HIDROVIA

Bullrich presentó el “Plan Paraná” para reforzar el control fluvial con radares, drones y patrullas integradas

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La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó hoy, desde un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, el “Plan Paraná”, que tendrá como objetivo fortalecer la seguridad en la Hidrovía Paraguay-Paraná, mediante un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

El Gobierno lanzó el “Plan Paraná” para blindar la Hidrovía y reforzar el control fluvial con radares, drones y patrullas integradas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó oficialmente el “Plan Paraná”, una iniciativa estratégica que busca recuperar el control y fortalecer la seguridad en la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país. El programa incluye patrullajes coordinados entre fuerzas federales, monitoreo satelital, incorporación de drones y radares, y la instalación de un comando unificado en Isla del Cerrito, Chaco.

Un plan integral para recuperar la soberanía y combatir el delito en la Hidrovía

La presentación se realizó este lunes desde el guardacostas GC-24 Mantilla de la Prefectura Naval Argentina, con una videoconferencia en directo con la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien encabezó un acto simultáneo en Isla del Cerrito (Chaco) junto al Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, y autoridades de las provincias de Chaco y Corrientes.

Acompañaron a la ministra el Subprefecto Nacional Naval, Alejandro Annichini, el Director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Veliz, el Director Nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, y el Secretario General de Prefectura, Marcelo del Giorgio, entre otros funcionarios y representantes de las fuerzas federales.

El Plan Paraná forma parte de la estrategia nacional de seguridad fluvial y complementa las operaciones “Plan Güemes”, en la frontera noroeste, y “Plan Guaçurarí”, en la frontera con Brasil. Según Bullrich, el objetivo es “blindar la Hidrovía, recuperar la presencia del Estado y garantizar que lo que circule por el río sean bienes, trabajo y producción, no delito, droga ni violencia”.

La iniciativa, afirmó la ministra, “apunta a devolver al Estado el control efectivo de una vía de más de 1.700 kilómetros, vital para el transporte, el comercio y la logística del país”.

Comando unificado, tecnología y coordinación interinstitucional

El Plan Paraná contará con un comando unificado en Isla del Cerrito (Chaco), que centralizará la información y coordinará los despliegues de las distintas fuerzas federales: Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en articulación con Aduana, Migraciones y las fuerzas provinciales.

El dispositivo integrará radares, drones, sensores térmicos y monitoreo satelital, con el fin de reforzar la vigilancia aérea, fluvial y terrestre en puntos estratégicos de la Hidrovía, especialmente en zonas críticas donde se detectan actividades de contrabando, narcotráfico y tráfico de personas.

Durante la presentación, Bullrich subrayó que “la Hidrovía es una vía estratégica para el comercio y la producción nacional, pero también un punto vulnerable que debemos proteger”. Y agregó: “El crimen se combate con organización, presencia y tecnología”.

Por su parte, el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, agradeció “la confianza del Presidente de la Nación y del Ministerio de Seguridad” y sostuvo que “el control territorial del río debe ser una política de Estado permanente”.

Un nuevo esquema de control con impacto regional

La implementación del Plan Paraná busca articular el trabajo de las agencias nacionales con los países que integran la cuenca fluvial —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay—, donde la Hidrovía Paraguay–Paraná se consolida como uno de los principales corredores de transporte de América del Sur.

La Mesa Nacional de Seguridad Fluvial, coordinada por la Secretaría de Seguridad, será el órgano rector del plan, con responsabilidad en el seguimiento, la planificación y la cooperación internacional.

La secretaria Monteoliva destacó que la medida apunta a “enmarcar el esfuerzo de diferentes áreas del Estado hacia una construcción de seguridad sostenible”, y adelantó que se prevé una expansión progresiva del sistema de vigilancia tecnológica y patrullajes integrados.

El Ministerio de Seguridad remarcó que el programa se desarrollará sin afectar la operatividad comercial ni la libre navegación, pero fortalecerá los controles aduaneros, migratorios y de inteligencia criminal sobre cargas y embarcaciones.

