El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia para expandir la frontera energética argentina al instruir la convocatoria a un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, frente a las costas del país. La decisión, oficializada mediante el Decreto 590/2026, busca captar inversiones privadas para profundizar la exploración offshore y ampliar el conocimiento sobre el potencial petrolero de la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa surge a partir de una manifestación de interés presentada por la compañía Challenger Energy Group PLC, que propuso desarrollar tareas exploratorias en un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. El área CAN_200 forma parte del esquema de expansión de la exploración costa afuera que el Gobierno considera estratégico para incrementar las reservas de petróleo y gas y diversificar la matriz de producción de hidrocarburos.

El decreto delega en la Secretaría de Energía la organización del proceso licitatorio, la elaboración del pliego de bases y condiciones y, posteriormente, el otorgamiento del permiso de exploración y de una eventual concesión de explotación para el adjudicatario. La convocatoria se realizará bajo los principios de concurrencia y transparencia previstos por la Ley de Hidrocarburos.

La decisión se inscribe en la política oficial de promover inversiones de largo plazo en el sector energético. El Ejecutivo sostiene que la exploración offshore representa una oportunidad para incrementar la producción nacional, generar empleo especializado e incorporar tecnología de punta en actividades sísmicas y perforaciones exploratorias, además de fortalecer el posicionamiento argentino en un mercado global que continúa demandando nuevos recursos energéticos.

El Gobierno fundamenta la medida en el potencial de la Plataforma Continental Argentina, cuyo reconocimiento internacional quedó consolidado tras las recomendaciones emitidas en 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas. Ese proceso incorporó más de 1,78 millones de kilómetros cuadrados de plataforma marítima bajo derechos soberanos argentinos para la exploración y explotación de recursos naturales, ampliando significativamente el horizonte para el desarrollo offshore.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la autorización para incluir en los futuros contratos cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en países adheridos a la Convención de Nueva York de 1958. La incorporación de este mecanismo apunta a ofrecer mayores garantías jurídicas a los inversores internacionales, una demanda habitual de la industria en proyectos de elevada intensidad de capital y largos períodos de recuperación.

No obstante, el decreto establece expresamente que esa prórroga no implica una renuncia de la República Argentina a la inmunidad de ejecución sobre bienes considerados estratégicos. Entre ellos figuran las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, la infraestructura destinada a servicios públicos esenciales, los activos diplomáticos y consulares, el patrimonio cultural, los bienes militares y los derechos del Estado para percibir impuestos y regalías.

En materia económica, el esquema también define que quienes obtengan una eventual concesión de explotación deberán abonar regalías sobre la producción conforme a la legislación vigente. Será la Secretaría de Energía la encargada de reglamentar la metodología de cálculo e incorporar esas condiciones al pliego licitatorio.

La convocatoria representa una nueva etapa en la apertura del mercado hidrocarburífero argentino. Tras las rondas offshore iniciadas en 2018, el Ejecutivo busca revitalizar el interés de operadores internacionales en un contexto de creciente competencia global por capitales destinados a exploración. Para el Gobierno, el desarrollo de nuevas cuencas marítimas complementa el crecimiento de Vaca Muerta y constituye una apuesta de mediano y largo plazo para ampliar las exportaciones energéticas y consolidar al sector como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina.