La Agencia Nacional de Puertos y Navegación inició una auditoría interna sobre todo el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), en la etapa final de evaluación de ofertas, con el objetivo de reforzar las garantías de transparencia y selección objetiva del futuro concesionario.
La revisión abarcará cada una de las etapas desarrolladas hasta el momento y se realizará sobre la base de la normativa vigente. Según la información suministrada, esta nueva instancia de control no interrumpirá el avance del proceso licitatorio.
La auditoría se incorporará al esquema de seguimiento que llevan adelante usuarios privados y provincias a través del Consejo de Control. Una vez concluida, se avanzará con la adjudicación del contrato a la mejor oferta, de acuerdo con los criterios fijados en los pliegos.
La licitación corresponde a una de las obras de infraestructura más relevantes del país y comprende la vía por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas. De acuerdo con la información difundida, el proceso no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes en ninguna de las etapas de evaluación.
Asimismo, antes de la publicación de los pliegos se habilitó una instancia de observaciones sobre los borradores, en la que participaron empresas, cámaras, organizaciones civiles y otros interesados, quienes pudieron formular objeciones y aportes.
La confección de los pliegos contó además con la auditoría de la UNCTAD, organismo especializado de Naciones Unidas en licitaciones de infraestructura estratégica, y con instancias técnicas de participación para usuarios privados, cámaras navieras y representantes provinciales.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tanto los usuarios privados como las provincias respaldaron las distintas etapas de evaluación y destacaron la claridad de la información y la objetividad de los criterios utilizados, al tiempo que solicitaron avanzar hacia la adjudicación definitiva.
El director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, afirmó ante los usuarios que el procedimiento es “abierto y transparente” y sostuvo que cualquier interesado puede revisarlo para verificar que cada paso se desarrolló siguiendo las mejores prácticas internacionales.
El juez a cargo del Juzgado Federal 6, Daniel Rafecas, rechazó el pedido de suspensión inmediatade la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La decisión, firmada este jueves, se produjo después de una denuncia por un supuesto entramado de fraude, falsificación de documentos y reparto anticipado del millonario contrato público.
El fallo se refiere al tramo central de la licitación pública nacional e internacional para la concesión del corredor fluvial más importante de la Argentina. Los denunciantes aseguraron que la adjudicación, de un valor estimado en USD 7.000.000.000, estaba preacordada para un grupo empresario vinculado al poder político.
El juez, siguiendo el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, concluyó que no se acreditó peligro concreto ni evidencia suficiente para frenar el proceso.
El conflicto
La controversia gira en torno a la adjudicación para dragado, señalización y balizamiento de la Hidrovía, un canal clave para la exportación argentina.
La diputada Marcela Pagano denunció ante la justicia presuntos manejos irregulares en el diseño de los pliegos —los requisitos para competir—, señalando que las condiciones habían sido elaboradas “a medida” para excluir empresas de origen chino, pese a su peso internacional en el sector.
Según la denuncia, el Grupo Neuss, liderado por Juan y Patricio Neuss, pasó en apenas dos años de ser un participante mediano a principal beneficiario de privatizaciones y concesiones estatales en el país.
La presentación sumó otras acusaciones. Indicó que la empresa Jan de Nul aparecería como oferente formal, pero el Grupo Neuss, como “socio oculto”, controlaría en realidad el 50% del contrato a través de subcontratos no declarados. También involucró al Grupo Román y, en el plano político, al expresidente Mauricio Macri.
El segundo denunciante, Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, argumentó que la licitación impone un requisito —un calado de 44 pies (13,41 metros)— de cumplimiento inmediato que solo la firma Jan de Nul puede satisfacer en la región, lo que, a su juicio, garantizaba un solo ganador.
El fiscal había rechazado suspender la licitación
Las denuncias exigían una medida cautelar de no innovar, es decir, que el juez ordenara suspender de inmediato todos los pasos de la licitación hasta evaluar los hechos.
Este lunes, el fiscalMarijuan, se opuso al pedido, considerando que los requisitos para una medida tan drástica no estaban justificados.
En su dictamen, el fiscal federal consignó: “No se acredita la verosimilitud del derecho invocado ni la arbitrariedad manifiesta del obrar administrativo, especialmente exigible frente a la Administración Pública… tampoco se demuestra el peligro concreto en la demora al que alude la presentante”.
Explicó que las cautelares —las suspensiones o medidas preventivas— solo pueden otorgarse cuando hay pruebas concretas y urgentes de que, si la justicia no actúa ya, el daño será irreparable para el denunciante o el Estado. Ese “peligro en la demora” es uno de los requisitos legales ineludibles.
El fiscal recordó la presunción de legitimidad del accionar de la administración, por lo cual solo puede suspenderse su marcha si aparecen pruebas claras de ilegalidad o riesgo gravísimo e inminente.