Con este lanzamiento, el Gobierno nacional busca consolidar un modelo de control fronterizo basado en tecnología, cooperación federal y coordinación regional, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de seguridad portuaria y lucha contra el crimen organizado.

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El Gobierno prorroga la intervención de la AGP para asegurar la operatividad de la Vía Navegable Troncal

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El Ministerio de Economía prorrogó la intervención de la AGP para garantizar la operatividad de los puertos y la Vía Navegable Troncal.

La medida extiende las funciones de la Administración General de Puertos mientras la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación termina su organización. Se busca asegurar la continuidad administrativa y técnica del sistema portuario y fluvial nacional.

A través de la Resolución 1548/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió prorrogar la encomendación dispuesta a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU) para que continúe garantizando la gestión operativa, administrativa y técnica del sistema portuario nacional y de la Vía Navegable Troncal, hasta tanto la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) se encuentre plenamente operativa.

La decisión, firmada por el ministro Luis Caputo, apunta a asegurar la continuidad de los servicios públicos portuarios y de navegación, así como el cumplimiento de los contratos vigentes y la ejecución de licitaciones estratégicas, entre ellas la modernización y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal, declarada servicio público por el Decreto 699/2024.

Transición institucional y continuidad de la gestión portuaria

La resolución tiene como antecedente directo el Decreto 3/2025, que dispuso la disolución y posterior liquidación de la AGP SAU, transfiriendo sus funciones, bienes, recursos y obligaciones a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Este nuevo organismo, creado como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía, asumirá el rol de Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vinculadas al sector portuario y a la navegación.

Sin embargo, el texto oficial reconoce que la ANPYN aún no se encuentra totalmente operativa, ya que continúa en proceso de definición y aprobación de su estructura organizativa y funcional. Por ello, el Ministerio consideró necesario prorrogar el mandato de la AGP para que mantenga las funciones esenciales y colabore técnicamente con la nueva agencia.

La medida extiende las disposiciones originales de la Resolución 21/2025, que había encomendado a la AGP la administración transitoria de los bienes, recursos, derechos y obligaciones en proceso de transferencia, así como la supervisión de los contratos en curso.

Tres ejes de gestión durante la prórroga

El artículo 2° de la Resolución 1548/2025 redefine las prioridades de la AGP en esta nueva etapa, estableciendo tres objetivos centrales:

  1. Licitación y adjudicación de la modernización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, incluyendo dragado, redragado y señalización, tanto en el tramo principal como en las zonas de acceso a los puertos.
  2. Finalización del relevamiento de los espacios portuarios y regularización de títulos de uso, un paso clave para garantizar la seguridad jurídica sobre las áreas bajo jurisdicción nacional.
  3. Unificación de las concesiones de las Terminales 1, 2 y 3 del Puerto Nuevo de Buenos Aires, conforme al esquema previsto por el Decreto 602/2025, que estableció un nuevo modelo de gestión unificada de las terminales portuarias de la capital federal.

Durante este período, el Interventor de la AGP SAU deberá informar mensualmente a la ANPYN sobre las acciones y medidas adoptadas, garantizando transparencia y trazabilidad administrativa en el proceso de traspaso.

El Ministerio de Economía justificó la prórroga al señalar que “subsiste la necesidad de llevar a cabo actos jurídicos, comunicaciones y notificaciones a terceros, así como de generar mejores condiciones de competitividad y continuidad operativa”, en tanto la nueva agencia termina su etapa organizativa.

Relevancia institucional y proyección del sistema portuario

Con esta resolución, el Gobierno nacional busca evitar vacíos administrativos o técnicos en un sector clave para la logística y el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal, principal corredor fluvial del país, concentra el transporte de más del 80% de las exportaciones agroindustriales y constituye un componente esencial para la competitividad del sistema productivo.

