Vaca Muerta: Neuquén busca blindar sus tierras fiscales ante el avance de la ley nacional de Tierras
Neuquén decidió jugar su propia carta en la discusión nacional sobre la propiedad de tierras rurales. El gobernador Rolando Figueroa, al frente de la provincia que concentra el desarrollo de Vaca Muerta, enviará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a garantizar que las tierras fiscales de dominio provincial solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas.
La iniciativa adquiere relevancia política porque llega en la antesala del debate que el Senado de la Nación tiene previsto para el 6 de agosto sobre las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei a la Ley de Tierras. Figueroa ya había planteado la necesidad de establecer límites cuantificables a la tenencia extranjera a nivel nacional y respaldó a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, para que sostenga la defensa de las facultades provinciales.
El proyecto neuquino busca funcionar como un resguardo propio frente al resultado que finalmente tenga la discusión parlamentaria nacional. La idea central del Ejecutivo provincial es preservar la capacidad de Neuquén para definir qué ocurre con las tierras fiscales bajo su dominio y, al mismo tiempo, proteger los recursos naturales y el perfil de desarrollo de la provincia.
El debate nacional parte de una propuesta que originalmente planteaba eliminar el límite del 15% vigente para la propiedad extranjera de tierras rurales, levantar restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de frontera o ribereñas y eliminar el cupo por nacionalidad, que establece que ciudadanos de un mismo país no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje.
Durante el tratamiento en comisión se incorporaron modificaciones sustanciales. Entre ellas, el reconocimiento de las competencias provinciales para establecer el régimen jurídico aplicable a las tierras ubicadas dentro de sus territorios. Ese punto resulta particularmente relevante para Neuquén, que pretende utilizar sus propias herramientas legislativas para reforzar el control sobre el patrimonio provincial.
El proyecto nacional, según los cambios incorporados, también mantiene restricciones específicas. Continúa la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y permanecen controles sobre empresas que cuenten con participación estatal extranjera. A su vez, se incorporaron disposiciones relacionadas con propiedad privada, expropiaciones, indemnizaciones y ocupaciones temporarias, bajo el objetivo de reforzar la seguridad jurídica.
En ese escenario, la posición de Corroza aparece como una pieza clave para la estrategia de Figueroa. La senadora de La Neuquinidad deberá definir su postura frente a una iniciativa que cuenta con el respaldo de los legisladores neuquinos de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, quienes, según el planteo político expuesto, acompañarían el proyecto nacional.
Para el Gobierno neuquino, la discusión no se reduce a la cantidad de hectáreas que puedan quedar en manos extranjeras. El punto de fondo es quién tiene capacidad para definir el régimen de propiedad y utilización de un territorio que adquirió un valor estratégico extraordinario a partir del desarrollo de Vaca Muerta.
La provincia sostiene que proteger la potestad sobre la tierra no implica cerrar la puerta a las inversiones. Por el contrario, el modelo que Neuquén exhibe como antecedente es el de las concesiones hidrocarburíferas: las empresas pueden acceder a derechos para explorar y explotar recursos sin que la Provincia transfiera la propiedad de la tierra.
Ese esquema ya fue aplicado con las 56 concesiones no convencionales otorgadas por el Gobierno neuquino a algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas internacionales. Las inversiones llegaron para desarrollar Vaca Muerta sin que esas concesiones implicaran la transferencia de la titularidad de las tierras.
La distinción resulta central para la discusión que plantea Figueroa: seguridad jurídica e inversión no necesariamente requieren transferir la propiedad del suelo. El desafío consiste en diseñar reglas previsibles que permitan desarrollar proyectos productivos y, al mismo tiempo, preservar la capacidad del Estado provincial para administrar un activo estratégico.
Con ese argumento, Neuquén intenta convertir la discusión sobre tierras en una política de Estado provincial. El proyecto que llegará a la Legislatura no solo busca establecer un límite a la venta de tierras fiscales a extranjeros; también pretende fijar una posición sobre el modelo de desarrollo que la provincia quiere sostener en torno a Vaca Muerta.
La disputa tendrá ahora dos escenarios. El primero será el Congreso nacional, donde se definirá el nuevo marco general para la propiedad rural. El segundo será Neuquén, que pretende dejar establecido por ley que, cualquiera sea el resultado nacional, la Provincia conservará herramientas propias para decidir sobre sus tierras fiscales y proteger su patrimonio territorial.
En una economía donde Vaca Muerta concentra inversiones estratégicas, exportaciones y expectativas de crecimiento, la discusión adquiere una dimensión que excede la propiedad inmobiliaria. El interrogante de fondo es cómo atraer capital y acelerar el desarrollo sin resignar la capacidad de decisión sobre el territorio. Neuquén busca responderlo con una fórmula concreta: concesionar derechos para producir, pero conservar la propiedad de la tierra.
