuego (+31,5%) y San Luis (+32,8%) son los únicos distritos que  tendrían una asignación del gasto por debajo de la pauta inflacionaria anual.  

Ahora bien, si desagregamos el gasto total en función de su clasificación económica,  veremos que en lo que refiere al Gasto Corriente (compuesto, entre otras cosas, de  gastos de consumo – que incluye salarios; prestaciones de la seguridad social y  transferencias corrientes, entre otras), la provincia de Misiones tendría la cuarta mayor  variación anual de todo el país, con un alza del 59,1%. 

Por encima, tendría a Formosa (+61,9%), Buenos Aires (+60,4%) y Chaco (+60%).  Nuevamente, Misiones queda tercera en el NEA, región con gran participación en este  punto.  

La segunda desagregación del gasto tiene que ver con el Gasto de Capital, vinculado a  la inversión pública, compuesta por los conceptos de inversión real directa,  transferencias de capital e inversión financiera. Este punto es el más débil para Misiones  en el proyecto de Presupuesto nacional 2022, con dos problemas: no solo se ubica entre  los menores incrementos del país (6º más leve) sino que quedaría por debajo de la  inflación proyectada por el Gobierno nacional en el texto del proyecto: +33%, contra una  suba del gasto de capital del gobierno nacional en la provincia de +28,9%.  

Esto implicaría naturalmente una importante desaceleración de proyectos de obra  pública en Misiones, y los datos provisorios de este año ya marcan un retroceso real, por lo cual los números planteados en este proyecto vienen a continuar con la línea de “ajuste” en la inversión pública nacional en Misiones.  

Misiones forma parte del lote de otras cinco provincias donde la inversión pública tendría  caídas en términos reales (es decir, todas con alzas menores al 33%), con Tucumán y  Corrientes sin alcanzar siquiera el 10%. 

En el otro extremo, Formosa vuelve a liderar la tabla (+220,1%); seguida por Catamarca  (219,3%) y Santiago del Estero (211,5%).  

Niveles muy bajos de inversión pública nacional para Misiones 

 

Volviendo a la cuestión del gasto de capital, nuevamente Misiones se ve fuertemente perjudicada en la asignación, sin que existiese un criterio claro para ello, particularmente cuando se la compara con provincias vecinas.  

Dentro del NEA Misiones muestra el segundo menor incremento del gasto de capital del estado nacional, superada ampliamente por Formosa y Chaco (+220,1% y +85,6%, respectivamente), y solo por encima de Corrientes (+9,9%). 

Pero en valores absolutos, Misiones tendrá la asignación más baja de todo el NEA:  $10.761 millones, contra $13.800 de Corrientes; $17.738 millones de Formosa y $29.382 del Chaco.  

 

Visto en medida per cápita, la diferencia es abismal: por misionero, se realizará una inversión pública nacional de $8.352; por correntino será de $12.109; por chaqueño unos $23.932 y por cada formoseño, $28.856.  

Esta problemática de sistemática discriminación nacional a Misiones queda, aun más de manifiesto, poniendo la inversión pública per cápita en el escenario ya no regional, sino nacional: Misiones tiene la segunda menor asignación de inversión pública ajustado por población de todo el país, solo por encima de Tucumán, y siendo junto a Mendoza y Córdoba las únicas cuatro provincias con valores per cápita inferiores a los $10.000 por habitante.

 

¿Qué obras se proyectan realizar en 2022 en Misiones? 

En el proyecto de Presupuesto 2022, la obra de mayor envergadura (en términos de  financiamiento) en Misiones sería la Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta  Nacional N° 105, para la cual se destinarían $639,4 millones a través de recursos del  Tesoro Nacional; le sigue la obra de Ampliación del Sistema de Agua Potable – Segunda Etapa – Jardín América, por $292,6 millones, a ejecutar por el ENOHSA con  financiamiento también del Tesoro Nacional; y la obra de refuerzo de infraestructura en  Ruta Nacional 12 por $273,8 millones a cargo de Vialidad Nacional con financiamiento  nuevamente del Tesoro Nacional.

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Financiamiento público: ¿en un sendero de sostenibilidad?