La continuidad de la AGP como operador transitorio garantiza la ejecución de los contratos en curso y el sostenimiento de los servicios de dragado y señalización, mientras la ANPYN asume progresivamente nuevas funciones vinculadas con la gestión ambiental, la habilitación de puertos y la administración de concesiones.

De acuerdo con el marco normativo, la ANPYN se constituirá como la única autoridad portuaria nacional, con competencias para regular, planificar y fiscalizar tanto los puertos públicos como privados, así como los contratos de concesión de terminales estratégicas como las de Puerto Nuevo – Buenos Aires.

Una transición clave en la política portuaria nacional

La prórroga dispuesta por Economía forma parte de una etapa de transición institucional que redefine la política portuaria y de navegación del país. La creación de la ANPYN busca concentrar las funciones dispersas hasta ahora entre distintas dependencias del Estado, con el objetivo de modernizar la gestión, mejorar la transparencia y optimizar la infraestructura logística nacional.

La AGP SAU, que operó durante décadas como administradora del Puerto Buenos Aires y concesionaria interina de la Vía Navegable, aportará su experiencia técnica y operativa en esta fase de traspaso. En tanto, la ANPYN deberá avanzar en su estructura definitiva, la integración de su personal técnico y la implementación de políticas de desarrollo portuario alineadas con los nuevos desafíos logísticos y ambientales.

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Entidades respaldan nuevo proceso técnico de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay

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Las principales cámaras empresariales vinculadas al comercio exterior argentino manifestaron su apoyo al nuevo proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal del sistema Paraná-Paraguay. Destacaron que el esquema de participación técnica y federal sienta las bases para un sistema logístico más eficiente, competitivo y sustentable, clave para potenciar la capacidad exportadora del país.

La Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas y CIARA–CEC expresaron su “visión positiva” sobre el proceso licitatorio en marcha, impulsado por la Administración General de Puertos (AGP). Las entidades remarcaron que el esquema actual —basado en mesas técnicas abiertas— permite la participación directa de usuarios, expertos, provincias e instituciones clave, lo que fortalece la transparencia y legitimidad de la iniciativa.

El próximo 23 de julio se celebrará la tercera mesa técnica en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Allí se abordarán aspectos económicos, ambientales y de fiscalización del nuevo diseño de la hidrovía, consolidando un espacio institucional para el intercambio constructivo entre todos los sectores involucrados.

En su comunicado conjunto, las entidades destacaron que el proceso de debate técnico “permite canalizar propuestas con el rigor que demanda un proyecto de esta envergadura”. Asimismo, advirtieron que las discusiones por fuera de este marco “entorpecen la posibilidad de alcanzar consensos” y pueden desvirtuar el objetivo de una licitación federal, eficiente y con estándares internacionales.

En ese sentido, recordaron que en mayo ya se alcanzaron avances concretos en una mesa organizada en la Bolsa de Comercio de Rosario, y valoraron especialmente la participación de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) como organismo supervisor, lo que aporta “garantías adicionales sobre la calidad del proceso y la aplicación de mejores prácticas internacionales”.

Hacia una hidrovía moderna, eficiente y competitiva

Las entidades remarcaron que una licitación “bien diseñada y ejecutada”, donde se valoren de manera equilibrada las condiciones técnicas y económicas, tendrá un impacto directo en la mejora del sistema logístico argentino. En particular, se espera que una nueva etapa de la hidrovía contribuya a:

  • Reducir costos operativos y de exportación para las economías regionales.
  • Fortalecer la previsibilidad del comercio exterior.
  • Mejorar los estándares ambientales y de control.
  • Ampliar la capacidad de carga del sistema fluvial.

Finalmente, concluyeron que una hidrovía más eficiente y previsible es “una condición indispensable para sostener y potenciar la capacidad exportadora de la Argentina y toda la región afluente al sistema del Río de la Plata”.

