Cabandié se reunió con el director de la FAO

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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, viajó a Italia para participar de la Reunión Ministerial conjunta de Clima y Energía del G20 que se realizará en Nápoles. En ese marco, mantuvo una reunión, en la ciudad de Roma, con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), Qu Dongyu, organismo internacional con el cual el Ministerio de Ambiente nacional lleva adelante diversos proyectos.
En tal sentido, Cabandié llamó a “construir un camino de sostenibilidad” entre la FAO y el Ministerio a su cargo, y planteó la postura argentina sobre la necesidad de avanzar en un canje de deuda por acción climática, “para promover la transición energética y proteger nuestros bosques nativos”.
“Necesitamos ser más inteligentes y más fraternales entre los países en desarrollo que no hemos podido subir la escalera del desarrollo con toda la gente adentro”, remarcó Cabandié, que se encuentra acompañado por el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la cartera de Ambiente nacional, Rodrigo Rodríguez Tornquist.
Por su parte, el director general de FAO aseguró que Argentina tiene potencial, pero es necesario que en el país se realice una transformación, y coincidió en la necesidad de reducir las desigualdades y hacer una sociedad más integrada. En tal sentido, manifestó la importancia de fomentar diálogos internos dentro de las naciones para lograr soluciones balanceadas y aseguró que espera poder viajar al país cuando la situación lo permita.
Finalmente, Qu Dongyu explicó que los sistemas alimentarios deben transformarse y ser más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, con el fin de disponer de mayor cantidad de alimentos, más diversos y de calidad superior con menos recursos, sin dejar a nadie atrás. Todo esto requiere soluciones financieras y tecnológicas innovadoras.
En este contexto, cabe mencionar la firma de un memorando de cooperación conjunta para la implementación del Plan Nacional Argentino contra el Hambre realizada en noviembre de 2020 entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández y el titular del organismo mencionado.
A su llegada a Italia, Cabandié fue recibido por la embajadora argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva.

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Parar la olla

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Daniel Arroyo es un conocedor meticuloso de la crisis social que atraviesa a la Argentina. Debe ser uno de los principales especialistas sobre las desigualdades sociales. Por eso, su palabra se pone por encima de la grieta cuando analiza la pobreza. El viernes, en su paso por Posadas, sostuvo que “lo más importante de una política social es la continuidad y la sustentabilidad”, elementos, que, entiende, se conjugan en Misiones para contener las demandas sociales y frenar las consecuencias de “los últimos cuatro años devastadores”, como definió el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Misiones se sumó formalmente al plan Argentina sin Hambre, una de las primeras medidas sociales del gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a la pobreza aumentada a cifras escandalosas durante el gobierno de Mauricio Macri. En total, 127 mil chicos misioneros recibirán las 63 mil tarjetas con una inyección de 325 millones de pesos mensuales a la economía formal, ya que el consumo debe hacerse con la tarjeta y únicamente para la compra de alimentos. 

Arroyo dio algunos datos dolorosos. Durante los últimos meses de 2019 se profundizó la caída en el consumo de leche. En contraste, en las pocas semanas del plan de emergencia, ya subió el consumo de carne, leche y verduras -no de frutas- en Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco. Un estudio de Desarrollo Social indica que el 60% de lo invertido en alimentos corresponde a productos recomendables desde el punto de vista nutricional, y que en promedio, los hogares desembolsaron 2.200 pesos durante un período de 19 días. Del informe, realizado en Concordia -la ciudad más pobre del país- se desprende que las familias compraron 1.600 kilos de proteína animal, lo cual representa 2 kilos de proteína animal por hogar. Se adquirieron 549 litros de lácteos líquidos, especialmente leche y yogur bebible, lo cual representa 0,7 litros por hogar; y 415 kilos de otros lácteos (leche en polvo, yogures firmes, postres y otros alimentos lácteos, quesos), que son 0,5 kilos por hogar.