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En 2020, la irrupción de la pandemia alteró los planes de todos los agentes de la economía. El Estado Nacional no quedó exento de este impacto, ya que se vio obligado a asistir a familias, empresas y otras entidades del sector público frente al desplome de sus ingresos. En simultáneo, su propia recaudación también se veía fuertemente deteriorada por la magnitud de la crisis. De esta manera, el déficit de las cuentas públicas se disparó, alcanzando récords negativos de 6,4% del Producto -sin considerar el pago de intereses- y 8,3% -incluyendo las rentas de la deuda-. 

Esta situación se dio en paralelo a la reestructuración de la deuda con acreedores privados en moneda extranjera, que recién se alcanzó en el tercer trimestre del año. Al mismo tiempo, la situación con los Organismos Multilaterales tampoco era sencilla: el stand-by con el Fondo se hallaba pausado y los pagos al Club de París demorados. Por este motivo, y a pesar de que los títulos en pesos se refinanciaron en su totalidad (el rollover de estas Letras y Bonos fue de 119%), gran parte del bache fiscal se cubrió con emisión monetaria. Así, la asistencia del Banco Central al Tesoro (utilidades y adelantos) alcanzó los 7,3 puntos del PBI.  

Para este año, con la campaña de vacunación iniciada y las actividades económicas operando a un mayor nivel, el Ministerio de Economía planeó retomar paulatinamente cierta ‘normalidad fiscal’. Esto implicaría no solo reducir el desbalance primario, sino también lograr una composición más equilibrada de las fuentes financieras, que dependiera en menor medida de la emisión. Puntualmente, el objetivo era apuntar a un déficit primario de 4,5% del Producto, con una composición del financiamiento de 60% de asistencia del Banco Central y 40% “pedido al mercado”.  

La tarea no era sencilla y 3 obstáculos eran particularmente visibles en este camino. Por un lado, la reducción del déficit implicaría recortar transferencias a personas (IFE), empresas (ATP) y Provincias (convenios de emergencia) con una recuperación muy incipiente y elecciones en el horizonte. Por otra parte, el Tesoro comenzó 2021 con vencimientos en pesos por más de ARS 2 billones a vencer este año, y el pequeño mercado de deuda local difícilmente prestaría montos muy superiores a estos para refinanciar los pagos y brindar fondos frescos. Por último, aunque los pagos de Bonos en dólares no representarían un monto relevante, en 2021 comenzarían las devoluciones del préstamo del FMI, y el tiempo de espera del Club de París se agotaría. Con todas estas restricciones a la vista, ¿cuál fue el resultado? 

¿Qué paso en el primer semestre? 

En todos los planos delimitados (déficit primario, deuda local, deuda externa) se puede encontrar un corte bien marcado, ya que la dinámica fiscal-financiera del primer semestre parecería haberse quebrado en la segunda parte del año. Hasta junio, el rojo fiscal primario fue de medio punto del PBI. Este monto implicó una contracción de 2,8 p.p. respecto a igual lapso del 2020, y se explicó en dos terceras partes por la dinámica de los gastos y en un tercio por la recuperación de los ingresos. En relación al gasto, incidió la desaparición de algunos programas específicos de la pandemia (por caso, el IFE) y la reducción de otros. Por el lado de los ingresos, la mejora de la recaudación tributaria ligada a la recuperación de la actividad, el impulso de las retenciones (beneficiadas por los términos de intercambio) y el aporte solidario de las grandes fortunas también fueron los principales factores explicativos. Así, el desbalance no sólo se ubicó por debajo del de 2020, sino que también fue menor a los valores de 2016-2018.  

En simultáneo, en la primera mitad del año, el Tesoro colocó deuda en pesos por 124% de los vencimientos, obteniendo financiamiento adicional al ‘necesario’ para el pago de la deuda, que fue utilizado para fondear gastos primarios y otras aplicaciones. A su vez, solicitó asistencia al Banco Central por ARS 330.000 millones, un 70% menos que el año previo. De este modo, cerró el semestre con una mayor proporción de financiamiento vía deuda que monetario, sobrecumpliendo su propia pauta. 