El juez respaldó al fiscal
En relación con los planteos y pruebas presentadas, el juez señaló que las denuncias se basan en hipótesis sobre hechos futuros, y que la investigación aún se encuentra en una fase inicial, sin elementos concretos para una decisión tan grave como suspender la concesión en curso.
Aclaró que las medidas cautelares “son remedios procesales de aplicación restrictiva”, solo válidos si se verifican, en simultáneo, tres condiciones: apariencia de derecho (probabilidad fundada de que lo denunciado sea cierto), peligro en la demora (daño irreparable si no interviene la justicia ya) y presentación de una garantía suficiente.
Para el juez Rafecas, tanto la presentación de Pagano como la de Míguez carecen de esos requisitos, ya que lo expuesto —aunque detallado— no supera la instancia de denuncia inicial ni aporta pruebas materiales que justifiquen una intervención excepcional.
El fallo señala jurisprudencia reciente que exige a los jueces actuar con “máxima prudencia”, especialmente cuando la medida afecta el funcionamiento administrativo normal de organismos públicos y cuando existen otros juicios en trámite en el fuero federal de Santa Fe, donde ya se han rechazado medidas preventivas sobre el mismo proceso.
El fallo impacta sobre uno de los contratos públicos de mayor peso histórico en materia de infraestructura fluvial y deja en pausa, por el momento, una investigación judicial sobre la mayor privatización en marcha por el Estado argentino.
La Justicia rechazó una medida precautelar y cautelar de no innovar presentada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para suspender el procedimiento de licitación de la Vía Navegable Troncal, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La entidad había solicitado que se ordenara a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la “suspensión inmediata de todo acto de avance sustancial, consolidación, perfeccionamiento o ejecución” del proceso licitatorio.
En la resolución judicial se señaló que la investigación en curso “se ciñe a investigar la posible deuda contraída por la AGPSE con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. y el supuesto direccionamiento de la Licitación y la eventual defraudación”, y se remarcó que la causa “se encuentra en plena etapa de instrucción”.
Además, el fallo sostuvo que el informe remitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas “no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante”.
El texto judicial también cuestionó la difusión pública del informe y afirmó: “Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe poco después de su remisión a esta dependencia, máxime cuando el mismo no había sido siquiera incorporado al sistema informático del Poder Judicial”.
Como ejemplo, se mencionó una publicación del diario La Nación del 15 de mayo que replicó el contenido del informe de la Procuraduría.
La resolución agregó que “no resulta este el proceso en el que deba ventilarse el informe presentado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, ni tampoco el ámbito donde correspondiera tratar la medida impulsada por la asociación civil.
Asimismo, el juzgado indicó que “no se advierten reunidos, con la intensidad requerida en esta etapa inicial, los recaudos que habiliten la procedencia de una medida cautelar de la entidad solicitada”.
Según se consignó en el expediente, la misma organización mantiene otro juicio contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en tribunales de Santa Fe, donde también fue rechazada una cautelar similar.
Finalmente, la resolución concluyó que “no se ha logrado acreditar, siquiera en grado de apariencia suficiente, la verosimilitud del derecho invocado ni la manifiesta arbitrariedad del obrar administrativo cuestionado”, y que tampoco se demostró “un peligro concreto, actual e inminente en la demora” que justificara la suspensión del proceso licitatorio.
El Gobierno comunicó a las empresas oferentes la finalización de la evaluación técnica de la licitación para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), y confirmó que Jan de Nul y DEME avanzarán a la instancia final del proceso.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) notificó a las compañías a través del sistema Contrat.Ar mediante el Acta de Evaluación Técnica correspondiente a la segunda etapa de la licitación, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
En esta instancia, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos, mientras que DEME NV alcanzó 42,14 puntos en la evaluación de los proyectos técnicos presentados para la modernización y operación de la Hidrovía.
La etapa técnica se desarrolló luego de la evaluación económica y financiera de los grupos interesados y analizó el contenido del Sobre N° 2, que incluyó el plan de trabajos y antecedentes específicos de los oferentes.
El sistema de calificación aplicado fue validado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que asignó distintos porcentajes de puntaje según las categorías “Excelentes”, “Muy buenas”, “Buenas”, “Básicas” y “Regulares”.
Las empresas dispondrán ahora de un plazo de siete días corridos para presentar eventuales impugnaciones ante la Comisión Evaluadora, que luego emitirá un Acta Complementaria.
En caso de no registrarse objeciones, la ANPYN dictará la resolución administrativa que oficializará las ofertas admitidas y fijará la fecha de apertura del Sobre N° 3, correspondiente a las propuestas económicas.
La próxima instancia representará el tramo más relevante del proceso licitatorio, ya que la evaluación económica concentra el 60% de la calificación total, con un máximo de 120 puntos.