También se consumieron 1.000 kilos de verduras, a razón de 1,3 kilos por hogar y 1.200 kilos de frutas, lo que representan 1,5 kilos por hogar.

“No puede haber hambre en la Argentina”, insistió Arroyo.

La entrega de las primeras tarjetas no fue un mero acto protocolar, sino la continuidad de un vínculo que se viene forjando desde hace tiempo. Arroyo sigue de cerca la evolución del programa Hambre Cero y elogió particularmente el trabajo realizado con las Ferias Francas, que venden alimento fresco a precios accesibles. Justamente, se trabajará para que puedan contar con el posnet necesario para aceptar las tarjetas alimentarias, lo que además redundará en la formalización. 

En esta etapa, explicó el ministro nacional, se busca cumplir con un puñado de objetivos básicos: que todos coman y que no haya hambre. “Se pueden discutir los modelos de desarrollo. El hambre no”, sentenció.

Herrera Ahuad destacó que para hacer frente a la crisis, Misiones destina el 60 por ciento de su presupuesto a las áreas sociales, con énfasis en la contención sanitaria. Reiteró que la Provincia perdió recursos a manos de políticas “centralistas” y puso como ejemplo el piso salarial docente, el atraso en el Fonid y el subsidio interzafra que se otorga a los tareferos.

La presencia de Arroyo fue una muestra más de la aceitada relación entre la Provincia y la Nación. Es el tercer ministro que llega a Misiones -antes estuvieron Matías Lammens de Deportes y Ginés González García de Salud-. 

En una reunión con intendentes, en la Residencia Oficial, el enviado nacional dejó claro que los pedidos deben ser canalizados a través del Gobernador, que es el que lleva adelante las gestiones directas con el Presidente y el gabinete nacional. Herrera Ahuad, por su parte, instó a los alcaldes a sostener una coherencia en la estrategia en el diálogo con la Nación para no superponer pedidos ni agendas. 

La asistencia económica, en el eslabón más bajo resulta en estos momentos, inestimable. La inflación en el epílogo de la gestión macrista fue la más alta desde 1991, con un récord en el NEA de 57,6 por ciento. Los alimentos subieron por encima del promedio y la canasta básica total, que incluye servicios y alquiler, ascendió a 41.910 pesos para una familia tipo, mientras que los gastos mínimos de alimentación subieron a 16.344,94 pesos.

La inflación del último año de Macri fue 6,2 puntos porcentuales más que el año previo (47,6%) y fue la más alta desde 1991 (84%). Y colocó a la Argentina en el podio de los países con mayor inflación del mundo, solo superada por Venezuela y Zimbabue.

A pesar de haber iniciado su Gobierno con la promesa de que la inflación iba a ser «lo más fácil de solucionar», Macri acumuló una inflación en sus cuatro años de gestión de casi 300 por ciento -298 por ciento señala el economista Alejandro Rodríguez, mientras que Eva Sacco, del Centro de Economía Política Argentina la ubica en 287-.  

El NEA fue la región más castigada, con una suba de precios por encima del promedio nacional, explicado en parte por los costos de logística, la distancia y la dependencia energética. 

No es casual que el gobernador Herrera Ahuad haya presentado ante el ministro de Producción, Matías Kulfas, una demanda a la que rápidamente se plegaron provincias de toda la región: que se unifique para el norte el precio del combustible a valores de Capital Federal.  “El litro de nafta súper cuesta en YPF $59,62; Axion $59,98 y en Shell supera los $60. La diferencia con Ciudad Autónoma de Buenos Aires es enorme: YPF $53,45; Axion $53,49 y Shell $53,83”, se detalla en el escrito presentado al titular de la cartera productiva. 

También se insistirá con una vieja demanda, enarbolada incluso por los diputados de la alianza Cambiemos, pero que nunca concretaron cuando fueron oficialistas: reglamentar el artículo pendiente de la Ley de Fomento a las Pymes, por el cual, se generan beneficios impositivos para los comercios y las economías que se desarrollan en zonas de frontera, para subsanar los desajustes que los precios de los países limítrofes provocan en Argentina. Esa es una demanda compartida por las cámaras empresarias que padecen por la caída de ventas y una competencia de precios con el país central que es infranqueable. En los cuatro años de Macri solo en Posadas se cerraron 1673 comercios según los datos oficiales.

El super cepo y el impuesto a la compra de dólares frenaron un poco la fuga de divisas hacia Paraguay y la salida de turistas hacia Brasil, pero es pronto para equilibrar la balanza. 

Llamativamente, los representantes de la alianza Cambiemos, todavía en el duelo por la derrota, parecen empecinados en defender éxitos que solo se reflejaron en planillas de Excel. Cuestionan las decisiones tomadas por el nuevo Gobierno sin esbozar siquiera una autocrítica por la herencia de pobreza por las nubes, inflación récord, desempleo de dos dígitos y una actividad económica en el subsuelo. La estrategia parece ser la de radicalizar la oposición y endurecer los bordes de la grieta. Da igual una marcha por los cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman o la ruborización por los gastos de la política. 

El radicalismo misionero exhibió como un trofeo haber podido cerrar un acuerdo para evitar las internas y ungir a Ricardo Andersen como nuevo presidente. El joven es un fiel militante de Cambiemos. En octubre fue candidato a diputado nacional pero no le alcanzaron los votos para conseguir una banca. 

Los postulados de Cambiemo, levantados como verdades únicas, fracasaron uno tras otro. La quita de impuestos no se tradujo en una recuperación económica y la “vuelta al mundo” no redundó en una explosión exportadora. Los datos más recientes sobre las exportaciones de Misiones indican una fuerte disminución general en el monto de lo exportado en dólares. Entre enero y septiembre de 2019, las exportaciones misioneras representaron USD 332.674.416,93, 10,0% menos que durante el mismo lapso del año anterior. Sin embargo, las cantidades exportadas aumentaron 15,7 por ciento.

Hasta la pasta celulósica, el principal producto exportado, tuvo menores ventas. El monto exportado ascendió a USD 97.422.085,89, mostrando una caída del 19,3% respecto al mismo período del año anterior. Y, en cuanto a la cantidad exportada, la variación semestral interanual fue del -7,7%. 

La actividad económica se sostiene en Misiones por el rol decisivo que juega el Estado a través de diversas acciones destinadas a fortalecer el consumo y a cuidar el bolsillo. Los programas Ahora juegan un doble rol de estímulo a las ventas y de ahorro para el comprador. 

Los bonos a estatales pagados esta semana -la segunda cuota llegará el 14 de febrero- implican un desembolso de 250 millones de pesos por capítulo. 

A eso se sumará la continuidad de los subsidios a la tarifa social de electricidad o el transporte, que ahora volverá a contar con subsidios de la Nación. Según se anunció en la primera reunión “federal” con el ministro de Transporte, Mario Meoni, Misiones recibiría unos 81 millones mensuales en concepto de subsidios para las empresas de transporte urbano de pasajeros, entre enero y marzo. 

“Desde la mirada federal y equitativa que tenemos del país y del transporte, nos preocupa desarrollar una política integral con una mirada amplia, que incluya el transporte público de pasajeros así como la política ferroviaria y la logística y la conectividad en la Argentina. Nuestro presidente, Alberto Fernández, nos ha dado instrucciones claras de cómo trabajar buscando el desarrollo más equitativo de las provincias, y esta es una manera de lograr ese objetivo, gobernando de una manera no centralizada sino atendiendo a las peculiaridades de cada región, escuchando a cada una de las provincias”, dijo Meoni en la reunión con ministros, donde Misiones estuvo representada por el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán.

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Basura que no es basura

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En Argentina se tiran cada año 16 millones de toneladas de comida a la basura. Esto equivale a un kilo por día por habitante. Es alarmante pensar que sucede esto mientras que un 40% de la población es pobre y tiene serias dificultades para alimentarse.