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Hidrovía: La Sociedad Rural desmintió “categóricamente” al Gobierno

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Sigue la polémica por la frustrada licitación de la Hidrovía y ahora la Sociedad Rural Argentina salió a responder las acusaciones del Gobierno de Javier Milei.

En medio de la polémica por la frustrada licitación de la Hidrovía, el Gobierno de Javier Milei denunció “sabotaje” y apuntó contra Mauricio Macri y otros, entre los que incluyó a Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, que ahora salió a responder.

“Desde la Sociedad Rural Argentina desmentimos categóricamente las falsas acusaciones contra el Presidente de la entidad, Nicolás Pino, donde indican que fue uno de los ‘responsables’ de hacer fracasar la licitación para adjudicar la explotación de la Hidrovía”, expresó la entidad del campo a través de un comunicado en redes sociales.

Se refería así, sin mencionarlo, al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, que ante la Comisión de Transporte de Diputados había hablado de un “sabotaje” coordinado por empresas y actores de la política para boicotear la licitación de la Hidrovía. Con nombre y apellido, apuntó no sólo contra la empresa belga DEME sino que también responsabilizó a Macri, al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

“Miembros de la política y empresarios se coordinaron para hacer que este proceso licitatorio se cayera. Un trabajo y una coordinación perfecta de estos actores que no tenían ningún interés en que esto saliera adelante y que lo único que les interesaba era voltear este procedimiento para que llegado el caso de que estos actores volvieran a una función ejecutiva pudieran terminar asignando este contrato para un lado o para el otro”, dijo Arreseygor, hombre del asesor Santiago Caputo.

“Vamos a avanzar con las investigaciones para terminar de validar lo que hoy por tenemos como presunción o comentario de distintos actores que piden reserva: de que el ex ministro Dietrich, sus ex funcionarios (Jorge) Metz, (Gustavo) Deleersnyder, el presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino, el abogado Ezequiel Cassagne, estuvieron involucrados en el sabotaje de esta licitación”, adivirtió.

Tras esa fuerte acusación, Nicolás Pino salió a negar cualquier responsabilidad en la caída del proceso licitatorio. “En nuestra entidad no actuamos jamás a favor o en contra de una determinada empresa. El tema de la licitación de la Hidrovía sí se trató durante la última reunión que tuvo la Mesa de Enlace con el ministro Luis Caputo y otras autoridades nacionales. Desde ya que la entidad pone a disposición sus técnicos y todo aquello que pueda ayudar al mejor desarrollo del proceso licitatorio”, explicó la Sociedad Rural.

“Continuamente en nuestras conversaciones con funcionarios de todos los niveles les hacemos llegar nuestras opiniones y comentarios buscando disminuir los costos de producción y resolver cuestiones que afecten a la competitividad del sector, tal como lo venimos haciendo hace 159 años”, añadió el comunicado.

Cabe recordar que Mauricio Macri también se había defendido de las acusaciones del Gobierno, apuntando contra Santiago Caputo. “La semana que viene le voy a contestar al señor Santiago Caputo. Porque él es quien está detrás de esa comisión trucha que se armó para la Hidrovía, que iba a terminar siendo un sobrecosto monumental para los productores. Y manda a contestar a uno de los impresentables que integra esa comisión; a acusarnos a nosotros de algo en lo que ellos fallaron”, dijo el ex presidente.

“Fracasó la licitación, la única que hicieron en un año y medio, por intentar que no haya competencia. Nosotros hicimos en nuestro gobierno cientos, miles de licitaciones y nadie impugnó un pliego. Ellos tienen que explicar por qué fracasó”, lanzó Macri.

Este lunes (24/02), la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 7/2025 que dio de baja la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El Boletín firmado por el director ejecutivo, Iñaki Arreseygor, dejó sin efecto el procedimiento licitatorio después de que sólo se recibiera una oferta correspondiente a la empresa belga, Dredging (DEME).

Esta decisión del Gobierno ya se conocía, pero recién ayer se oficializó. Javier Milei habló de “sabotaje”, luego de que solo se presentara una oferta en la licitación, justamente de la belga DEME que venía denunciando que el Gobierno había direccionado el pliego para que gane el también belga Jan de Nul, anterior licenciatario de la concesión hasta 2021, que continúa dragando ahora con un contrato con la ex Administración General de Puertos (AGP).

La apertura de sobres (en realidad, fue un sólo sobre) se había realizado un día después de que se conociera un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, (PIA) que advirtió sobre “serias irregularidades en la redacción de los pliegos”.

Agustín Barletti, Editor del suplemento Transport & Cargo del diario El Cronista, definió como “un papelón” el proceso licitatorio. “Este fracaso debe ser una lección para el gobierno de Milei. Si desde todos los sectores están diciendo que el pliego está mal hecho no podés seguir avanzando como si nada ocurriese”, añadió.

En este marco, contó que “los directivos de Jan De Nul estaban con el sobre en la mano en la entrada de la Agencia pero cuando vieron que se presentó DEME se fueron. Se ve que les gusta el dinero, pero no tanto como para ir presos, sobre todo luego del dictamen de la PIA”

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Dejaron sin efecto la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná

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La decisión había sido adelantada por el vocero Manuel Adorni luego de las denuncias presentadas por la única empresa oferente

Tal como se había anunciado, el Gobierno nacional dejó sin efecto el llamado a licitación de la Hidrovía Paraguay-Paranáy ordenaron a la Gerencia de Asuntos Jurídicos realizar un exhaustivo informe que será remitido a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La decisión había sido adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, hace poco más de 10 días. “La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes (de la presentación de ofertas)”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Ahora, la medida se hizo efectiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 7/2025, que establece: “Déjase sin efecto el procedimiento de selección por el cual tramita la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2024, convocada por la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables mediante Disposición N° 34/24, en el marco de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, re-dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las PalmasRío Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.

Además, la normativa dispone que se instruya a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a realizar un informe pormenorizado del procedimiento licitatorio y remitir las actuaciones a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Entre sus argumentos, mencionaron que, “conforme el sistema CONTRAT.AR, el procedimiento contó con 11 empresas inscriptas para participar y se realizaron 121 consultas a través del sistema mencionado, las cuales fueron contestadas en tiempo y forma”. “La apertura del Sobre N° 1 se obtuvo como resultado una única oferta, presentada por la firma Dredging, Environmental and Marine Engineering NV, CUIT N° 20-20617010-8”, informaron.

Sobre esto, el Ejecutivo sostuvo que “es un principio cardinal de todo procedimiento licitatorio la concurrencia de una gran variedad de oferentes a efectos de permitir una mayor competencia que favorezca la selección de la oferta más conveniente para el Estado nacional”.

Al respecto, Adorni había indicado que el Gobierno se comprometió, desde el inicio del proceso, a llevar a cabo una licitación “transparente y competitiva”. También recordó que se había estipulado como condición cancelar el proceso si solo se presentaba un único oferente. En esa línea, mencionó que, a lo largo del procedimiento, hubo “presiones” provenientes de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego. Además, se realizaron acusaciones al Gobierno por un supuesto direccionamiento a favor de Jan de Nul, la actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó una oferta.

Por su parte, el Ejecutivo respondió a las impugnaciones de los oferentes potenciales y sostuvo que la justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio. Sin embargo, Adorni insistió en que la única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había presentado denuncias previas sobre la supuesta falta de transparencia y que desistió de participar antes de hacerlo como único competidor.

El vocero afirmó que la investigación tiene como objetivo “aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación” y determinar responsabilidades penales en caso de un intento de fraude. Posteriormente, cedió la palabra a Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, quien proporcionó detalles técnicos sobre la situación.

Arreseygor destacó que “el hecho de que DEME se haya presentado como única empresa demuestra que estuvimos ante un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado nacional, el cual fue avalado tres veces en la Justicia”.

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