Respecto a la deuda en dólares, en la primera mitad del año no hubo obligaciones de los bonos reestructurados, pero sí se pagaron -sin mayores problemas- algo más de USD 600 millones al FMI y USD 1.200 millones a otros Organismos Internacionales (en términos brutos, ya que se habrían recibido desembolsos por parte de este monto). Más importante aún, se llegó a un acuerdo provisorio con el Club de París que permitió evadir el default con dicho organismo y negociar nuevamente en marzo próximo. 

¿Qué se vio en los últimos meses? 

Sin embargo, a partir de julio, las cosas comenzaron a ser diferentes. Los segundos semestres se caracterizan por un déficit estacionalmente más alto (en los meses más fríos, esto tiene que ver con una erogación mayor de subsidios energéticos, más aguinaldos de empleados públicos y jubilaciones). A esto se suman algunas medidas vinculadas con la cercanía de las elecciones, que habrían profundizado este proceso (por ejemplo, el bono a jubilados en agosto). En este marco, en julio-agosto el desbalance primario habría sido idéntico al de los seis meses previos, generando una aceleración de las necesidades financieras.  

Además, este bimestre era el más pesado en términos de vencimientos de deuda local. Así, el porcentaje de rollover se redujo a apenas más que 100%, provocando que el déficit primario debiera cubrirse enteramente con emisión, algo que no había sucedido entre enero y junio. Por este motivo, la asistencia del Banco Central al Tesoro fue de ARS 380.000 millones, un 46% mayor a la del mismo lapso del año pasado. Como resultado, la composición del financiamiento se invirtió, causando que la proporción hoy sea de un tercio en deuda de mercado y dos tercios en emisión. Peor aún, agosto no alcanzó al 100% de refinanciamiento, a pesar de que el Tesoro desplegó algunas estrategias para aumentar los montos recibidos. Instrumentos más cortos, tasas más altas, canjes anticipados, la posibilidad de utilizar Letras como encajes bancarios y el lanzamiento del programa de Aspirantes a Creadores de Mercado (aunque su principal objetivo no es proveer mayor financiamiento, sino liquidez y estabilidad a las cotizaciones) fueron las principales herramientas a las que acudió Economía para cumplir sus objetivos, pero no alcanzaron para tentar a los inversores. 

De cara a las próximas licitaciones, se buscará renovar la confianza del mercado, en pos de lograr, otra vez, colocaciones más grandes y más financiamiento por esta vía. Sin embargo, la aceleración del déficit no cederá (aunque se sobrecumplirá largamente la meta presupuestada) y esto traccionará a la emisión monetaria.  

De cualquier manera, de cara al cierre de 2021 y el comienzo de 2022 las mayores preocupaciones estarán en el segmento de deuda en dólares. En julio se pagó el primer cupón de interés de la deuda reestructurada y la primera cuota del acuerdo con el Club de París. Por otra parte, los compromisos con el FMI ascienden a USD 4.500 millones. Aunque estos podrán ser pagados con los Derechos Especiales de Giro (DEG) transferidos por el mismo organismo, este crédito se agotaría antes del pago de enero 2022. A lo largo del año que viene los vencimientos con el FMI ascienden a USD 19.000 millones, a lo que se suman USD 1.700 millones con el Club de París y USD 1.400 millones con acreedores privados, un volumen de dólares que nuestro país no tiene capacidad de generar (ni fiscal ni externamente).  

En definitiva, la dinámica de mejora en el resultado primario y contención de la emisión monetaria en la primera mitad del año se habría revertido al comienzo de la segunda. Si bien esperamos que la pauta fiscal de déficit primario se cumpla en 2021, la composición del financiamiento luce más complicada.  

Para 2022 estimamos que el gobierno intentará continuar reduciendo del déficit primario (en dos semanas conoceremos la trayectoria fiscal deseada con la presentación del Proyecto de Presupuesto), lo cual sería indicativo de la intención de evitar tensiones excesivas sobre los factores de creación de dinero por el lado fiscal. En cualquier caso, las preocupaciones comienzan a aparecer por los compromisos en moneda extranjera. Respecto a esos pagos, no hay duda: se requiere una extensión de vencimientos. ¿Será la mejoría fiscal un guiño al Fondo de cara a lo que se viene?  

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