Especializados en el tema no se ponen de acuerdo, es posible que sea una cuestión cultural o que haga falta una concientización de parte del Estado Argentino. Si se tiene en cuenta la producción total del país, la cifra de 16 millones de toneladas representa casi un 13 por ciento.

El caso de Argentina no es el único en la región, según cifras de la FAO publicadas en 2017, en América Latina se tiran 348 mil toneladas de alimentos por día, es decir, un desperdicio de 127 millones de toneladas al año. Todas estas cifras representan a toda la cadena agroalimentaria, desde el sector primario hasta el consumo en hogares. 

De distintas formas y con diferentes estrategias, existen organizaciones que intentan “salvar” toda esa comida antes de que sea desechada. También hay organizaciones que persiguen el propósito de generar concientización en la población, uno de los métodos de ayuda más utilizado es el de los bancos de alimentos. Estos bancos contribuyen a reducir el hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos, se rescatan los alimentos aptos para el consumo humano cuando, por ejemplo, ya han perdido su valor comercial. Ellos se encargan de almacenar, clasificar y distribuir todo lo que reciben como donación por parte de medianas y grandes empresas, los lugares en donde se distribuyen suelen ser comederos, merenderos y diferentes entidades que contribuyen a alimentar a los más vulnerables.

Otra de las cosas que se busca es la implementación de políticas públicas que concienticen para lograr el cambio de algunas conductas instaladas. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe lanzó en el 2018 un programa que promueve que no se derrochen alimentos que sobran en restaurantes, hoteles y bares en distintas localidades de la provincia y que los comensales se lleven a sus casas aquello que no comieron.

Bajo el nombre de Otro plato, la iniciativa es llevada adelante por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, junto a otras dependencias, incluida el área de Turismo, con la intención de generar conciencia sobre el consumo responsable de comida.

Para eso, se invita a los distintos municipios de la provincia a adherir al programa, que ofrece a los restaurantes, hoteles y lugares de expendio de comida capacitación a los empleados para que inviten a los clientes a llevarse lo que sobró.

En este caso, está claro que se trata de una cuestión cultural, mucha gente por vergüenza no acostumbraba a pedir lo que no comió y con este tipo de iniciativas lo que se busca es revertir eso, que se rompa esa barrera.

Mediante el reparto de folletos y stickers, además de la inclusión de los locales adheridos en una página web especial, la iniciativa está creciendo en toda la provincia.

En Argentina existe desde 2004 una ley que tiene el objetivo de incentivar las donaciones de alimentos, esta ley reglamenta quiénes pueden donar, qué productos, cómo deben hacerse y los derechos y obligaciones de cada parte. Es la llamada “Ley Donal”, la N.º 25.989. No obstante, hasta hace poco había un inconveniente con esta norma, al principio incluía un artículo que libraba de responsabilidad legal a los donantes por los daños y perjuicios que pudieran producirse. Sin embargo, este artículo fue vetado en el mismo 2004, dejando a los donantes sin ningún resguardo legal, entorpeciendo la donación.

En el 2018, la diputada Elisa Carrió, fomentó la modificación de la Ley Donal, con el objetivo de multiplicar las donaciones de alimentos. Y lo logró. Se incluyó nuevamente el artículo que desliga de responsabilidades a los donantes, siempre y cuando la donación se hubiese efectuado sin ocultar vicios de la cosa y contando con los controles bromatológicos exigidos por el Código Alimentario Argentino. 

La reincorporación de este artículo fue fundamental para que más empresas se animen a donar, ya que además prevé incentivos fiscales a quienes lo hacen. Este nuevo marco legal contribuyó a que miles de niños y adultos que se encuentran en situación de pobreza y riesgo alimentario reciban una asistencia. 

Esta ley también creó un “Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos”, donde se inscriben instituciones públicas o privadas legalmente constituidas que cumplen con los controles sanitarios previstos en el Código Alimentario Argentino. 

Argentina fue protagonista de una acción sin precedentes a nivel mundial en la lucha contra el hambre, es el primer país en contar con un Día Nacional para la concientización, el 29 de septiembre.