La documentación técnica presentada por ambas firmas incluyó planes de dragado, mantenimiento de señalización, protocolos ambientales, control de tráfico, ciberseguridad y antecedentes operativos vinculados al mantenimiento de la vía navegable.
Desde distintos sectores privados respaldaron el avance del proceso licitatorio. Entre las entidades que manifestaron su apoyo figuran la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara del Acero y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras.
La Vía Navegable Troncal concentra cerca del 80% del comercio exterior argentino y regional, y el Gobierno busca avanzar con su modernización para mejorar la competitividad logística y reducir costos operativos para los sectores productivos.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó hoy, desde un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, el “Plan Paraná”, que tendrá como objetivo fortalecer la seguridad en la Hidrovía Paraguay-Paraná, mediante un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
El Gobierno lanzó el “Plan Paraná” para blindar la Hidrovía y reforzar el control fluvial con radares, drones y patrullas integradas
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó oficialmente el “Plan Paraná”, una iniciativa estratégica que busca recuperar el control y fortalecer la seguridad en la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país. El programa incluye patrullajes coordinados entre fuerzas federales, monitoreo satelital, incorporación de drones y radares, y la instalación de un comando unificado en Isla del Cerrito, Chaco.
Un plan integral para recuperar la soberanía y combatir el delito en la Hidrovía
La presentación se realizó este lunes desde el guardacostas GC-24 Mantilla de la Prefectura Naval Argentina, con una videoconferencia en directo con la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien encabezó un acto simultáneo en Isla del Cerrito (Chaco) junto al Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, y autoridades de las provincias de Chaco y Corrientes.
Acompañaron a la ministra el Subprefecto Nacional Naval, Alejandro Annichini, el Director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Veliz, el Director Nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, y el Secretario General de Prefectura, Marcelo del Giorgio, entre otros funcionarios y representantes de las fuerzas federales.
El Plan Paraná forma parte de la estrategia nacional de seguridad fluvial y complementa las operaciones “Plan Güemes”, en la frontera noroeste, y “Plan Guaçurarí”, en la frontera con Brasil. Según Bullrich, el objetivo es “blindar la Hidrovía, recuperar la presencia del Estado y garantizar que lo que circule por el río sean bienes, trabajo y producción, no delito, droga ni violencia”.
La iniciativa, afirmó la ministra, “apunta a devolver al Estado el control efectivo de una vía de más de 1.700 kilómetros, vital para el transporte, el comercio y la logística del país”.
Comando unificado, tecnología y coordinación interinstitucional
El Plan Paraná contará con un comando unificado en Isla del Cerrito (Chaco), que centralizará la información y coordinará los despliegues de las distintas fuerzas federales: Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en articulación con Aduana, Migraciones y las fuerzas provinciales.
El dispositivo integrará radares, drones, sensores térmicos y monitoreo satelital, con el fin de reforzar la vigilancia aérea, fluvial y terrestre en puntos estratégicos de la Hidrovía, especialmente en zonas críticas donde se detectan actividades de contrabando, narcotráfico y tráfico de personas.
Durante la presentación, Bullrich subrayó que “la Hidrovía es una vía estratégica para el comercio y la producción nacional, pero también un punto vulnerable que debemos proteger”. Y agregó: “El crimen se combate con organización, presencia y tecnología”.
Por su parte, el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, agradeció “la confianza del Presidente de la Nación y del Ministerio de Seguridad” y sostuvo que “el control territorial del río debe ser una política de Estado permanente”.
Un nuevo esquema de control con impacto regional
La implementación del Plan Paraná busca articular el trabajo de las agencias nacionales con los países que integran la cuenca fluvial —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay—, donde la Hidrovía Paraguay–Paraná se consolida como uno de los principales corredores de transporte de América del Sur.
La Mesa Nacional de Seguridad Fluvial, coordinada por la Secretaría de Seguridad, será el órgano rector del plan, con responsabilidad en el seguimiento, la planificación y la cooperación internacional.
La secretaria Monteoliva destacó que la medida apunta a “enmarcar el esfuerzo de diferentes áreas del Estado hacia una construcción de seguridad sostenible”, y adelantó que se prevé una expansión progresiva del sistema de vigilancia tecnológica y patrullajes integrados.
El Ministerio de Seguridad remarcó que el programa se desarrollará sin afectar la operatividad comercial ni la libre navegación, pero fortalecerá los controles aduaneros, migratorios y de inteligencia criminal sobre cargas y embarcaciones.
Con este lanzamiento, el Gobierno nacional busca consolidar un modelo de control fronterizo basado en tecnología, cooperación federal y coordinación regional, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de seguridad portuaria y lucha contra el crimen organizado.