El 23 de septiembre de 2019 se celebró la Cumbre de Acción Climática, que reunió a los principales líderes del planeta y tuvo gran repercusión. Allí se trató entre otras cosas, al desperdicio de alimentos en el mundo, un tema que preocupa cada día más, ya que, 1/3 de los alimentos para el consumo humano se desperdician en todo el mundo.

Argentina, por su parte, realizó importantes esfuerzos en la necesidad de reducir las pérdidas y los desperdicios para construir sistemas alimentarios más sostenibles. Desde 2015 cuenta con un Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que gestiona la actual Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, además, conformó un Red Nacional con más de 70 miembros del sector público, empresas del sector agroalimentario y ONGs, entre otros.

A través de una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se declaró el 29 de septiembre como el día para promocionar la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Con esta resolución, no solo se concientiza en el país, sino que se tiene la intención de contagiar a más actores para que se sumen y así continuar visibilizando la problemática.

Las entidades que impulsaron este proyecto están al tanto que a la fecha no existe una experiencia similar en otros países, esto quiere decir que Argentina es el primer país del mundo en contar con un día abocado a la temática, lo que permite darle entidad, difundir la problemática a nivel nacional y llamar a la acción, con la oportunidad de sumar nuevos aliados.

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Hambre: La inseguridad alimentaria pasó de 19,1 a 32,1 por ciento en la Argentina

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Venezuela rompe todos los esquemas, pero los Gobiernos con prácticas políticas en las antípodas también arrastran a millones de personas a la pobreza. Los datos de la pobreza y el hambre en el mundo, son alarmantes. En Argentina la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave pasó de 5,8 por ciento de la población en 2014-2016 a 11,3 por ciento en la actualidad, según los datos difundidos por la Organización de las Naciones Unidas. 

En paralelo, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave pasó de 19,1 en 2016 a 32,1 por ciento en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri fue a pedirle auxilio al Fondo Monetario Internacional.

Los datos no sorprenden, ya que coinciden con los de la Universidad Católica Argentina, que alertó sobre un crecimiento de la pobreza en la Argentina, que ya alcanza al 35 por ciento de la población. 

El hambre está creciendo paulatinamente y se han perdido años de avance a nivel mundial, mientras que la amenaza de no tener un plato de comida asegurado alcanza ya al 26,4% de la población mundial. El debilitamiento de la economía real, a manos de las finanzas globales, se encuentra entre las principales causas de estas tendencias. En América del Sur, el empeoramiento de los índices se debe principalmente a Venezuela.

En los últimos tres años, el número de personas que padecen hambre se ha incrementado lentamente, con más de 820 millones de personas, una de cada nueve en el mundo, que siguen padeciendo hambre en la actualidad. Este número supone un retroceso a los niveles de 2010, según el último informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo publicado este lunes.

El hambre está aumentando en casi todas las subregiones africanas, lo que hace a África la región con la prevalencia de la subalimentación más elevada, situada en casi el 20% de la población, mientras en Asia alcanza al 11%.

La progresión de este flagelo también afecta a América Latina, aunque su prevalencia todavía se sitúa por debajo del 7%.

El ritmo desigual de la recuperación económica socava los esfuerzos por terminar con el hambre y la malnutrición, con un aumento del hambre en muchos países donde la economía se ha ralentizado o contraído, sobre todo en países de ingresos medianos, destaca el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Los nuevos datos confirman que el hambre ha ido en aumento en muchos de los países cuya economía ha entrado en una fase de desaceleración o de contracción. La mayoría de los países (65 de 77) que experimentó un aumento de la subalimentación entre 2011 y 2017 padeció de forma simultánea episodios de desaceleración o de debilitamiento de la economía. Sorprendentemente, en la mayoría de los casos, no se trataba de países de ingresos bajos, sino de naciones de ingresos medios”, se lee en el documento.

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Dar de comer a los hambrientos del mundo

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Si cada país productor de cereales, oleaginosas y carnes destinara un pequeño porcentaje de su producción a paliar el hambre en el mundo, no solo estaría haciendo una obra de beneficencia que ayude a seres humanos que tienen nuestros mismos derechos pero que no han tenido la oportunidad, por vivir en un país que le impide hacerlo, para desarrollar sus capacidades para alimentarse dignamente y proveerse de los nutrientes que desarrollen un cuerpo normal, capaz de merecer la oportunidad y la aspiración de competir por un trabajo digno. Si se hiciera un análisis de la baja generalizada de los cereales y oleaginosas que se produjo en el mundo entre el 2013 y 2014, observaríamos que varias excelentes cosechas en Estados Unidos, Brasil, China, Argentina, Australia, Paraguay y otras naciones han incidido que las ofertas al mercado mundial, sobrepasen a la demanda de los países que están en condiciones económicas de adquirir sus necesidades habituales, y con la aplicación de la ley de la oferta y la demanda se produce la consecuente baja de los precios.
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), más de 800 millones de personas en el mundo siguen padeciendo hambre. Sin embargo de las 4.300 millones de toneladas de alimentos producidas en el mundo, 1.300 millones de toneladas, equivalentes a un 30%, se pierden y desperdician y son capaces de alimentar a 2.000 millones de personas. Estas pérdidas incluyen entre 40/50% de los cultivos de raíces, frutas y hortalizas, 20% de semillas oleaginosas y 30% de pescado.
Una planificación racional de la cosecha y transporte de estos alimentos, pueden reducir un porcentaje de las pérdidas estimadas que afectan en especial, a los pequeños agricultores que son los más vulnerables. La otra alternativa, que puede ser complementaria, es que cada uno de los países productores de alimentos orienten parte de su producción a los países necesitados donándoles un porcentaje. Aquí cabría la pregunta ¿Qué país querría donar parte de su producción sin compensación alguna? . Existe una compensación aunque la misma no provenga de los países beneficiados y es que al reducir la oferta mundial de alimentos, los países que puedan adquirirlos, estarían dispuestos a pagar un precio mayor.De esta manera, el país otorgante ve compensada su donación.
En artículos anteriores hemos escrito como productores grandes pueden manejar o manipular el mercado por medio de reducir la oferta, sobre todo, en alimentos no producidos por muchos países y ofrecíamos como ejemplo, el de la soja que puede ser
manejado por Argentina y Brasil. En esta cosecha 2014/15, nuestro país produjo 55 millones de toneladas de soja y Brasil 91, Estados Unidos 98 millones. Es un mercado cuya producción mundial ronda entre las 280 y 300 millones de toneladas y si los tres países mencionados, sumados producen 244 millones de toneladas, estamos hablando del más del 80% de la producción mundial. Si Argentina y Brasil retiran del la oferta al mercado mundial 40 millones de toneladas, los precios se eyectaría a los máximos valores históricos de 600 dólares en el mercado de Chicago. .De acuerdo con nuestro análisis y opinión, Argentina tiene que realizar una salto estratégico y retirarse del mercado de la soja para producir con ella, una parte, aceite comestible y biodiesel y con la harina, alimentos balanceados. Con ello ahorraremos gran parte de los 6.000millones que gastamos para importar gasoil.
Mezclando un 40% de harina de soja con un 60% de maíz, obtendríamos alimento balanceado que permitiría a los agricultores argentinos, con su trabajo, obtener 1 kg. de carne vacuna con 6 Kg. de balanceado; 1 kg. de carne de cerdo con 3,2 kg. de balanceado;  1 kg. de pollo con 2.1 kg de balanceado y alrededor de 1 kg de pescado, según la especia con 1 kg. de balanceado. Todas estas carnes tienen una demanda mundial que nos permitiría triplicar nuestras exportaciones y suministrar mejores precios al mercado interno.
Miguel Schmalko consejero y ex presidente de la FEBAP (Federación Económica Brasil-Argentina-Paraguay)

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